Agotada. Es la respuesta casi automática que Uge Sangil (La Palma, 1968), presidenta de la Federación Estatal LGTBI, lleva dando un año y medio. Vuelve a decirlo, no podría ser de otra manera, al inicio de esta entrevista con infoLibre. La futura ley trans acaba de pasar a manos de los grupos parlamentarios, y la entidad que preside desde 2018 tiene, de nuevo, un papel clave. Esta vez, reconoce, la negociación parece que no le dará tantos dolores de cabeza: la izquierda escucha las demandas de los colectivos y todo parece indicar que tomará nota de sus reivindicaciones. Fue más difícil con los socios de Gobierno. Pero las decepciones, asevera, merecieron la pena. Hoy la ley está un paso más cerca de convertirse en una realidad.

Con el Orgullo como telón de fondo, la activista y cuidadora de profesión insiste en la necesidad de parar, reflexionar y escuchar. Pero también de pelear por lo que es justo: políticas públicas que ayuden a crecer a las personas LGTBI. Frente al colectivo, la extrema derecha y la tenacidad de sus cómplices. "Hay quien piensa que ya lo tenemos todo, pero no es así, hay una amenaza real", subraya.

Hace un año, medio país salía a la calle para condenar el asesinato de Samuel Luiz, pero la otra mitad discutía si su muerte tenía relación o no con la homofobia. ¿Cree que todavía se pone en duda la violencia contra las personas del colectivo?

Sí. Sales de tu casa un sábado por la tarde a disfrutar de la vida y te encuentras con la muerte, por el hecho de ser gay, por tener pluma. Para el colectivo ha sido un momento de conmoción y de hacernos conscientes en muchos casos de los riesgos que corremos. A veces perseguimos la vida con velocidad y no nos paramos a pensar no solo en que nos pueden matar, sino en las violencias que no se ven. En el caso de Samuel, que ha sido un asesinato por homofobia, nos hemos dado cuenta de que el hecho de ser o de parecer es un riesgo en muchas ocasiones. También hay discursos de odio, gente que incita al odio, grupos radicales de la ultraderecha que no nos aceptan. La LGTBIfobia realmente existe, aunque haya un sector de la sociedad, conservador y de la ultraderecha, que niega que haya sido por eso. Samuel no hizo nada para merecer no estar hoy con nosotras y eso supuso también un antes y un después. Muchas personas LGTBI miramos a nuestro alrededor y de alguna manera también nos guardamos.

Tener que mirar alrededor, guardarse, ¿no es en realidad un fracaso?

Sí, es un fracaso del sistema. Parece que hay una involución. Yo sí que creo que la sociedad española en general ha avanzado, solo con el matrimonio igualitario hemos dado pasos agigantados, pero también es verdad que ha habido un momento de sequía en las políticas hacia el colectivo. Hay espacios donde deberíamos haber avanzado mucho y no lo hemos hecho, como la educación formal. Todavía educar en diversidad no es real, los colectivos llegamos a varios institutos, pero no son ni la mitad de los que hay en toda España. Y hay espacios de la educación formal donde no llegamos, donde no hay una asignatura que hable del respeto, de los derechos humanos, de la diversidad de las personas y se quite el estigma. Ya no solo hace falta una legislación, que es el cimiento para conseguir una sociedad mejor, sino políticas públicas reales.

¿De qué manera alienta la extrema derecha que las personas LGTBI tengan que estar alerta en las calles?

Cada vez que hablan, atacan. No solo al colectivo LGTBI, también lo sufren las mujeres y las personas migrantes. Lo vemos en el día a día, por ejemplo en Madrid, con el intento que han hecho de recortar o eliminar las dos leyes aprobadas en la comunidad. En Murcia, donde llevan años luchando contra el pin parental que quieren imponer o donde hace dos semanas no se aprobó prohibir las terapias de conversión. En Castilla y León, con un Gobierno que va en contra de nuestros objetivos: no hay ley en esa comunidad, ni se la espera, y en todo caso no hay políticas públicas. Hay que apelar a la cultura política de este país, a la reflexión política. Hay quien piensa que ya lo tenemos todo, pero no es así, hay una amenaza real. 

Habla de sequía política, ¿teme que se utilicen los intereses del colectivo de manera electoralista y luego caigan en el olvido?

Sí, claro, ocurre con todas las políticas de igualdad. Son réditos que te dan un valor en un momento dado, pero que tienen que demostrarse luego en el día a día y en la ejecución de esas promesas. Cuando llegan elecciones ahí estamos, en los programas electorales, pero en el día a día muchas veces desaparecemos. Ahora mismo tenemos una Dirección General de Diversidad. Genial, pero es una dirección con un presupuesto ínfimo. Si no tienes presupuesto, realmente queda como algo muy romántico, pero poco útil. A mí no me basta con un cartel, quiero que las políticas lleguen a las personas y cambien vidas. A veces creo que no hacen falta tantas leyes para hacer políticas públicas. No solo desde el Estado, los ayuntamientos son la institución más próxima a la ciudadanía y ahí no se nos ve reflejados nunca.

La ley trans está ya en manos de los grupos parlamentarios, pero su entidad fue clave en el proceso de negociación. ¿Cómo fue?

Hay mucho cansancio, mucho desgaste. Recuerdo una tarde de domingo desde las tres de la tarde hasta las doce de la noche, recuerdo sentarnos, establecer estrategias ante una reunión concreta que tenía, cambiar esa estrategia tres o cuatro veces, incluso contactar a compañeras activistas para ver su opinión, y luego llegar a la reunión y todo lo que has planeado irse en un segundo abajo y tener que cambiar la estrategia sobre la marcha. Eso nos ha llevado muchas horas, muchas noches, aunque no hemos estado solas en el camino, hemos tenido a la Fundación Triángulo y Chrysallis. Muchas reuniones eran a las diez de la noche, desde distintos puntos del país y con muchas horas de reflexión. Yo no me arrepiento, pese al cansancio. Fue un año y medio muy duro, tuvimos que hablar con unos y con otros, intentar mediar… Recuerdo que vinimos un día a Madrid, a una reunión que salió bien y nos pidieron que nos quedáramos para otra reunión. Estuvimos una semana y no nos llamaron. 

¿Podemos saber quién fue?

A estas alturas… Habíamos pedido una reunión conjunta entre el Ministerio de Igualdad y Presidencia del Gobierno, y no se pusieron de acuerdo ninguno de los dos. Hubo momentos en este año y medio en los que la ley estuvo en peligro. Tuvimos una reunión con vicepresidencia y pedimos esta otra reunión conjunta. Nos dijeron que lo fomentarían y luego nunca nos llamaron. No pasa nada, porque al final todo salió bien y eso nos ha hecho crecer. 

¿Ha habido decepción?

Nos hemos sentido decepcionados, impotentes y frustrados. Momentos de paralización y de no saber cómo avanzar. Hubo momentos en que avanzábamos y de pronto ocurría algo que ponía todo el trabajo hecho en peligro. Hubo momentos de decepción, de desierto, de no ver, horas de pensar… claro que sí. Pero hemos sido capaces de respirar en esos momentos, acompañarnos, darnos fuerzas y tomar decisiones. Lo que hemos hecho ha sido de mucha diplomacia, hemos intentado no poner en riesgo la ley nunca, no sacar lo que hablábamos con unos y con otros, ser discretos. Y ceder, hemos cedido lo suficiente. 

Los escollos con los que se encontró la ley, ¿eran políticos, ideológicos o de otra índole?

Tienen que ver con la ideología de ciertas personas. Creo que no hubiera pasado lo que ha pasado si no hubiera salido el panfleto de Carmen Calvo. Sabíamos que estaba el movimiento transexcluyente por ahí, desde hace años, pero si no llega a salir ese manifiesto públicamente no habría pasado lo que ha pasado. Ahí se han equivocado, pero solo un sector. Aquello empezó a poner en riesgo no solo la ley, sino nuestras vidas. Lo que más nos duele es el sufrimiento que ha causado esta guerra, cuando constantemente te están negando lo que eres. Y también me ha impactado la guerra sin sentido en las redes sociales, concretamente en Twitter. Ha sido desmedido y creo que tiene que ver con ideología y con pérdidas de poder personales de una parte del feminismo, una élite concreta que tiene su lugar en la historia pero que se ha visto amenazada por no tener la voz. Hay que dar paso a las nuevas generaciones, a los nuevos feminismos, porque nuestras sociedades evolucionan y las luchas pueden cambiar de estrategia. Tu lugar en la historia como feminista no lo vas a perder, lo vas a tener ahí y te vamos a recordar siempre. Pero me pregunto si hay quien teme perder poder o presencia.

En medio de ese debate, algunas voces han sostenido que las mujeres y las mujeres trans no son lo mismo. La última que lo ha dicho fue Jedet.

Yo no se lo tengo en cuenta a Jedet. Tenemos que ver dónde estamos cada una, desde dónde vivimos las cosas y la formación que tenemos. No es menospreciar a nadie, pero para llegar a tener un pensamiento determinado se tiene que pasar por varios procesos. Yo misma cuando conocí a la primera persona trans en mi vida, me cuestioné muchas cosas. Puedo entender que Jedet igual no ha hecho una reflexión previa. Creo que no lo ha hecho con malicia, otras personas nos atacan con mucha malicia, eso se nota en cómo se dicen las cosas. Yo siempre he oído a muchas compañeras decir que ser lesbiana, bisexual o trans no te hace saber cuáles son tus derechos, reivindicaciones o incluso explicar lo que te pasa. A Jedet creo que no hace falta atacarla, quizá habría que sentarse con ella y reflexionar sobre por qué una mujer cis y una mujer trans son lo mismo.

¿Ser mujer es un sentimiento?

Ser mujer es ser mujer. Y cada uno sabe lo que significa. No hay un único modelo de mujer, seguramente tú y yo no tengamos el mismo concepto o sentimiento de ser mujer. Creo que va más allá de lo genital, del cuerpo y de lo biológico.

¿Qué opina sobre la abolición del género?

Llevo muchos años pensando en mí y en la abolición del género. Hay gente que dice que es una quimera. Creo que igual que se ha construido esta sociedad binaria, del mismo modo se puede volver a construir otra. Las personas no binarias o transgénero podemos romper con eso. No digo que vaya a haber un cambio de ciclo vital, que desaparezcan los hombres y las mujeres, pero sí romper con muchos estereotipos y muchos estigmas para ser iguales. El movimiento de las personas no binarias o trans puede ayudar. No sé si es una quimera pero es un paso para que nuestra sociedad sea mejor.

¿La ley trans pone en riesgo los derechos de las mujeres?

No. Yo no veo dónde. Nos ponen ejemplos que, yendo al texto de la ley, no son reales. Hay una cosa importante, las mujeres trans han estado ahí siempre, viviendo en nuestra sociedad desde que somos sociedad. Y nunca hemos puesto en riesgo a nadie. ¿Por qué no se habla de los hombres trans? ¿No ponen en riesgo a nadie y no son una amenaza? Detrás de todo eso hay una ideología. En el caso de la violencia de género, está claro que si alguien comete un acto de violencia de género y luego hace un tránsito, se le va a juzgar por el momento en que cometió el delito. Eso queda muy claro en la ley, entre otras cosas. Es lanzar siempre el mismo bulo hasta que te lo hacen creer como si fuera real.

Hace unas semanas, durante una intervención suya en Madrid con motivo del Orgullo, dos concejales conservadores se levantaron. ¿Le sorprendió?

Me sorprendió. No entendí qué pasaba cuando se levantaron. No escuchar y levantarse de esa manera es un error político. Yo estaba diciendo lo que sentía, como lesbiana y como persona trans, como persona del colectivo y presidenta de la FELGTBI. Y porque creo en la institución pública y en los ayuntamientos. A mí me parece increíble que se manifieste de esa manera la LGTBIfobia al colectivo. No hay excusa. Si lo que molesta es que la bandera ondee, yendo a su definición estricta, pues la colgamos. La negativa a hacerlo, a mí como ciudadana no me representa, porque no es una bandera ideológica, es la bandera de todas, de la diversidad, del respeto, de los derechos humanos. No me valen unas luces en una fuente, que casi no se ven. Tampoco me vale solo con la bandera, lo que quiero son políticas públicas, pero el hecho de negarse a colocar esa bandera es grave. 

Las banderas somos nosotros y nuestros cuerpos, porque siempre han estado ahí, visibles, enfrentando la adversidad. Pero no la llevo por dentro: la visibilizo. A mí no me vale con cuatro subvenciones, eso no salva vidas, quiero políticas públicas reales. Si esa bandera no está ahí, es que las políticas públicas no son reales. 

Muchas compañeras me han dicho que soy valiente, pero he dicho lo que tenía que decir. Cuando la ciudadanía está disconforme con las políticas que hacen sus ayuntamientos, lo tenemos que decir. Eso no es valentía, es decir lo que sentimos. Yo habría hecho más, le habría pedido una reunión al alcalde para el 28J.

¿Nunca se ha reunido con la Federación?

No. Desde que soy presidenta, cada vez que llega el Orgullo le hemos pedido reuniones y nos ha derivado siempre a la vicealcaldía. 

La manifestación estatal del Orgullo se ha tenido que desplazar debido a la cumbre de la OTAN. Pero hubo una organización que si salió a la calle el 28J. ¿Conoce al Orgullo Crítico?

Sí, tengo muchos amigos y he ido muchas veces. Soy un poco extraña yo.

Son muy críticos con la Federación.

Yo lo entiendo y lo respeto además.

¿Pero coincide en las críticas?

En muchas cosas sí y en otras no.

¿En cuáles?

La Federación es un elefante y a veces solo se ve el cuerno y la trompa. Hay otras cosas que no se ven. Lo que se ve es lo superficial, este orgullo gay capitalista… pero hay muchos motivos para seguir estando en este Orgullo estatal. Creo que podemos convivir con el Orgullo Crítico, me encanta su desparpajo, la pluma más estrafalaria que hay, la reivindicación directa que va a defender nuestros cuerpos, nuestra vida, me gusta la juventud del Orgullo Crítico que es idealista y que se rompe por lo que cree. Creo que tiene que estar, a mí me hace crecer. También creo que desde que estoy en la presidencia hay ciertas cosas, detalles, que hacen que ciertas personas vean con buenos ojos a la Federación. Nuestra pancarta de cabecera ya no lleva políticos desde 2019, nuestro escenario intentamos que sea lo más activista posible, también hay presencia de algunas personas del Orgullo Crítico en nuestros escenarios. Hay cosas más difíciles de cambiar. 

Pero luego ocurren cosas como Carlos Sobera de pregonero.

No decidimos quiénes son los pregoneros. De hecho el año de Carlos Sobera no participamos en el pregón. Cuando no nos gusta el pregonero también decimos lo que pensamos. Cogam y FELGTBI hacen la manifestación estatal y desde 2019 la autofinanciamos, pero las decisiones no son conjuntas. 

¿Cuál es la posición de la FELGTBI sobre los vientres de alquiler?

Ahora mismo estamos en un proceso en el que no tenemos ningún tipo de posición. En el último congreso se decidió empezar a hacer una reflexión, debatir internamente para llegar a una opinión o no. Hemos hecho un encuentro interno, un debate con distintas partes, llamamos a gente externa que da su opinión, y eso es crear pensamiento y reflexión. 

¿Y su opinión personal sobre los vientres de alquiler?

No estoy de acuerdo

¿Por qué?

Prefiero no contestarte. Tengo una opinión personal muy concreta, pero en el lugar que ocupo y para mantener los cuidados dentro de la Federación no voy a decirla.

Al principio de la entrevista hablaba de las violencias que no se ven. ¿Sufre Uge Sangil esas violencias?

Ser la presidenta de la Federación no me exime de la LGTBIfobia. Me fijo sobre todo en las microviolencias, las miradas. En la calle lo notas. Cuando voy con Cris por la calle de la mano lo noto, la gente te mira. Además yo voy con este pelo tan corto, con mis pantalones, soy muy marimacha… sí que te miran, te juzgan, lo notas y lo vives. Pero soy una privilegiada, hay gente que ha sufrido más que yo. Jóvenes a los que echan de su casa, a los que encierran, gente del mundo rural que no puede salir del armario. Conocí a una mujer hace poco con problemas de salud mental y varios intentos de suicidio. ¿Yo qué he sufrido? ¿Que mis padres estuvieran mosqueados tres años y echándose la culpa? Hay gente que lo pasa realmente mal, y por eso hay que estar aquí. Que me miren por la calle a mí ya me da igual, me pongo más orgullosa, pero porque tengo la fuerza. Otros no tienen ni la fuerza ni el apoyo.

"Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía". Son palabras de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI. El alcalde al que se refiere, es el madrileño José Luis Martínez Almeida. Y la enseña a la que alude, la arcoíris, que lleva sin ondear en la fachada del consistorio desde 2019. Tampoco lo hará en la sede del Gobierno regional, aunque Isabel Díaz Ayuso sí iluminará la Casa de Correos. Y no estarán presentes sus colores en las Cortes de Castilla y León, después de que la extrema derecha, que preside la cámara autonómica, rechazase homenajear al colectivo en su día. La presidencia del parlamento de la comunidad llegó a pedir este martes a los socialistas que quitaran la bandera de las ventanas de sus despachos.

La batalla contra la bandera, símbolo del colectivo LGTBI, se libra en el campo político y en el judicial, gracias a la perseverancia de los partidos conservadores y las entidades ultracatólicas. Tienen la repulsa de los colectivos y la sociedad general –este lunes, un centenar de personas se concentraron por la noche ante las Cortes de Castilla y León para iluminarlas con los colores del colectivo–, pero también la perspicacia de los regidores que no quieren renunciar a presumir de los colores del arcoíris. Ya no ondean banderas, cuelgan lonas y pancartas.

Una de las claves está en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una reciente sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza. Este dictamen lo cita la propia Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, en una circular remitida a los distritos de la ciudad, donde indica la posibilidad de colgar pancartas en los edificios oficiales, pero no banderas. ¿Por qué? La sentencia aragonesa deja claro que una pancarta y una bandera "no son equiparables", abriendo así una oportunidad para los colores arcoíris: quizá no como bandera, pero sí podrán entrar en los edificios públicos adoptando otras formas. 

El razonamiento lo hace tomando como base una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2020. Aquel fallo condenaba al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por colgar frente a su sede la bandera nacional de Canarias, con siete estrellas verdes. La sentencia concluía que este acto contravino el ordenamiento jurídico porque "no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario". Aquella resolución judicial sentó doctrina y Abogados Cristianos no tardó en usarla para su batalla en los tribunales contra el símbolo multicolor.

El TSJA viene a cuestionar que la argumentación del Tribunal Supremo sea válida para todos los supuestos. "La sala no puede" equiparar "pancarta a bandera", sostienen los magistrados. "Si no queremos caer en una interpretación que nos lleve al absurdo, hemos de convenir" que una cosa "es una bandera y otra muy distinta una pancarta", abundan. El tribunal apela a una definición puramente semántica y descriptiva de la enseña: "Una tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a una asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución". Además, completan los jueces, "si observamos la ley de banderas, la misma no confunde en ningún momento bandera con otro tipo de señal o emblema" y en todos los preceptos "habla de enarbolar y ondear, algo que solo puede hacer una bandera". 

Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional, cree que la sentencia aragonesa "puede ser buena para el objetivo" de mantener el guiño hacia el colectivo en estas fechas esquivando la confrontación con las entidades ultracatólicas, pero las conclusiones de los jueces se le quedan cortas. El TSJ de Aragón cree que la colocación de la bandera no contraviene el principio de neutralidad ideológica, porque se apoya sobre una ley autonómica que llama a las instituciones a proteger al colectivo LGTBI. Este razonamiento, sin embargo, no sería aplicable en todas las regiones por igual: aquellas donde no existan leyes específicas contra la LGTBIfobia, quedarían desprotegidas.

"No hace falta buscar amparo en una ley: es un símbolo de apoyo a un colectivo tradicionalmente estigmatizado", así que el gesto tendría cobijo en la propia Constitución, estima el catedrático. Además, la administración "no tiene que ser neutral en términos de discriminación: no hablamos de política, sino de derechos humanos y ahí los poderes públicos no son meros espectadores". 

Por otro lado, considera que el concepto de bandera ha de aplicarse desde una perspectiva más estricta, en base a la propia ley de banderas. La LGTBI no es la bandera de un país, ni de una ciudad, ni de una comunidad, sino que se utiliza la palabra "bandera como término coloquial", interpreta el constitucionalista. 

La enseña que colgó el Ayuntamiento de Zaragoza de su balcón no era, según los tribunales, exactamente una bandera: ni ondeaba agarrada a un mástil, ni estaba al mismo nivel que las oficiales. El mismo formato lo han seguido este año muchas otras instituciones: el Consell de Mallorca luce una enseña idéntica, también la Delegación del Gobierno de Extremadura, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Teruel, el de Toledo y el de Palma. Otros directamente han omitido la palabra "bandera", para no dejar lugar a dudas. "Hoy he tenido el honor de desplegar esta bonita pancarta por el Orgullo en el Ayuntamiento de Móstoles", decía en redes sociales el diputado socialista de la Asamblea de Madrid Santiago Rivero. El Ministerio de Igualdad comunicó, a través de una nota de prensa, haber colocado en la fachada del ministerio "lonas con los colores LGTBI y trans". Este mismo 28 de junio, día oficial del Orgullo LGTBI, dos vistosas telas colgaron de la fachada de la Moncloa: el Ministerio de la Presidencia "luce ya los colores del Orgullo LGTBI", publicaba el departamento en redes sociales, una vez más esquivando la palabra "bandera".

A Uge Sangil le hiere la cruzada ultra contra una bandera que, entiende, pertenece a toda la ciudadanía. "La homofobia institucional existe", dice en conversación con infoLibre. El símbolo "representa los derechos humanos" y lanza un mensaje claro: las instituciones están con el colectivo. Rechazar colgarla de las fachadas, lanza a su juicio un mensaje peligroso. "¿Madrid no es una ciudad respetuosa?", se pregunta. "No me vale con iluminar la Cibeles, quiero mi bandera en el Ayuntamiento, que es mi casa", subraya. 

Sangil no termina de entender la diferencia entre bandera y pancarta. "Si miro al ministerio, veo banderas", asiente y pide que "las instituciones sean valientes". Charo Alises, abogada de la FELGTBI, cree que echar mano de trucos para esquivar la cruzada ultra no solo es "injusto", sino que se trata de simples "parches". "El verdadero argumento debería ser que la libertad sexual no es una ideología, que ser LGTBI no es pertenecer a ningún partido. Es una cuestión de derechos humanos. Hasta que no se diga eso lo demás son parches", zanja.

"Hoy se abre un horizonte nuevo", en palabras Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. "Las personas trans, las más maltratadas por la dictadura y las olvidadas de la democracia, vamos a salir del olvido", aplaude. El mismo entusiasmo lo rebosa Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI), quien reconoce sentirse eufórica. José María Núñez Blanco, presidente de Fundación Triángulo, se refiere a este momento como un "hito histórico en derechos del colectivo". Todas estas voces hablan de la ley trans, el proyecto normativo más ambicioso para la comunidad LGTBI, que este lunes, a las puertas del Orgullo, ha sido aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

La norma –el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI– inicia así su andadura en el Congreso. Y lo hace precisamente en el 53 aniversario de los disturbios en el bar neoyorquino de Stonewall, el evento histórico que marcó en el calendario la celebración del Orgullo LGTBI. Con aquella revuelta en la memoria, serán ahora los grupos parlamentarios quienes tengan en sus manos evaluar el texto e introducir mejoras.

El Gobierno respira tranquilo. Si las cuentas no fallan, el trámite parlamentario culminará con una nueva ley, avalada por la mayoría de los grupos. Al margen de enmiendas, correcciones, matices y mejoras, la izquierda quiere una ley trans. Los grupos que posibilitaron la investidura son proclives a la norma, pero otros como Ciudadanos también se han expresado a favor: "Allí donde hemos gobernado hemos legislado en favor de los transexuales y siempre abogamos por una ley garantista y rigurosa que los proteja", dicen fuentes de la formación naranja. 

Los principales colectivos, aquellos que han estado presentes desde la concepción de los primeros borradores, confían en los grupos, con los que ya han empezado a reunirse. Parece que atrás quedan las muchas trabas que ralentizaron la negociación entre los socios de coalición y que hace apenas un año hacían casi imposibles los acuerdos. La Plataforma Trans, explica su presidenta, iniciará este mismo jueves las reuniones con los grupos parlamentarios. La FELGTB, detalla su líder, ha empezado ya a conversar con algunos de ellos. 

El pronóstico es bueno: el grueso de sus peticiones será asumido por algunos de los principales grupos. Incluido Unidas Podemos, quien estará "al lado de las demandas de los colectivos", señalan fuentes de los morados. El Ministerio de Igualdad, tal como ocurrió con la Ley del solo sí es sí, acompañará la tramitación, que se canalizará por la vía de urgencia, una manera de agilizar los plazos.

A la derecha del hemiciclo, la oposición se pone de frente. El PP ya anunció  el verano pasado que esperará a los resultados de la tramitación parlamentaria para decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Ya no existen mujeres ni hombres", ha cargado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, este mismo lunes. Su partido ya recurrió ante el TC la ley trans de Canarias, así que la ley estatal podría ir a parar al mismo sitio de la mano de la ultraderecha. Aquella ley, por cierto, fue aprobada por unanimidad en el parlamento autonómico, incluyendo el voto favorable de los conservadores.

El texto que llega a la Cámara Baja lleva consigo algunas novedades respecto a anteriores versiones. Por ejemplo, permite que las personas migrantes puedan cambiar su sexo registral, siempre que estén en situación administrativa regular y les haya sido imposible hacerlo en su país de origen. "Se afianza la equiparación del derecho de las personas extranjeras al cambio registral en pie de igualdad con las personas españolas", señalan fuentes del Ministerio de Igualdad.

Insuficiente para los colectivos. La Plataforma Trans quiere que todas las personas extranjeras "con residencia habitual, independientemente de su situación administrativa", puedan acceder a la rectificación de la mención del sexo y el cambio de nombre en los registros de carácter público y documentos que se les expidan desde las administraciones. "Se pretende garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas migrantes independientemente de su situación administrativa", argumentan.

La FELGTBI, por su parte, se ha reunido con las principales entidades que trabajan con personas migrantes para "elaborar un documento consensuado de propuestas de mejora" relativas a las personas "solicitantes de protección internacional, migrantes, refugiadas y desplazadas". La clave está, una vez más, en el mismo lugar común: derechos para las personas migrantes, al margen de su situación administrativa..

Las personas no binarias están también entre las prioridades de los colectivos. La Plataforma Trans propone varias fórmulas: que la persona que se identifique como no binaria pueda acceder a que el marcador del sexo quede en blanco, se defina como no binaria, NB o se marque con una X. También la FELGTBI propone una tercera casilla en el DNI. 

Finalmente, las entidades aspiran a rebajar los requisitos para los menores de edad. Actualmente, si los grupos parlamentarios no acuerdan un cambio en este terreno, los menores de doce años tendrán la posibilidad de acceder a un cambio de nombre, mientras que los menores de entre doce y catorce podrán cambiar su sexo registral asistidos por sus representantes legales, mediante autorización judicial y a través de pruebas acreditativas. Aquellos que tengan entre catorce y dieciséis, por su parte, tendrán acceso a los derechos que consagra la ley, pero siempre a través de sus representantes legales. Y los de dieciséis en adelante podrán hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de personas adultas.