Andalucía

Rutina de castigos en la Guardia Civil

Sancionado un guardia civil que midió de forma irregular el alejamiento entre una mujer y su expareja

Mandos de la Guardia Civil han abierto expedientes sancionadores en los últimos cuatro años –desde el inicio de 2012 hasta la fecha– a un total de 57 agentes de la mayor asociación del cuerpo. Así lo detalla, en información facilitada a infoLibre, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que denuncia que las sanciones obedecen a una "persecución para acallar" a este colectivo, de perfil claramente reivindicativo, asegura su portavoz, Juan Fernández. La situación ha llegado a las instituciones. El Parlamento de Andalucía aprobó este jueves una proposición no de ley presentada por el PSOE que pide al Gobierno que "paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones [...] por ejercer su derecho de asociación profesional y libertad de expresión". La Guardia Civil declinó el insistente ofrecimiento de infoLibre para que diera su versión.

Los expedientes, según la AUGC, se abren por causas que abarcan la participación en concentraciones, el uso del logotipo de Eurocop (la asociación que aglutina a colectivos y sindicatos de policía en Europa), la asistencia a ruedas de prensa con el uniforme oficial o la firma de artículos de prensa reivindicativos o críticos, entre otros motivos. Fernández afirma que hay expedientes que los mandos dejan caducar sin que se culmine el procedimiento sancionador, ya que así se evita que los agentes puedan demostrar su inocencia por los cauces administrativos. "Si se le da la razón al expedientado y se archiva, queda claro que nunca ha cometido infracción. Si se le sanciona, se le da la opción de recurrir y defenderse. Con la caducidad el agente queda indefenso y su imagen manchada", dice Fernández.

Los expedientes han afectado a agentes de las comandancias de destino de Algeciras, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Badajoz, Burgos, Cantabria, La Coruña, Cuenca, León, Melilla, Murcia, Salamanca, Valencia, Zaragoza y el servicio de informática. Las medidas disciplinarias han afectado al secretario general de la AUGC, Alberto Moya, con la apertura de dos expedientes; uno, por no entrar en el pleno del Consejo de la Guardia Civil, en protesta por el Código Penal Militar; el otro, por una concentración delante del Ministerio del Interior. A raíz de la sentencia de noviembre del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permitió la manifestación conocida como marea de tricornios, "resultó evidente que no lo podían sancionar por la concentración, así que en lugar de reconocerlo dejaron caducar el expediente", afirma Juan Fernández. El otro procedimiento también caducó, asegura la AUGC.

En las listas de Podemos

Hay más miembros de la Junta Directiva Nacional de la AUGC a los que se les han abierto procedimientos disciplinarios. Los secretarios de Finanzas, Formación, Jurídico, Institucional y de Mujer también fueron expedientados por no acudir a una reunión del Consejo de la Guardia Civil en señal de protesta. Todos los expedientes caducaron, según la AUGC. A la secretaria de Mujer se le abrió otro expediente por supuestamente mentir en una queja por el trato que había recibido una compañera con una hija de pocos meses. El expediente también se dejó caducar.

El que fuera secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado, fue investigado por ir en las listas de Podemos –la Dirección General de la Guardia Civil llegó a comunicarlo oficialmente–, aunque finalmente no fue expedientado.

Una foto de un cuadrante en Twitter

Al secretario Jurídico de Cádiz se le han abierto cinco expedientes. Uno de ellos, por una infracción grave del régimen disciplinario, es por la publicación de un tuit en agosto de 2015, desde una cuenta que el expedientado niega que sea suya. El tuit consiste en una foto borrosa de un cuadrante de servicios de una unidad de Cádiz. No hay texto. El mando alegó para el expediente "el gran perjuicio causado pues todos los delincuentes conocieron el servicio de la unidad", explica Fernández. Pero lo cierto es que el cuadrante, afirma el portavoz, "era de seis meses antes, de febrero de 2015, no tenía dato alguno que dijera que era de la Guardia Civil y no contenía nombres".

El agente expedientado afirma que la la cuenta no es suya y que de hecho no usa Twitter. La propia compañía de mensajes cortos, requerida mediante oficio, ha respondido que no puede acreditar de quién es la cuenta, explica Fernández. Las sanciones graves pueden acarrear la suspensión de empleo de uno a tres meses o la pérdida de destino, además de la denegación de las medallas de 15, 25 o 30 años de servicio. El secretario jurídico de AUGC en Cádiz ha sufrido la apertura de otros cuatro expedientes, en todos los casos por situaciones en las que está presente el conflicto con los superiores. Por ejemplo, por no montar un control debido a que era imposible –según el agente– por la lluvia, cosa que su jefe niega; o por presentar un escrito denunciando la injusticia de una orden recibida, siempre según la AUGC. Este último expediente culminó con una falta grave.

Al secretario jurídico de la AUGC en Salamanca se le abrieron siete expedientes, todos ellos –salvo uno, también recurrido– ganados mediante recurso, según la asociación. Este agente ha visto después cómo un mando le abrió un expediente de pérdida de condiciones profesionales por acumular tres Informes Personales de Calificación negativos. Estos informes son realizados por los jefes de unidad y hacen una valoración profesional del trabajo del agente. La acumulación de informes negativos puede suponer la pérdida de destino o incluso la expulsión.

Un artículo acusatorio en la prensa

El que fuera secretario general de la AUGC en Córdoba fue sancionado con una falta grave por un artículo de prensa en La Razón. "Nuestros guardias civiles se encuentran a bordo de un mercante sin rumbo, dirigido por el capitán 'Desconcierto', aunque le llamamos capitán Desgobierno'", escribió el dirigente de la AUGC en Córdoba. "Te hablaría de las condiciones infrahumanas en Melilla, con guardias entre obras en la Delegación del Gobierno; de graves accidentes en Granada, donde se juegan la vida en Tráfico o Seguridad Ciudadana, con el añadido de ser propuestos para quitarles complementos de forma subjetiva; de expedientes a los representantes de AUGC Huelva y Jaén por hacer uso de la libertad de expresión o denunciar lo evidente; o del robo de estupefacientes en Málaga sin dimisión alguna", añadía el artículo, que también hacía referencia al "ansia viva de jóvenes mandos" y a "dietas innecesarias" de los jefes.

La Guardia Civil consideró que el autor del artículo "empleó términos irrespetuosos, faltando al respeto y lealtad a sus superiores jerárquicos".

La vista del obispo

También en Córdoba, el secretario de organización de la AUGC en la provincia, destinado en la Unidad de Seguridad Penitenciaria, fue expedientado por no informar de la visita del obispo Demetrio Fernández a la cárcel, aunque el agente asegura que desconoció dicha visita. Algunos expedientes se abren por "no seguir el conducto reglamentario", por "revelación de secretos", por "manifestaciones contrarias a la disciplina debida". Otros se abren por infracciones del reglamento en el desempeño de las funciones, como tener la pistola sucia, no cumplimentar bien las papeletas o faltar a la verdad. La AUGC denuncia que un agente fue expedientado por decir que estuvo ocho horas de pie por el mal estado de una silla, omitiendo que había estado treinta minutos sentado. "Hay agravios comparativos con otros compañeros que no están asociados. En estas sanciones [las que no aparentan estar directamente relacionadas con la actividad como asociados] hay también una persecución", explica Juan Fernández.

Hay sanciones por utilizar el logo de Eurocop, "a pesar de que lleva años en la revista de la AUGC sin que hubiera ningún problema", señala el portavoz de la asociación. Dado que la AUGC es una asociación, y no en rigor un sindicato, los mandos consideran que no puede usarse este logo en aplicación del régimen disciplinario.

Proposición no de ley aprobada

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El PSOE –sin entrar en casos concretos– llevó este jueves la situación de conflictividad en el seno de la Guardia Civil al Parlamento de Andalucía con la presentación de una proposición no de ley, que fue aprobada.

La iniciativa expresa el "rechazo" de la Cámara "a la utilización del régimen disciplinario para impedir que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil puedan defender sus derechos y puedan trasladar sus demandas a las instituciones democráticas".

Entre los propósitos del texto está que los guardias civiles puedan "ejercer con libertad sus derechos de representación colectiva". El texto aprobado también insta a que "a través del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil [...] se paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de Guardias Civiles por ejercer su derecho de asociación profesional y su libertad de expresión". Por último, pide "mejorar las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de los miembros de la Guardia Civil", razón de ser de la AUGC. Es el primer texto de estas características aprobado por una cámara autonómica.

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