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El despilfarro de Rajoy

Mario Martín Lucas

En los treinta y ocho años de régimen democrático en España, nadie ha desempeñado el poder con mayores cuotas que Mariano Rajoy, que fue depositario de una mayoría absoluta, consecuencia de las elecciones generales de 2011 y de los acontecimientos vividos desde 2008. Su gobierno ejerció el poder ejecutivo y gozó de un respaldo no conocido hasta entonces, tanto desde el poder legislativo, como desde el poder judicial, la España oficial se tiñó de un tono azul monocolor y no hubo los necesarios contrapesos entre los tres poderes del Estado.

Sin embargo, cuatro años después, cuando estamos a pocos meses de la celebración de elecciones generales, el señor Rajoy podría pasar a la historia como el primer presidente de gobierno de la democracia española en no ser capaz de obtener la reelección tras un primer mandato, antes que él tanto Adolfo Suarez, como Felipe González, cómo José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero sí lo consiguieron, a pesar de haber tenido que conjugar palabras como crisis, desempleo, financiación irregular o corrupción, durante sus presidencias.

En cualquier país democrático de nuestro entorno, un presidente del gobierno del que se hubiera publicado su cruce de sms con un imputado por delito fiscal, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa en grado de tentativa y cohecho, con el texto de: “Luis, lo sé, se fuerte”, hubiera presentado su dimisión inmediata; pero al margen de ello, el balance de lo conseguido por el señor Rajoy en sus cuatro años de poder omnímodo, es pobre e insuficiente, y lo hecho ha tenido por foco el recorte de gastos sobre las clases más débiles. Sus dos principales reformas han sido la financiera, que supuso el 9,10% del PIB y acumular un déficit público de hasta el 9,99%, incumpliendo su promesa de que la misma no costaría ni un euro a los ciudadanos españoles; y la reforma laboral, que ha supuesto la pérdida de derechos para todos los asalariados españoles, sin conseguir un crecimiento real y sostenido del empleo, con decenas de miles de personas que se han visto abocados al desempleo sin ninguna alternativa real y con el efecto colateral de una devaluación de salarios como herramienta para ganar competitividad en la economía española: trabajamos por menos dinero, en lugar de a través de un producto mejor elaborado con más inversión en I+D+i.

Más de 100.000 millones de euros en ayudas directas a la banca, recortes en sanidad, educación, dependencia y más precariedad laboral, ese es el resumen básico de la gestión del presidente de gobierno Mariano Rajoy.

Mientras tanto, ninguno de los grandes retos de España han sido abordados en estos cuatro años de “poder absoluto”: nada se ha hecho sobre el necesario aligeramiento de las administraciones del Estado, con múltiples solapamientos entre comunidades autónomas, ayuntamientos y administración central, no se ha planteado el necesario cambio de modelo productivo, no se ha afrontado el problema del oligopolio eléctrico español, con tanta norma cruzada que se ha convertido en algo inescrutable incluso para entender sus precios, conjugándose a la vez los conceptos, tan contrarios entre sí, como “déficit” y “beneficio”, ante el asombro de los consumidores; la Justicia está más politizada que nunca, con tremendas diferencias entre las sentencias emitidas en los juzgados de primera instancia y lo rejuzgado en los TSJ o en el Tribunal Supremo, sin haber avanzado nada en cuanto a la agilidad de los procesos y la digitalización de su administración; tampoco se ha afrontado la necesaria reforma de las Universidades, acumulamos altas tasas de fracaso escolar y así un largo etcetera.

En la combinación entro lo hecho y no lo hecho, está la clave para entender el balance del gobernante que gozó de mayor poder en la democracia española, podríamos convenir que, cómo en las notas de los estudiantes, su calificación es “insuficiente o precisa mejorar”, aunque el gran drama es que quienes realmente necesitamos mejorar somos los españoles. Precisamos pasar página de la corrupción y de financiaciones irregulares, pero fundamentalmente lo que es indispensable es un Gobierno que tenga por objetivo el interés general de la mayoría de los españoles, no de una parte.

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

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