Un exalcalde evita la cárcel porque los jueces ven “probable” su indulto

La Audiencia Provincial de Jaén ha suspendido el ingreso en prisión del ex alcalde de Huesa (Jaén, 2.600 habitantes), condenado a tres años y dos meses de cárcel por falsedad documental, al considerar que "previsiblemente" será indultado por el Gobierno, en línea con lo defendido por la Fiscalía. El viernes se agotaba el plazo para el ingreso voluntario en prisión de Francisco Javier Gómez (PSOE). La Audiencia tiene en cuenta la "probabilidad" de concesión del indulto parcial, cuyo resultado sería "ilusorio" si Gómez entra en prisión.

La Fiscalía no se opuso a la solicitud de suspensión del ingreso en prisión por parte de la defensa, entre otros motivos porque los hechos tuvieron lugar en 2008 y 2009. La Audiencia de Jaén, en un auto dictado el lunes por los jueces de la sala tercera, considera que el ingreso en prisión "frustraría el indulto que previsiblemente pudiera otorgarse". La defensa había solicitado la suspensión del ingreso en la cárcel alegando que su condición de ex alcalde prueba su "arraigo social". El delito por el que fue condenado Gómez, sin antecedentes penales, no implicó enriquecimiento. Hubo falsedad documental, según el Supremo, pero no lucro ni "desvío de fondos", subraya a INFOLIBRE el propio Gómez, que no discute la existencia de una irregularidad pero la enmarca en su voluntad de dar uso a una subvención en un contexto de limitación de recursos municipales.

Gómez fue condenado en diciembre de 2015 a seis meses de suspensión de cargo público como inductor de un delito de certificación falsa. La Fiscalía recurrió y, en junio de este año, el Tribunal Supremo lo condenó a tres años y dos meses de cárcel por falsedad documental. Según la sentencia, Gómez solicitó dos subvenciones finalistas, una de 13.206 euros de la Diputación para la adquisición de materiales y otra de 34.414 euros del Servicio Público de Empleo Estatal para la realización de una obra en una fuente. Aun conociendo el destino de dichas cantidades, Gómez utilizó las mismas para pagar nóminas por trabajos en otras obras del municipio, según el fallo. El arquitecto municipal, siguiendo órdenes del alcalde, emitió un certificado final en 2009 para evitar la devolución de la ayuda, según la sentencia. El Supremo estableció que el alcalde presentó dicho certificado ante los organismos subvencionadores.

Apoyo político y vecinal

Gómez fue concejal de Huesa de 1997 a 2007 y luego alcalde durante cuatro años hasta 2011. Vive apartado de la política. Su condena no le ha valido reprobación política ni vecinal. Al contrario. El Ayuntamiento de Huesa, en un pleno celebrado el 4 de julio con nutria presencia vecinal, aprobó sumarse a la petición de indulto realizada por su defensa. No hubo votos en contra. Votaron a favor los seis ediles del PSOE; los dos de IU se abstuvieron; los tres del PP no acudieron. "Con todo respeto a la justicia, la condena es absolutamente desproporcionada y deja a los pies de los caballos a todos los alcaldes y concejales", dijo el actual alcalde, Ángel Padilla, tras aprobarse la petición de indulto.

Cientos de personas se manifestaron el 2 de julio en Huesa en apoyo del ex alcalde tras conocer que la Audiencia de Jaén había dado un último plazo para la entrada en prisión de Gómez. "Cualquier alcalde de España está vendido si se dan este tipo de condenas", dijo ante los vecinos el actual alcalde, que fue miembro del equipo de gobierno de Gómez.

El secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, pidió este martes "sensibilidad" al Gobierno. "Espero que el Gobierno de España entienda perfectamente que aquí nadie se ha llevado un duro, que el ex alcalde lo que hizo fue trabajar por el interés de su municipio para que se dieran los jornales y se hicieran infraestructuras", afirmó Reyes, que mostró su "respeto" por las decisiones judiciales aunque pidió "no meter todo en un mismo saco". "Aquí no ha habido financiación ilegal de una organización, en este caso el PSOE, el alcalde no se ha llevado ni un euro y tampoco ningún concejal", dijo.

"Mantuve la finalidad última" de las ayudas

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La denuncia la interpuso José García, que fue candidato del PP a la alcaldía y que trabajó como electricista municipal hasta que fue despedido por el Ayuntamiento con Gómez como alcalde. "Fue por una pura cuestión de ahorro. Además, no tenía título ni acreditación de electricista", explica Gómez, de 55 años, casado y con dos hijas de 32 y 29 años. El ex alcalde, que dirige una asesoría fiscal, insiste en que "no ha habido desvío de dinero" ni "intención de defraudar a nadie". "La falsedad que se me atribuye está en los documentos de las nóminas. Eso está cogido con pinzas. Yo pago unas nóminas reales de trabajadores que prestan sus servicios", afirma Gómez. "Unos trabajadores de una obra determinada fueron a otra, porque la primera no se podía ejecutar según lo planificado. Se mantuvo la finalidad última [de las ayudas]", añade.

Gómez no discute que hubo una infracción administrativa, pero subraya la precariedad de recursos administrativos que sufren los alcaldes. "El otro día me decía un alcalde: 'Si yo veo un socavón en una calle, al personal que tengo lo pongo a trabajar ahí'. Claro", explica Gómez, que añade: "No tuve nunca intención de defraudar a nadie. No he hecho nada diferente de lo que cualquier alcalde viene haciendo y seguirá haciendo, porque hay un problema de falta de financiación propia y hay que dar los servicios a los ciudadanos. Si esto sirve para algo, que sea para cambiar las leyes", afirma el ex alcalde.

El Supremo sí da una relevancia penal a los hechos cometidos por Gómez. El Alto Tribunal, en su sentencia, estableció que si una orden de pago con cargo a una subvención finalista para realizar un proyecto, que está sujeto además a su comprobación posterior, altera dicha finalidad para hacer efectivas nóminas por otros trabajos, se produce "una alteración relevante" que afecta a una "partida presupuestaria oficial", por lo que se incumple "no sólo la función probatoria del documento [...], sino garantizadora de haber aplicado a su fin específico el dinero recibido". Es decir, lo que el Supremo defiende es que, con la forma de actuar de Gómez, se pierde el control sobre el dinero público.