Dimisiones

Un diputado del PSOE en Andalucía sigue en su escaño pese a tener juicio abierto por prevaricación

El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso.

El parlamentario andaluz socialista Luciano Alonso, investigado por prevaricación en un caso de contrataciones públicas, continúa en su escaño sin que le reclamen la dimisión ni el PSOE ni Ciudadanos, su socio de legislatura. La instrucción no se encuentra en la fase inicial, sino en la final. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó auto de apertura de juicio oral contra Alonso el pasado 21 de noviembre. Este paso, que supone que Alonso se sentará en el banquillo de los acusados, implica que su continuidad colisiona con el propio código ético del PSOE. Alonso es diputado autonómico por Málaga y antes ha sido senador y consejero con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Tres personas –dos de ellas hijos de ex alcaldes socialistas– fueron contratadas como directores de organismos públicos cuando Alonso era consejero de Cultura, sin que realizaran en realidad las tareas propias de esos cargos, según el TSJA. La Fiscalía, en un escrito de acusación de 16 de noviembre, solicita para Alonso 14 años de inhabilitación. El Ministerio Público cree que Alonso utilizó su cargo de consejero "para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual". Y todo ello, añade la Fiscalía, "a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno". Alonso, en una nota remitida a Europa Press tras conocerse el escrito de la Fiscalía, ha defendido que actuó "convencido de la legalidad" de los nombramientos.

El pacto entre PSOE y C's que desbloqueó la investidura de Susana Díaz en junio de 2015 establecía el siguiente compromiso: "Separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política". Ni PSOE ni Ciudadanos han considerado que los hechos imputados a Alonso sean "corrupción política". Ahora se ha llegado al punto en que la investigación al parlamentario socialista entra en el supuesto para la dimisión recogido en el código ético del PSOE, que no se ha aplicado en este caso: "Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido". El auto, de 21 de noviembre, daba orden de darle a Alonso traslado del mismo.

El auto del TSJA, al que ha tenido acceso infoLibre, señala: "Conforme a lo dispuesto en el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar la apertura de juicio oral contra el acusado don Luciano Alonso Alonso". Puede estar sujeto a debate si los hechos imputados a Alonso constituyen un caso de "corrupción política", dado que éste es un concepto difícil de delimitar con total exactitud, algo que ha dado a Ciudadanosmargen para interpretar los casos en Andalucía. Más evidente resulta la colisión con el artículo 5.2 del código ético del PSOE.

El "señalamiento" como hito fundamental

¿Qué dijeron este miércoles los responsables del PSOE y Ciudadanos? El líder del partido naranja en Andalucía, Juan Marín, se mostró "seguro y confiado" de que Alonso dejará su escaño cuando haya "señalamiento" del juicio; es decir, cuando se le ponga fecha. "Estoy totalmente seguro y confiado de que en el momento en que haya ese señalamiento de juicio, el señor Alonso dejará su acta de diputado y hará lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que cumplir con lo que el PSOE tiene firmado con Ciudadanos en Andalucía", afirmó Marín. En realidad, que haya o no "señalamiento" no tiene ninguna incidencia en el cumplimiento del pacto entre el PSOE y Ciudadanos, que se dirige contra "imputados por corrupción política" sin precisar el instante procesal.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, afirmó que su partido no tenía conocimiento de que se hubiese producido "apertura de juicio oral ni señalamiento de esa fase", por lo que pidió tiempo. Jiménez, también portavoz de la gestora del PSOE, aludió una segunda vez al "señalamiento" como hito clave para tomar decisiones. Tanto PSOE como Ciudadanos situaron así un poco más lejos, en el señalamiento del juicio y no en la apertura de juicio oral, el instante procesal en el que debe producirse la dimisión. La línea roja se ha movido, en efecto, pero no para establecer criterios más estrictos.

Dada la condición de aforado de Alonso, su enjuiciamiento está previsto en el TSJA, concretamente en la sala penal, "sin que un eventual cambio posterior de esta circunstancia pueda afectar a la competencia de dicho órgano", según recoge el auto de apertura de juicio oral. Es decir, aunque finalmente Alonso perdiera su escaño, sería juzgado en el TSJA.

Tres nombramientos investigados

A lo largo de su instrucción, el magistrado del TSJA Miguel Pasquau ha cuestionado tres nombramientos realizados cuando Alonso era consejero de Cultura: el de un director del Centro Andaluz del Flamenco y el de dos directores de la Filmoteca de Andalucía. Por ejemplo, Luis Guerrero fue designadodirector del Centro Andaluz del Flamenco, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), y ocupó el cargo entre agosto de 2012 y junio de 2015, pero en realidad le fue encomendada "una tarea completamente ajena, [...] el impulso de determinadas actividades culturales en Málaga", según un auto de septiembre.

Luis Guerrero era "persona de confianza" de Alonso y, hasta su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, "personal eventual del Grupo Socialista de la Diputación de Málaga", según el auto. En su escrito de acusación, la Fiscalía recoge que "durante los casi tres años que Luis Guerrero percibió el sueldo presupuestariamente asignado al puesto, continuó residiendo en la ciudad de Málaga y ni siquiera visitó la sede oficial" del órgano que sobre el papel dirigía.

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El juez también ha apuntado a dos nombramientos de directores de la Filmoteca de Andalucía, el de Alejandro J. Cárdenas (septiembre-diciembre de 2013) y el de María Centeno (diciembre de 2013-junio de 2015), hijos de la ex alcaldesa de Jaén y del ex alcalde de Genalguacil (Málaga), respectivamente. Según el auto de septiembre, el nombramiento de Cárdenas pretendía en realidad "aumentar la nómina de personal eventual para asesoramiento de confianza" en la consejería que dirigía Alonso. La Fiscalía, en su escrito de acusación, señala que cuando fue nombrado Cárdenas tenía 24 años y acababa de licenciarse en Derecho.

En cuanto a Centeno, tampoco ejerció realmente como directora de la Filmoteca de Andalucía, sino que se dedicó a la "preparación del anteproyecto de Ley Andaluza del Cine" y "al asesoramiento de la viceconsejera de Cultura", afirmaba el auto. Según Pasquau, esta forma de realizar nombramientos "puede constituir un deliberado torcimiento de la normativa". A María Centeno, señala la Fiscalía en su escrito de acusación, "se le comunicó que, a pesar de ostentar el cargo de directora de la Filmoteca de Andalucía y percibir el sueldo que a este puesto correspondía, no iba a desempeñar función alguna relacionada con el mismo, razón por la cual, durante el más de año y medio en que ocupó dicho cargo ni siquiera visitó la sede que la Filmoteca tiene en Córdoba, donde era totalmente desconocida".

El auto de septiembre descartaba que hubiera malversación, porque el dinero sirvió para pagar trabajos efectivamente realizados en el ámbito de lo público. Las tres personas contratadas también resultaron exculpadas durante la instrucción.

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