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CONCURSO DE ACREEDORES

El juez aparta a Fernández de Sousa de la dirección de Pescanova

  • Declara el concurso de acreedores de la multinacional, que admite una diferencia de sólo 88 millones con el pasivo inicial de sus cuentas
  • La firma gallega, que se reconoce insolvente, será gestionada por un miembro del personal técnico de la CNMV
  • El presidente de la pesquera no ha solicitado la liquidación de su patrimonio ni ha presentado una propuesta anticipada de convenio

INFOLIBRE Publicada 25/04/2013 a las 13:12 Actualizada 25/04/2013 a las 14:19    
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El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.  EFE

El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. EFE

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado a Pescanova en concurso de acreedores, al tiempo que ha apartado al consejo de administración, presidido por Manuel Fernández de Sousa, de la dirección de la empresa, ya que "mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad".

"Las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas, siendo el deudor sustituido por la administración concursal que se designará al efecto", según consta en el auto.

En este sentido, el juzgado explica que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o una persona nombrada por ésta. Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de cinco días para confirmar si acepta o no ese cometido.

A partir de ahí, el administrador concursal tendrá un plazo de dos meses para elaborar su informe. Según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber de comunicar sus créditos (para lo que tienen un mes).

La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el deber de "colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso".

Disputas en el consejo de administración

En el auto, el juez afirma que Pescanova ha incumplido su deber de formular las cuentas de 2012 en el plazo indicado y el de presentar los estados financieros del segundo semestre ante la CNMV, así como la "existencia de discrepancias relevantes" entre la documentación enviada inicialmente con la solicitud del concurso y la subsanación posterior, relativas a los cambios en la participación accionarial del socio mayoritario, al pasivo total reconocido (una diferencia de casi 88 millones) o los desencuentros en el seno del consejo de administración sobre una decisión de "tal trascendencia" como la solicitud de un concurso de acreedores.

Así, entiende que, para mantener en lo posible la actividad y el empleo, y para satisfacer los intereses de los acreedores (más de 50, según reconoce la propia Pescanova), se exige una "voluntad única y eficaz" que "puede verse mejor desempeñada por la administración concursal".

El auto del juez Roberto de la Cruz señala que la solicitud de concurso cumple las condiciones exigidas y se acompaña de documentación que, pese a no completar la previsión recogida en la Ley Concursal, "sí resulta suficiente a los efectos de acreditar la situación de insolvencia actual".

El concurso se tramitará por procedimiento ordinario, ya que las cifras indicadas en cuanto al pasivo, activo y número de acreedores, "impiden absolutamente acudir al procedimiento abreviado".

Deuda superior a la auditada

Por otra parte, en la solicitud del concurso, Pescanova ha puesto de manifiesto su intención de pedir al administrador "autorización para retrasar la obligación legal de formular cuentas anuales". En el auto también se recoge que la empresa "no ha instado la liquidación de su patrimonio ni ha presentado propuesta anticipada de convenio".

La deuda de la firma gallega, según fuentes conocedoras de su situación económica consultadas por Europa Press, puede alcanzar los 3.000 millones de euros, es decir, unos 1.500 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).





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