Las asociaciones fotovoltaicas critican un real decreto sobre autoconsumo “plegado a los intereses del oligopolio eléctrico”

El Gobierno dio este viernes un nuevo paso en el desarrollo de la reforma energética, una de las principales preocupaciones del Ejecutivo conservador durante estos cuatro años de legislatura. Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que regula las condiciones administrativas, económicas y técnicas para el suministro y producción de electricidad con autoconsumo. El texto aprobado establece, según indicó el Ministerio de Industria en un comunicado, que "quienes producen y consumen su propia energía", siempre que no estén conectados a la red eléctrica, "no asumirán ningún coste del sistema eléctrico, puesto que no lo utilizan". Los autoconsumidores no tendrán que hacer frente al importe, impuestos o peajes, se encargó de recalcar el titular de Industria, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros.

Sin embargo, el usuario de estas fuentes de energía renovables sí que tendrá que contribuir a los costes de partidas como el sistema eléctrico, el déficit eléctrico acumulado, incentivos a las renovables, costes de respaldo y, principalmente, "la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara". "En el supuesto de que los autoconsumidores no contribuyeran a estos costes del sistema, estos deberían repartirse entre el resto de consumidores que no autoconsumen, elevando así su factura", señala el comunicado, que añade que esta situación sería "injusta" y "regresiva". No obstante, el real decreto establece dos excepciones en este sentido: los consumidores en las islas –"ya que el autoconsumo sí permite reducir el coste de generación en estos territorios"– y los pequeños consumidores con una potencia contratada hasta 10 kW.

Además, según indicó el ministro Soria, con la nueva regulación se reconocen dos modalidades. En el caso de que la instalación sea inferior a 100 kilovatios (kW) de potencia, no podrá venderse el sobrante de energía eléctrica, es decir, que sólo podrá verterse a la red sin recibir una compensación económica a cambio. Sin embargo, si la instalación supera los 100 kW de potencia, se podrá verter y vender el sobrante de energía generada, siempre y cuando se haya inscrito en el registro de productores de electricidad. En este sentido, el titular de Industria remarcó que la compra se realizará "al precio horario del momento en que se está vertiendo esa energía".

"Se ordena por primera vez una actividad ligada al avance de la tecnología que, hoy en día, permite que los pequeños consumidores puedan decidir generar y consumir su propia electricidad y, además, utilizando energías renovables en vez de combustibles fósiles", presume el comunicado de Industria, que fue completado durante la rueda de prensa con unas declaraciones de Soria en las que aseguraba que el real decreto pretende "impulsar la generación distribuida" y "darle un impulso a las renovables".

"Plegado a los intereses del oligopolio eléctrico"

Tras conocerse la aprobación del texto, las asociaciones en defensa de las energías renovables salieron al paso para criticar una norma que, en su opinión, niega "el derecho de los ciudadanos a dotarse de energía por ellos mismos". Sergio de Otto, periodista y patrón de la Fundación Renovables, consideró, en conversación con infoLibre, que el Gobierno "se ha plegado a los intereses del oligopolio eléctrico" que se derrumba con el "autoconsumo". "Lo hace más complicado, más caro, y defiende el negocio de las grandes compañías que han presionado para que el real decreto se redacte en estos términos", afirmó, añadiendo que este viernes "nos han aplazado un futuro que debería ser una realidad y un presente". Preguntado por las declaraciones del ministro Soria, De Otto reiteró que "todo está mentado para seguir manteniendo los beneficios de unas grandes eléctricas con unos beneficios de 6.000 millones de euros al año".

José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), se posiciona en la misma línea. En conversación con este diario defendió que el texto aprobado por el Consejo de Ministros impone "trabas". "Echamos de menos que el Ejecutivo no haya hecho un análisis objetivo coste-beneficio que pueda mostras las ventajas de este modelo energético y, tras ello, establecer unos costes adecuados y razonables", aseveró, añadiendo a renglón seguido que "aunque hay una exención sobre los cargos variables, los costes fijos se mantienen". "La energía que tú estás produciendo y consumiendo no debería tener ningún peaje", señaló De Otto en este sentido, criticando también que la normativa que se está elaborando "no se abre" a otras posibilidades como "compartir titularidades" o "instalarlas en comunidades de propietarios". Ambos expertos también recalcaron que este autoconsumo no solo penetra a nivel doméstico, sino que es una buena alternativa para las pymes que, en opinión del patrón de la Fundación Renovables, "serían las verdaderas protagonistas".

Normativa "esperpéntica"

También cargó contra el real decreto la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), calificándolo, a través de un duro comunicado, como "una de las normativas más esperpénticas de la democracia española" y lamentando que el real decreto ha sido impuesto "sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible para todas aquellas disposiciones que impactan de una manera tan crítica sobre el tejido productivo y el bienestar social". Desde la asociación consideran que constituye "una barrera normativa" para evitar que ciudadanos y pymes puedan producir energía, penalizando esta opción a través de cargas y "vericuetos burocráticos que disuaden de este tipo de iniciativas en un país que tiene en el sol un activo que habría de ser irrenunciable". Para el presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, "trata de retrasar al máximo la inevitable llegada del nuevo modelo energético por el que ya transitan todos los países desarrollados".

Juan Castro Gil, secretario general de Anpier, analiza las dos excepciones que establece el real decreto: "en primer lugar, en Canarias la producción de energía fotovoltaica cuesta lo mismo que en París; y en segundo lugar, cualquier taller, cualquier ganadero en España, tiene una instalación superior a los 10 kW, por lo que las pequeñas y medianas empresas salen mal paradas". Castro calificó, en conversación telefónica con infoLibre, el real decreto como "un atropello más" que favorece a las "empresas convencionales" que "manejan todo el cotarro eléctrico". Por este motivo no comprende que desde el Ministerio de Industria aseguren que la normativa impulsará "las energías renovables".

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), formada por más de 200 empresas, entidades y agrupaciones del sector, criticó, por su parte, que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy está "imponiendo una barrera económica injustificada al desarrollo del autoconsumo en España". "La normativa prevé un cargo económico extra, conocido popularmente como 'impuesto al sol', para aquellos consumidores que, además de contar con el servicio de electricidad de la red, tengan un sistema de autoconsumo", denunció la UNEF en un comunicado, algo que consideran "injustificado" porque "los autoconsumidores conectados a la red ya pagan los mismos peajes al sistema que cualquier otro consumidor". En definitiva, aunque estén conectados a la red eléctrica pero consuman sólo la energía que producen sus paneles, tendrán que abonar los costes del mismo modo que lo hace cualquier consumidor.

Desde la asociación también denunciaron que los propietarios con una instalación cuya potencia sea inferior a los 100 kW "estén obligados a regalar su excedente a la compañía eléctrica". En este sentido, echan en falta una regulación del balance neto, modalidad muy extendida y que se basa en ceder a las eléctricas la energía que genera tu instalación y que no la estás usando en algún momento del día a cambio de poder recuperar esa cantidad de electricidad en aquellas horas, por la noche generalmente, en las que los paneles fotovoltaicos no producen. “Lejos de incentivar el autoconsumo, la generación distribuida y el uso de energías renovables, esta normativa desincentiva el desarrollo del autoconsumo eléctrico al prever un 'impuesto al sol' injustificado que implicará que los autoconsumidores, aun siendo los que menos uso hagan del sistema, paguen más cargos para el mantenimiento del mismo que el resto de usuarios”, afirmó el presidente de UNEF, Jorge Barredo.

Un real decreto sin consenso

Todas las asociaciones echaron en falta un texto fruto del consenso con otras fuerzas políticas y sujetos de la sociedad civil. Así, desde el PSOE, Maurici Lucena, miembro del Grupo de Expertos y responsable del área de política industrial y competitividad, lamentó que el PP penalice las energías renovables en lugar de incentivarlas. En su opinión, el real decreto es “una muestra de una política energética pedestre y obsoleta” que impone “serios obstáculos al desarrollo de uno de los vectores energéticos y tecnológicos de las próximas décadas: el autoconsumo energético”. 

Lucena señaló también que la normativa “contraviene las recomendaciones de la Unión Europea” presentadas en el paquete energético en julio. La responsable del área política e industrial de los socialistas aseguró que el real decreto “se aparta de la regulación favorable del autoconsumo que la mayoría de los países de la UE y otros como Estados Unidos o Japón han aprobado los últimos años”. En cuanto al denominado 'impuesto al sol', aseguró que representa “una discriminación incomprensible, puesto que no se cobrará peaje de respaldo a las centrales de producción eléctrica convencionales, que son también autoconsumidores de una parte significativa de la energía que producen”. Tanto el PSOE como el resto de fuerzas políticas de la oposición se comprometieron a derogar el texto.