La nueva multa a una periodista por “desobediencia” muestra los riesgos de la ‘ley mordaza’ para la libertad de información

Mercè Alcocer está especializada en información judicial en los servicios informativos de Catalunya Ràdio, donde trabaja desde 1987. Por eso el pasado 10 de febrero se encontraba, junto a compañeros de otros medios, en la Audiencia Nacional cubriendo la declaración de Jordi Pujol. Todos los periodistas esperaban ansiosos la salida del expresident catalán y su abogado, Cristóbal Martell, con el objetivo de obtener declaraciones que pudiesen utilizar a la hora de elaborar las informaciones. Sin embargo, según cuenta a este diario Alcocer, tenían que permanecer en la zona delimitada para los medios de comunicación y esperar a que alguien se quisiera acercar a hablar con ellos.

"Si tú, como periodista, tienes que estar detrás de una valla esperando a que venga un abogado, ¿cuál vendrá? Al que le interese acercarse. Tú no podrás contrastar porque no tienes esa libertad de movimiento", critica. Por eso, azuzada por una "única preocupación", obtener información del letrado, Alcocer comenzó a correr hacia Martell con el micrófono en la mano, traspasando "esa línea imaginable" que debía ser inquebrantable para la prensa. En cuestión de segundos es frenada por dos agentes, tal y como se puede ver en el vídeo que ha difundido Catalunya Ràdio, sin oponer ningún tipo de resistencia. Pero este no sería el desencadenante del expediente sancionador.

Una vez apartada de la zona, y siendo consciente de que el abogado iba a hacer unas declaraciones a los medios, trató de cruzar la calle Goya para unirse al corrillo de micrófonos y grabadoras. Sin embargo, según relata a este diario, un policía se lo impidió, produciendose a continuación un tira y afloja entre la periodista y el agente, que acabó fichándola. "Me pidió el DNI, se lo entregué y le pedí de nuevo que me dejase ir a hacer las declaraciones", cuenta Alcocer. El policía le impidió el paso y se quedó sin poder hacer su trabajo. Pero lo que nunca imaginó es que, tres meses más tarde, le llegaría una multa de la Delegación del Gobierno en Madrid en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza.

"Procedió a la comisión de una desobediencia a unos agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones, haciendo caso omiso en reiteradas ocasiones para que permaneciera en la zona habilitada para los medios de comunicación", recoge el expediente sancionador al que ha tenido acceso infoLibre. La periodista lamenta que en el escrito [consúltalo aquí], firmado por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, no se detalle qué hizo mal aquel 10 de febrero. En concreto, el texto recoge que la informadora cometió una infracción "tipificada como grave" recogida en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En total, 601 euros de multa, que podrá reducir un 50% si lo paga dentro de los quince días posteriores a la recepción de la notificación pero que generará a Alcocer problemas al intentar recurrirla con posterioridad a la hora de formular alegaciones o proponer las pruebas que estime oportunas ante el instructor. Para ello, la Delegación del Gobierno acompaña el expediente sancionador de un impreso, al que también tuvo acceso este diario, en el que se fija el total a ingresar en 300,50 euros, por si la periodista quiere ahorrarse parte de la sanción. Sin embargo, la informadora apunta que la dirección de su medio ha decidido que "no va a pagar": "La empresa se puso de mi lado y dijo que lo consideraban una vulneración del derecho a la libertad de información y que vamos a recurrir la sanción".

"Un sinsentido"

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) manifestó el viernes, nada más conocerse la noticia, su asombro ante la sanción de Alcocer. "Se trata de una sanción administrativa a una periodista en el ejercicio de su profesión en la vía pública", señalaron a través de un comunicado, en el que además mostraron su "apoyo a la trabajadora a la hora de ejercer sus derechos de defensa". Un texto que cerraron de forma contundente: "La CCMA manifiesta el rechazo ante una situación que supone el impedimento a los profesionales de los medios de comunicación del ejercicio libre de la profesión, entendida como un bien imprescindible para la salud de la democracia".

Patricia Goicoechea, abogada y directora adjunta de Rights International Spain, asegura que con toda la información recogida en las noticias publicadas el hecho le parece "un sinsentido" porque la periodista "no llevó a cabo ningún comportamiento que pusiera en peligro ni a bienes ni a personas, ni la seguridad de una operación policial, ni nada parecido". Considera correcto que se habilite una zona para medios en determinados acontecimientos para que puedan desempeñar su trabajo, pero alerta de que "no puede tener como objetivo, precisamente, dificultar o impedir el ejercicio de ese derecho a la información" recogido en la Constitución.

En su opinión, la existencia de infracciones por desobedecer órdenes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "puede tener un objetivo legítimo" siempre que la orden que emitan "persiga también un objetivo legítimo". Por ello, y siempre recalcando que sus opiniones se basan en la información de la que dispone, cree que "habría que analizar con cuidado" la orden emitida por los policías aquel día al entender que no hubo actuación "que pudiera ser improcedente" por parte de la periodista. 

"Cualquier instrumento que suponga la restricción de los derechos fundamentales, en este caso a la información, deben ser instrumentos que se usen con mucha cautela en un Estado de Derecho", apunta en conversación telefónica con infoLibre Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En su opinión, con la Ley de Seguridad Ciudadana estamos ante el riesgo de que "cualquier conducta vaya acompañada de una sanción", y añade que así existe el riesgo de que España se convierta en un Estado policial. "Los derechos fundamentales hay que disfrutarlos", afirma.

Las faltas de desobediencia a la autoridad estaban perseguidas antes de la entrada en vigor de la ley mordaza por la vía penal, pasando desde julio de 2015 a constituir infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana. "El hecho de que fuera una falta y la viéramos en los tribunales, aunque parezca mentira, era una garantía para el ciudadano", señala García, que continúa explicando que quien controlaba la aplicación de esas "pequeñas faltas" era un juez de instrucción, que tomaba "inmediatamente" las decisiones sobre si se trataba de "un comportamiento sancionable o no". Sin embargo, desde la entrada en funcionamiento de esta normativa "la multa la pone la Administración", por lo que para recurrirla es necesario acudir a un procedimiento contencioso, donde "lo que dicen los policías tiene presunción de veracidad".

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, no ve "justificada" la sanción y se posiciona en la línea de García: "Este hecho hace un año, antes de la normativa, hubiera sido obligatorio llevarlo ante un juez en un procedimiento en el que la Policía era una parte, la periodista otra, y el juez decidía. Sin embargo, ahora es la administración juez y parte", apunta. De esta manera, desde su punto de vista, se están permitiendo la "práctica de actuaciones disuasorias del ejercicio de los derechos y libertades".

La UPF no dispone de datos sobre la aplicación de la ley mordaza en el último año, aunque su presidente asegura que les han llegado "ecos de protesta o interpretaciones arbitrarias" de la norma. Amnistía Internacional (AI), por su parte, rechaza pronunciarse sobre casos en concreto de los que no haya hecho un análisis previo.

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No es la primera multa a un periodista en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. El pasado mes de abril se conoció que otro compañero de Argia, Axier López, había sido sancionado con 601 euros al subir a la red social Twitter la fotografía de una operación policial "sin autorización". “El 03/03/2016 el denunciado publicó sin autorización en su cuenta de Twitter @axierL imágenes de una actuación policial llevada a cabo en Eibar la mañana de ese mismo día. A través de dichas imágenes es posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”, rezaba el expediente sancionador.

"La imposición de esta sanción a la periodista en concreto puede tener un efecto disuasorio para el resto de informadores. Esto es uno de los peligros que habíamos identificado en esta Ley de Seguridad Ciudadana. Es lo que llamamos el efecto disuasorio", añade Goicoechea. Por este motivo, algunas asociaciones de periodistas no tardaron en salir a la palestra para mostrar su rechazo a la medida. "Consideramos –la sanción– arbitraria e injusta, pues supone el castigo hacia una conducta periodística, la de buscar y obtener legítimamente información libre, que es síntoma de salud democrática y piedra esencial del Estado de Derecho", señaló la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) este sábado a través de un comunicado.

Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), muestra a infoLibre su "sorpresa" por esta noticia y expresa, en conversación con este diario, su "rechazo absoluto". Considera que la organización de los medios en acontecimientos informativos "tiene que ser compatible con el libre derecho a informar" y cree que la medida adoptada atenta "contra la libertad de información". "No tiene sentido", sentencia. Preguntada por si a la FAPE le han llegado desde julio de 2015 quejas de periodistas que se hayan visto sancionados en aplicación de la ley mordaza, González asegura que, además de la de Axier y la de Mercè, no les ha llegado ninguna otra.