La amenaza del TTIP se extiende a los servicios públicos

"Los servicios públicos en la UE se encuentran bajo la amenaza de negociaciones comerciales internacionales que están poniendo en riesgo, en aras de los beneficios corporativos, la capacidad de regular de los gobiernos y los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a servicios básicos como el agua, la salud y la energía". Es la alerta que lanzan ocho colectivos europeos cuando las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) se encuentran en su undécima ronda, en la que se está abordando –entre otros asuntos– el potencial acceso de empresas extranjeras al mercado de los servicios públicos.

Entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre, los negociadores europeos y estadounidenses estarán reunidos en Miami para continuar las conversaciones sobre el TTIP, en una ronda negociadora que se centrará en la reducción de aranceles o la cooperación regulatoria entre la UE y EEUU. En esta ocasión, los representantes han dejado fuera del orden del día la negociación sobre el tribunal de arbitraje entre inversores y Estados (ISDS, en sus siglas en inglés), uno de los puntos más polémicos del tratado que, tras haber modificado la Comisión Europea su propuesta a raíz del fuerte rechazo que suscita el mecanismo entre la opinión pública, mayor discrepancia genera entre las delegaciones europea y norteamericana.

No obstante, a pesar de la habitual opacidad de la que hace falta la Comisión con todo lo relativo al TTIP, sí que se sabe que en esta ronda negociadora se comenzará a discutir el acceso al mercado de los servicios. Y, pese a que la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ha asegurado en reiteradas ocasiones que se encargará de "proteger" los servicios públicos de los países de la UE, lo cierto es que muchos grupos y organizaciones temen que la aprobación del TTIP abra la puerta a la privatización de servicios como el suministro de agua o la sanidad.

Es el caso de los firmantes del informe Ataque a los servicios públicos, elaborado por el observatorio Corporate Europe y firmado por otras siete organizaciones, entre las que se encuentran la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Cámara del Trabajo austriaca –que, según su página web, "representa los intereses de 3,4 millones de empleados y consumidores"– o el colectivo humanitario War on Want. Lejos de creer el discurso de Malmström, estas organizaciones sostienen que "en el peor de los escenarios", la aprobación del TTIP podría "imponer la comercialización" de los servicios públicos.

Una amplia influencia empresarial

En su análisis, el informe se apoya en los pactos alcanzados en la negociación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, en sus siglas en inglés) que Canadá y la UE terminaron de negociar en 2014. Y es que, sostienen, tanto ese tratado como el TTIP "muestran rasgos evidentes de estar influidos por los mismos grupos de presión empresariales que funcionan en el área de los servicios y que han sido conformados durante las últimas décadas".

Uno de los principales triunfos de este "grupo de presión empresarial", sostiene el documento, es haber conseguido que el CETA sea "el primer acuerdo de la UE con un enfoque de 'lista negativa' para los compromisos en materia de servicios", lo que implica que todos ellos son potencialmente privatizables excepto aquellos que aparezcan en esta relación. "El enfoque de lista negativa amplía enormemente el ámbito de un acuerdo comercial ya que los gobiernos alcanzan compromisos en áreas que incluso desconocen, como los nuevos servicios que puedan surgir en el futuro", sostiene el informe, que señala que el TTIP puede ser el próximo acuerdo que cuente con una lista con estas características.

"Lo mismo podría ocurrir en el TTIP, en el que la Comisión Europea está presionando a los Estados miembros de la UE para aceptar el mismo enfoque arriesgado, satisfaciendo las demandas de los lobbies empresariales", explica el documento. Por de pronto, no se conoce en base a qué tipo de lista están negociando la UE y EEUU, pero aunque el Parlamento Europeo pidió en su informe no vinculante que se utilizaran fundamentalmente relaciones "positivas" –es decir, que se explicitase qué servicios se abrirían a empresas extranjeras–, algunas fuentes ya apuntan a que el enfoque será justo el contrario.

Las vacaciones pagadas, en el punto de mira

El documento argumenta que esta mayor libertad de acción podría redundar en el "desmantelamiento" de sectores como la sanidad pública, "uno de los principales objetivos de los representantes de la industria". Para justificar su afirmación, el estudio incluye una declaración de la Alianza por la Competitividad Sanitaria (AHC, en sus siglas en inglés), una organización que agrupa empresas y asociaciones dedicadas al sector sanitario y farmacéutico, que en 2014 aseguró que el TTIP  debería "asegurarse de que los servicios sanitarios no se excluyan de las negociaciones y eliminar las barreras que impiden funcionar a los proveedores de servicios".

El informe de Corporate Europe recoge un caso concreto especialmente claro a este respecto, referido a la empresa norteamericana Home Instead, un "proveedor líder de servicios de cuidado en casa para personas mayores". Además de quejarse de la aplicación del IVA en este sector por considerarlo "un freno" a la expansión de su negocio, el estudio recoge una cita en la que la compañía, en 2013, criticaba las "inflexibles leyes laborales" europeas. Más concretamente, el objeto de su denuncia eran "los amplios beneficios [para el trabajador], incluyendo las vacaciones pagadas", una regulación que, a juicio de la empresa, "aumenta innecesariamente los costes del cuidado" de sus clientes.

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Pero el sector sanitario no es el único en riesgo: otros, como el de la energía eléctrica o el del suministro de agua –ya privatizados total o parcialmente en buena parte de la UE– también corren el riesgo de ser sometidos a duras restricciones, asegura el informe.  " El TTIP y el CETA amenazan con limitar la libertad de las empresas de servicios públicos para producir y distribuir energía en base al interés público", afirma el documento, que pone como ejemplo de una práctica en riesgo "el apoyo a las energías renovables en la lucha contra el cambio climático".

"Un análisis del borrador de la última propuesta [a este respecto] para el TTIP muestra que la libertad de diseñar sistemas de energía local a nivel municipal podría quedar restringida", abunda el documento, que señala que "para defender su capacidad política, la UE o los Estados miembro necesitarían hacer reservas específicas para proteger la producción y distribución de energía".

El estudio alerta, asimismo, sobre la posibilidad de que el TTIP incluya una cláusula que evite la revocación de privatizaciones o la remunicipalización o renacionalización de servicios. "Esto podría poner en riesgo la creciente tendencia de la remunicipalización de los servicios relativos al agua (en Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Hungría), las redes energéticas (en Alemania y Finlandia), y los servicios de transportes (en Reino Unido y Francia)", señala el informe. Y pone un ejemplo claro: "El desmantelamiento de algunas de las privatizaciones del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido para fortalecer a los proveedores de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro podría considerarse como una violación del CETA y el TTIP, como lo podrían ser las nacionalizaciones y nuevas regulaciones dentro del sector financiero llevadas a cabo durante la crisis económica".