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Plaza Pública

Trabajo y democracia


CONVOCATORIA CÍVICA Publicada 31/08/2013 a las 06:00 Actualizada 30/08/2013 a las 23:42    
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El avance en los derechos laborales y sociales es indisociable del desarrollo de la democracia misma. Del sufragio restringido a los propietarios se pasó al universal, incluyendo a los que sólo poseían su fuerza de trabajo, al mismo tiempo que los trabajadores iban consiguiendo el paulatino reconocimiento de sus derechos más elementales; hasta quedar englobados en el conjunto de los derechos de ciudadanía. Un largo y duro proceso de lucha que sirvió a su vez para acelerar el progreso, puesto que la más justa regulación del trabajo indujo las innovaciones en los procesos productivos e incrementó la productividad; y para ir forjando la convivencia más estable entre los distintos segmentos sociales, que de verse abocados recurrentemente a la disyuntiva entre servidumbre o revolución, pasaron a regular el conflicto de intereses en el marco de la democracia industrial. Pero el siglo XX, aunque comenzó al son de la Internacional del movimiento obrero finalizó habiéndose internacionalizado sobre todo el mercado, en creciente desequilibrio con la extensión de los derechos socio-laborales.

El loable esfuerzo de la Organización Internacional del Trabajo que durante su sesión anual de 1.999 definió el Trabajo Decente como:
“…trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad; cuyos derechos están amparados legalmente; adecuadamente retribuido y con la cobertura social correspondiente a las contingencias de desempleo, invalidez y jubilación”, respondía precisamente al desafío de universalizar los derechos al mismo tiempo que se globalizaba la economía; desde la convicción de que la equidad, lejos de ser un inconveniente es condición necesaria también para la eficiencia económica.

En suma, la más veterana de las instituciones internacionales quiso contribuir con tal aportación sobre el Trabajo Decente al reequilibrio entre democracia y mercado desde el ámbito de la regulación de las relaciones de trabajo que le es propio. Una orientación desoída por gobiernos de distinto signo, pero coincidentes en aceptar la sumisión de la política a la supremacía del mercado. Éste, lejos de procurar una más eficiente asignación de los recursos autorregulándose, ha promovido más la especulación financiera que la inversión productiva; ahondado la desigualdad y provocado la crisis más compleja del capitalismo.


Desaprovechando de paso buena parte del potencial de crecimiento y desarrollo que para toda la humanidad habrían supuesto los extraordinarios adelantos en tecnologías de la comunicación, la información y el transporte de haberse aplicado a una más equitativa distribución internacional del trabajo. Porque la principal fuente de riqueza de las naciones en el mundo actual es la cualificación de sus trabajadores; y la precarización de sus empleos el peor de los despilfarros.

Depauperar las condiciones de trabajo, abusar de la temporalidad, eliminar derechos sindicales e imponer reducciones salariales, podrá favorecer coyunturalmente a quienes sólo saben recomponer sus tasas de beneficios con la menor inversión posible, el menor riesgo…..y la visión más retrógrada. Y esos, que encarnan todo lo contrario de lo que deben ser los emprendedores, atesoran sus patrimonios particulares, mientras anegan el futuro de todos. La competitividad vía precios y salarios es una quimera perniciosa para un país que se pretende desarrollado e importante dentro de la Unión Europea.

En el contexto de la mundialización acceden a los mercados cada vez con mayor profusión nuevos países que ofertan menores costes, pero paradójicamente los más competitivos son los países avanzados que incorporan un mayor valor añadido tecnológico a los bienes y servicios que producen…con un empleo de mayor cualificación y sistemas de protección social más tupidos.

En confundir acumulación rápida y fácil de beneficios con mejorar la competitividad de manera solvente y duradera de nuestra economía, vienen incurriendo con contumacia los sucesivos gobiernos habidos casi desde el inicio de la etapa democrática, recurriendo a la interminable sucesión de “reformas laborales”, que con similares pretextos han cosechado siempre los mismos fracasos. No son las normas laborales las que crean o destruyen el empleo sino que éste depende fundamentalmente de la estructura productiva del país en cuestión. Si se opta por “que inventen ellos”, para mantenerse en actividades intensivas con mano de obra barata y sin cualificar, tendremos empleos precarios, justamente los que se corresponden con proyectos empresariales precarios y propensos a las burbujas especulativas que ceban entidades financieras sobredimensionadas a base de alentar a los especuladores inmobiliarios, por ejemplo, y desentenderse de financiar inversiones productivas e innovadoras.

Por ese motivo nuestro mercado laboral ha acusado siempre con mayor brusquedad los cambios del ciclo económico: se incorpora más tarde al tramo expansivo creando más puestos de trabajo circunstanciales y cae bruscamente en las etapas recesivas destruyendo empleo masivamente y en mayores cantidades que las economías industrializadas donde pueden redistribuir internamente sus cargas de trabajo, amoldándolas mejor a los descensos de la demanda. Y tras la recaída vuelta a persistir en el error, o sea, a reincidir en otra reforma laboral que sucede a la anterior como si no se hubieran modificado nunca las instituciones laborales; cuando lo que no se ha querido cambiar nunca en serio ha sido el modelo productivo de España y acometer su especialización en el concierto económico europeo. De ahí que cada una de las 52 reformas laborales impuestas desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1.980 haya sido más agresiva contra los derechos y las condiciones de trabajo que la previa y sus efectos económicos más efímeros, puesto que cada vez son más fugaces las ganancias de competitividad que se persiguen por esa vía de las devaluaciones internas.

Y efectivamente, la última es siempre la más brutal; como ocurre con la decretada por el gobierno del PP en Febrero del año pasado. El desarbolo del Derecho del Trabajo que ha supuesto su reforma es devastador. Desde la indefensión en la que coloca a los trabajadores ante el preeminente poder del patrón en materia de contratación y modificación de sus condiciones sustanciales de trabajo hasta la mutilación de los derechos colectivos, tanto en la negociación de todo tipo de convenios como en la tramitación de los expedientes de crisis en las empresas, han engendrado un compendio de atrocidades contra los trabajadores, los sindicatos y la democracia industrial que sólo podía dar los resultados que ahora se verifican.

No ha parado la sangría destructiva de empleos sino que la ha potenciado con muchos parados más
; no ha fomentado la creación de empleo puesto que se ha reducido la población activa en más de ochocientas mil personas; no ha reducido la temporalidad, lo que casi ha desaparecido es la contratación indefinida; abaratar los despidos no ha servido para evitarlos sino para incrementarlos, la potestad unilateral de los patronos para modificar salarios, jornadas y condiciones tampoco ha facilitado la reorganización de las empresas para no acudir al despido colectivo, sino que ha servido para burlar la negociación de las reestructuraciones empresariales abusando de las extinciones individuales. Acabar con el deber de negociar al que conducía la llamada “ultraactividad” de los convenios no ha agilizado la contratación colectiva, sino que ha dejado desamparados a millones de trabajadores sin convenio colectivo.

Y como a pesar de todo seguimos teniendo casi el 27% de paro, desde la Comisión Europea y desde la patronal CEOE insisten en aprovechar la coyuntura para abundar más en las tropelías; como propugnar nuevas reducciones de los salarios reales, que no harían otra cosa que hundir aún más la demanda interna o como pretende el presidente de CEOE al pedir la conversión a tiempo parcial de cuantos contratos quiera el empresario y que busca realmente legalizar el fraude patronal al que están sometiendo a miles de trabajadores contratados a tiempo parcial y retribuidos miserablemente, pero obligados a realizar jornadas semanales muy superiores a las cuarenta horas.

Con éstas políticas no se saldrá de la crisis, nos instalaremos en ella por tiempo indefinido, pero con sufrimientos previsibles. La Gran Depresión de los años 30, provocada por una administración conservadora que alentó primero la especulación y después impuso recortes del gasto público y políticas similares a las que están aplicando los gobiernos de derechas en la Gran Recesión actual, empezó a superarse con el New Deal del gobierno de Roosevelt, que básicamente consistió en dedicar más gasto público a todo tipo de inversiones generadoras de empleo y en alentar nuevas fuentes de riqueza con el más amplio horizonte, incluyendo la educación y la cultura. Se trató de distribuir con más democracia, una voluntad sustanciada en una amplísima panoplia legislativa que reguló desde la negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil, la jornada laboral máxima de ocho horas, el salario mínimo, la libertad sindical en las empresas, hasta la nueva regulación bancaria para limitar el tamaño de los bancos y la estricta separación entre banca comercial y de inversiones, pasando por el sistema tributario que ganó en equidad, suficiencia y transparencia.

Desde Convocatoria Cívica creemos que es inexcusable recuperar un discurso social con prioridades muy claras: 1) La recomposición del entramado fiscal, revirtiendo las reformas fiscales habidas en los últimos años, para obtener nuevos recursos con mayor equidad y menores elusión y fraude fiscales. 2) La recuperación del gasto público social, porque profundizar las desigualdades básicas con los recortes en educación y sanidad convierte la Igualdad de Oportunidades en un discurso vacío e hipócrita. 3) La estimulación de la demanda de inversión con la financiación necesaria y de consumo, recuperando buena parte de la capacidad adquisitiva perdida por los asalariados. 4) El reequilibrio de las relaciones laborales para su democratización, algo que aportará mayor eficiencia en el funcionamiento de las empresas.

En suma, más justicia, y más democracia. Goethe se equivócó al afirmar que prefería la injusticia al desorden. La historia lo ha desmentido. La injusticia genera los peores desórdenes y aboca a los mayores fracasos sociales.

Rodolfo Benito, Carlos Berzosa, José Chamizo, Lina Gálvez, Antonio Gutiérrez, Juan José Tamayo, Juan Torres son integrantes de Convocatoria Cívica.


1 Comentarios
  • 1 CARLOS RODRIGO 31/08/13 08:37

    Magnífico artículo; debería ser difundido con la mayor profusión y en el mayor nùmero posible de medios de comunicación. Contiene un buen nùmero de ideas que tendrían que ser discutidas en programas de opinión; por ejemplo la contenida en el último párrafo respecto del peligro, derivado de la desigualdad del sistema, de generar un desorden social que pudiera llevarnos a gravísimas consecuencias. Felicidades a los autores.

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