Bárcenas dice que traspasó en 2009 dinero a una sociedad uruguaya para “regularizarlo” ante Hacienda en 2012

La defensa de Bárcenas presentó ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional en el que pide que ponga en libertad al extesorero del PP, en prisión incondicional desde el pasado jueves 27 de junio. Y además de los argumentos habituales en estos casos –que ha tenido cuatro años para fugarse o destruir pruebas si hubiera querido–, los abogados presentan a Bárcenas como alguien interesado en colaborar con la Justicia y en regularizar sus fondos ante la Hacienda española.

Las comisiones rogatorias enviadas por Suiza han permitido conocer que Bárcenas creó una estructura societaria opaca para mover sus fondos ocultos en Suiza, que llegaron a ser 47 millones de euros en 2007. Bárcenas ocultó primero su dinero en una cuenta abierta a nombre de la fundación panameña Sinequanon y en agosto de 2009, seis meses después de que estallase el caso Gürtel, traspasó los fondos a una cuenta de la sociedad uruguaya Tesedul. Ambas cuentas estaban en el banco Lombard Odier.

Pues bien, según los abogados de Bárcenas, ese traspaso de fondos se hizo precisamente porque "con la anterior estructura jurídica (la fundación Sinequanon) no se podía llevar a cabo el afloramiento de los fondos a la Hacienda pública española y la regularización de los mismos, razón por la que, para poder realizar dicha regularización, era preciso transferirlos a Tesedul". El único problema de este argumento es que el Gobierno del PP aprobó la amnistía fiscal en marzo de 2012, casi tres años después del traspaso del dinero a Tesedul. Por tanto, supone aceptar que Bárcenas sabía en 2009 que el PP iba a ganar unas elecciones en 2011 y que el Gobierno de Rajoy iba a aprobar una amnistía fiscal.

Los abogados de Bárcenas van aún más allá a la hora de dibujar a su defendido como alguien interesado en colaborar con la Justicia. Así, sostienen que el extesorero del PP "ha colaborado de modo inequívoco para que la documentación procedente de Lombard Odier llegara a la mayor brevedad a poder" de la Audiencia Nacional. En realidad, Bárcenas presentó en Suiza múltiples recursos judiciales para evitar que Suiza enviase a España la comisión rogatoria que descubrió la fortuna que había amasado en el país helvético.

El juez instructor Pablo Ruz envió a prisión a Bárcenas por los presuntos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. Los abogados podían presentar un recurso de reforma ante el mismo juez Ruz, pero han optado por apelar directamente ante la Sala de la Audiencia Nacional, para acelerar así los trámites ya que era previsible que el instructor confirmase su decisión. 

El extesorero del PP, según recuerdan los letrados, fue imputado por primera vez en julio de 2009 desde entonces "ha comparecido en todas y cada una de las nueve ocasiones en que ha sido citado" por los jueces. Por ello, creen que no tiene sentido meterlo ahora en prisión. Es más, destacan que "difícilmente puede encontrarse precedente alguno en nuestra historia judicial" de que alguien que ha comparecido en nueve ocasiones ante los tribunales durante un periodo de cuatro años de investigación, sea sometido a prisión incondicional "sin variación sustancial de las circunstancias concurrentes". Bárcenas, concluyen, no ha dado "signo alguno de intentar emprender fuga alguna". 

El mismo argumento temporal emplea la defensa del extesorero para negar que exista riesgo de destrucción de pruebas, como alegó Ruz en su auto de prisión: "No cabe decir que pueda seguir subsistiendo riesgo alguno de adulteración por parte de nuestro patrocinado del material probatorio de la presente causa, nada menos que cinco años después del inicio del procedimiento, pues de haber existido tal riesgo es obvio que el mismo se habría ya concretado durante este largo periodo de tiempo".

Por todos estos argumentos, los abogados concluyen que la medida de prisión incondicional adoptada por Ruz "resulta inequívocamente injustificada, desproporcionada e innecesaria, hasta el punto de poder configurarse en verdad como una pena anticipada".