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Desahucios

El PSOE recurre en solitario la Ley Antidesahucios ante el Constitucional

  • Los socialistas afirma que esta norma contraviene 14 artículos de la Constitución
  • La Izquierda Plural rechaza apoyar la impugnación por el desacuerdo entre el partido de Rubalcaba y la PAH, que tachó al PSOE de "oportunistas"

Publicada 16/08/2013 a las 13:19 Actualizada 16/08/2013 a las 15:21    
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La diputada socialista Leire Iglesias, antes de entregar el recurso.  CHEMA MOYA

La diputada socialista Leire Iglesias, antes de entregar el recurso. CHEMA MOYA

La diputada y portavoz de vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha presentado este viernes en nombre de su grupo parlamentario un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, popularmente conocida como Ley Antidesahucios. Los socialistas consideran que esta ley contraviene 14 artículos de la Carta Magna.

Iglesias, cuyo grupo ha entregado el documento el último día del plazo legal para recurrir la ley, ha expresado que han tomado la decisión de acudir al Constitucional "para proteger los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas". La diputada socialista también ha explicado que su grupo ha tomado en consideración "las propuestas" de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que sin embargo ha tachado de "oportunista" al PSOE por entender que se habían intentado "apropiar" del recurso elaborado por ellos. Ante preguntas de los periodistas, Iglesias no ha querido polemizar con la PAH y ha afirmado que se han respetado sus planteamientos y que seguirán trabajando con ellos en el futuro.

La portavoz ha señalado que el recurso incorpora una denuncia contra la propia tramitación de la ley, que el PSOE considera irregular. Esto es así, según Iglesias, porque tras aprobarse la tramitación de la ILP presentada por la PAH el pasado febrero por unanimidad "después de reunir un millón y medio de firmas", esta misma iniciativa fue "automáticamente eliminada en diez minutos" en una Ponencia "a puerta cerrada y con la participación de un grupo muy reducido de diputados", lo que impidió "que el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera volver a debatir sobre esa iniciativa". En este sentido, Iglesias ha destacado que "se han vulnerado las expectativas de participación democrática de muchos ciudadanos".

Respecto al resto de aspectos recurridos, la diputada afirma que "se ha atendido a todos los fundamentos jurídicos promovidos por la PAH", y ha destacado de entre ellos el que afecta a la tutela judicial efectiva, que a su juicio no está siendo respetada ya que "los jueces no pueden considerar efectivamente cuales son las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda". A este respecto, ha tachado de "absurdos" y "arbitrarios" los requisitos que la ley establece para la suspensión de los desahucios, y ha puesto como ejemplo el que "si una familia tiene un menor de tres años a cargo puede suspender su desahucio pero si el menor tiene tres años y un mes no, y eso en el mejor de los casos".

Iglesias también ha hecho referencia a la "obligación de los Estados de proteger los derechos de los ciudadanos", para después añadir que "en ese sentido, el Fondo Social de Vivienda nunca ha sido una alternativa". El PSOE considera que "no se puede comprender que la alternativa que se da a una familia que pierde su casa sea que se dirija al departamento de atención al cliente de la misma entidad financiera que le ha desalojado a rogarle que le deje acceder a una vivienda de las contempladas" en dicho Fondo.

Por su parte, el grupo parlamentario de La Izquierda Plural ha rechazado en una nota de prensa unirse al recurso de inconstitucionalidad presentado "ante el desacuerdo surgido entre la PAH y el PSOE", aunque han expresado su rechazo a la ley, que consideran una "estafa que, en todo momento, intentó desfigurar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH, los sindicatos CCOO y UGT y otros colectivos sociales". De igual forma, el grupo ha expresado que "la imposibilidad de la PAH para presentar recurso de inconstitucionalidad [se necesita la firma de al menos 50 diputados para presentar este tipo de apleación] ha puesto de manifiesto un déficit en la legislación que impide a la sociedad civil ejercer de forma activa la defensa de la legalidad constitucional”.


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