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Congreso de los Diputados

El PSOE rechaza la ley de transparencia por los vetos del PP a que Rajoy hable sobre Bárcenas

El PSOE se reafirma en su rechazo la Ley de Transparencia

Pese a que el comienzo de las negociaciones parlamentarias daban casi por supuesto que PP y PSOE irían de la mano en lo que a la negociación de la Ley de Transparencia se refiere, los socialistas votaron este jueves que no al texto. El principal motivo: la negativa sistemática de los conservadores a que Rajoy rinda cuentasnegativa sistemática de los conservadores sobre el caso Bárcenas en el Congreso. CiU, PNV, Coalición Canaria, Foro y UPN dieron el sí al texto que será remitido al Senado.

"Es un acto fallido en términos políticos. No es lo mejor que salga esta ley [...] No es lo mejor que salga adelante sin el voto del PSOE, un partido que ha gobernado en este país 21 años", consideró este jueves en el Congreso José Enrique Serrano, el ponente socialista.

A lo hora de dar argumentos, Serrano puso el énfasis en la "contradicción insalvable" que supone que la Cámara Baja dé luz verde a una ley que ha sido presentada por el Gobierno como una vacuna contra la corrupción cuando Mariano Rajoy se niega a dar más explicaciones sobre el escándalo que afecta a su extesorero.

El socialista mantuvo que nadie podrá echar en cara a su grupo la voluntad de haber intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno ni la falta de voluntad: "Se tradujo en las enmiendas que presentamos, 37". "Sabía que una buena ley de transparencia no iba a acabar por sí sola con la corrupción [...] Pero tenía el convencimiento de que sí iba a cambiar la corrupción y la forma de actuar de las administraciones", se lamentó antes de criticar el blindaje que "desde julio" ha proporcionado el PP a Mariano Rajoy para que no rinda cuentas sobre los escándalos de corrupción que afectan a sus partido.

Historia de un desencuentro

Hasta mediados del mes de julio las relaciones entre PP y PSOE a cuenta de la ley de transparencia se enmarcaban dentro de la normalidad. Había sintonía. Prueba de ello es que aquel 30 de mayo, cuando Sáenz de Santamaría presentó el proyecto a los diputados, los socialistas decidieron dar un voto de confianza a los conservadores y no presentaron enmienda a la totalidad al texto. Una postura a la que se sumaron CiU y PNV.

La ruptura de relaciones en este campo llegó a cuenta del caso Bárcenas. El pasado 10 de julio, los socialistas –también lo hicieron la Izquierda Plural i Amaiur– se levantaron de la mesa de la ponencia en la que se estudiaba el texto de la ley hasta que el presidente del Gobierno compareciese en el Parlamento para explicar su relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas y la financiación del partido.

Días después, el 11 de julio, la Diputación Permanente del Congreso vetaba con los votos del PP la comparencia de Rajoy. Y el 22 de julio, en una comparecencia en Moncloa, Rajoy anunciaba que se explicaría en el Senado a petición propia el 1 de agosto. Este gesto, no obstante, no bastó a los socialistas que votarían un día antes en contra del texto en la Comisión Constitucional del Congreso con el principal argumento de que la actitud de los conservadores en las últimas semanas no estaba siendo precisamente acorde a la transparencia.

Respuesta del PP

La Ley de Transparencia se aprueba en comisión con los votos de PP, CiU y PNV

En defensa de la ley, el conservador Esteban González Pons aseguró hoy que el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno “será más o menos completa pero es indudable que representa un paso adelante”. “No cabe el sí a la transparencia, pero el no a esta ley, porque sin ella, la Administración Pública española seguirá en las tinieblas”, consideró.

El diputado del PP reiteró que el Grupo Parlamentario Popular cree que España necesita una ley de transparencia y, por eso, va a votar a favor de este proyecto de ley. “Los que crean que no, por ejemplo si los hubiera, los partidarios de la turbiedad, inventarían razones para votar en contra”.

Por su parte, la Izquierda Plural, ERC y el BNG coincidieron en señalar que la ley es insuficiente en todo lo que tiene que ver con la actividad de la Casa del Rey. "Paripé" fue el término escogido por Olaia Fernández (BNG). Mientras, Joan Baldoví (Compromís-Equo) mantuvo que la norma "nace vieja, corta y coja". "Una oportunidad perdida", dijo.

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