El Gobierno cierra archivos históricos con mas de 500 años por seguridad nacional

Los investigadores españoles cada día lo tienen más difícil para ejercer su profesión. A los numerosos recortes que han venido sufriendo desde el comienzo de la crisis, hay que sumarle los obstáculos que se encuentran por parte de instancias oficiales para desarrollar su trabajo.

Desde que en 2010 el Consejo de Ministros aprobase un acuerdo, promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que convertía en material clasificado prácticamente la totalidad de documentos relacionados con política exterior, los historiadores españoles vienen batallando por conseguir acceder a estos archivos, imprescindibles para llevar adelante sus investigaciones, algunas de ellas, financiadas por el Ministerio de Educación o el de Economía y Competitividad como parte del programa de becas del Estado.

El Congreso, con los votos del PP, rechazó por ejemplo este martes la petición de la mayoría de los grupos parlamentarios para que se permita el acceso de los investigadores a los cerca de 10.000 documentos históricos de carácter diplomático y militar clasificados, la mayoría de la Guerra Civil y la dictadura. La Comisión de Exteriores de la Cámara baja rechazó una proposición no de ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar, presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

Cinco siglos ocultos

Tras el relevo de titular en Exteriores con el cambio de Gobierno, el actual ministro, José Manuel García-Margallo, prometió a los investigadores anular la decisión y agilizar el proceso de desclasificación. Su actuación, sin embargo, dista mucho de lo que anunció: no sólo no corrigió el problema sino que decidió cerrar el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se guardaban estos documentos, que fueron divididos entre el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Nacional, ambos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El resultado: miles de archivos, que datan desde el siglo XVI y pasando por épocas tan importantes en la historia reciente de España incluyendo la Guerra Civil o el régimen franquista, permanecen inaccesibles desde hace más de tres años.

El motivo por el que Exteriores decidió clasificar dichos documentos fue que su “revelación no autorizada” podría “dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España o de sus aliados o amigos”. Sin embargo, para Carlos Sanz, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales de la UCM, es imposible que sea por motivos de seguridad: “Descarto que haya secretos tan tremendos en esos documentos, algunos con más de cuatro siglos de antigüedad, que puedan afectar a la seguridad nacional”. A su parecer, el verdadero motivo responde al “descontrol general” existente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El ministerio ha creado una “norma maximalista para evitar que se produzcan nuevas filtraciones”. Sanz se refiere a los cables de WikiLeaks que aludían a Exteriores y que fueron el motivo por el cual se tomó esta medida en el año 2010.

Becarios sin recursos

Se da además el agravante de que muchos de estos investigadores han sido becados por los ministerios de Educación o Economía, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y han de hacer frente a sus proyectos sin poder acceder a la ingente cantidad de documentos reservados. “Si ya de por sí dan poco dinero para estas actividades, cuando se trata de trabajos sobre política exterior nos vemos muy limitados ante este muro”, afirma Matilde Eiroa, doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. “Si el proyecto no sale adelante, el dinero, un dinero público, está parado. Y si no se realiza, tendremos que devolverlo”. Por su parte, muchos investigadores extranjeros vienen a España y se vuelven con las manos vacías. “Existe un secretismo absoluto, un muro de silencio”, explica Sanz.

Al haber sido trasferidos desde el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores al Archivo General de la Administración (AGA) y el Archivo Histórico Nacional (AHN) ahora los documentos requieren una nueva reclasificación para poder ser accesibles: “Más allá de la Ley de Transparencia, el departamento necesita más personal y más recursos debido a la gran cantidad de archivos de los que se trata para agilizar la desclasificación”, opina Eiroa. Son los propios archiveros los que reconocen que ante el gran volumen de documento (unos 45.000) este proceso va a requerir mucho tiempo.

Sin permiso para desclasificar

Los investigadores que solicitan al AGA o al AHN el acceso a los archivos reciben como respuesta que ante la reciente transferencia desde su anterior ubicación, los nuevos responsables permanecen a la espera de órdenes por parte de los ministerios involucrados (Cultura y Exteriores) para coordinar el acceso. “Sin permiso para desclasificar” es la respuesta más común que reciben, según cuenta Eiroa.

Por tanto, considera la historiadora, el ministerio ha cometido dos errores garrafales: “En primer lugar, no permitir el acceso a unos archivos que ya habían sido desclasificados y por otro lado, una falta de recursos económicos, materiales y humanos para llevar a cabo un proceso que afecta a tantos archivos”.

Los 10.000 documentos de Defensa

Exteriores no es, sin embargo, el único ministerio al que los historiadores españoles recriminan falta de trasparencia. En la anterior legislatura, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció la desclasificación de 10.000 archivos que hasta entonces habían permanecido ocultosanunció la desclasificación de 10.000 archivos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Estos documentos pertenecen al periodo entre 1936 y 1968. El historiador Francisco Espinosa explica que la comunidad de investigadores se quedó “perpleja” al conocer la existencia de estos archivos puesto que la Ley de Patrimonio Histórico Español especifica que se podrían consultar una vez hayan pasado entre 25 y 50 años, según las circunstancias. “Se trata de los años de la guerra, posguerra y principios del franquismo. Existe mucha información que tenemos derecho a consultar”.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno, el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, paralizó este proceso “con la excusa de que a Chacón se le había olvidado pasarlo por el Congreso”, cuenta Espinosa. Los archivos prometidos, por tanto, permanecen guardados e inaccesibles a pesar de la lucha que mantienen desde comienzos de 2012 los investigadores españoles, que han presentado varias solicitudes de acceso e información y un recurso de alzada.

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Recado de la ONU

El asunto de los papeles clasificados ha trascendido hasta Naciones Unidas. Tras su reciente visita a España, el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, dedicó una de sus conclusiones preliminares a este tema. De Greiff recomendó “establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad”.

“Esta es la verdadera Marca España y la imagen que estamos dando al exterior”, concluye Carlos Sanz.