¿La laicidad en España está en retroceso?

"La permanencia estable de un símbolo identitario de carácter religioso en las salas de plenos de las corporaciones locales carece de relación objetiva con la naturaleza específica de las actuaciones públicas que cobijan dichos recintos". La afirmación pertenece a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, quien la recogía en el informe anual que presentó el pasado jueves.

Becerril expresaba este punto de vista en relación a una queja recogida el pasado año en el Ayuntamiento de Parla (Madrid) por la presencia de una imagen de la Virgen de la Soledad dentro del salón de plenos del consistorio. Según relata la defensora del pueblo, "el interesado se dirigió al Defensor ante la posible vulneración de la neutralidad religiosa del artículo 16 de la Constitución Española", ya que "la imagen de la Virgen de la Soledad, Patrona de Parla y Alcaldesa Honoraria con carácter perpetuo, presentaba un contenido inequívoco religioso", más allá de que pudiese ser un "símbolo cultural" de la ciudad.

Teniendo en cuenta que, en este caso concreto, la imagen carecía de "valoración cultural, arquitectónica, decorativa, histórica o artística de relevancia", Becerril aseguraba en su informe que la presencia de este tipo de símbolos en zonas como los salones de plenos "pudiere, incluso, implicar la apariencia de conexión o de vinculación entre ambas categorías [religión y política]", ya que afectaría a la "neutralidad en materia religiosa", lo cual, precisamente, es "lo que el texto constitucional pretende evitar". Finalmente, el Ayuntamiento retiró la imagen del salón de plenos y la trasladó a otro recinto.

Este caso de confusión entre religión y Estado no ha sido el único polémico en los últimos meses. En los últimos días han suscitado gran controversia, por ejemplo, la entrega de una medalla de oro al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor o la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la ceremonia de nombramiento de 19 nuevos cardenales en Ciudad del Vaticano, una asistencia que Jueces para la Democracia tachó de "poco respetuosa con la división de poderes propia de nuestro Estado constitucional".

Esta opinión la comparte, Ana Valero, doctora en Derecho Constitucional y profesora de esta disciplina en la Universidad de Castilla-La Mancha, que asegura que "la Constitución es laica", pero que los principios que establece no se cumplen. ¿La causa? Para Valero hay varias, pero señala una capital: los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede firmados en 1979, unos documentos que, como recalca la experta, fueron redactados antes de la aprobación de la Carta Magna de 1978 y que, según su criterio, son el elemento clave que está "impidiendo que se avance hacia un modelo real de laicidad" en un país en el que cada vez menos gente se declara católica.

Valero afirma, no obstante, que las afirmaciones de la defensora del pueblo suponen un "avance", por el hecho de que sea una institución del Estado quien denuncie estas prácticas pero, sobre todo, porque Becerril, según la experta, suele ser "bastante tímida a la hora de criticar al Gobierno". En términos similares se expresa Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que asegura que es "positivo" que la defensora se pronuncie en estos términos, si bien asegura que se trata de "un paso importante, pero ni mucho menos definitivo, porque hay muchas cuestiones que resolver".

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"El principio de laicidad del Estado se ve vulnerado por muchos frentes", asevera en esta línea Valero, que rebaja el optimismo al asegurar que ha habido "más retrocesos" que avances en los últimos tiempos a la hora de caminar hacia una laicidad que, insiste, está consagrada en la Constitución. La experta denuncia la "absoluta parálisis a nivel institucional" que existe, a su juicio, acerca de este tema, un marasmo que afecta, según su criterio, a gobiernos del PP y del PSOE, que no han hecho "gran cosa" para avanzar hacia una separación entre Iglesia y Estado.

En este sentido, tanto Valero como Delgado son tajantes al denunciar el mantenimiento de símbolos religiosos en dependencias de la Administración. El presidente de Europa Laica argumenta que "la simbología es un elemento de poder" que, por tanto, no tiene sitio en los espacios públicos, mientras que la abogada, por su parte, plantea que la existencia de símbolos religiosos "implica una confusión" entre las instituciones religiosas y las públicas, lo que contraviene los principios de separación del Estado y las confesiones religiosas y de neutralidad ante las mismas recogido en la Constitución.

Preguntada por la situación de la laicidad en España en comparación con el resto de países de la UE, la doctora en Derecho Constitucional lo tiene claro: España es uno de los estados menos avanzados en este aspecto. "Quitando países como Polonia, Irlanda o Italia", enumera Valero, la gran mayoría de naciones de nuestro entorno establecen de forma más clara la separación entre Iglesia y Estado. ¿El ejemplo más reciente? Para la experta, la recién aprobada ley Wert, que, según recuerda, vuelve a hacer computable la nota de la asignatura de religión para la nota media y establece una alternativa fuerte a la misma. Para los obispos, se trata del cumplimiento de una de sus reivindicaciones clásicas. Para Valero, por el contrario, es un "retroceso".