Moncloa cierra la puerta a una reforma constitucional con el argumento de que no hay consenso

Desde que se concretó el desafío soberanista de Artur Mas, han sido varias las ocasiones en las que el Gobierno ha señalado que el camino correcto es el de la reforma de la Constitución. La última, el pasado martes en pleno debate en el Congreso para votar la petición del Parlament de Cataluña de la delegación de competencias para organizar una consulta sobre el futuro de esta comunidad autónoma. Fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que dijo que las puertas para la demanda de Mas (CiU) estaban cerradas porque no lo permitía la Constitución. Pero que había una puerta, esta sí abierta, que es la de la reforma de la Carta Magna. Pero este viernes, la vicepresidenta enfrió esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es como si los miembros del Ejecutivo y del PP se repartiesen los papeles: uno hace la oferta y el otro se encarga de matizar que lo que era una puerta abierta no lo es tanto. Sobre todo porque los conservadores, con su mayoría absoluta en la Cámara Baja tienen la llave.

Preguntada por la hoja de ruta del Gobierno en Cataluña tras el "no" del Congreso a Mas del pasado martes y los márgenes para una reforma de la Carta Magna, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que en la historia de España ha habido varias reformas de este texto y que todas ellas han estado marcadas "por lo que es esencial a la hora de abordar el tema". "Viene precedido de un gran acuerdo político", subrayó, para, acto seguido, apuntar a que en la actualidad no se reúne esta condición. No obstante, la Constitución de 1978 es el resultado del consenso desde posturas muy diferentes.

La número dos del Gobierno dijo que no había que irse muy lejos en el tiempo para afirmar que, a día de hoy, no hay acuerdo. "Si ustedes repasan –dijo a los periodistas– el propio debate del 8 de abril [...] son varias las propuestas de reforma de la Constitución planteadas en direcciones, no sólo diferentes, sino contradictorias". Las cifró en cinco: reforma federal simétrica, reforma federal asimétrica, reforma cuasi federal, reforma vía proposición de ley para incluir el derecho de autodeterminación en la Constitución y modificación de la disposición adicional primera de la Constitución. "Para llevar a cabo una reforma constitucional con éxito tenemos que implicar a un importante número de actores que se sientan identificados [...] lo que se puso en evidencia es que cada grupo está defendiendo una reforma", quiso recalcar.

Respecto a la hoja de ruta para el futuro, la vicepresidenta insistió en la idea de que es Mas el que debe mover ficha ahora porque el Congreso ya ha respondido que no a la proposición de ley que llegó desde el Parlamento catalán. Y dijo ver contradictorio que Mas pida una cita con Mariano Rajoy cuando se ausentó de la  Cámara Baja el pasado martes. 

Sobre el anuncio de Mas de convertir las elecciones autonómicas en un referéndum como último recurso para celebrar la consulta, subrayó que "las elecciones son lo que son", unos comicios para la elección de sus representantes según marcan la Constitución y los estatutos de autonomía.

"Cualquiera sea la fórmula, porque los que llamados a esa cuestión son el conjunto de los españoles, que son los que deben decidir porque también afecta a su futuro", consideró.

Antecedentes

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Pese a las veces que desde el Ejecutivo se insiste en la posibilidad de reformar la Carta Magna, el partido de Gobierno, propuso y votó a favor el pasado febrero de que el Congreso reconozca la "vigencia" de la Carta Magna "en toda su extensión". Es decir, un blindaje del texto de 1978 en todo lo que tiene que ver con los asuntos territoriales.

Así figuró en una de las propuestas de resolución posteriores al debate del estado de la nación registradas por los conservadores en la cámara Baja. El texto, firmado por el portavoz de PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, propuso a los diputados que reconociesen "la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión, especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". 

Además, plasmó por escrito que "de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley". El texto salió adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.