El CNI desoyó la petición de información del juez Castro sobre el ‘hacker’ contratado por Urdangarin

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desoyó durante año y medio la reclamación del juez de Palma José Castro para que alguno de sus responsables refrendase o desmintiese “discretamente” la versión de un ingeniero informático -exactamente, un hacker- que se declaró colaborador del servicio de inteligencia tras haber hallado la Policía en su poder correos electrónicos del caso Urdangarin durante un registro en Barcelona desarrollado en el marco de otra operación. El registro se produjo en junio de 2012. Solo en diciembre de ese año Castro fue informado del hallazgo y de sus eventuales implicaciones para el caso Nóos. 

El detective, Matías Bevilacqua, había sido contratado por el abogado del yerno del todavía rey, Mario Pascual, oficialmente para que “indexara” documentación contenida en las diligencias. Tras año y medio de investigaciones, Castro cerró ayer lunes sus pesquisas, exoneró a Bevilacqua -cuyas habilidades profesionales incluían las de hacker informático- y levantó el secreto de la pieza abierta sobre el asunto. Pero lo hizo sin que el CNI hubiera atendido su petición.

Bevilacqua fue detenido pero nunca llegó a ser puesto a disposición judicial. Los diferentes policías interrogados como testigos por los fiscales anticorrupción de Palma y Barcelona Pedro Horrach y Fernando Bermejo no pudieron explicar el porqué de ese hecho.

El juez llamó personalmente el 12 de febrero de 2013 y en presencia de Bevilacqua al teléfono de contacto del CNI que este le había facilitado. No localizó a la persona que buscaba, le confirmaron que hablaba con el CNI, llamó por segunda vez, habló con otro supuesto miembro del servicio, le pidió que transmitiese a los responsables del Centro “la conveniencia de que algún representante” se trasladara “discretamente y en hora hábil” en el juzgado 3 de Palma para verificar lo dicho por Bevilacqua y a partir de ahí nunca más se supo.

La diligencia que plasma aquella conversación telefónica ofrece un relato propio de la ficción. El 12 de febrero de 2013, a las ocho y veinte de la tarde, el juez marcó el teléfono que el socio de Bevilacqua y responsable de la contabilidad de la empresa de ambos había facilitado como el de la persona que en el CNI les servía “de contacto”.

“El interlocutor -narra la diligencia- ante el que su señoría se identifica y al que se le ofrece comprobar la llamada, que se hace desde dependencias policiales, confirma que ese número pertenece al CNI pero que deberemos llamar en unos 15 minutos para tratar de localizar al tal (...), lo que tampoco se consigue tras ese intervalo”.

“El señor Bevilacqua –continúa el texto-, siempre en presencia de su letrado, facilita otro número directo [móvil] de don (...), que no contesta. Como último recurso, el señor Bevilacqua su decide a llamar desde su propio terminal a una tal (...), persona que según él mantiene cierta vinculación con el CNI, consiguiendo su señoría hablar con ella”.

Y ahí llegó llegó el requerimiento para el que Castro jamás obtuvo respuesta: “Previa la misma introducción que en las llamadas anteriores, le ofrece traslade a los responsables del CI la conveniencia de que algún representante del mismo se persone discretamente y en hora hábil en las dependencias del juzgado de instrucción número 3 de los de Palma de Mallorca al objeto de confirmar o desmentir directamente ante su señoría determinados datos, lo que procede hacer”. Desde luego, nadie llamó ni acudió al juzgado de la Vía Alemania de Palma.

El aplomo con que Bevilacqua mantuvo que había sido colaborador del CNI y la ausencia de pruebas que refutaran su versión sobre el “indexado” de documentos para el abogado de Urdangarin llevaron las investigaciones a un callejón sin salida.

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Pagos en negro por “los recortes” presupuestarios

Al detective, Matías Bevilacqua, se le intervinieron 140.000 euros en metálico que guardaba en una caja fuerte. Cuando, ocho meses después de la incautación de los documentos y el dinero, el juez y la Fiscalía Anticorrupción pudieron interrogar a Bevilacqua y su socio, ambos dijeron que el dinero procedía del CNI, para el que hacían trabajos informáticos y que les pagaba en negro “por los recortes” presupuestarios. Había un contrato en 2010 -y un pago de 60.000 euros declarado a Hacienda-, pero no así en 2011. El motivo de que ese segundo ejercicio no hubiera papeles era, según Bevilacqua, este: que las circunstancias económicas hicieron que el CNI solo pudiera tirar de “fondos reservados”.

Documentos a los que acaba de tener acceso infoLibre constatan las peculiaridades de la pieza secreta abierta en torno al detective Bevilacqua. Para empezar, el registro policial en su empresa, CFLabs, se produjo en junio de 2012. Fue en noviembre de ese año cuando la Policía envió un oficio al juez de Barcelona que había ordenado el registro en el marco de la llamada Operación Pitiusa, un caso de espionaje ilegal y tráfico de datos privados. El 5 de diciembre, el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona dictó un auto por el que se inhibía en favor de su homólogo de Palma José Castro.