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El nuevo escenario político

UPyD aprueba su política de alianzas sin nombrar a Ciudadanos

  • El Consejo Político extraordinario apoya el documento de la dirección por 110 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones
  • Pone como condiciones para pactar con otras fuerzas que éstas celebren primarias, defiendan la unidad de España y publiquen sus cuentas en la web

INFOLIBRE Publicada 06/09/2014 a las 18:57 Actualizada 06/09/2014 a las 19:25    
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El eurodiputado Francisco Sosa Wagner, con Rosa Díez al fondo.

El eurodiputado Francisco Sosa Wagner, con Rosa Díez al fondo.

JUANJO MARTÍN
El Consejo Político extraordinario de UPyD reunido este sábado ha aprobado con 110 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones el documento mediante el que fija su política de alianzas con otras formaciones políticas.

El citado documento establece que cualquier pacto deberá estar basado en el respeto a sus principios fundamentales y modelo de organización, como son la transparencia interna y celebración de primarias, la defensa de la soberanía nacional y la unidad de España o la reforma del sistema electoral.

La líder de UPyD, Rosa Díez, decidió convocar una reunión extraordiaria del máximo órgano del partido entre Congresos a raíz de la polémica abierta por el artículo publicado por su candidato a las elecciones europeas, Francisco Sosa Wagner, defendiendo una unión con Ciudadanos de cara a las próximas citas electorales.

Sin nombrar a Ciudadanos

El texto debatido y votado este sábado, redactado por la dirección del partido y de cuatro páginas de extensión, no nombra a Ciudadanos pero sí detalla su política de alianzas con otras formaciones políticas. Entre otras cosas, establece que cualquier alianza con otras fuerzas debe estar condicionada al "pleno respeto" al manifiesto fundacional de UPyD y sus estatutos, "entendiendo que tales partidos deberían cumplir ciertos criterios objetivos y formas en su acción política y no ser meras promesas condicionadas a una colaboración futura".

Así, el documento que ha salido adelante casi por unanimidad hace hincapié en que cualquier pacto debe tener el objetivo de la defensa del interés general, rechazando cualquier coalición que no tenga otro objetivo que "sumar votos" para obtener el mayor número posible de cargos públicos, "por atractivo que fuera un plan así".

Con este objetivo, la dirección de UPyD establece una serie de criterios generales para alianzas o coaliciones electorales que abarcan tanto la organización y calidad democrática que consideran que deben cumplir los partidos con los que pacte como criterios programáticos compartidos.

De las primarias a la lucha contra la corrupción

En el primer bloque incluye la celebración de primarias para la elección de todos sus candidatos y la exclusión de personas imputadas por delitos de corrupción de las listas electorales, cargos públicos y la dirección del partido.

También establece que UPyD sólo pactará con partidos de ámbito y proyecto nacional, excluyendo a aquellos que tengan compromisos con otras formaciones de ámbito regional o local. A su juicio, estos acuerdos "imponen condiciones restrictivas al desarrollo de la política nacional y europea para proteger intereses o privilegios locales o autonómicos".

Además, exige que las cuentas de las formaciones con las que pacte hayan recibido el visto bueno del Tribunal de Cuentas y que tanto su presupuesto como gastos y nóminas de sus miembros sean publicados en su página web.

En cuanto a los asuntos concretos, UPyD exige para pactar la defensa de la soberanía nacional y de la unidad del Estado, la reforma del sistema electoral, la laicidad del Estado, una reforma constitucional para un sistema federal, la supresión de los regímenes fiscales de País Vasco y Navarra, y la devolución al Estado de las competencias de educación, sanidad y justicia.

También incluye entre las condiciones la garantía de libre elección de la educación en la lengua materna en las comunidades bilingües, la supresión de duplicidades y el compromiso con la independencia de la justicia. Además se opone al reparto de cargos en los entes y organismos públicos y pide medidas de lucha activa contra la corrupción.

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