Caso Bankia

UPyD pide prisión para Rato

Rodrigo Rato y su sucesor en Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el día del relevo, el 9 de mayo de 2012.

Rodrigo Rato podría ingresar en prisión. Así lo quiere UPyD, la principal acusación en el caso Bankia, que este viernes registró un escrito en la Audiencia Nacional. La formación magenta cree que quien fuera todopoderoso vicepresidente económico de los Gobiernos de José María Aznar y presidente de Caja Madrid y Bankia entre 2010 y 2012 fue el máximo responsable de una "estafa masiva", de un gran engaño. La noticia fue adelantada en exclusiva por el programa Al rojo vivo, en La Sexta.

Ahora, el juez que instruye la causa, Fernando Andreu, debe decidir si atiende o no la petición de UPyD y si decreta para Rato, en consecuencia, cárcel preventiva, incondicional y sin fianza. 

Como explicó en el programa dirigido y presentado por Antonio García Ferreras el abogado de la formación de Rosa Díez, Andrés Herzog, es "obligado" que el exvicepresidente del Gobierno entre en prisión, porque hay "indicios sólidos delictivos" y hay "riesgo de fuga", porque es "más probable" que pierda su libertad, vista la contundencia del informe de los peritos del Banco de España, conocido la semana pasada. Y también porque está haciendo "sospechosos viajes a Suiza", lo que hace temer el difícil control e incautación judicial de su patrimonio en el extranjero. "Hay que evitar al máximo la destrucción de pruebas", alegó. 

Herzog comentó que UPyD no descarta pedir en el futuro prisión para otros imputados, pero sí cree que la gestión de Rato en Caja Madrid y Bankia era "presidencialista, muy personalista", y además hubo "ocultación sistemática de información a otros miembros del consejo de administración, como dijeron los dos peritos". En resumidas cuentas, Rato, a juicio de UPyD ha de entrar en prisión por ser el "principal responsable de una estafa masiva y para garantizar que no se destruyen pruebas, no se fuga y responde penalmente por los delitos cometidos".

La formación también pide que se imponga una fianza solidaria de 4.112 millones a la treintena de imputados. Requiere esa cantidad para "poder hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos que se les imputan" entre ellos administración desleal, falsificación de cuentas, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. Dice que se desprenden de la causa "indicios más que suficientes de criminalidad" que justifican esta medida, para evitar que la dilación del procedimiento pueda perjudicar el resarcimiento de las víctimas. 

Fianza "prudente" y "proporcionada"

UPyD entiende que es "prudente" y "proporcionada" la fianza. El valor se justifica por el daño causado a los inversores con la salida a bolsa de Bankia, que se cifra en 3.092 millones, a los que se debe sumar el tercio adicional previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El partido de Rosa Díez se basa en las cifras calculadas por los peritos del Banco de España y añade que esta cantidad "no contempla el perjuicio económico, reputacional de la entidad ni el causado a terceros distintos a los accionistas, como a clientes, inversores o preferentistas, ni tampoco las cantidades a compensar por intereses, gastos o costas procesales".

"A pesar de lo elevado de la cifra, dicha cantidad es, prudente, pues no contempla el perjuicio sufridos por todos aquellos que no concurrieron a la OPS pero sin embargo compraron acciones con posterioridad, sobre la base de unos estados financieros que se han revelado falsos. Y es que no podemos olvidar que no solo las cuentas contenidas en el Folleto no eran fiel reflejo de la verdadera situación patrimonial de Bankia, sino que tampoco lo eran las cuentas formuladas en marzo de 2012 ni las reformuladas en mayo de ese mismo año", argumenta, para remachar que esa fianza tan alta no pone en riesgo la existencia ni la viabilidad de BFA-Bankia.

Cuentas maquilladas

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El informe del Banco de España remitido a Andreu es demoledor. Sostiene que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato –que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros–, y las que reformuló en mayo de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad –y que apuntaban unas pérdidas de 2.979 millones–, "no expresaban la imagen fiel" del banco. En los dos casos, señalan los dos peritos que trabajaron en el informe desde octubre de 2012, en las cuentas individuales y consolidadas de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), desde la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) el 31 de diciembre de 2010 –la llamada fusión fría– hasta la aprobación de las cuentas de 2011, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".

No cumplieron con la normativa del supervisor debido a "errores contables". Errores que fueron "el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el grupo BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados". Para los dos expertos del Banco de España, "todos estos errores fueron conocidos, en gran parte, y puestos de manifiesto en la reformulación practicada" por los nuevos gestores, con Goirigolzarri al frente, que no llevaron a cabo "un cambio de estimaciones contables, como indican". Es decir, varapalo a Rato y tirón de orejas al nuevo presidente de la entidad. 

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