PSOE, IU y Podemos: diferencias y semejanzas en sus propuestas económicas

En el próximo ciclo electoral, los ciudadanos que se autodefinen como progresistas tendrán unas cuantas opciones, y las que a priori se presentan con más fuerza son IU y, especialmente, PSOE y Podemos. Desde la espectacular irrupción de la formación liderada por Pablo Iglesias en el tablero político el pasado mes de mayo, y más aún desde que las encuestas pronostican que puede competir por la victoria en las próximas elecciones generales, las tres formaciones están tratando de diferenciar sus propuestas ante el espacio electoral al que se dirigen.

Eso se traduce en el hecho de que, en los últimos meses, Podemos, PSOE e IU hayan presentado varios documentos con propuestas económicas concretas para salir de la crisis. Las críticas entre unos y otros también se han convertido en el pan de cada día: mientras el partido de Iglesias critica que, a su juicio, tanto los socialistas como algunos sectores de IU se han convertido en una "casta", el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó hace unas semanas a Podemos que "reniegue" de su programa para las europeas. Más allá de los mensajes en el debate político, ¿cuáles son las iniciativas económicas concretas de cada uno?

Deuda

La deuda, y las discusiones sobre si hay que pagarla y en qué circunstancias, se han convertido en los últimos meses en uno de los elementos centrales del debate político. Hay diferencias en las soluciones planteadas ante un problema que, no obstante, todos identifican como tal: Podemos, por ejemplo, asegura que es "el más importante que tiene la economía española, tanto por su propia magnitud como por sus efectos sobre el comportamiento de las familias, las empresas, los bancos y el sector público", tal y como se recoge en el borrador económico elaborado por los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro, presentado el pasado noviembre.

En este sentido, las propuestas del partido liderado por Pablo Iglesias son prácticamente idénticas a las que ya planteaba y mantiene IU. Ambos se decantan por la realización de una auditoría para conocer qué partes de la deuda son "legítimas" y cuáles no, con el fin de proceder a tomar medidas con respecto a estas últimas. A la hora de afrontar este paso las coincidencias son casi totales: tanto Podemos como IU destacan la necesidad de "reestructurar" la deuda y llevar a cabo una "quita negociada", como señala la federación dirigida por Cayo Lara, y ambos creen que esta reestructuración debe llevarse a cabo a nivel europeo, si bien los de Iglesias hacen hincapié en que es especialmente necesaria en "los países de la periferia".

El PSOE, de igual forma, conviene en que la solución al problema se debe encontrar en Europa, pero difiere radicalmente del método. Su planteamiento se basa en la mutualización de la deuda pública de los países europeos: la creación de los conocidos como eurobonos. Así lo defendió hace unos días Manuel de la Rocha, secretario de Economía de los socialistas, en la presentación del decálogo Una agenda política europea para Grecia, un documento en el que se establece la necesidad de transferir a un fondo común europeo la deuda de los países nacionales que supere el 60% de su PIB. Pero los socialistas son claros: mutualizar "no quiere decir en ningún caso una quita o una reestructuración".

En cuanto al polémico artículo 135 de la Constitución, que establece un techo de gasto y prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier otro, los partidos vuelven a situarse en dos bloques. Para IU y Podemos, el artículo debe ser derogado, y además la federación plantea sustituirlo por una ley orgánica que establezca un gasto mínimo del PIB para garantizar derechos como el trabajo, la sanidad o las pensiones. El PSOE, por su parte, introduce más matices: Pedro Sánchez explicó hace unos meses que fue un "error" reformar el 135 sin garantizar la financiación de los servicios sociales, y su intención es "completar" el texto "blindando" estos derechos.

Reforma fiscal

En su modificación de la fiscalidad, PSOE, Podemos e IU coinciden en algunos aspectos: los tres quieren, por ejemplo, eliminar la distinción a la hora de pagar impuestos entre las rentas del trabajo y las del capital con el fin de que "paguen más los que tienen y ganan más" –tal y como propone la federación de izquierdas–, y también es común la propuesta de reintroducir un impuesto que grave la riqueza, así como modificar el de sociedades. La creación de un impuesto sobre las transacciones financieras –la llamada Tasa Tobin– también se incluye entre las iniciativas de los tres partidos.

La concreción de la propuesta sobre el impuesto de sociedades varía: mientras IU plantea subir esta tasa al 35% para las empresas con más de un millón de euros de beneficio, los socialistas hablan de "armonizar" el gravámen con el resto de la UE y Podemos propone eliminar las desgravaciones para "hacer efectivos los tipos". En cuanto al IVA, PSOE e IU defienden reducirlo para sectores como la cultura y los productos higiénicos, y la federación de izquierdas plantea también incluir otros bienes de primera necesidad como los alimentos o algunos medicamentos.

Banca pública

La creación de un sistema de banca pública que sirva para garantizar el crédito –un "derecho", según Torres y Navarro– a ciudadanos y empresas es uno de los ejes fundamentales del borrador económico de Podemos. Pero no es una propuesta únicamente suya: tanto PSOE como IU plantean igualmente la necesidad de contar con esta institución para agilizar el acceso a la liquidez y, en palabras de los socialistas en la resolución de su Conferencia Política de 2013, combatir "la sequía de crédito".

Pero este acuerdo al plantear la necesidad de una banca pública se rompe a la hora de concretar el modelo. Podemos lo tiene claro: para ellos, el sistema tiene que girar en torno a una reforma del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de que "los préstamos que recibe del Banco Central Europeo (tal como hace la banca privada) puedan ser accesibles a las pequeñas y medianas empresas y a las familias". El procedimiento, no obstante, no está definido, ya que el borrador económico de la formación admite que "debe estudiarse el procedimiento concreto que mejor garantice su constitución [del sistema de banca pública] más solvente y rápida", aunque sí se apunta que para ello se utilizarán de forma "estratégica" los "depósitos y liquidez de las administraciones públicas".

IU es más clara en sus planteamientos: la banca pública debe crearse, a su juicio, "a partir de la nacionalización indefinida de los bancos intervenidos por el FROB", es decir, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y BFA/Bankia. Por ello, se propone la paralización de cualquier privatización de estas entidades una vez hayan sido saneadas y fusionarlas en un único banco de carácter estatal, "que sería de los primeros del país" y que, entre otras medidas, debería rescatar la antigua obra social de las cajas de ahorro.

La banca pública planteada por el PSOE, por su parte, estaría compuesta por la fusión del "resto de entidades de financiación pública existentes: el ICO, COFIDES para la financiación de proyectos internacionales, CESCE que proporcionaría seguro a la exportación y Expansión Exterior, que ofrecería servicios de asesoría financiera para la internacionalización de las empresas". El Estado, según la propuesta socialista, debería promover "una nueva línea de microfinanciación orientada a las Pymes y los autónomos para que actúe en el corto plazo" y plantear "una estrategia clara para las entidades nacionalizadas, dirigida a mejorar la oferta de crédito", si bien la Conferencia Política de 2013 no aclara el futuro de bancos como Bankia o Catalunya Banc.

Mercado laboral

Tanto la federación dirigida por Cayo Lara como el partido liderado por Pablo Iglesias tienen claro su rechazo a las reformas laborales aprobadas por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. "Nos oponemos a los salarios bajos, la precariedad y la desregulación de las relaciones laborales. Necesitamos cambiar el modelo", asegura IU en su Programa Básico de 30 puntos para un nuevo proyecto de país, mientras que el borrador de Podemos señala que la última modificación de la legislación del mercado de trabajo "no ha servido para crear empleo, sino solo para aumentar la desigualdad desequilibrando las relaciones laborales a favor de la gran patronal".

La coincidencia a la hora de criticar estas reformas se extiende a muchas de las iniciativas concretas. Ambas formaciones, por ejemplo, plantean reducir la jornada laboral de las 40 horas actuales a 35, y también coinciden en su idea de rebajar la jubilación a los 65 años. Podemos e IU, igualmente, proponen aumentar el salario mínimo, aunque en este punto hay una diferencia: Podemos no concreta una cifra, mientras IU plantea subirlo progresivamente hasta llegar en 2019 a los 1.176 euros mensuales en 14 pagas. La propuesta socialista, por su parte, es una "subida progresiva del salario mínimo del país para acercarlo al 60% del salario medio nacional".

Las tres organizaciones también sugieren establecer salarios máximos, aunque el partido de Pablo Iglesias no especifica (al menos por el momento), mientras que la federación dirigida por Cayo Lara y el partido de Pedro Sánchez sí. Para IU, el sueldo máximo en Administraciones y empresas públicas sería el del Presidente del Gobierno, y en las compañías privadas el trabajador que más cobrase no podría percibir un salario más de diez veces superior al peor pagado. El PSOE, por su parte, propone aplicar una norma similar, pero cifra en doce el número de veces que podría ser mayor el sueldo más alto de la empresa con respecto al más bajo.

Además, derogar la reforma laboral del PP fue una de las primeras promesas que realizó Sánchez cuando fue nombrado secretario general de los socialistas. El PSOE apuesta por aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores "que contemple la realidad actual, simplifique la legislación, concilie la vida personal y laboral, evite el exceso de temporalidad y el trabajo a tiempo parcial indeseado", y plantea igualmente endurecer las inspecciones contra las horas extra ilegales y, especialmente, "reformar el contrato a tiempo parcial", si bien no aclaran en qué términos.

Vivienda

En materia de vivienda, PSOE, IU y Podemos tienen propuestas similares, aunque con matices. Los tres coinciden a la hora de considerar la vivienda un derecho que el Estado debe garantizar a través de un parque público, pero con matices. La federación de izquierdas es quien defiende con más claridad la necesidad de utilizar las viviendas que actualmente se encuentran en manos de los bancos nacionalizados para alojar a las familias que lo necesiten, si bien el PSOE propone que se destinen "al menos una parte" de ellas a este fin. Podemos, por su parte, plantea "la plena ocupación y optimización del parque de viviendas existente".

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Además, los tres partidos proponen medidas para remediar la ola de desahucios que la crisis económica ha traído consigo. La organización dirigida por Cayo Lara propone una ley antidesahucios "en base a la existente en Andalucía", que entre otras medidas suspenda los desahucios que están llevando a cabo las entidades nacionalizadas y prohíba que la Administración pueda desahuciar a familias del parque público si no pueden hacer frente a sus cuotas.

Podemos, en su borrador económico, pide una modificación de la ley "para evitar inmediatamente que sigan produciéndose los desahucios y las situaciones de injusticia flagrante que se están viviendo", sin dar más detalles. No obstante, Pablo Iglesias ha dicho en varias ocasiones que su primera medida al frente del Gobierno sería "prohibir los desahucios", y una de las resoluciones que se aprobaron en el pasado congreso fundacional del partido planteaba medidas como la dación en pago con carácter retroactivo o la ampliación del "irrisorio" parque público de vivienda con la intención de avanzar "hacia el reconocimiento del derecho al alquiler social universal".

El PSOE, por su parte, enfoca su propuesta al establecimiento de ayudas para que las familias puedan hacer frente a sus hipotecas. Hace unos meses, Pedro Sánchez propuso "reestructurar la deuda hipotecaria de las familias y autónomos que están pasando más dificultades", así como establecer un plan de rehabilitación de viviendas –que comparten IU y Podemos– dotado con 4.900 millones de euros. En cualquier caso, en la Conferencia Política de 2013 también se plantearon otras medidas como la dación en pago.