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Incompatibilidades

Pujalte creó su consultora días antes de cobrar la primera factura de la constructora investigada en la trama eólica

El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte constituyó su consultora privada, Sirga XXI Consultores SL, días antes de que esa misma empresa recibiera en octubre de 2008 su primer cobro de 5.000 euros mensuales por asesoramiento a la constructora vallisoletana Collosa (Construcciones y Obras Llorente SA), una de las firmas investigadas en la trama eólica de Castilla y León. Es decir, el parlamentario –que ingresa del Congreso no menos de 4.500 euros al mes– creó Sirga XXI porque ya tenía a priori un cliente que no sólo era adjudicatario de obras públicas en el feudo conservador de Castilla y León sino que también obtuvo concesiones para parques eólicos. Pujalte reitera que jamás prestó ayuda a Collosa para lograr beneficios públicos.

Literalmente, Pujalte heredó ese cliente no de cualquier otro economista sino de otro diputado de su partido: el exministro y hoy embajador en Londres Federico Trillo. Entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, los pagos de Collosa reportaron a la consultora de Pujalte 75.000 euros. El bufete de Trillo, Estudio Jurídico Labor, había cobrado aún más de esa misma empresa: 354.560 euros entre febrero de 2006 y septiembre de 2008. El exconsejero delegado de Collosa, Mario Armero, sostiene que el asesoramiento verbal de Pujalte le era “muy útil”. “Un diputado informado sabe más que un consultor”, adujo el jueves.

Pujalte argumenta que si su consultora nació al mismo tiempo que su asesoramiento a esa constructora fue porque su “actividad [privada y simultánea a su ocupación pública y remunerada como diputado] empieza en ese momento”. “Mi compatibilidad [la que, según sus palabras, le otorgó el Congreso] comienza en ese momento”, reiteró en declaraciones a infoLibre.

A lo largo de 2009, y así lo confirman las cuentas de Sirga depositadas en el Registro Mercantil, otro –u otros– cliente distinto de Collosa abonó a la consultora de Pujalte 90.000 euros.

Sin rastro documental de los asesoramientos

El diputado declinó explicar quién o quiénes eran esos clientes: “Los datos de clientes y gastos son confidenciales, salvo que los filtre Hacienda”, respondió a través de un mensaje telefónico. Con esas palabras, el parlamentario atribuye abiertamente a la Agencia Tributaria como organismo haber facilitado a la prensa la información que afecta a su consultora Sirga XXI y al bufete del exministro Federico Trillo, Estudio Jurídico Labor. Según el diario El País, Trillo cobró de Collosa 354.560 euros entre febrero de 2006 y septiembre de 2008. Y tanto en el caso del exministro como en el del diputado Pujalte, no hay rastro documental de esos asesoramientos.

Hasta diciembre de 2011, cuando se convirtió en socio único de Sirga XXI, Pujalte compartió el cargo de administrador con la hoy senadora del PP Ana Torme, vallisoletana como la constructora Collosa. Si la propietaria del otro 50% era Torme, desde luego la única declaración de bienes –firmada el 28 de noviembre de 2011– que consta a su nombre en el Senado no lo dice.

Torme aseguró al diario El País que ese asesoramiento era una “actividad personal” de Pujalte. En otras palabras, la mercantil –que no es una sociedad profesional, aquella que cada socio utiliza para vehicular sus trabajos profesionales, sino sólo limitada– libraba las facturas de Collosa aunque en realidad el trabajo lo hacía sólo Pujalte.

No hubo modificaciones

Dos años más tarde, en septiembre de 2013, Pujalte dejó de ser el socio único de la firma y otro antiguo cargo del PP, Miguel Marín Cozar, exasesor económico de José María Aznar durante su segundo mandato presidencial, se incorporó a Sirga XXI como administrador solidario.

¿Es actualmente Marín Cozar, que ocupa puestos de responsabilidad en empresas del sector energético su socio al 50% en Sirga XXI SL? Pujalte, con quien este diario cruzó varios mensajes tras una primera conversación telefónica, no respondió.

Sí lo hizo a la pregunta de por qué no modificó su declaración de bienes en el Congreso cuando dejó de ser accionista único de Sirga XXI para regresar a la condición de propietario del 50% de las participaciones de la sociedad. “Porque la declaración se presenta al principio y al final de cada legislatura para comprobar incrementos injustificados de patrimonio”, respondió. Fuentes del Congreso precisaron que la Ley Electoral prevé que se modifiquen las declaraciones de bienes si hay cambios sustanciales. Pero qué significa aquí sustancial queda a la interpretación de cada cual.

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