Caso ERE

Anticorrupción pide una fianza de casi 60.000 euros para una monja imputada por los ERE

La jueza Mercedes Alaya, el mes pasado a su llegada a los juzgados de Sevilla.

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 58.666 euros para una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla) imputada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por la ayuda de 44.000 euros que recibió la cooperativa textil de la Sierra Norte –SCA Megara– de la que era presidenta, según han informado fuentes del caso.

Las mismas fuentes han precisado a Europa Press que la novicia, identificada como Carmen Muñoz Rivas, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, tras lo que se ha celebrado una comparecencia en la que el Ministerio Público ha solicitado que se imponga a la imputada una fianza civil de 44.000 euros, correspondiente al valor de la ayuda, más el tercio legal previsto.

La magistrada le ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos porque considera que la imputada, siendo presidenta de Megara, "obtendría un compromiso" del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en virtud del cual, el 3 de marzo de 2006, éste "ordenaría" a Estudios Jurídicos Villasís el abono a esta cooperativa de 44.000 euros, lo que "se realizó con cargo a fondos públicos, concretamente los que dispuso y transfirió Uniter a Estudios Jurídicos procedentes de la Asociación Faja Pirítica".

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Según la juez, "esta ayuda se abonaría sin que la cooperativa presentara solicitud ni documentación justificativa alguna".

El abogado de la imputada, de su lado, se ha opuesto a la fianza civil solicitada por la Fiscalía y ha dicho que su patrocinada "se considera inocente, ajena por completo al objeto de la investigación, confía plenamente en la justicia y estima que en fases posteriores del proceso quedará acreditada su inocencia".

La anécdota de la jornada se ha producido cuando sobre las 13.13 horas, cinco minutos después de que la imputada entrara en el despacho de la juez, se ha producido un corte de luz que ha afectado a todo el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián y que ha motivado que se apagara durante unos minutos el ordenador del despacho, por lo que ha habido que esperar a que se restableciera el suministro para reiniciar la redacción del acta de la comparecencia.

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