IU quiere una educación “pública, universal, laica, inclusiva y gratuita” con garantía constitucional

Izquierda Unida propone que la educación sea financiada con al menos el 7% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que permitiría medidas como la gratuidad de los comedores y el transporte escolar, fijar un máximo de 20 estudiantes por aula en primaria y secundaria o la generalización de las becas-salario para los universitarios.

Estas medidas se incluyen en un amplio paquete de propuestas de educación, al que ha tenido acceso Europa Press, que IU presentará a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, a las que la organización de izquierdas se presenta dentro de la coalición de Unidad Popular.

El objetivo es que la Constitución incluya el porcentaje del PIB que debe destinarse a una educación "pública, universal, laica, inclusiva y gratuita", estableciendo un periodo obligatorio de escolarización de los 4 a los 16 años y de oferta obligatoria hasta los 18 años.

IU propone un sistema integral de becas y ayudas al estudio y la gratuidad de los servicios de comedor y transporte escolar. Además, quiere que los centros escolares cuenten con libros de texto y otros materiales didácticos de uso libre, aunque considera que se debe avanzar hacia el uso de plataformas online que contribuyan a eliminar los libros de las aulas.

Calendario escolar no sometido al litúrgico

En este sentido, sostiene la necesidad de reducir la ratio de alumnado por grupo y generalizar el criterio de 20 estudiantes como máximo por aula en las enseñanzas de primaria y secundaria; además de ofrecer el número de plazas necesarias para atender a toda la demanda educativa desde los 0 años.

IU también aboga por una educación completamente laica, sacando la religión del currículo escolar y del horario lectivo y promoviendo que el calendario escolar no esté sometido al calendario litúrgico, sino en aras de "una distribución más equilibrada de los tiempos y descansos escolares".

Este paquete de medidas también contempla la paulatina reducción de los centros concertados, hasta su completa desaparición, y la cesión de suelo público en los nuevos desarrollos urbanísticos para la apertura de centros escolares.

Además, aborda la formación, acceso, reconocimiento y condiciones del profesorado y propone un cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial con rango de postgrado, que incluya una formación práctica remunerada en centros educativos.

Universidad que no busque excelencia, sino calidad

IU profundiza también en la educación universitaria para sacarla de "los intereses de los mercados". "Defendemos una universidad que no busque la competitividad y la excelencia sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad", propugna la coalición encabezada por Alberto Garzón.

Para ello, quiere revisar el sistema de titulaciones del proceso de Bolonia y expone una clara oposición a la modificación de los grados y másteres conocida como el "3+2". Además, marca como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, aunque de momento quiere garantizar que las tasas no sean superiores a las de años anteriores.

En cuanto al acceso a la universidad, propone el acceso libre y gratuito sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo, como reválidas. En caso de limitación de acceso, sostiene que éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos.

También quiere generalizar el sistema de becas-salario para los universitarios, que les permitan la plena dedicación al estudio sin depender de su familia. Se trataría de becas vinculadas a obligaciones en el rendimiento de los alumnos "y desde la concepción de que el estudio es una actividad socialmente útil que debe ser retribuida".

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Acabar con la precarización en la investigación

Además, incluye numerosas propuestas para garantizar la viabilidad de la investigación. Su objetivo para esta legislatura es alcanzar el 0,25% del PIB en la investigación y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D.

Para mejorar las condiciones de los investigadores aboga por la conversión de todas las becas de investigación en contratos laborales de cuatro años con evaluación anual y la aprobación de un estatuto de su personal, además de la negociación de un convenio para el personal laboral de los organismos públicos de investigación (OPIS).