El Gobierno toma el control de las cuentas de Cataluña

El Gobierno de Mariano Rajoy ha incluido un nuevo paso, hasta ahora no anunciado, en su hoja de ruta para frenar los planes del Parlament de la Generalitat de Cataluña de crear una república catalana independiente. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, celebrada este viernes, aprobó los repartos adicionales del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2014 sin condiciones para nadie. Salvo para Cataluña. Si la Generalitat quiere entrar en el reparto, tendrá que hacer frente a unas "obligaciones especiales", en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "para asegurar que estos fondos se destinan al fin que tienen previsto". Es decir, para evitar que vayan a parar a la creación de estructuras de Estado y reviertan sobre los ciudadanos.

A la Generalitat le corresponden 3.034,84 millones. Y desde Hacienda son muy insistentes en que "el reparto no es obligatorio". "Estamos haciendo un añadido de este sistema de financiación", señaló Cristóbal Montoro.

El total del remante es de 7.889 millones a repartir entre las comunidades autónomas que lo han demandado.

Hasta la fecha, el Ejecutivo había planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que frena la resolución del Parlament. El propio presidente del Gobierno había sido muy insistente en que esperaba no tener que tomar otro tipo de medidas más restrictivas como aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que contempla la suspensión de la autonomía.

¿Se trata de una intervención? Según el ministro de Hacienda, no. El Gobierno, dijo, "no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña y de ninguna otra administración". Aunque esto implique que el interventor de la Generalitat deba informar mensualmente de que los gastos son legales, "no contravienen el ordenamiento jurídico". Además, las operaciones de endeudamiento se aprobarán "operación por operación"

Otra de las exigencias que avanzó el ministro fue la de una conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas electrónicas. En esta herramienta se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones adheridas. 

El Estado se compromete a prestar el amparo necesario a empleados públicos "para la ejecución de estas medidas", advierten desde el Gobierno.

Pago a los proveedores

Según explicó el Gobierno, esta medida inédita se debe a la calificación a la baja de la deuda catalana, al hecho de que hayan aflorado 1.300 millones de déficit de 2014 y a las declaraciones de representantes públicos de Cataluña apuntando al incumplimiento de pago de deudas a proveedores y a la no observancia de la ley.

"El objetivo es que nadie dedique ni un euro a una actividad que no tiene amparo legal y tampoco constitucional", insistió el titular de Hacienda. "La condicionalidad [en el desembolso] es específica para Cataluña, eso es claramente así, pero también garantizamos así los servicios públicos a los catalanes", subrayó.

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Esto implica que la cantidad asignada se distribuirá por tramos en función del cumplimiento de la condicionalidad.

Preguntado sobre si puede garantizar que no hay "ni un solo euro" de este mecanismo de financiación que haya ido a parar a causas independentistas o a embajadas en el extranjero, Montoro respondió con un sí rotundo.

"Sí puedo garantizar que no ha ido un solo euro de esos mecanismos para ningún tipo de intencionalidad política, de veleidades independentistas y demás ocurrencias que pueda tener cualquier otro también...", insistió el ministro. "Que quede claro. Porque está controlado", añadió.