Alberto Garzón: “El capitalismo es un sistema criminal”

El candidato de IU-UP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, quiso este sábado marcar distancia con el resto de formaciones políticas y dijo que los miembros de su candidatura hablan claro y dicen la verdad, frente a otros partidos que "corren hacia el centro" y cambian de idea en función de los sondeos electorales. Así, quiso mostrarse radical y contundente en un acto en Oviedo en el que llegó a afirmar que "el capitalismo es un sistema criminal". Consideró que quizás no le lleven a debates por decir determinadas "verdades", informó Europa Press.

Garzón participó junto al cabeza de lista por Asturias, Manuel Orviz, en un encuentro con jóvenes asturianos que ha tenido lugar en un hotel ovetense.

Respondió a diferentes preguntas de los presentes y, pese a sostener que el futuro en materia de medio ambiente es la energía solar, apostó por la minería del carbón, incluso más allá de 2018, cuando se acaban las ayudas europeas.

En materia de vivienda, dijo que su intención es la de generar un 'stock' con los pisos que acumulan determinados bancos para poner en marcha alquileres baratos, que no superen el 20 por ciento de los ingresos del inquilino. "La vivienda es un derecho humano, no una mercancía con la que se especula", señaló.

IU-Unidad Popular denuncia los problemas para votar de los españoles en el exterior

IU-Unidad Popular registró ante la Junta Electoral Central (JEC) un escrito en el que denuncia los graves problemas de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero, tanto de forma permanente como temporal, para poder votar en los comicios del 20D, ante la "inacción por parte del Gobierno del PP".

En este escrito hace constar que estos problemas afectan en estas elecciones a más de 1,8 millones de personas inscritas. "Es como si se dejase a toda la provincia de Sevilla (1.501.422 votantes), a la de Valencia (1.893.409 votantes), o a las de Zaragoza (714.458 votantes) y Murcia (1.003.904 votantes) juntas sin derechos", indicó el representante general de IU-Unidad Popular.

De ahí que plantee a la JEC que "inste a la Administración General del Estado a remover los obstáculos que dificultan el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles y españolas inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que viven en el extranjero, y a los españoles y españolas inscritos en el Registro de Matrícula Consular que se encuentran temporalmente en el extranjero".

El último ejemplo del alcance y la magnitud de la dificultad de los emigrantes y desplazados españoles para votar se tuvo en las elecciones autonómicas de mayo pasado, cuando apenas el 3% de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residente Ausentes (CERA) pudo votar.

Adolfo Barrena, representante general de la coalición IU-Unidad Popular ante la Junta Electoral, advierte de que "este grave problema es consecuencia directa del interés compartido en su día de PP y PSOE por pactar y aplicar un cambio en la Ley Electoral que ambos entendían que les beneficiaba, pasando por encima de los derechos de la ciudadanía".

Barrena señaló que su formación vuelve a actuar "con la autoridad política y moral que nos da habernos opuesto radicalmente y votado en contra en su día de esta reforma, pese a las duras descalificaciones de 'populares' y socialistas por ello, y de llevar meses de actuaciones y denuncias para tratar de paliar las consecuencias de este asunto".

“Cuanto más libre se deja al capitalismo más daño hace a los seres humanos”

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Por ello, el también responsable federal de Organización de IU indicó que "ahora ya no sirven las lamentaciones del PSOE y sus propósitos de enmienda, ni tampoco que el PP mire para otro lado mientras con la boca pequeña el Gobierno de Mariano Rajoy dice que actúa. Ni lo uno ni lo otro vale para los cientos de miles de personas que se van a quedar sin poder votar por su negligencia e interés partidista".

"Votar deja de ser un derecho y se convierte en una carrera de obstáculos para nuestros emigrantes y exiliados económicos", aseguró, y denunció que "el voto rogado con garantías que tanto querían PP y PSOE en su momento se ha convertido en la práctica en 'voto robado'".

Las cifras, con datos oficiales del INE, señalan que de los 1.875.272 inscritos en el CERA con derecho a voto, tan solo van a tener posibilidad de ejercerlo las 142.619 personas cuya solicitud de voto por correo ha sido aceptada.