Doble rasero: la multa de 24.000 euros a una jubilada desvía el foco sobre los grandes defraudadores

El caso de la maestra jubilada que ha sido sancionada por Hacienda con casi 24.000 euros por dar clases de manualidades en la Universidad Popular de su localidad, Ossa de Montiel (Albacete), al mismo tiempo que percibía la pensión como profesora retirada; ha reabierto el debate sobre la firmeza con la que el Ministerio de Hacienda persigue ciertos fraudes que se pueden considerar menores en contraposición al descenso progresivo en las denuncias por delito fiscal o los recurrentes pactos a los que recurren los grandes defraudadores para eludir la cárcel. 

Tal y como informó la Cadena Ser, esta mujer jubilada, Maruja, está obligada a abonar 636 euros al mes hasta que pueda pagar la cantidad adeudada más los interes y la sanción. 

Desde el 2013 –así se acordó en la reforma de las pensiones aprobada ese año– es posible compatibilizar el cobro de la prestación publica de jubilación con el trabajo parcial en el caso de que los ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional (655 euros al mes) en cómputo anual. Y esa fue la situación de Maruja. El problema es que su caso se remonta a 2009, antes de la reforma. Los escritores con más de 65 años tienen que elegir entre cobrar la pensión o seguir escribiendo son otros de los damnificados por esta reforma. 

En 2009 la Universidad Popular de Ossa de Montiel le pidió que diera clases de manualidades al tiempo que cobraba una pensión de jubilación como maestra. En el propio centro aseguran que desde la Administración se les dijo que no había ningún problema al ser muy pocas las horas, dos por semana; y exiguo el salario, 91 euros mensuales. Aunque entonces nadie pensó que los dos cursos que impartió Maruja pudieran causar ningún conflicto legal o económico, años después le ha llegado una sanción de parte de Hacienda de más de 23.000 euros. El caso ha causado un gran revuelo en este municipio albaceteño de poco más de 2.500 habitantes.

José María Mollinedo, portavoz del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), señala en relación a este caso que llama la atención el hecho de que la Agencia Tributaria priorice "el control sobre los contribuyentes de perceptores de rentas de trabajo mientras descuidan otros ámbitos, como las grandes empresas y fortunas". Y apuesta por  destinar "el mismo esfuerzo" a la persecución de las grandes fortunas y empresas que el que se está dedicando a los pequeños contribuyentes.

"Cualquier pequeña incorrección es detectada enseguida, mientras que estamos viendo como ante los grandes casos de fraude la Hacienda pública, ya sea a través del ministerio o las intervenciones estatal o autonómicas, sólo actúa en auxilio judicial y no tomando la iniciativa de descubrir las grandes bolsas de fraude como debería hacerse", lamenta Mollinedo. 

Qué dicen las cifras 

Las memorias de la Agencia Tributaria evidencian cómo hay un descenso progresivo en el número de denuncias que se presentan ante el Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública. Durante 2014 el organismo encargado de la recaudación de impuestos presentó 391 denuncias ante la Fiscalía tras detectar fraudes superiores a los 120.000 euros en un mismo ejercicio, que es cuando se considera que podría existir delito fiscal. Esa cifra contrasta especialmente con la de 2011, que es el ejercicio en el que más se presentaron desde 2007, el primer año que se considera comparable con el último por una cuestión de metodología en la recogida de datos de la agencia. En 2011 fueron, en total, 1.014. 

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Los datos evidencian también que aunque se hacen más actuaciones de control –fueron 29.561 en 2014, un 22% más que en 2011– la cifra de deuda liquidada como consecuencia de las acciones de inspección sigue a la baja. En 2014 fueron 4.987 millones, por los 5.510 de 2011. 

A juicio del portavoz de Gestha estas cifras tiene que ver con lo que él define como un planteamiento "de péndulo" en la Agencia Tributaria. Explica que en los últimos años la directriz del Ministerio de Hacienda ha sido la de "primar la cantidad a la calidad" en las actuaciones de inspección. 

Esta estrategia, amplía Mollinedo, es muy positiva para las grandes compañías porque no se pone la lupa sobre ellas. La tendencia, explica, se dirige a buscar contribuyentes convencionales que no realizan fraudes complejos y que no tienen acceso a gabinetes jurídicos especializados para defenderse. "Lo más sencillo es hacer el trabajo burocrático de investigar un pequeño negocio o compañía mediana. Ahí la Administración sabe que, si hay fraude, va a recaudar porque no va a haber litigio posible y eso contribuye a aliviar la tensión del déficit", añade. Según datos de Gestha, las grandes empresas y fortunas concentran el 72% de toda la evasión.