Al menos 59 cargos de Ciudadanos dejan el partido desde junio por dimisiones o expulsiones

Al menos 59 cargos públicos de Ciudadanos en diferentes municipios del país han dejado las filas del partido de Albert Rivera desde el pasado mes de junio: 46 de ellos fueron expulsados por por motivos disciplinarios y 13 dimitieron de forma voluntaria, tal y como han confirmado a infoLibre fuentes de la formación. A esta cifra habría que sumar los expedientes abiertos desde enero contra otros seis cargos de la formación y que todavía no han sido resueltos. Asimismo, están fuera del partido naranja otras 16 personas que estaba previsto que formaran parte de listas electorales pero que dimitieron o fueron expulsadas por diversos motivos antes de concurrir. En las municipales de 2015 Ciudadanos consiguió 1.516 concejales y tiene representación en 14 parlamentos autonómicos. En el Congreso de los Diputados tiene 40 diputados. 

Los últimos casos de dimisión son los de la diputada en la Asamblea de Madrid Eva Borox y de su marido, Raúl del Olmo, primer teniente alcalde y concejal de Seguridad de la localidad madrileña de Valdemoro. Aunque no están siendo investigados por la Justicia –es decir, no están imputados– la presión sobre ambos se incrementó después de que esta semana laSexta difundiera parte de la declaración ante el juez de David Marjaliza, el cabecilla de la trama Púnica, en la que este involucraba a Borox en los amaños, así como varias fotografías que ponían de manifiesto el grado de amistad entre los tres cuando los políticos eran miembro del PSOE de esa localidad. 

La realidad es que el reto de Ciudadanos durante 2015 fue mayúsculo. Sin contar con una estructura orgánica definida la formación participó en los tres procesos electorales que se celebraron el año pasado. En marzo concurrió a las andaluzas. En las autonómicas y municipales de mayo montó candidaturas en 970 localidades en toda España –880 fuera de Cataluña, única comunidad en la que la formación estaba asentada hasta entonces– y optó a los 13 parlamentos autonómicos en los que se celebraron comicios. En diciembre presentó listas en todas las circunscripciones para las generales. 

El partido contrató a una agencia de investigadores para examinar el pasado de sus nuevos integrantes, pero eso no ha evitado que surgieran algunos garbanzos negros. Por ejemplo, la que era concejala en el Ayuntamiento de Logroño, dejó el partido después de que se descubriera que había desviado 18.000 euros de los fondos de la agrupación a su cuenta personal. En Leganés fue expulsado el edil Jorge Javier Pérez Hernández por un presunto caso de financiación irregular en la campaña. Y en Torremolinos (Málaga) el partido también decidió prescindir del concejal Juan Machío después de que este admitiera haber colocado a su cuñado en una empresa municipal para cubrir horas extra como electricista mediante un contrato temporal de dos meses. 

Fran Hervías, secretario de Organización y hombre muy próximo a Rivera, reconoce que en el último año ha habido "unas 600 personas que no se les ha aceptado la afiliación" y "unas 120 expulsiones", entre las que se incluyen los citados 46 cargos públicos. No obstante, asegura que la mayoría de expedientes disciplinarios abiertos acaban en suspensión de algunos meses de afiliación o en una simple amonestación. "Es algo habitual en la vida interna de los partidos. De ahí que haya un régimen disciplinario claro", subraya.

Alianzas postelectorales

La formación también ha tenido que hacer frente en los últimos meses a crisis derivadas de las discrepancias a la hora de establecer las alianzas postelectorales o de asumir determinados postulados. De hecho, los dos últimos expedientes que ha abierto la formación son a sus representantes en la Diputación de Soria, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano, que la semana pasada votaron junto al PP y al PSOE a favor de una moción en defensa del mantenimiento de estas instituciones. Una las propuestas bandera del partido de Albert Rivera fue precisamente eliminar las diputaciones provinciales porque el partido considera que son entes "opacos" y "poco democráticos" y que han sido copiosas fuentes de poder e incluso focos de corrupción para los partidos tradicionales. Los expedientes todavía no se han resuelto. 

Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo la dirección de Ciudadanos dejó claro que, en los pactos postelectorales, sus candidatos no apoyarían a partidos nacionalistas o separatistas –una categoría en la que incluye a Compromís–, no negociarían cargos y puestos y no formarían parte de gobiernos que no encabezasen. Asimismo, fijó el principio general de negociar primero con la lista más votada en cada lugar. De hecho, el objetivo era que cada acuerdo fuera ratificado por un Comité nacional del que formaban parte cargos de la ejecutiva muy próximos a Rivera. 

Sin embargo, con los resultados en mano hay quien tuvo la tentación de saltarse estas cláusulas. Tras esos comicios, y sólo en la Comunidad Valenciana, hasta nueve concejales de los municipios de Turís, Vilamarxant y La Font de la Figuera (Valencia), Santa Pola (Alicante) y Torreblanca y L'Alcora (Castellón) fueron expulsados por respaldar coaliciones en las que estaba Compromís. Fuera de la Comunidad Valenciana también fue expulsado Pedro Soriano en Albacete por no abstenerse en la votación que convirtió en alcalde a Javier Cuenca (PP). Además, hubo expulsiones en Santa Marina del Rey (León) después de que los tres concejales de la formación se pusieran de acuerdo con los otros grupos para, a través de una moción de censura, quitar la Alcaldía al PSOE, que fue la lista más votada, para que Ciudadanos obtuviera el bastón de mando. 

Votaciones de investidura 

Por otro lado, resulta paradójico que concejales de Numancia de la Sagra y Carranque (Toledo) y de Talayuela (Cáceres) fueran expulsados por pactar con otros partidos retirar la alcaldía a la lista más votada, que en los dos primeros casos había sido del PP y en el tercero el PSOE. Sin embargo, el partido sí autorizó a los ediles de Galápagos (Guadalajara) y Arroyomolinos (Madrid) a que llegaran a acuerdos con otras fuerzas para que Ciudadanos obtuviera el bastón de mando en esos municipios a pesar de que la lista naranja no había quedado en primera posición en las elecciones. 

Aunque esta cuestión parece ahora replantearse de cara a una investidura a nivel nacional, en los últimos meses otra de las máximas del partido de Rivera era que los concejales de su formación no podían entrar en gobiernos que no presidieran. De hecho, hacerlo le costó la expulsión a una edil de Logrosán (Cáceres), a otro de La Muela (Zaragoza) y a otros dos de Humanes (Madrid). 

El comité de garantías de Ciudadanos también ha actuado contra los cargos públicos que han votado a favor de mociones para subirse el sueldo. Estos casos han acabado con apertura de expedientes disciplinarios que han derivado en renuncias o expulsiones. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los concejales del partido naranja en el Ayuntamiento de Jaén y los otros tres que la formación consiguió en Benalmádena (Málaga). Ya fuera del partido, los seis ediles basan ahora su estrategia en presentarse ante la opinión pública como víctimas del partido liderado por Albert Rivera, tal y como publicó el diario Sur. 

Pugnas internas 

Las pugnas internas también han tenido consecuencias en algunos territorios. El último incendio ha tenido lugar en Euskadi, donde el partido decidió expulsar a principios de marzo a Miguel Ángel Carrera, su único representante en las Juntas Generales de Álava. Carrera denunció ante la Ertzaintza y ante un juzgado a dos dirigentes catalanes del partido por haberle robado datos de su teléfono móvil con los que después se abrieron expedientes a siete militantes de Ciudadanos en Euskadi, incluido él mismo. C's lo expulsó por "incumplir los estatutos" y por presentar un comportamiento que "no se adecúa a las exigencias de un partido regenerador y democrático como Ciudadanos". Junto a él también fueron expulsados los citados militantes. 

A principios de este mes también fue expulsado de la formación el concejal del Ayuntamiento de Avilés Juan Cuesta, después de que trascendiera públicamente un mensaje a través de su móvil en el que llamaba "puta vaga" a su entonces compañera de partido Carmen Soberón. En Bormujos (Sevilla), la concejala Cira de la Cruz tiene abierto un expediente de expulsión por una supuesta agresión al coordinador del partido. Mientras que en Mérida (Badajoz) fueron expulsados el pasado noviembre los dos concejales que obtuvo la formación tras denunciarse ante los tribunales mutuamente. 

En otro sentido, por discrepancias con las decisiones tomadas en el seno de la formación, también han dimitido en los últimos meses concejales en Santa Cruz de Tenerife (2); Segovia (1); las localidades madrileñas de Aranjuez (1) y Las Rozas (2), así como en Sant Vicenç dels Horts (2) y Esplugues de Llobregat (1), ambas en la provincia de Barcelona. 

Perfiles poco adecuados 

Pero además de los problemas con la elaboración de las listas, los pactos postelectorales o las disputas internas, Ciudadanos también ha tenido que enfrentar la presencia de cargos que, con sus declaraciones, han violentado el ideario que defiende el partido o han tenido conductas que van en contra de los estatutos de la formación.

Ese fue el caso del coordinador de los jóvenes de C's en Madrid, Carlos López Martín, que fue expulsado a principios de abril del año pasado después de que en las redes sociales se rescataran unos tuits de 2012 de contenido xenófobo. "Sólo hay algo peor que un catalán y no es un gabacho, es otro catalán", escribió. Por tuits anticatalanes también tuvo que dimitir el que iba a ser candidato en Asturias, Francisco Gambarte, después de que se publicasen tuits antiguos en los que dirigiéndose a otro usuario le decía que se "limpiaría el culo" con la bandera catalana.

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En las candidaturas de Ciudadanos a la Asamblea murciana y al Ayuntamiento de Totana (Murcia) también se colaron dos simpatizantes de Falange, Manuel Javier Chacón Navarro y Juan Carlos Carrillo Ruiz, que fueron expulsados cuando salió a la luz su pasado político. Asimismo, de las listas electorales se cayeron el que iba a ser número 11 por Gijón, Agustín Pérez Loriente, al desvelarse que coleccionaba parafernalia nazi y era simpatizante de la extrema derecha.

Y también Francisco Delgado Jiménez, cabeza de lista en Barberá del Vallès (Barcelona), que había sido candidato del partido xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC) en 2011. Ninguno de estas personas llegó a concurrir bajo las siglas de Ciudadanos. De hecho, en este último municipio el partido decidió retirar toda la candidatura. Lo mismo ocurrió en Miranda de Ebro (Burgos), donde toda la lista fue retirada cuando se descubrió que se había incluido en ella a ancianos sin su conocimiento ni su consentimiento.

(*) Esta información ha sido actualizada a las 16.20 horas del lunes 21 de junio de 2015 para incluir la respuesta de Ciudadanos, que había sido reclamada por este periódico al gabinete de comunicación de la formación el pasado miércoles 16 de marzo.