‘Vientres de alquiler’: la eliminación del fin comercial no acaba con la controversia

La votación, este jueves, en la Asamblea de Madrid de una proposición no de ley con la que se pretendía que el Gobierno madrileño pidiera al Ejecutivo central que regulara por ley la gestación subrogada ha reabierto el debate sobre esta técnica de reproducción asistida. La iniciativa no salió finalmente adelante porque tres diputados del PP –tras pedir libertad de voto– no la secundaron. También votaron en contra los 64 parlamentarios del PSOE y de Podemos. Los 62 votos a favor del resto de diputados del PP y del grupo de Ciudadanos, promotor de la iniciativa, no fueron suficientes para que saliera adelante. 

La cuestión de los vientres de alquiler –que es como los medios se suelen referir a esta práctica para desagrado de sus defensores– siempre ha sido polémica en España, donde actualmente es una práctica prohibida. Entre sus detractores se encuadran determinados colectivos feministas, pero también colectivos ideológicamente opuestos como ciertos grupos ultracatólicos, que censuran la mercantilización del cuerpo de la mujer. Las organizaciones que están a favor enmarcan esta práctica en conceptos como la generosidad y el altruismo y resaltan que, bien regulada, esta técnica se puede llevar a cabo garantizando el bienestar de las personas que intervienen en ella.

En 2013, alrededor de 1.200 niños españoles nacieron fuera de España en el vientre de una mujer no reconocida oficialmente como su madre. La práctica habitual suele ser la siguiente: los interesados –normalmente a través de agencias especializadas– contactan con una mujer que vive en el extranjero y que está dispuesta a quedarse embarazada y a renunciar a los derechos de patria potestad sobre el menor. Los interesados llegan a pagar hasta 150.000 euros por el proceso en el caso de que se lleve a cabo en lugares como el Estado norteamericano de California, donde la técnica es legal y supervisada judicialmente. Pero algunas familias están acudiendo en los últimos tiempos a Ucrania, India, México o Tailandia, donde se supone que hay menos garantías pero los precios son más asequibles. 

La gestación subrogada no es legal en España. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara "nulo de pleno derecho" cualquier contrato que se establezca con una mujer para que geste a un niño a cuya filiación renunciará a favor de los contratantes, medie o no compensación económica. No obstante, en 2010, una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado determinó que los niños nacidos por maternidad subrogada en el extranjero podían ser inscritos de forma automática en el Registro Civil en los consulados españoles. Y así se hizo hasta que, en 2014, una sentencia del Tribunal Supremo rechazó registrar a un menor nacido mediante gestación subrogada en Estados Unidos. 

De lo que no cabe duda es de que este tema entraña una gran complejidad moral. En los argumentos –tanto de sus defensores como de sus detractores–se mezclan cuestiones éticas y jurídicas, libertades individuales y derechos colectivos. El conflicto empieza en la propia definición. "Hay que llamar a las cosas por su nombre, no se puede ni se debe describir como gestación subrogada un hecho social que cosifica el cuerpo de las mujeres y mercantiliza el deseo de ser padres-madres", dicen algunas de sus detractoras en el manifiesto No somos vasijas. A sus defensores les ofende el término vientres de alquiler e insisten en que hay que "comprender la diferencia entre la maternidad y el proceso fisiológico de la gestación". 

Relación comercial

Además de estas cuestiones se plantea el dilema de si la perspectiva cambia cuando, sobre el papel, no se establece una relación comercial entre la gestante y los padres contratantes. De hecho, el PP supeditó su apoyo a la proposición de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid a que incluyera que esta práctica "nunca podrá tener fines lucrativos o comerciales". Pero, ¿cómo se puede garantizar que no habrá dinero o sobornos implicados en el proceso? 

La filósofa feminista Alicia Miyares –una de las impulsoras del manifiesto No somos vasijas, en el que un grupo de destacadas filósofas, juristas y sociólogas critican los vientres de alquiler– cree que con la legalización de la maternidad subrogada altruista existe el riesgo de que se incremente también la comercial. A su juicio, ningún tipo de regulación puede garantizar que no habrá dinero o sobornos implicados en el proceso. "Ninguna legalización puede controlar la presión ejercida sobre la mujer gestante y la distinta relación de poder entre compradores y mujeres alquiladas", asegura. 

En la otra orilla ideológica, los católicos del colectivo Profesionales por la Ética, también se posicionan de forma tajante en contra de la gestación subrogada aunque se articule un sistema que promueva que el proceso se haga altruista. "La regulación de esta práctica supone una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas y responde a la exigencia de un lucrativo negocio", señala Leonor Tamayo, presidenta de esta organización, que sostiene que la maternidad de alquiler convierte a los niños en "productos comerciales con control de calidad" y a las madres de alquiler en "productos de usar y tirar".

Alicia Miyares cita el ejemplo de Gran Bretaña, donde la ley permite esta práctica siempre que las mujeres que se prestan a hacerlo no reciban compensación económica a cambio. "Lo que está ocurriendo allí es que, frente a la demanda, hay una escasez de mujeres que quieran ser gestantes si no hay una contraprestación monetaria, así que muchas parejas se siguen marchando a la India. La existencia de una legislación hace que, a su regreso, no tengan problemas para la inscripción", señala. 

Antonio Vila-Coro, vicepresidente de la plataforma Son Nuestros Hijos, asume que el punto que más debate genera es la posibilidad de que la gestante reciba una compensación por los riesgos y molestias a los que se somete en una práctica de este tipo. No obstante, recuerda que este tipo de compensaciones son habituales en muchos procedimientos y estudios que se realizan con voluntarios como los ensayos clínicos de personas sanas o las donaciones de óvulos o espermas. "La clave es que la compensación nunca sea tan alta como para inducir la participación en un proceso de estos por motivos exclusivamente económicos", señala. 

La profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca Antonia Durán mantuvo, en una entrevista con infoLibre, que en una regulación material de la gestación por subrogación es posible introducir cuestiones como si es necesario que intervenga una autoridad judicial para que se constate que los acuerdos responden al interés del menor y no ha habido coacciones. "Es posible hacerlo con garantías, pero hace falta voluntad", aseveró.

Derechos de las mujeres

Aunque incluso dentro del PSOE hay posturas contrapuestas –el diputado Juan Segovia pidió el pasado miércoles, durante un encuentro de los miembros de su grupo, que se diera libertad de voto– el criterio general en el partido es que la gestación subrogada es "algo que ya está regulado" puesto que está prohibida y es "ilegal". La formación, no obstante, no cierra las puertas a que se abra un debate, aunque considera que debería hacerse en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara competente para hacer este tipo de cambios legislativos.

Por su parte, la portavoz de Podemos en esta materia, Clara Serra, pidió durante el debate en la Asamblea de Madrid que en el caso de que hubiera un cambio de legislación sería indispensable que se garantizaran los derechos de las mujeres –en este caso de las gestantes–, tanto de las que están en España como en otros países. Asimismo, en la formación morada creen que esa norma debería incluir todas las garantías posibles con el objetivo de asegurar el carácter voluntario y altruista, así como que las mujeres puedan tener acceso al aborto durante el proceso.

Precisamente este es uno de los puntos clave que se destacan en el manifiesto No somos vasijas, que censura el hecho de que esta práctica "niega a las mujeres gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones relativas a la crianza, cuidado y educación del menor o la menor". En Reino Unido, por ejemplo, está vigente la reversibilidad del contrato. Es decir, que tras el parto la gestante dispone de un periodo de tiempo determinado para reivindicar derechos de filiación sobre el bebé.

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A juicio de Vila-Coro este precepto es "aberrante" e "inmoral". Y pone el ejemplo de una pareja heterosexual que no puede gestar pero que se somete a un tratamiento de fertilidad en el que ella aporta sus óvulos y él su esperma para producir embriones que luego transferirán al útero de otra mujer para que los geste. "¿Cómo se puede permitir algo tan tremendamente injusto e inmoral como quitarle un hijo a sus padres?", se pregunta. Parece evidente que entre la gestante y el bebé gestado puede crearse un vínculo afectivo, aunque Vila-Coro lo asemeja a otros vínculos que pueden establecerse entre el menor y otras personas de su entorno. "¿Esto les da derecho a reivindicar una relación de filiación y arrebatárnoslos?", señala.

Por eso los partidarios de la gestación subrogada repudian la ley británica y ponen como referente a California. "Es el Estado más garantista. Allí hay un acuerdo antes de que el niño nazca entre los comitentes y la mujer que gesta, en el que se produce la transferencia de parentalidad, que quiere decir que la mujer no va a tener ningún vínculo filial con el niño que nazca. De hecho, esa resolución judicial es la que se aporta en el hospital, y ya directamente al registro civil", señala la jurista Antonia Durán. 

El de la gestación subrogada es un debate con muchas aristas. Y con un dilema que sigue sin respuesta: si es ilegal en España pero se realiza en países en los que es legal, ¿cómo registrar después a esos niños en España para que tengan derechos como españoles?