El PP impide que la Cámara de Cuentas de Madrid confirme antes del 26-J graves irregularidades en la venta de pisos a un fondo buitre

Las zonas oscuras de la operación Blackstone, por la que la empresa municipal de vivienda (EMVS) de Madrid vendió en 2013 a ese fondo buitre 1.860 pisos públicos en régimen de alquiler, seguirán sin luz hasta una vez celebradas las elecciones generales del 26 de junio. El dominio absoluto que los afines al PP ejercen en la Cámara de Cuentas de Madrid -cinco consejeros frente a dos propuestos por el PSOE- ha bloqueado la aprobación definitiva del informe, que debe pronunciarse sobre la limpieza del procedimiento seguido y cuyo borrador disparó las alarmas a comienzos de abril.

Fuentes oficiales de la madrileña Cámara de Cuentas sostienen que lo que realmente ocurre es que el informe "sigue en tramitación". Y que el organismo "nunca" aprueba informes "en periodo electoral" para evitar su instrumentalización. La campaña para los comicios del 26-J no comienza hasta la medianoche del 10 de junio. Hoy es martes 24 de mayo.

A comienzos de abril, se conoció el borrador del dictamen. La filtración confirmó las peores sospechas de los inquilinos afectados por la venta de esas 18 promociones municipales. Y llevó al equipo de gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena a avisar de que, de confirmarse las irregularidades denunciadas en ese texto, llevará el caso a los tribunales.

El borrador alertaba de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid vendió aquellas 18 promociones inmobiliarias sin cumplir las normas básicas que rigen la preparación de todos los contratos públicos. La EMVS se saltó incluso sus propias instrucciones internas, "de obligado cumplimiento". Por no haber, no había ni pliego de condiciones ni tasación oficial previa de los inmuebles.

De hecho, y junto con una serie de garajes, trasteros y locales, las 1.860 viviendas de aquellas 18 promociones habitadas en régimen de alquiler se vendieron por 128,5 millones, 30 millones por debajo de su valor contable. ¿Y hubo publicidad, concurrencia real? El anteproyecto de informe sostiene que en absoluto. Y que antes de que se salvase aparentemente el trámite con la publicación de un recuadro publicitario en El País el 3 de mayo de 2013El País, cuatro grandes operadores inmobiliarios ya habían obtenido información "privilegiada" sobre la venta en marcha. Uno de ellos, Blackstone.

El anteproyecto de informe destapaba además un hecho que había pasado inadvertido durante dos años: que el equipo de Ana Botella pagó 2,4 millones a un comisionista inmobiliario, la UTE Ítaca Desarrollos Urbanos-Promociones y Desarrollos Creaziona, por su supuesta mediación ante el fondo Blackstone para que adquiriese el loto. De esa mediación no hay ni un solo rastro en el expediente administrativo.

Pero, es más, un segundo dato que no figura en el borrador extiende nuevas sospechas sobre el porqué de aquel pago: junto con Ítaca-Creaziona, la EMVS contrató a otros intermediarios inmobiliarios en la misma fecha y en el mismo procedimiento.

Y uno de ellos, la filial inmobiliaria española del gigante francés BNP Paribas, que cobró 1,034 millones por vender unos solares al norte de la capital, ha confirmado a infoLibre un factor sorprendente: que el pliego de condiciones al que estaban sujetos todos los comisionistas ni siquiera incluía la venta de las 18 promociones que acabaron en manos de Blackstone. El listado de bienes, aseguran sus portavoces, nunca se modificó.

Uno de los principales responsables de la UTE Ítaca-Creaziona era el arquitecto Guillermo Barturen. Según la documentación que obra en el expediente de la EMVS, Barturen fue socio y directivo de Aguirre Newman, una de las más importantes firmas de tasación y mediación inmobiliaria y accionarialmente vinculada a un hermano de Esperanza Aguirre.

Más de dos meses para aportar "observaciones"

Para justificar por qué no se aprobará el informe sobre Blackstone antes del 26-J, fuentes oficiales de la Cámara de Cuentas han manejado dos argumentos en conversación con este diario: primero, que el informe está aún "en fase de tramitación"; y segundo, que el organismo fiscalizador madrileño, de exclusivo ámbito autonómico, siempre ha evitado aprobar informes "en periodo electoral para que no se haga de ellos un uso instrumental".

Respecto al primer argumento, es cierto aque el informe sigue técnicamente "en tramitación". Pero las fuentes municipales consultadas por infoLibre sostienen que eso es así solo porque, transcurridos 70 días desde que acabó el plazo de alegaciones, los consejeros propuestos por el PP todavía no han entregado a la ponente del informe las correcciones que quieren introducir en el texto original.

Las fuentes consultadas no encuentran precedente a una tardanza tan dilatada. Y aseguran que, de hecho, el memorando debía llegar a la mesa del pleno de la Cámara en una sesión originalmente marcada para el 27 de abril y que, al final, no llegó a convocarse de manera oficial. 

Los auditores afines al PP admiten que fue opaca la venta de pisos públicos a un fondo buitre en la etapa de Botella

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La ponente del informe sobre la operación Blackstone es Mónica Melle, consejera a propuesta del PSOE y quien, en conversación con este diario se limitó a ratificarse en lo que dice el borrador conocido a comienzos de abril. Melle se negó a corroborar o desmentir ninguna nueva información sobre la materia, incluida la de que los consejeros elegidos a propuesta del PP siguen a día de hoy sin entregar sus observaciones. Las fuentes políticas manejadas por infoLibre remachan, no obstante, la exactitud de ese extremo.

Sobre el segundo argumento de la Cámara de Cuentas -que nunca se aprueba ningún informe fiscalizador en "periodo electoral"-, su propia web delata al menos una excepción: el informe sobre los gastos de los partidos en las elecciones autonómicas madrileñas del 24 de mayo de 2015 fue aprobado -y difundido- el 9 de diciembre del mismo año. Esto es, 11 días antes de los comicios celebrados el día 20.

El dictamen propició que algunos de los medios con mayor audiencia informasen en plena campaña de que Ciudadanos había computado con cargo a los gastos electorales la habitación de hotel donde se alojó Albert Rivera la noche de los comicios. La aprobación del informe por parte de la Cámara de Cuentas se hizo justo en el límite del plazo que en su artículo 134 permite la Ley Electoral (Loreg): 200 días a partir de las elecciones. ¿Se podía haber aprobado dos o tres semanas antes? Las fuentes consultadas no albergan dudas: "Por supuesto".