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Refugiados

España ha acogido solo el 2,7% de los refugiados a que se comprometió en 2015

  • El Gobierno asumió el objetivo de dar asilo a 17.387 personas en dos años, pero un año después solo ha acogido a 480, según un informe de Oxfam Intermón
  • Desde el año 2008, España ha reducido en casi un 70% el presupuesto para ayuda humanitaria

Publicada 15/09/2016 a las 12:32 Actualizada 15/09/2016 a las 15:23    
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Pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Madrid para dar la bienvenida a los refugiados.

Pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Madrid para dar la bienvenida a los refugiados.

EFE
En septiembre de 2015 el Gobierno español, después de rechazar tajantemente un sistema de reparto de refugiados por el que la Unión Europea establecía una cuota obligatoria para cada país, se comprometió a dar asilo a 17.387 personas en dos años de las 160.000 que han llegado a Grecia e Italia huyendo de países como Siria. Un año después, solo han llegado al país 480, lo que supone un 2,7% del total asumido en el compromiso. Así lo recoge el informe elaborado por Oxfam Intermón, España suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados, donde la ONG denuncia las políticas migratorias y la "pésima respuesta" que desde España y Europa se está dando ante la denominada crisis de los refugiados. 

Para repartir a los refugiados entre los países de la Unión Europea se establecieron dos procedimientos diferentes, en función de las circunstancias de cada persona. El reasentamiento es un mecanismo promovido por la agencia de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) que ofrece una solución duradera para aquellas personas que no pueden retornar voluntariamente a sus países de origen ni pueden integrarse en el país de acogida en el que se encuentran. Está especialmente concebido para aquellos grupos más vulnerables y en una situación de riesgo, como menores no acompañados, personas ancianas, discapacitadas o enfermas.

ACNUR calcula que hay casi un millón de personas que necesitarán hacer uso de este procedimiento. Basándose en este principio de corresponsabilidad, Oxfam calculó la cuota de refugiados que deberían reasentar los países más desarrollados en base a su renta nacional. Según esta fórmula, España debería reasentar a 15.675 , lo que representa el 1,5% del millón que requieren ser reasentados. Lejos de esa cifra, España se comprometió en 2015 a acoger a 1.499 en dos años, menos de la décima parte de la cuota que le correspondería según el cálculo. En 2015 no llegó ni uno solo, mientras que en 2016 han arrivado a territorio español 285 refugiados por reasentamiento, un 19% del total asumido. 

El otro procedimiento es el de reubicación, a través del que la Unión Europea buscaba repartir entre todos los Estados miembros la presión que sufren ciertos países europeos fronterizos, en concreto Italia y Grecia, ante la llegada de solicitantes de asilo. En septiembre del pasado año, la Comisión Europea pidió a los países miembros que 160.000 personas fueran reubicadas en los distintos países en dos años. Solo tres nacionalidades pueden ampararse en este mecanismo; personas sirias, iraquíes y eritreas.

Según los últimos datos de la Agencia de Control de las Fronteras Exteriores Europeas (Frontex), solo se ha reubicado a 4.455 personas, lo que representa poco más de un 2% de su objetivo, a pesar de estar en el ecuador del plazo marcado por la Comisión. España se comprometió con cerca de 16.000 reubicaciones, pero solo se han hecho efectivas 201 acogidas, un 1,2% del total.

Además, desde Oxfam Intermón, también denuncian el "brutal recorte" económico que ha sufrido el presupuesto para ayuda humanitaria en España. Según la ONG, en la actualidad se destinan 44 millones de euros para este fin, un 67% menos de lo que destinaba en 2008, lo que se traduce en que la partida de ayuda humanitaria es la que más se ha reducido desde el inicio de la crisis económica. 

El documento pretende servir como denuncia y declaración de intenciones de cara a las dos cumbres sobre migración que se celebrarán en Nueva York los próximos días 19 y 20 de septiembre. La primera reunión tiene el objetivo de establecer un diálogo sobre la situación actual de desplazados y refugiados, prestando especial atención a aquellas personas que huyen de la violencia y que ya superan los 65 millones de personas, cifra superior a la de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda cumbre, cada país asistente establecerá sus compromisos sobre acogida y política migratoria. A la primera reunión acudirá el rey Felipe VI, mientras que a la segunda, según afirman desde Oxfam Intermón, no asistirá nadie en representación de España.

"La política fronteriza atenta contra los derechos humanos"

Además de no cumplir con los compromisos en materia de acogida de refugiados, desde Oxfam Intermón también denuncian las políticas migratoria y fronteriza adoptadas por España. El director de la ONG, José María Vera, asegura que su presencia en organismos internacionales importantes, concretamente como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "permite que pueda presionar y establecer un discurso que abogue por los derechos humanos y por la urgente necesidad" del drama de los refugiados. Sin embargo, Vera denuncia que, lejos de adoptar esa posición, "la política fronteriza de España, ahora un referente para el resto de países de la UE, atenta contra los derechos humanos".

La figura de las denominadas devoluciones en caliente, que impide a cualquier persona solicitar una petición de asilo en España, algo que contradice la Declaración de Derechos Humanos, así como la instalación de concertinas y el refuerzo en las vallas fronterizas, además del aval español al acuerdo de la UE con Turquía, son las principales denuncias de la ONG, que exige al Gobierno un "cambio radical" en esta materia. En este sentido, Vera afirma que España "ha diseñado y exportado un modelo que da la espalda a las personas y a los derechos humanos". El denominado por la ONG "Plan de fronteras exteriores" está constituido por una serie de convenios con países africanos, como Somalia o Mauritania, por los que España ayuda económicamente a estos estados para que controlen sus propias fronteras, lo que pone de manifiesto que su único fin es frenar los flujos migratorios y no dar respuesta a las necesidades de personas que tratan de huir de la guerra o la pobreza. 

Según recoge el informe, los acuerdos migratorios entre España y sus socios africanos suscritos en las últimas décadas se han caracterizado por la ausencia de cláusulas en materia de protección de derechos humanos de las personas afectadas por estos instrumentos regulatorios. Solo algunos de ellos tienen referencias en este sentido y, únicamente uno, el firmado con Argelia, incluye un artículo específico. 

El documento de Oxfam Intermón también deja algunos datos sobre la política fronteriza española. Mientras que el presupuesto en ayuda humanitaria es de 44 millones, solo en un año, España se gasta casi 40 millones de euros en reparar y reforzar las vallas, además de que es el país que más ayudas recibe de la UE –485 millones– para implantar medidas de seguridad fronterizas. En el informe también se recoge que la empresa tecnológica Indra ha recibido más de ocho millones de la Unión para proyectos de control fronterizo en España. 

"El principal problema es la falta de voluntad"

Para la responsable de incidencia humanitaria de la organización, Paula San Pedro, el principal problema es la "falta de voluntad" del Gobierno español. "España sigue siendo en 2016 una potencia media en el mundo y es el quinto Estado más importante en términos económicos de la UE. Es también la decimocuarta economía mundial por PIB y se sitúa en el puesto 26 del Índice de Desarrollo Humano, por lo que tiene capacidad y recursos suficientes, no sólo para cumplir sus compromisos con las cuotas, sino para aumentarlas".

En este sentido, San Pedro destaca que "la mayoría de las Comunidades Autónomas, provincias, ciudades y también muchas asociaciones han declarado estar capacitadas para acoger refugiados y se han mostrado proclives a ello, por no hablar del apoyo social; sin embargo, hay 160.000 personas varadas en Grecia e Italia porque el Gobierno y su burocracia lo impiden". La responsable de Oxfam Intermón también critica que el Ejecutivo "se ampara en la excusa de estar en funciones para prolongar las políticas fronterizas, pero es una decisión del Legislativo revertirlas, y más cuando sabemos que todos los partidos son defensores de un cambio en esta materia". 

"La falta de unos nuevos presupuestos generales tampoco es una excusa", manifiesta San Pedro, ya que "existen procedimientos de sobra para modificar partidas ya aprobadas; pero esto", insiste, "es un problema de voluntad". 
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