La nueva legislatura

El Gobierno maniobra para evitar que el Congreso apoye derogar la reforma laboral

García-Escudero, Pastor, Hernando y Rajoy en el aniversario de la Constitución.

El cuarto pleno del Congreso de los Diputados desde que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno permitirá este martes a la oposición censurar de nuevo parte del legado legislativo de Mariano Rajoy. En esta ocasión es el turno de la reforma laboral. Los grupos tendrán que retratarse ante una proposición no de ley de los socialistas que, en su formulación original, pretende "la derogación de la reforma laboral" y "la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores". En la Moncloa y en el PP insisten en que no son partidarios de echar por tierra esta legislación porque "funciona y funcionará mejor". Pero no ocultan que, pese a tratarse de una proposición no de ley y, por tanto, sin efecto jurídico, les preocupa la imagen de "soledad parlamentaria" en el tema que consideran la columna vertebral de la X Legislatura. En este sentido, fuentes de la dirección de la formación conservadora admitieron a infoLibre conversaciones "de alto nivel" para intentar evitar otra derrota. Una más que vendría a sumarse a la de la paralización del calendario de la Lomce o la demanda al Gobierno de derogar la llamada ley mordaza.

Los dirigentes consultados insisten en que Rajoy fue muy claro en su debate de investidura en que la reforma laboral iba a ser una línea roja. Se puede hablar de "mejorarla", pero no de derribarla. Para ello, para ver cómo se puede mejorar consideran que es necesario un "debate sereno", por ejemplo, en el seno de una subcomisión. En todo caso, parten de que es muy difícil que el Partido Socialista esté dispuesto a rebajar el tono de la iniciativa. "Están en plena competencia con Podemos", se quejan.

Al cierre de esta edición, el PSOE (84 escaños) contaba con el voto a favor de Unidos Podemos (67) y el PNV (4). En Ciudadanos (32) señalaron que no podían avanzar el sentido de su voto hasta al mismo día del pleno puesto que los grupos tienen todavía casi todo el martes para negociar. No obstante, recordaron que la derogación de esta iniciativa no iba ni en el pacto que firmaron con el PSOE de Pedro Sánchez para su fallida investidura ni en el que firmaron después con el PPPP.

En el PP recuerdan que las proposiciones no de ley no obligan a nada, que su efecto es político. Pero admiten que es un termómetro para que los grupos proponentes midan los apoyos y den pasos con efectos vinculantes como las proposiciones de ley, las únicas iniciativas del Parlamento a las que el Gobierno no puede dar la espalda una vez salgan adelante.

Este mismo lunes, en declaraciones en el Congreso, el portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Rafael Simancas, se mostró convencido de que la iniciativa iba a tener éxito. "Hay una mayoría de representantes de los españoles que quiere acabar con la situación injusta que ha creado la reforma laboral".

"Pobreza laboral sin precendentes"

Tras señalar que "un pronunciamiento del Congreso es vinculante para cualquier Gobierno", Simancas sostuvo que esta semana va a ser "decisiva para darle la vuelta a las políticas de empleo" del PP que, a su juicio, "han generado un paro recurrente y una precariedad, explotación y pobreza laboral sin precedentes".

Los socialistas decidieron llevar al Pleno esta proposición después de que los sindicatos anunciaran movilizaciones tras la frustrada reunión sobre el diálogo social que mantuvieron con el Gobierno a finales de noviembre. El debate tendrá carácter previo a las protestas sindicales, convocadas para el 15 de diciembre en varias ciudades españolas y que culminarán el domingo 18 con una gran marcha en Madrid.

En la exposición de motivos de la iniciativa que insta al Gobierno a derogar la reforma laboral, los socialistas subrayan que ésta fue "la primera medida que adoptó el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura" y que "tenía un único objetivo: eliminar cualquier obstáculo que interfiera la desregulación absoluta del mercado laboral y poner las bases para la creación de empleos de baja calidad, por su duración, por el tipo de jornada, por el salario y por las condiciones laborales".

En el texto, al que los diferentes grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas, se califica de "desolador" el balance de actividad, ocupación y desempleo desde que gobierna Rajoy. "Hoy tenemos casi 4,8 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de dos millones llevan más de dos años en situación de desempleo, un millón de las cuales tienen más de 45 años. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar nuestro país en busca de oportunidades de empleo y dos millones de menores de 34 años están en el paro", recoge el Grupo Parlamentario Socialista en su proposición no de ley.

Tras la Lomce y la 'ley mordaza'...

La primera gran derrota de Rajoy en lo que va de legislatura tuvo lugar en la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también conocida como ley Wert. La iniciativa salió adelante con 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones.

La decisión del hemiciclo supuso un mazazo al PP si se tenía en cuenta que la iniciativa legislativa que se votó suspender fue concebida por los conservadores como uno de los ejes de la X Legislatura (2011-2015), algo similar a lo que ocurre con la reforma laboral y la llamadaley mordaza. Pero también por lo que anticipó: un periodo en el que sus políticas van a ser cuestionadas en el Parlamento y en el que van a tener escaso margen de maniobra. Ya no cuentan con los 186 diputados que les permitían sacar adelante sus proyectos legislativos en solitario. 

La 'última' baza del Gobierno

Las fuentes del PP consultadas por infoLibre consideran que la dinámica del PSOE en esta XII Legislatura va a ser la de registrar proposiciones no de ley y transformarlas después en proposiciones de ley, un momento en el que ya puede saltar el conflicto con el Ejecutivo. Y es que la única baza en manos del Gobierno para frenar las proposiciones de ley es intentar vetarlas en la Cámara apelando a que implican compromiso presupuestario. 

A día de hoy son 16 las iniciativas de este tipo vetadas por el Ejecutivo y pendientes de resolución de la Mesa. En función de lo que se decida por el órgano de Gobierno del Congreso, Moncloa se reserva un último recurso: acudir al Tribunal Constitucional, una prática que todas las formaciones de la oposición critican al considerar que el PP quiere ganar en los tribunales lo que ya no puede ganar en el Parlamento al no disponer de mayoría absoluta.

Como ya informó este diario, a día de hoy, el Gobierno ya se enfrenta a un total de 45 iniciativas parlamentarias que debería acatar si estas llegan a buen puerto. Es decir, si se completan todos los pasos de la tramitación.

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Por grupos, 16 de estas iniciativas corresponden al PSOE, 11 al Grupo Mixto, cinco a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuatro a Unidos Podemos, cuatro a Ciudadanos, tres al Partido Nacionalista Vasco y una al PP. También hay una iniciativa sobre revalorización de las pensiones que suscriben de forma conjunta PSOE, ERC, Grupo Mixto, PNV y Unidos Podemos.

Dentro del Grupo Mixto, todas las iniciativas, a excepción de una que pertenece a Unión del Pueblo Navarro (UPN), llevan la autoría del Partit Demòcrata Català (PDECat). 

Las proposiciones de ley tienen patrones comunes: sl grueso de ellas versan sobre economía, justicia, políticas sociales y medidas contra la corrupción.

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