Corrupción política

Las otras pruebas pendientes que complican al juez un cierre exprés del 'caso Auditorio'

El magistrado Julián Pérez Templado, a su llegada a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Las declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo en las que pedía a Ciudadanos esperar "a ver qué decide el juez" que instruye el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, por el que está imputado el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha elevado las sospechas del posible archivo exprés de una investigación que se inició hace más de dos años tras la querella interpuesta por el anterior fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

Tampoco ha ayudado la imagen tomada un día después de la declaración como imputado de Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), difundida por el diario murciano La Verdad, en la que aparece el propio Pérez-Templado junto a un cargo del PP murciano tomando una cerveza en un conocido local de la capital regional.

Asimismo, este mismo viernes, el instructor ha aceptado la inclusión en el sumario de un quinto dictamen de las defensas, en esta ocasión aportado el martes por el arquitecto Martín Lejárraga. El documento, elaborado por el arquitecto Francisco Ruiz-Gijón y Pérez, consta de 167 páginas. 

Cuatro arquitectos contra el perito

Además, por decisión del juez, el careo previsto para este lunes entre el perito de la Fiscalía, Andrés Checa, y los tres arquitectos de las defensas y un abogado, contará con un cuarto arquitecto aportado por los imputados, en esta ocasión en representación del imputado Martín Lejárraga. Pérez-Templado permite asimismo que sea el propio arquitecto imputado el que notifique a Francisco Ruiz-Gijón y Pérez que acuda este lunes, desde las 10:30, al Tribunal Superior de Justicia junto al resto de peritos.

De esta forma, los cinco profesionales (cuatro arquitectos y un abogado) contratados por Pedro Antonio Sánchez y el resto de defensas tratarán de desacreditar las conclusiones del perito independiente Andrés Checa, cuyo informe fue realizó en diciembre de 2015.

Sin embargo, antes de tomar una decisión sobre la situación procesal del presidente murciano, la Sala de lo Civil y Penal tendrá que responder a los recursos interpuestos por la acusación del exconcejal socialista del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras Antonio López, cuyo abogado ha reclamado la declaración de diferentes testigos, pero también numerosa documentación sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

Numerosa documentación

El letrado de Antonio López, Marcos Sánchez, había pedido que varios de los imputados en el caso volvieran a declarar en el Tribunal Superior de Justicia. También reclamaba en otro escrito expedientes vinculados con las obras.

El juez se ha negado hasta en dos ocasiones a practicar las diligencias reclamadas, asegurando en un auto del pasado 23 de marzo que su "único empeño es terminar la causa ni un día antes ni uno después de haberse realizado las pruebas pertinentes por novedosas y no repetir hasta el más lejano infinito las ya concluidas o que pudieran concluirse con el único fin de eternizar el sumario".

 

Pedro Antonio Sánchez tras declarar como imputado.

La representación legal del presidente murciano coincide con las conclusiones del instructor, y en un escrito de 17 de marzo asegura que la estrategia de la acusación consiste "en retrasar sine die la resolución de esta instrucción, pedir la práctica de numerosas diligencias probatorias con el único fin de extender en el tiempo esta fase de investigación judicial". Ahora deberá ser la Sala de lo Civil y Penal la que decida sobre el recurso de apelación interpuesto por el exedil.

Además, el letrado Marcos Sánchez ha solicitado al juez que pida al secretario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras una certificación sobre la propiedad de los terrenos en los que está edificado el auditorio para constatar "si los terrenos que ocupa están debidamente inscritos en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, y en su caso acta del acuerdo plenario por el que se aprobó el referido inventario".

Una empresa municipal

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Asimismo, el PSOE ha solicitado al instructor que llame a declarar a un funcionario como testigo, pero también que reclame el Consistorio lumbrerense, también gobernado por el PP, toda la documentación relacionada con las obras de instalación del alumbrado del auditorio, cuyo adjudicatario fue también la empresa que construyó los edificios, cuyas obras permanecen inacabadas.

"El magistrado instructor debe recabar la información precisa para descartar si se trata o no de obras complementarias incluidas en el proyecto del auditorio y descartar también que se le hayan abonado a Ecisa pagos desde un consorcio vinculado al Ayuntamiento por obras en el mismo edificio", especifica el escrito presentado el pasado 23 de marzo por la representación legal en el caso de los socialistas murcianos.

Los socialistas pretenden conocer si el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha aportado 183.242 euros más a una obra que permanece inacabada, y que debería haber sido sufragada de forma íntegra con los seis millones de euros aportados por el Gobierno de la Región de Murcia

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