La investigación al presidente murciano

El juez del 'caso Auditorio' rechaza la mayor parte de las pruebas reclamadas por las acusaciones

El magistrado del TSJ de Murcia Julián Pérez-Templado.

El magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, y que ha imputado al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha rechazado la mayor parte de las pruebas solicitadas por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE, Podemos y por el exconcejal socialista de Puerto Lumbreras Antonio López, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

No obstante, el juez instructor Julián Pérez-Templado sí ha accedido a dos pruebas reclamadas por las acusaciones populares, aunque de carácter muy menor, como por ejemplo es la remisión de dos catálagos municipales por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. 

Por el contrario, el instructor sí ha aceptado la principal petición de la defensa del presidente murciano, que había reclamado el presupuesto de liquidación de la obra, pese a que esta petición de documentación había sido denegada en dos ocasiones por la jueza que instruyó en Lorca el caso, Consuelo Andreo, que había desestimó las peticiones.

Y de esta forma el Consistorio, gobernado por el PP, ha aportado entre la documentación enviada al magistrado dos informes que fueron encargados por el arquitecto Martín Lejárraga AzcarretaMartín Lejárraga Azcarreta, que es uno de los querellados en el procedimiento, y que no es funcionario municipal. Estos documentos defienden las interpretaciones de los investigados en el procedimiento.

Recusación de un exedil

Precisamente, este mismo martes se ha conocido que el abogado Marcos Sánchez Adsuar, en representación del exedil Enrique López, ha formalizado la petición de recusación del magistrado, a quién en diferentes escritos ha acusado de adoptar decisiones de forma "precipitada" y "rapidísima" en las que rechaza las diligencias reclamadas para esclarecer los hechos. 

El juez denegó las pruebas reclamadas por el letrado de la acusación en un auto de 14 de marzo, en el que el instructor dijo, de forma literal sobre las pruebas reclamadas: "No ha lugar a cuanto se interesa, al tratarse de documentos cuya existencia se conocía y el solicitante pudo pedirlos ante el Juzgado de Lorca, donde estuvo personado desde el primer momento".

En su recurso, el letrado del exedil Antonio López destaca el "exceso de celo" del magistrado, a quien acusa de haber denegado las diligencias interesadas "sin haber efectuado ninguna ponderación sobre su pertinencia o utilidad, bajo el peregrino argumento que pudo haberse solicitado al Juzgado de Lorca", cuya titular elevó una exposición razonaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pidiendo la imputación de Sánchez.

 

El abogado de la defensa del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Francisco Martínez Escribano.

"El señor instructor parece desconocer que nos encontramos en fase de instrucción por lo no cabe remitirse al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca (cuando le interesa), una vez asumida la causa y competencia de la Sala, sin más, haciendo suyos curiosamente los mismos argumentos que la representación procesal del imputado Pedro Antonio Sánchez", lamenta el abogado Marcos Sánchez Adsuar en su escrito de 6 de marzo.

Autos y no providencias

En concreto, el abogado asegura en el escrito que el "exceso de celo" a la hora de tomar decisiones por parte del magistrado Pérez-Templado se ve de forma clara en que denegó las diligencias mediante tres providencias, resoluciones de mero trámite y que no necesitan estar motivadas, cuando según este letrado el juez debería haber dictado tres autos, cuya decisión sí tiene que ser explicada.

"Para denegar las tres diligencias de instrucción debió al menos molestarse (a pesar del exceso de celo denegatorio mostrado a las peticiones de esta acusación) en adoptar un auto motivado, sobre la innecesariedad o inutilidad de las diligencias de instrucción, en definitiva, guardar las formas procesales", ha asegurado el letrado Marcos Sánchez en un recurso de reforma presentado el pasado 6 de marzo, que volvió a ser rechazado por el instructor.

 

El abogado de la acusación particular en el caso Auditorio, y que representa al ex concejal del PSOE en Puerto Lumbreras (Murcia), Antonio López López, Marcos Sánchez Adsuar.

El letrado había pedido al juez, en concreto, que solicitara al Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia que aportara una copia de todos los acuerdos, resoluciones, escritos, informes y dictámenes en relación al recurso contencioso-administrativo que interpuso la institución profesional contra el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entonces encabezado por Pedro Antonio Sánchez.

Y este abogado reclamó esta documentación para conocer la participación del exdecano del Colegio de Arquitectos murciano Antonio García Herrero en el recurso contencioso-administrativo que interpuso el anterior decano Francisco Camino: "Actuaciones que sin lugar a dudas, podrían evidenciar la parcialidad del exdecano", indica el escrito del recurso del letrado de la acusación. El arquitecto García Herrero ha sido contratado por el presidente murciano para elaborar una pericial que exculpa al mandatario murciano.

El letrado de Antonio López, Marcos Sánchez, también reclamó que varios de los imputados en el caso volvieran a declarar en el Tribunal Superior de Justicia, al mismo tiempo que solicitaba expedientes vinculados con las obras del auditorio, por cuya construcción presuntamente irregular está imputado el presidente murciano.

Además, Marcos Sánchez había pedido al juez que pida al secretario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras una certificación sobre la propiedad de los terrenos en los que está edificado el auditorio para constatar "si los terrenos que ocupa están debidamente inscritos en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, y en su caso acta del acuerdo plenario por el que se aprobó el referido inventario".

"Esta diligencia, debía acordarse para que el instructor se entere si efectivamente el imputado, como alcalde de Puerto Lumbreras, tenía la propiedad de los terrenos, circunstancia que quedaría plenamente acreditada con los diligencias de instrucción interesadas en relación al Inventario Municipal. Para el caso de que nunca se hubiese tenido la disponibilidad de los terrenos, nos encontramos con un fraude, del que no podía ser ajeno el imputado Pedro Antonio Sánchez", destaca el documento, que apunta a un posible "falseamiento tanto del expediente de contratación, del expediente de subvención y del expediente de obras del teatro-auditorio".

"Eternizar el sumario"

El juez se ha negado a practicar las diligencias solicitadas por el letrado Marcos Sánchez Adsuar, llegando incluso a señalar a la acusación, a la que en un auto dijo que no tenía intención de repetir "hasta el más lejano infinito las [diligencias] ya concluidas o que pudieran concluirse con el único fin de eternizar el sumario".

Pero este martes se ha conocido la decisión del magistrado de rechazar las pruebas reclamadas por el PSOE "al referirse a hechos sucedidos en marzo de 2011 y mayo de 2012, estimando este instructor que tales solicitudes de prueba documental y testifical pudieron practicarse en su día, ya que la parte peticionaria estaba personada en el proceso".

En concreto, los socialistas habían solicitado al instructor que llamara a declarar a un funcionario como testigo, pero también que reclamara al Consistorio lumbrerense, también gobernado por el PP, toda la documentación relacionada con las obras de instalación del alumbrado del auditorio, cuyo adjudicatario fue también la empresa que construyó los edificios, cuyas obras permanecen inacabadas.

"El magistrado instructor debe recabar la información precisa para descartar si se trata o no de obras complementarias incluidas en el proyecto del auditorio y descartar también que se le hayan abonado a [la constructora] Ecisa pagos desde un consorcio vinculado al Ayuntamiento por obras en el mismo edificio", especifica el escrito presentado el pasado 23 de marzo por la representación legal en el caso de los socialistas murcianos, que justificaba esta petición por haber conocido estos hechos de forma reciente tras analizar la página web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

183.242 euros más

Los socialistas pretendían que el juez investigar si el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había aportado 183.242 euros más a una obra que permanece inacabada, y que debería haber sido sufragada de forma íntegra con los seis millones de euros aportados por el Gobierno de la Región de Murcia.

 

El juez del 'caso Auditorio', fotografiado tras comer con un imputado de la 'Púnica'

El juez del 'caso Auditorio', fotografiado tras comer con un imputado de la 'Púnica'

El presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (2i), con el expresidente Ramón Luis Valcárcel (3i) y el arquitecto Martín Lejarraga (derecha).

Por el contrario, el juez sí ha accedido a dos pruebas reclamadas por las acusaciones. La primera fue acordada a petición de Podemos, y de esta forma el juez solicitó "a la mayor brevedad posible" al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras un ejemplar de los anuarios municipales de los años 2005 y 2006, en los que aparecían las fotos de Pedro Antonio Sánchez y del entonces presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, con el arquitecto del auditorio, Martín Lejárraga. Esta reunión se habría producido, según las acusaciones, antes de que el propio arquitecto fuera adjudicatario de la dirección de obra de los edificios.

La segunda prueba aprobada por Julián Pérez-Templado consistía en solicitar al Consistorio lumbrerense un expediente administrativo de la Junta de Gobierno en la que se aprobó el proyecto básico con el que se pidió la subvención de seis millones de euros al Gobierno de la Comunidad de Murcia.

Más sobre este tema
stats