La atención primaria y las políticas de salud pública siguen sufriendo recortes mientras crece la precariedad

La atención primaria, que ejerce de filtro y vínculo de unión con la asistencia hospitalaria y es clave para la atención a la cronicidad, es la columna vertebral de la atención sanitaria. Pese a ello, ha sido un área muy maltratada en los años de recortes. Y lo sigue siendo. Así lo evidencia la última Estadística de Gasto Sanitario Público [consultar aquí] publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad, que muestra que el presupuesto dedicado al primer nivel asistencial seguía en 2016 un 11,6% por debajo respecto a 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de gasto social. El recorte es de 1.245 millones de euros: de 10.775 a 9.530.

Los expertos coinciden en que el aumento de la longevidad y la esperanza de vida inducen a prestar una atención debida a la cronicidad y a modular un sistema que está principalmente orientado al tratamiento de pacientes agudos. Pero no es esa la deriva que se deduce de esta estadística de gasto. De hecho, los servicios hospitalarios y especializados sí han recuperado la inversión precrisis. Han pasado de tener un presupuesto de 39.251 millones de euros en 2009 a 41.586 en 2016, un 5,9% más.

"Llevamos tiempo denunciando el actual modelo hospitalocentrista al que nos ha llevado el interés de los políticos por obtener rendimientos a corto plazo invirtiendo más en la curación, a través de la atención hospitalaria, que en la prevención, que se realiza en la atención primaria", señala Antonio Cabrera, administrativo en el Hospital Carlos Haya de Málaga y secretario general de la federación de Sanidad de CCOO.

Cabrera recuerda que la Estrategia AP XXI aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa el objetivo de aumentar el prepuesto de la atención primaria hasta llegar al 25% del total del gasto sanitario. Pero todo aquello quedó pronto en papel mojado y ahora apenas llega al 14,3%. En contraposición, los servicios hospitalarios y especializados captan el 62,4% de los presupuestos sanitarios. 

Los doctores Luis Palomo Cobos y Marciano Sánchez Bayle advertían precisamente en un informe hecho público la semana pasada por la Fundación Alternativas [consultar aquí] de que el recorte de la inversión sanitaria pública en atención primaria "está minando la calidad de esa atención, deteriorando las condiciones laborales y dificultando la longitudinalidad (tener un médico asignado durante tiempo), que son la base de la efectividad de este servicio".

Más precariedad

En relación al recorte en la atención primaria, resulta también especialmente llamativa la merma en los presupuestos que han sufrido y sufren los servicios de salud pública, cuyos fondos han caído un 34,7% entre 2009 y 2016: de 1.158 millones de euros anuales a 756. Es decir, 402 millones de euros menos. En esta partida se incluye la vigilancia epidemiológica, las campañas de sensibilización ciudadana para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad o los controles e inspecciones sanitarias de aguas, alimentos y salud medioambiental realizados con recursos sanitarios.  

Gracia Álvarez, enfermera y secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, recuerda que en el Informe sobre el estado de la Salud de la UE 2017, elaborado principalmente con datos de Eurostat y la OCDE, ya se alertó de las carencias de España en la prevención de riesgos especialmente en relación al tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad. "Las principales consecuencias de esto se van a ver a largo plazo, aunque ya se están empezando a notar con el repunte del número de pacientes pluripatológicos que entran en las urgencias hospitalarias y se quedan ingresados", señala. 

La comparación del gasto sanitario entre 2009 y 2016 también arroja otro dato llamativo: los fondos dedicados a la remuneración de personal, que suponen el 44% del presupuesto, han caído un 5,3% en ese período: de 31.341 millones de euros a 29.689. Y eso a pesar de que el número de efectivos se ha mantenido estable en torno a los 490.000. Lo que sí ha cambiado es la distribución de categorías. El número de funcionarios y personal laboral se ha reducido en 10.339 (de 316.151 a 305.812), mientras que el de eventuales e interinos se ha incrementado en 10.497 (de 174.200 a 184.697). 

No obstante, las fuentes consultadas no vinculan esta disminución presupuestaria con el cambio de categorías, pues aseguran que interinos y eventuales han ido ganando en los tribunales el derecho a disfrutar de los mismos complementos que los empleados fijos; sino a la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los profesionales sanitarios desde el inicio de los recortes. En concreto, Cabrera cita la reducción del 5% del salario de todos los empleados públicos decretado por el Ejecutivo de Zapatero en 2010, la reducción del complemento de productividad y del específico en la paga extra o la paralización de la carrera profesional. 

Inequidad 

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Por otro lado, el informe de Sanidad también muestra la gran brecha que existe entre las comunidades autónomas, que presupuestan y gestionan el 92,4% del gasto sanitario. El País Vasco, con 1.669 euros por habitante y año, es la comunidad que más invierte. Le sigue Asturias, con 1.577 euros; Extremadura, con 1.549 euros; y Aragón, 1.544. En cambio, Andalucía es la que tiene un gasto per cápita menor, con 1.110 euros; seguida por Madrid, con 1.224 euros; Baleares, con 1.291; y Castilla-La Mancha, con 1.306 euros. Por tanto, la diferencia entre la que más invierte, el País Vasco, y la que menos, Andalucía, es de 559 euros por habitante al año. El País Vasco invierte un 50,4% más que Andalucía.  

En porcentaje sobre producto interior bruto (PIB), las diferencias resultan aún mayores, lo que evidencia los diferentes esfuerzos que realizan las comunidades. Así, mientras Madrid dedica apenas el 3,7% de su riqueza a la sanidad pública o Cataluña el 4,7%, Extremadura destina el 9,4%, Asturias el 7,6%, o Murcia el 7,5%. "Son unas diferencias escandalosas, que no se justifican por criterios como la edad o la dispersión de la población. Es por eso que nosotros demandamos que, dentro de las transferencias autonómicas, el gasto sanitario sea finalista para buscar la equidad y evitar estas disfunciones", señala Cabrera, de CCOO.

Álvarez, de UGT, cree que el fondo de cohesión sanitaria, que se creó para compensar la asistencia a pacientes que se derivan de una comunidad autónoma distinta de aquella donde viven, también debería utilizarse para limitar estas desigualdades. El problema es que su presupuesto es muy limitado. Precisamente este martes, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tendrá que responder a una pregunta del senador socialista Modesto Pose sobre la escasa dotación de este fondo, que alcanza los 3,44 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado por el Gobierno a principios de abril.