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La doctrina del Supremo y la falta de pruebas amenazan con meter en un cajón la querella del PP

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Poder y Justicia

Mario Martín Lucas

El principio de la división de poderes, entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, nace con Montesquieu a mediados del siglo XVIII, erigiéndose, desde entonces, en punto esencial en las cartas magnas de los países democráticamente avanzados, y la Constitución española lo recoge como una de sus señas básicas. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una ocupación del Poder Judicial por parte de los políticos situados en el Ejecutivo y el Legislativo.

El reciente nombramiento de Fernando de Rosa como próximo presidente de la Audiencia Provincial de Valencia es una muestra más que evidente de ello, ya que el elegido fue consejero de Justicia en los gobiernos de Francisco Camps, integrante del Consejo General de Poder Judicial a propuesta del PP y conocido exmilitante de Alianza Popular. También corren informaciones que apuntan a que, precisamente, fue él quien captó a Francisco Camps para afiliarse al PP. 

El pasado de Fernando de Rosa es el que es y no parece casualidad que los próximos casos que tendrá que juzgar desde su nuevo puesto sean la trama valencia de Gürtel, Emarsa o Terra Mítica.

Fernando de Rosa, por cierto, siendo vicepresidente del CGPJ, acusó al juez Garzón de haber estado al límite de la prevaricación cuando comenzó la investigación del caso Gürtel e implicó a Francisco Camps, y ahora él podrá dictar sentencia sobre esa trama que afecta a sus compañeros populares en Valencia.

Pero esta noticia se entremezcla con otra en estos días, ya que el próximo día 14 el Tribunal Supremo revisará el recurso de casación impuesto por Elpidio Silvia contra su condena de 17 años por inhabilitación, dictada por el TSJ de Madrid por prevaricar presuntamente durante la instrucción del caso Blesa. Y se da la circunstancia, ¿quizás casualidad?, de que tres de los magistrados que lo examinarán –Marchena, Martínez Arrieta y Monterde– formaron parte del tribunal de siete magistrados que condenó por unanimidad a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación.

Más allá de otras cuestiones, parecen malas noticias para la Justicia cuando las condenas llegan antes a quienes debieron juzgar casos como los de la trama Gürtel o el de Miguel Blesa, mientras que los presuntos culpables gozan de todos los derechos de la presunción de inocencia.

Nuestra sociedad debe recuperar el principio de separación de poderes enunciado por Montesquieu, nos es imprescindible a fin de no caer en el escenario del que el mismo nos previno en su conocida cita: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. ____________-__

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

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