medio ambiente

Murcia ignora la entrada del 80% de la contaminación del Mar Menor para culpar a Ribera de la nueva crisis

Las algas proliferan en el Mar Menor.

El Mar Menor, la delicada albufera de agua salada y emblema de la Región de Murcia, sigue en estado crítico. Esta semana, los científicos han alertado de una nueva eutrofización que puede desembocar en otro episodio de mortandad masiva de la flora y la fauna del otrora santuario de biodiversidad de la Península Ibérica. El Gobierno de la comunidad autónoma, junto a un comité científico que lleva años acusado de parcialidad, ha vuelto a cargar las tintas contra el Ejecutivo central por su supuesta inacción; obviando que, según los últimos estudios, el 80% de la contaminación de la laguna proviene de las aguas superficiales, no del acuífero causante de todos los males según el presidente, Fernando López-Miras, y sus acólitos.

El Mar Menor sufre por el exceso de nutrientes (fosfatos y nitratos) que se originan en los cientos de hectáreas de agricultura y ganadería industrial que rodean la laguna desde hace décadas, aunque la urbanización masiva también ha puesto su granito de arena. Estos nutrientes caen a la albufera principalmente por dos vías de entrada: la superficial (cuando llueve, los torrentes arrastran los abonos de los cultivos) y por el acuífero Cuaternario, adyacente a la albufera, en el que se infiltran los nitratos y de ahí acceden al ecosistema.

La extensa literatura científica sobre la crisis del Mar Menor muestra, así, que hay un origen principal de la contaminación: la actividad del sector primario. Y dos vías de entrada principal: la superficial y la subterránea. Dos estudios independientes, con metodología distinta, ejecutados el pasado año –uno por la empresa pública Tragsatec y otro por la Universidad Católica de Murcia– concluyeron que en torno al 80% de los nutrientes entraron por la primera vía: la superficial. Sin embargo, en su comparecencia del pasado miércoles, el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y el polémico miembro del comité científico, Ángel Pérez Ruzafa, ignoraron tanto el origen como la puerta de acceso prioritaria de los elementos que matan la albufera.

Nadie mencionó en la rueda de prensa, cuenta El País, que el regadío intensivo y la ganadería industrial son las actividades que ponen entre la espada y la pared a la laguna. Y las culpas se echaron exclusivamente al acuífero, que es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, y por donde entra el 20% de los nutrientes, según la evidencia científica. "El que quiera sumar, que siga trabajando con nosotros y el que no quiera, que se quite", dijo el consejero, que le pide al Gobierno una obra hidráulica de extracción del acuífero para rebajar su nivel.

La obra, sin embargo, ha sido descartada desde el principio por el Gobierno, por su alto coste y porque su aplicación no garantiza que se baje el nivel del acuífero para siempre, explica un especialista que participó en la redacción del plan de actuaciones prioritarias de Transición Ecológica sobre la albufera. El Ejecutivo prefiere actuar en origen, en línea con las recomendaciones del Instituto Oceanográfico: evitando que los nitratos lleguen al acuífero y a la laguna mediante las aguas superficiales, con medidas para que los regadíos circundantes reduzcan sus abonos y para crear murallas, basadas en la vegetación circundante, que retengan los nutrientes antes de que caigan al agua.

El presupuesto de las medidas ha sido recientemente ampliado con 100 millones de euros. El bombeo, explica la bióloga murciana y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Julia Martínez, es una actuación conocida como "de fin de tubería": mucho más ineficaz que las medidas que van al origen del problema. Mejor que el acuífero no esté contaminado, en vez de evitar que el acuífero y la laguna se comuniquen, considera.

"Si se asume que la entrada principal es subterránea, eso es muy conveniente para el Gobierno de la Región de Murcia", ataca. Porque el acuífero es competencia del Gobierno central y porque así pueden argumentar, en la investigación del caso Topillo –que intenta esclarecer judicialmente la muerte del ecosistema– que el estado del Mar Menor no es su culpa, ya que el acuífero está contaminado tras décadas de excesos.

Fuentes de Transición Ecológica muestran su hartazgo y su cansancio por el enésimo ataque del Gobierno regional, ignorando los estudios que señalan que el 80% de la entrada de nitratos y fosfatos es superficial. "Nuestra tesis es la de siempre. Una situación de tantos años no se puede revertir en dos días", y menos si se mantiene la "dejadez" por parte del Ejecutivo de López Miras, explican. La ministra, Teresa Ribera, no ha hecho referencia explícita al conflicto, aunque sí implícita: el Mar Menor se encuentra "en grave peligro" por las "grandes amenazas que vienen de tierra firme", ha dicho en su mensaje por el Día de la Tierra, el 22 de abril. "De tierra firme", no bajo tierra.

Un comité científico muy cuestionado

El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa, uno de los protagonistas de la rueda de prensa del pasado miércoles, era hasta febrero de 2022 el portavoz del Comité Científico del Mar Menor. Y es uno de los más entusiastas defensores de la extracción del acuífero como principal medida contra la muerte de la albufera. Fue sustituido por Emilio María Dolores Pedrero, jefe del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma. Es decir, un cargo político. Emilio María Dolores también es portavoz del Comité de Seguimiento del Mar Menor, en el que también participa Ruzafa. El científico ha sido acusado por asociaciones locales, ecologistas y otros investigadores de parcialidad manifiesta, siendo la cara visible de varios organismos creados por el Ejecutivo regional ad hoc.

En 2019, Martínez y Miguel Ángel Esteve, también catedrático de Ecología de la misma universidad, firmaron un manifiesto en el que explicaban las razones de su salida del comité. En junio de 2018 se fueron otros cuatro expertos. Pérez Ruzafa, explicaban, mantenía la hipótesis del acuífero como portavoz del grupo sin consensuar la posición y daba opiniones sobre la crisis sin consultar a sus compañeros; el órgano se reunía a instancias de Agricultura y con notas de prensa que se mandaban antes de que terminara el encuentro; y, en definitiva, no se tenían en cuenta las voces críticas con la gestión del Ejecutivo regional.

Todo sigue igual, lamenta Martínez, que descarta, por el momento, la vuelta al comité, a pesar de los llamamientos públicos del portavoz. "Mientras no se aprueben protocolos de comunicación que garanticen que lo que se transmite ha sido previamente aprobado por el pleno del comité", y normas que garanticen la independencia del órgano a semejanza de otros comités del estilo que funcionan en otros países de Europa, su vuelta no tiene sentido, asegura la bióloga.

En Murcia, aseguran las fuentes consultadas, el Gobierno regional se escuda en la ciencia utilizando a investigadores afines para justificar sus decisiones políticas, dirigidas a mantener el estatus y la actividad económica del sector primario. Este jueves, el presidente, Fernando López Miras, citó un tuit de un investigador de la laguna para asegurar que los científicos mandaban un "mensaje claro" favorable al bombeo del agua subterránea. Sin embargo, la publicación original no recomendaba ninguna actuación concreta.

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