Ocho vocales conservadores del CGPJ desautorizan a su asociación al rechazar la huelga que esta apoya

Por muchos párrafos de solidaridad con los huelguistas que contenga la resolución sacada adelante este jueves por el Pleno del Poder Judicial con el apoyo de todo el sector conservador y de su presidenta, Isabel Perelló, el mensaje del Consejo a los jueces a sus asociaciones de derechas es inequívoco: la huelga que han organizado es ilegal y el órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, la tiene por no convocada y no piensa decretar servicios mínimos, porque no le corresponde. Ocho de los 11 vocales que han apoyado ese acuerdo pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el mayor colectivo de los cinco convocantes a la movilización y cuyos militantes la han aprobado con un 70% de votos a favor, según la propia asociación. Se trata de una clara desautorización de los consejeros de ese grupo a la mayoría de los jueces asociados a su colectivo corporativo de referencia.

Con su decisión de este jueves de no reconocer el derecho a la huelga judicial y fiscal, los ocho vocales de la APM se desmarcan, no solo del apoyo a la protesta de su asociación, sino también del lenguaje catastrofista y del discurso de regresión democrática que sus dirigentes utilizan cada vez que pueden y que trata de equiparar la España de Pedro Sánchez a la Hungría de Viktor Orbán sin ningún eco en Europa. La manifestación a la que ha llamado esa asociación junto al resto de las convocantes —FdV, FJI, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— para este últimosábado, se organiza bajo el lema Sin Estado de derecho no hay democracia. Y la convocatoria de huelga para los días 1, 2, y 3 de julio tiene como objetivo “la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, según el manifiesto que llama a defender “una justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos”, como si no lo estuviera.

En sus comunicados anteriores enviados a los medios, los colectivos convocantes no dejan de recurrir a un alarmismo extremo. Las reformas judiciales del Gobierno constituyen “un serio retroceso en el Estado de derecho” y propician “un acceso arbitrario a la judicatura”, “someter instancias claves a criterios partidistas” y fomentar “el control ideológico de los jueces”. Todo ello pone en entredicho algo tan importante para la democracia como “la independencia judicial”, según las asociaciones de derechas, lo que constituye una “deriva” que “compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal y como exige el respeto a los estándares constitucionales”.

La desautorización de los vocales de la APM a la dirección de su asociación y al resto de huelguistas no solo se manifiesta en el hecho de que no apoyen los paros al considerarlos ilegales. También se deduce de la posición que esos consejeros han mantenido respecto a los dos proyectos de ley —el de la reforma del sistema de acceso y el del Estatuto de la Fiscalía— que su asociación, fuera del órgano, exige retirar mediante la huelga. Los ocho vocales de la APM, junto con los otros dos conservadores, los 10 progresistas y la presidenta Isabel Perelló, han informado ya ambas iniciativas del Ejecutivo avalando el grueso de las dos reformas. Esos riesgos sistémicos y fundacionales, que aprecia la APM (y el resto de convocantes) y que afectan a la democracia en sus pilares y principios más básicos no los encuentran por ninguna parte sus ocho vocales. Si consideraran que la independencia judicial o la separación de poderes estuvieran realmente en riesgo, habrían reflejado sus dudas sobre el encaje en la Constitución de ambos textos. No lo han hecho.

Una protesta "política"

Los convocantes rechazan que su movilización se califique de “huelga política” contra el Gobierno y, en el comunicado de convocatoria, aseguran que no se dirige contra el Poder Ejecutivo ni contra el Legislativo. Pero la realidad es que lo que reclaman las asociaciones judiciales y fiscales de derechas es que el Gobierno retire de manera inmediata dos de sus principales iniciativas judiciales: la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que ya está en plena tramitación en las Cortes, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía frente al Ejecutivo y desgajar el mandato del fiscal general de la duración del gabinete que lo nombró. Que los convocantes exijan que el Gobierno se inhiba de su función constitucional de iniciativa legislativa y que el Parlamento suspenda su tramitación es lo que este jueves llevó a los vocales progresistas del CGPJ a considerar que los paros convocados por los jueces afectan a la separación de poderes al tratar de interferir en las labores del Ejecutivo y el Legislativo.

Los ocho vocales de la APM (los otros dos consejeros conservadores no son jueces y por lo tanto no pueden ser miembros de esa asociación) han conseguido que en el reparto entre sensibilidades del Consejo de las vacantes de los principales cargos judiciales de libre designación —magistrados y presidentes de Sala del Supremo; presidente y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, y presidentes y presidentes de Sala de los tribunales superiores de justicia— todas las que les ha correspondido cubrir, sin excepción, hayan sido para militantes de ese colectivo. La APM en el Consejo funciona a la perfección —"como una agencia de colocación", bromean algunos jueces— para copar con sus cuadros, al menos, la mitad de los puestos discrecionales que el órgano de gobierno de los jueces debe cubrir. Frente a los nombramientos monocolor propuestos por los conservadores, los progresistas no solo promueven a miembros de Juezas y Jueces para la Democracia, también a los de las otras dos asociaciones de derechas (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y jueces no asociados.