Marchena desgrana el discurso alarmista de la derecha judicial en su doctorado 'honoris causa'

La democracia está en riesgo. Porque el poder político —entiéndase el Ejecutivo y el Legislativo, los poderes que eligen los ciudadanos y en los que han dado la mayoría a la izquierda— vulnera la separación de poderes que establece nuestra Constitución cuando carga contra algunos procesos y resoluciones judiciales que le afectan. Se trata de "un mensaje destructivo" del Gobierno y algunos de nuestros representantes en el Parlamento contra los pilares sobre los que se asienta la función judicial —la independencia y la imparcialidad— y que pone en riesgo nuestro Estado de derecho. Hasta tal punto, que parte de la sociedad no entiende que los jueces se encarguen profesionalmente de tutelar sus intereses, una percepción que entraña el riesgo de que, quienes no se sientan identificados con ellos "recurran a vías de hecho que les permitan eludir los mandatos constitucionales", es decir, actuar al margen de la ley o de cualquier procedimiento: algo que puede ir de la simple desobediencia a un golpe de Estado.

El expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo y figura prominente del tribunal que tiene entre sus funciones investigar y juzgar los delitos de los políticos demás aforados a ese órgano, Manuel Marchena, desgranó paso a paso el pasado lunes el alarmante discurso de la derecha judicial opuesta al Gobierno durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad CEU Fernando II en Bormujos (Sevilla). Marchena pidió a los políticos que respeten la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, pero el magistrado no dudó en cargar él mismo contra los otros dos poderes del Estado —el Ejecutivo y el Legislativo— que elaboran leyes "con nombre y apellidos" en clara referencia a la ley de amnistía o a la proposición de ley del PSOE que pretende limitar la acción popular, algo que los anteriores gobiernos del PP también plantearon en su momento.

Durante su discurso en el homenaje académico, Marchena aseguró que "la sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces", pero la culpa de esa supuesta desconfianza, según el magistrado, no la tiene la carrera judicial o algunos de sus miembros al abrir procedimientos que parte de la ciudadanía no entiende (como el del fiscal general del Estado, por desmentir un bulo de Ayuso), sino el Gobierno. "Atribuir motivaciones políticas a una sentencia representa una infamia incompatible con la sensatez que debería ser exigible a cualquier gobernante", afirmó el magistrado. "Dividir a los jueces en función de frívolas etiquetas (...) representa un error que está laminando de forma paulatina pero ya irreversible la legitimidad de unos profesionales que, hagan lo que hagan, resuelvan lo que resuelvan, estarán siempre interesadamente expuestos a la sospecha de parcialidad", añadió.

Conservadores y progresistas. Esas son las "etiquetas" a las que se refiere Marchena. Las que no le gustan. Como si los jueces no tuvieran ideología política y no se asociaran a los colectivos profesionales que más les representan. Parte de la desconfianza de la sociedad en los jueces tiene que ver, precisamente, con que los de derechas son mucho más numerosos que los de izquierdas, según los expertos. Mientras que en el Parlamento izquierda y derecha están repartidas casi al 50% desde la llegada de la democracia, los últimos comicios en los que votaron los 5.500 jueces españoles -las elecciones a Salas de Gobierno del pasado diciembre- mostraron que 104 de las 118 plazas en liza fueron para las asociaciones conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y solo dos para la progresista (Juezas y Jueces para la Democracia).

Pero, según la visión de Marchena, exigir a los demás poderes del Estado que no carguen contra determinadas decisiones de los jueces, no impide a estos últimos criticar directamente al Ejecutivo y el Legislativo. "La producción normativa se está apartando de la fuente de legitimidad que debería definir las tareas legislativas", dijo el magistrado en su discurso. "Cuando las leyes no responden a las notas de generalidad y abstracción, cuando el legislador elabora leyes con nombres y apellidos, se resiente otra de las notas que definen a una sociedad respetuosa con los valores democráticos", añadió.

Se refería, sin nombrarla, a la ley de amnistía, para eximir a los condenados por el procés. Tal vez también a la proposición de ley del PSOE que trata de limitar la acción popular para evitar abusos y que el PP ha denominado "ley Begoña", en referencia a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imputada sin pruebas por un juez que no ha dudado en tomar declaración en Moncloa al jefe del Ejecutivo y que en unos días hará lo mismo con uno de sus ministros, Félix Bolaños. La posición de Marchena coincide con la de las tres asociaciones judiciales conservadoras que se han lanzado en tromba contra ambas normas. Cuestionar las leyes es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, pero los jueces, además, ante supuestos abusos como los que denuncia Marchena y dudas sobre su constitucionalidad, tienen la posibilidad de cuestionarlas ante el Tribunal Constitucional, cosa que el la Sala de lo Penal del Supremo ya ha hecho con la ley de amnistía.

Su temor expresado este lunes de que el Gobierno o el Parlamento estén socavando directamente los cimientos de la democracia con sus críticas al Poder Judicial o su actividad legislativa también coincide con los postulados más pesimistas de los colectivos judiciales de derechas que, en 2021, denunciaron al Ejecutivo de Sánchez en la Unión Europea por provocar "una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España" e "ir horadando paulatinamente la independencia judicial". Incluso pidieron que la Comisión iniciara un procedimiento de sanción contra España similar al que abrió a Polonia y Hungría. Bruselas nunca apreció ese riesgo sistémico ni atendió sus peticiones.