La derecha desprestigió a la justicia española ante la UE al asegurar que el CGPJ no cumplía los estándares europeos

El Consejo General del Poder Judicial aprobaba el pasado miércoles por unanimidad el informe que le impuso la ley que acompañó a su renovación del pasado junio y ha enviado al Gobierno y a las Cortes dos propuestas para la futura elección de 12 de sus miembros, los que proceden de la carrera judicial. El mandato de elaborarlo, impuesto por el PP durante la negociación para la designación de los actuales miembros del órgano y aceptado por el PSOE, elevó a rango de ley la sospecha de que España no cumple en su organización judicial con los "estándares europeos". Pero, ¿cómo llegó ese mensaje a Bruselas? En el origen de todo está la negativa del PP a renovar el órgano, que lo mantuvo bloqueado durante más de cinco años. Pero las asociaciones judiciales conservadoras, las más representativas en la magistratura, encontraron otro culpable: el Gobierno. Incluso pidieron a la Comisión que iniciara un procedimiento sancionador contra España por vulnerar el Estado de derecho y la separación de poderes.

17 de noviembre de 2018. El senador del PP Ignacio Cosidó manda un whatsapp a todo su grupo parlamentario en el que dice que, con la renovación del Consejo ya pactada por el PSOE, el PP controlará el Tribunal Supremo "desde atrás" gracias al nombramiento del entonces presidente de su Sala Penal, Manuel Marchena, como presidente del gobierno de los jueces. A los pocos días, esos mensajes aparecen en la prensa y el acuerdo entre ambas formaciones salta por los aires. El PP, entonces dirigido por Pablo Casado, cierra unilateralmente la puerta a cualquier nuevo pacto hasta que el Gobierno no cambie el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales del órgano procedentes de la carrera. El Gobierno del PSOE clama sin éxito por la renovación y en los años siguientes saca adelante varias reformas para forzar al PP a volver a la mesa. Sin éxito.

El bloqueo del PP provocó un descrédito sin precedentes de los jueces y de su órgano de gobierno entre los ciudadanos. En un país que ha juzgado con éxito por sonadas causas de corrupción a dirigentes de los dos principales partidos (una de esas sentencias, la del caso Gürtel, llegó a provocar la caída de un Gobierno), a miembros de la familia real y a responsables de los bancos más importantes, la percepción de la independencia de los tribunales se desploma 10 puntos entre 2020 y 2023, según el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea de 2024. En 2020, el 44% de los ciudadanos y el 42% de las empresas consideraba que la independencia de sus jueces era "buena" o "muy buena". Solo tres años después, con el Consejo todavía por renovar, ese índice se quedó en el 34%.

Con la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia, el PP sigue instalado en el no a la renovación. Tras el fracaso de los llamamientos del PSOE a retomar las negociaciones, el Gobierno plantea varias fórmulas para obligar al principal partido de la oposición a volver a la mesa. El 31 de marzo de 2021 saca adelante en las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al Consejo, cuando esté prorrogado, efectuar los nombramientos a los principales cargos judiciales del Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. La norma -que establece para el CGPJ limitaciones similares a las que establece la Ley del Gobierno para los Ejecutivos en funciones- provoca en tres años un centenar de vacantes en la cúpula judicial.

La Comisión culpa a "la falta de renovación del Consejo", provocada por el PP, de "lastrar la labor del Tribunal Supremo" y "del sistema judicial en su conjunto" y muestra, año tras año, su preocupación por la situación de bloqueo. Pero el partido de Feijoo sigue sin dar su brazo a torcer. Sin embargo, todas asociaciones conservadoras —la mayoritaria APM, la más moderada Francisco de Vitoria y el muy corporativo Foro Judicial Independiente, las más presentes en la carrera— señalan a otro culpable. Precisamente a quien sí quiere llegar a un acuerdo de renovación del órgano, cuyo bloqueo está en el origen de todo: el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 6 de abril de 2021 los tres colectivos —que representan a 2.500 jueces, la mitad de la carrera— mandan una carta a la entonces vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. En ella se dice que el Gobierno ha provocado "una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España". También se le acusa de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás (pero sí los representantes de más del 50% de los jueces españoles). El motivo es la reforma que impide al CGPJ nombrar mientras esté en funciones, pero también que, desde 1985, exista un sistema de renovación parlamentaria el órgano. Quieren que los jueces nombren a 12 de los 20 vocales del órgano sin intervención de las Cortes, como el PP.

Pero lo más grave de todo es que piden a la Comisión que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, podría afectar a las ayudas que recibe de la UE e incluso privar al país de voto en en su más alta institución, el Consejo. Que actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial: la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

"Como salvo el primer CGPJ (que duró de 1980 a 1985), todos los posteriores no fueron nombrados mediante elección directa entre los compañeros jueces, debe ser que durante tantísimos años no hemos tenido en España un Estado de derecho ni los jueces han sido independientes ¡Qué barbaridad!", ironizaba el presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Jacobo Barja de Quiroga, sobre la carta de las asociaciones en su libro La justicia y la política. "¿Quiere internacionalizarse una cuestión y para ello no importa denigrar el sistema y con él todo el Poder Judicial (no ha hay independencia) y el sistema de Estado en España (no hay Estado de derecho)?", se preguntaba irónicamente. "En realidad, lo que se internacionaliza es la demagogia y el ridículo", añadió. Todos los indicadores internacionales reflejan que España es una de las democracias más avanzadas del mundo, como refleja el Democracy Index de The Economist, que en 2023 la volvió a calificar como "democracia plena" y la colocó en el puesto 24 a nivel global.

A los representantes de esos 2.500 jueces que pedían sanciones para España (en medio de las ayudas millonarias europeas tras la pandemia), se había sumado meses antes el propio Consejo que estuvo más de cinco años prorrogado con su composición mayoritariamente conservadora. En el debate que dio lugar a una resolución del 21 de enero de 2021 contra su tramitación en el Congreso por el procedimiento de urgencia de la ley que impedía nombrar al órgano en funciones, varios vocales de ese sector reiteraron que la reforma vulneraba la independencia y el Estado de derecho. También que España, como Polonia, debía ser sancionada por la UE, algo que cinco vocales progresistas que votaron en contra calificaron como algo "lamentable y exagerado" y "una deslealtad a España", recordando que el comportamiento del Gobierno polaco no podía ser comparable al español.

El resultado de todo el debate fue la disposición legal que el PP puso como condición para renovar el Consejo el pasado junio, cinco años después de los whatsapp de Cosidó. En ella se ordenaba a los nuevos vocales aprobar por mayoría cualificada de tres quintos un informe "con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al Consejo español". También se les reclamaba que hicieran una propuesta al respecto que pudiera "ser evaluada positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea", en la que se planteara un sistema de renovación del órgano "acorde con los mejores estándares europeos".

Ese mandato legal se cumplió con la aprobación por unanimidad del informe este miércoles en el Pleno del Consejo. Como anexo, dos propuestas: la del sector conservador, que defiende que los jueces elijan directamente a los 12 vocales judiciales sin intervención de las Cortes, y la de los progresistas, que pide que la elección, como desde 1985, siga siendo parlamentaria. Esta última —la de los progresistas—es la que el Ejecutivo tendrá en cuenta, tal y como se ha apresurado a adelantar el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. Ahora serán las Cámaras las que tendrán que sacar adelante una nueva reforma en la que, previsiblemente, se incluirá una fórmula para evitar un nuevo bloqueo como el del PP. Porque fue la negativa a renovar el CGPJ de ese partido durante cinco años -y no presuntas violaciones del Estado de derecho jamás advertidas por la UE- lo que hundió la imagen de un servicio público como la Justicia en la sociedad española.