Tras la traición que llevó a la detención por parte de Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, gran capo de lo que fue el cártel de Sinaloa, comenzó una cruenta guerra civil interna que sigue activa y de la que aún no se han recuperado ni Sinaloa (México) ni la propia organización criminal. De hecho, una de las facciones implicadas está siendo masacrada por la otra. La principal razón es que no tiene respaldo político federal del Estado de Sinaloa, algo imprescindible para ellos, porque ese apoyo se ha desmoronado como un castillo de naipes en estas últimas dos semanas.

La estructura de los cárteles mexicanos es imposible de sostener en el tiempo sin que políticos muy importantes del país estén implicados en el mismo juego. Y eso está teniendo consecuencias ahora mismo en Sinaloa tras una ofensiva completa de la justicia de Estados Unidos contra representantes públicos sinaloenses muy relevantes.

El cártel de Sinaloa es una empresa criminal multimillonaria con ramificaciones en todo el mundo y que basa sus ingresos es el tráfico de drogas. Con los años ha diversificado tanto el negocio que posee empresas legales que dan beneficios reales a toda la organización, pero ahora se encuentra en un momento de cambio total. El cártel se basaba en una alianza férrea entre la estructura del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán que cambió por completo el 25 de julio de 2024, cuando Zambada llegó en un avión a un aeropuerto de Texas y pasó a estar bajo custodia de un juez estadounidense.

La traición al Mayo Zambada por parte de los hijos del Chapo Guzmán cavó la propia tumba de la organización, que ha ido perdiendo sus principales piezas poco a poco, primero a Ovidio Guzmán López y después Joaquín Guzmán López.

El primero duró mucho en libertad tras protagonizar el Culiacanazo, el mayor escándalo de seguridad de la década en México. Y el segundo fue quien lideró la artimaña para entregar al Mayo Zambada a Estados Unidos. Sin Joaquín Guzmán López no habría sido posible esto, fruto de la cooperación que han tenido los hijos del Chapo Guzmán con la DEA y con otras instancias de EEUU. Todo apunta a una venganza orquestada hace ya tiempo, por una motivación concreta: uno de los hijos del Mayo, Vicente Zambada, alias Vicentillo, se convirtió hace años en testigo protegido en para la agencia americana, y por eso disfruta de su libertad.

En esta trama de vendettas y traiciones hay una larga historia detrás, porque todos los grandes capos actuales del cártel de Sinaloa se conocían desde niños. El Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada y que ha heredado la organización criminal, declaró la guerra de por vida a los hijos del Chapo Guzmán. Todos están en la diana, y cualquiera que les apoye también. Así lo ha demostrado en estos casi dos años.

No ha dejado títere con cabeza y ha logrado llegar a acuerdos con antiguos rivales dentro del propio Estado sinaloense, como lo es el Chapo Isidro, otro narcotraficante muy importante de Sinaloa que heredó el clan de los Beltrán Leyva y que se ganó mucho respeto de personas relevantes del crimen organizado mexicano.

Esta alianza le ha permitido al Mayito Flaco librar una guerra completa contra los hijos del Chapo Guzmán, llegando a solicitar apoyo éstos últimos al cártel Jalisco Nueva Generación, un hecho inaudito dentro del Estado de Sinaloa y que habla de la debilidad para mantener el terreno de quienes fueran los reyes del narcotráfico en México.

Toda esta situación de combates con asesinatos selectivos y tiroteos entre convoyes de sicarios y en la que miles de personas han perdido la vida ha provocado un decrecimiento de la economía de la capital de Sinaloa, Culiacán, fruto de un aumento de la violencia descontrolada que afecta en el día a día al ciudadano y a su vez a cualquier empresa.

La gran consecuencia política de todo esto en Sinaloa ha sido la caída de su gobernador, Rubén Rocha Moya, y junto a él, expolíticos y funcionarios de las altas instancias de ese Estado que fueron acusados directamente por la justicia estadounidense de cooperar con el cártel.

Con el paso atrás del gobernador de Sinaloa, y mientras se dilucida la petición de extradición, corre un rumor que dinamitaría el futuro de la carrera criminal de los hijos del Chapo Guzmán. Sin la protección política en su Estado, se sabe que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el último de Los Chapitos que sigue libre, está tratando de negociar una entrega pactada con la justicia de EEUU.

Los términos son por ahora secretos y los intereses que hay detrás también, porque hay mucho en juego. La única forma de ofrecer algo a EEUU es colaborando con ellos, y por la ofensiva judicial de este último mes parece que el Gobierno de Donald Trump ha adoptado una vía para tratar de limitar la influencia política de los cárteles mexicanos dando órdenes de centrarse en los representantes políticos que permiten que el sistema criminal tenga vigencia.

Mientras las piezas de ajedrez se mueven, el Mayito Flaco sigue ganando peso en el crimen organizado mexicano. Las gallinas que entran por las que salen.

Iván, el gran capo de Los Chapitos, se piensa el hecho de entrar en prisión, algo que parece que va a suceder con políticos sinaloenses que esta semana han llegado a plantarse ante la justicia de EEUU, como es el caso de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el mismo Estado.

Es decir, quienes estos últimos años tenían la responsabilidad de controlar la seguridad y la economía de Sinaloa están acusados de trabajar directamente para Los Chapitos controlando rutas de cocaína y armas. Un jarro de agua fría para la Administración de México. Y no serán los únicos en caer, porque se sospecha que Iván Archivaldo dará nombres y apellidos de quienes tenía a sueldo, y esa lista puede ser infinita mientras el cártel de Sinaloa desaparece para convertirse en otra organización criminal.

Si se borra del mapa a los hijos del Chapo, la historia de los cárteles mexicanos lleva a pensar que la facción del Mayo Zambada dirigida por una de sus vástagos se hará tan grande como lo fue en su día el conjunto de todas las organizaciones criminales que formaban parte del cártel de Sinaloa. Y en estos momentos esa gran organización criminal sólo es una mezcla de vendettas y traiciones que seguirán perpetuándose en el tiempo. Mientras el pueblo mexicano sufre sus consecuencias.

La tripulación del guardacostas Tahoma interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas de contrabando que transportaban aproximadamente 2.760 kilogramos de cocaína, valorada en casi 45,8 millones de dólares, el 8 de mayo, a unas 145 kilómetros de Cartagena, en Colombia. Esta incautación representa 2,3 millones de dosis potencialmente letales de cocaína que no llegarán a las calles estadounidenses y se desarrolló mediante tácticas que, esta vez sí, preservaron la vida de los sospechosos, a diferencia de lo que venía ocurriendo en otras ocasiones.

La tripulación del Tahoma desplegó sus dos pequeñas embarcaciones y la dotación aérea del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, que se encontraba desplegada, detuvo a las tres embarcaciones.

Una de las narcolanchas se negó a cooperar —no se detenía— y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse.

Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda. La tripulación aérea lanzó varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

“La interceptación simultánea de tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de nuestras tripulaciones”, declaró el comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma. “Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y su trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”.

Estas declaraciones y este modo de actuar confronta directamente con las ejecuciones de personas sospechosas de narcotráfico que se produjeron en los últimos meses en la región, con más de un centenar de muertes por bombardeos estadounidenses con el pretexto de que transportaban droga. 

La Cosa Nostra inventó en Sicilia una forma de asesinar que consistía en hacer desaparecer, literalmente, el cuerpo de la víctima de la faz de la tierra. Esa era, según pensaban, la mejor manera de eludir responsabilidad por uno de los delitos más graves que se pueden cometer: el asesinato. Sin un cuerpo, es muy difícil acreditar lo ocurrido, y eso es lo que hizo la mafia desde sus inicios. Primero en Italia y, después, también en Estados Unidos. Lo hemos visto en muchas películas, pero es un sistema muy real.

En esa tarea de hacer desaparecer cuerpos humanos, la mafia italiana fue perfeccionando su método. La lupara bianca consistía en disolver un cuerpo en ácido para que desapareciese visualmente hasta convertirse en una sustancia indetectable para los investigadores.

Esto es, exactamente, lo que intentaron hacer durante el pasado mes de marzo los asesinos del empresario alicantino Jesús Tavira, pero no lograron ser tan eficaces como los Corleonesi. Mataron a Tavira y lo enterraron bajo dos metros de hormigón en un aljibe de la casa donde vive una persona que, casualmente, trabajaba para su empresa.

Este asunto coincide con otra casualidad: Tavira fue testigo de uno de los asesinatos sin resolver de la Comunidad Valenciana, el de Mari Carmen Martínez, ocurrido en 2016. Ella era la viuda de Vicente Sala Bello, presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1999 a 2010, y antecesor de Modesto Crespo al frente de la entidad. Una historia de lo más inquietante.

La CAM fue una de las últimas cajas de ahorros en España que acabó siendo absorbida por el Banco Sabadell, tras una serie de escándalos financieros que tuvieron consecuencias penales. Entre ellos, la sentencia del Tribunal Supremo que acreditó que la cúpula directiva de la entidad permitió que quien era entonces su presidente, Modesto Crespo, cobrara ilegalmente durante dos años 600.000 euros en dietas por un cargo que era honorífico. Ese fue uno de los ejemplos de cómo una entidad bancaria que llegó a tener decenas de miles de millones de euros en activos, aderezados con una sombra de corrupción letal, acabó por desaparecer.

En medio de este thriller, a Mari Carmen Martínez la asesinaron a tiros en en su Porsche Cayenne mientras se encontraba en el concesionario Novocar, una empresa de la familia. Jesús Tavira fue testigo del caso porque, en los días anteriores al asesinato, había hablado en varias ocasiones con el yerno de Martínez, investigado por los hechos y que, nueve años después, ha sido absuelto de ese crimen. Era el único acusado, por lo que el misterio del crimen de la viuda de la CAM sigue sin resolverse. Y ahora se abre otro.

Jesús Tavira desapareció el 18 de marzo de 2026. Era un empresario conocido en el sector de la compraventa de automóviles de Alicante, propietario de Autodesguace Tavira. La ubicación de su negocio fue una de las claves para que su testimonio en el asesinato de la viuda de la CAM fuera tenido en cuenta.

Su negocio se encuentra a un kilómetro del concesionario donde fue asesinada Mari Carmen Martínez. En su declaración, Tavira aseguró haber visto a dos hombres de presunto origen magrebí merodeando cerca del concesionario. Antes, dijo, esas mismas personas habían pasado también por su negocio. Este testimonio le convirtió en una pieza clave del juicio y contribuyó a que, finalmente, el yerno de la viuda de la CAM fuese absuelto.

El asesinato de Jesús Tavira recordó aquellos hechos anteriores, aunque, por ahora, no parece tener relación con ellos. Según se sabe, sus asesinos lo citaron en la calle Geranio del Bacarot de Alicante para intentar solventar un conflicto que mantenía con su mecánico del desguace. Todo apunta a un móvil económico, aunque a día de hoy no está claro cuál fue exactamente el origen de esa deuda o disputa por dinero.

El 18 de marzo desapareció Tavira, y su familia se temió lo peor. Dos días después de que faltara de su domicilio, su Audi Q5 apareció calcinado en el barrio de las Mil Viviendas de Alicante, lo que hizo presagiar un desenlace trágico ante el temor de que hubiera sido secuestrado, pero nadie recibió petición alguna de rescate. Entre el 18 de marzo y 29 de abril, los asesinos tuvieron tiempo para esconder el cadáver de Tavira, hasta que fue descubierto por la unidad especializada de la Policía Nacional.

Enterrar bajo dos metros de hormigón el cadáver de una persona después de asestarle al menos 12 puñaladas con dos armas distintas da entender que el motivo trasciende a algo más que una deuda de unos pocos miles de euros. Es más propio, como se apuntaba al inicio de este artículo, de los métodos de la Cosa Nostra.

Pero en este caso, al menos por ahora, los sospechosos son un mecánico argelino, su mujer y un tercer hombre, el único que declaró durante la instrucción. El mecánico y su esposa guardaron silencio y se encuentran en prisión provisional, ya que el cadáver de Tavira apareció enterrado en su casa alquilada. No han logrado aclarar por qué acabó ahí Jesús Tavira. Hay, además, un cuarto identificado, aunque que no aportó demasiado al caso.

En cuanto a la identificación del cuerpo, fue posible porque, a pesar del avanzado estado de descomposición que presentaba, sus asesinos cometieron el grave error de sepultarlo con la medalla de San Sebastián que llevaba y que la familia reconoció fácilmente.

Este asesinato reaviva el misterio del crimen de la viuda de la CAM y abre otro en torno a la muerte de Jesús Tavira, cuyo móvil la Policía aún trata de esclarecer. La familia declaró al diario El Español que Omar, el mecánico y principal sospechoso del crimen, entraba y salía con frecuencia del negocio de desguaces y que, a pesar de una posible deuda por unas vacaciones no pagadas, no se explican porqué pudo cometer algo así.

El caso ha sido mediático porque ambos asesinatos han acabado vinculándose en el relato público. Una forma tan macabra de hacer desaparecer a una persona recuerda siempre a la Cosa Nostra, y también coincide que hace no mucho se resolvió el asesinato de Francisca Cárdenas, que fue encontrada enterrada en la vivienda de su asesino confeso, en Hornachos (Badajoz). Aquello ocurrió el pasado 11 marzo, una semana antes de que Jesús Tavira fuese asesinado.

La coincidencia de fechas permite plantear la posibilidad de que los asesinos de Tavira tomaran la idea de esconder su cuerpo tras ver las noticias recientes sobre el caso de Francisca Cárdenas, de quien no se supo nada desde el 9 de mayo de 2017. Por suerte, en el caso de Tavira, la Policía logró resolverlo antes. Quizás porque alguien compró hormigón hace no mucho.

Los Corleonesi resolvían esto con ácido, un proceso más complejo. Estos asesinos creyeron que el hormigón bastaría para librarse, pero, si se prueba su responsabilidad, acabarán pasando mucho tiempo en prisión para rendir cuentas ante la sociedad. Nunca sale bien copiarse, y menos si copias un método de un asesino. En todo caso, antes habrá que probar quién hizo qué, porque Omar y su esposa podrían ser solo el escalón más bajo de la pirámide.

Los narcotraficantes históricos de Huelva han sido más discretos que los que operan en el Campo de Gibraltar y a la largo de estos últimos años les han ganado la partida. Sin hacer ruido ya juegan en las grandes ligas del narcotráfico en Europa, y han ganado una responsabilidad en el trasiego de cocaína que ya quisieran otras organizaciones criminales internacionales. No hay más que ver la operación que está desarrollando esta semana la Guardia Civil, con un despliegue de medios navales con pocos precedentes, apoyo de la Armada y Vigilancia Aduanera, con miles de kilos de cocaína incautados en altamar.

Ese ascenso meteórico lo han logrado por una forma de proceder estructurada que les ha hecho ganarse una confianza de proveedores internacionales potentísimos de Colombia, Ecuador y, recientemente, también en México. Hay alianzas de las que todavía no se habla en España, pero ya se comentan en Jalisco (México) donde se hacen referencias a narcos andaluces que tienen negocios con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Después de esta información ya lo sabrán los lectores de Narcodiario e infoLibre.

Esto queda constancia en corridos tumbados de los artistas El Primo & Remp, donde, en la canción 888, narran la vida de todo lujo de un capo de esta organización criminal mexicana que hasta comienzos de año estaba dirigiendo El Mencho. Esta estrofa en la canción es muy reveladora:

Estos cantantes mexicanos no publicarían esto si no hubieran sido autorizados por el propio CJNG, ya que en otras canciones mencionan directamente a jefes de plaza del Cartel y eso no es posible si la propia organización no da el visto bueno. Ocurre así porque los artistas se pondrían una diana en la cabeza si hicieran lo contrario, algo que nadie quiere. No serían los primeros ni los últimos artistas mexicanos de narcocorridos asesinados por no seguir las pautas de las organizaciones criminales.

Las redes de narcos presentes en Huelva, además, están explotando la posición geográfica privilegiada de la provincia para sacarle el máximo rendimiento. Si se revisa la hemeroteca más cercana en el tiempo, el mes pasado se intervinieron más de 5.000 kilos de cocaína en una misma operación. Esto es algo que sería impensable hace 10 años, porque la capacidad logística que se necesita para mover esa cantidad de cocaína y de que los mayores proveedores de esa droga depositen su confianza para realizarlo era una quimera.

El montante de negocio de alijo que se introdujo con narcolanchas por las playas de Huelva supera los 100 millones de euros, un volumen de dinero que hace entrar a estos narcos especializados hace años con el hachís en la misma mesa de póker en la que están la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia, el Cártel de los Balcanes, los Hells Angels, la mafia rusa o la mafia sueca.

Y están ahí porque la droga que está entrando por Huelva se dirige a otros países europeos y la comercializan mafias internacionales como las anteriormente mencionadas. Que aparte del alijo de cocaína se descubriera por la Policía Nacional un arsenal de armas de Kalashnikov hace que sea lógico pensar que estos traficantes defienden con su vida el cargamento.

Ya se vieron unas imágenes de un alijo de cocaína en plena ría de Huelva que era defendido en esos momentos con armas largas. Aquel documento se publicó en Narcodiario en el verano de 2024 y la Udyco Central de la Policía Nacional realizó un gran trabajo desarticulando a ese clan a principios de 2025. Pero a pesar de esto la droga sigue entrando como más que nunca.

El clan que se encargó del alijo millonario, el de los más de 5.000 kilos, utilizó el municipio de Gibraleón como hub logístico para luego derivar a localidades sevillanas la droga poco a poco, con convoyes armados y realizando contravigilancias en el trayecto. Fue desde ese municipio porque utilizaron algunas de las playas que van desde Isla Cristina a Matalascañas para alijar allí con la droga que venía cargada en narcolanchas. En otras ocasiones están utilizando viviendas como 'guarderías' en localidades pegadas a la rivera del Guadiana, porque es el otro punto clave del narcotráfico en Huelva. Ya se han incautado allí otros grandes cargamentos.

Los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera sobre el terreno saben que se enfrentan al que quizás se haya convertido en el punto más caliente del narcotráfico en España. Y lo es porque se mezcla la entrada histórica de hachís con la cocaína, y esta última droga trae consigo un aumento del beneficio y con ello una violencia adherida. El dinero crece para las organizaciones criminales, pero también los riesgos.

La cocaína que se introduce por las playas de Huelva llega ahí por medio de narcosubmarinos, buques nodriza tipo pesquero o remolcador o incluso mercantes que parten desde Sudamérica. Con esos tres modelos de transporte se hace llegar la droga a las narcolanchas que finalizan el trayecto. Los narcos de Huelva son los especialistas en esto, y navegan cada vez más lejos para realizar los traspasos de cocaína porque su operatividad es superior a la de antes y a su vez son más eficaces.

Por eso se dan un cúmulo de circunstancias importantes para que Huelva esté en el punto de mira de distintas organizaciones criminales internacionales; el poder alijar antes que adentrarse por el Estrecho de Gibraltar facilita las cosas, aunque las autoridades portuguesas están colaborando en mayor proporción que antes. Como mencionamos antes, descargar la droga desde una 'goma' antes de llegar al Mediterráneo elimina riesgos para una organización criminal internacional. En esta misma acción que se desarrolla estos días, Portugal ya ha anunciado la recuperación del agua de 1.000 kilos de cocaína.

También hay otra variable a tener en cuenta. En Huelva, con el último gran alijo descubierto, salta a la palestra que los pupilos de gente como Sergio Mora Carrasco, más conocido como el Yeyo, siguen ampliando su capacidad criminal. El Yeyo forma parte de la leyenda del hampa en la provincia onubense y actualmente sigue fugitivo de la justicia y, por supuesto, controlando el negocio desde fuera de España. Lo hace desde 2017, y su periplo como 'latitante' lo inició huyendo en helicóptero desde La Hacienda Montija que le fue expropiada por la Audiencia Nacional el pasado verano. Se le vincula con transportes de droga para la red del narcotúnel de Ceuta, entre otras acciones recientes.

Huelva con uno de los principales capos de España fugitivo, una situación geográfica privilegiada, y con menos miradas judiciales que la provincia contigua de Cádiz, está un combo perfecto para el crecimiento de organizaciones criminales experimentadas. Y por ahora, no tienen techo. Se necesitan muchos medios para paliar todo esto mientras la narcoeconomía sigue ganando peso en la provincia, y más cuando han tejido alianzas estables con el cártel de las cuatro letras al otro lado del Atlántico.

Hace ya tiempo que iban a por ellos, y las últimas operaciones de la policía francesa dejan claro que hasta los traficantes de Marsella tienen límite. Los narcos que representan a la DZ Mafia ya son conocidos fuera de Francia y sus manos se dejan ver por varios lugares de España. Por eso, que se detuviera el martes a Walid Bara en Madrid no debe ser una sorpresa. Fue arrestado el mismo día en el que un tribunal francés lo condenaba a 25 años de cárcel por ser autor intelectual de un doble asesinato ocurrido en el Hotel F1 Marseille, al oeste de la ciudad.

En ese proceso mediático, al que Bara no se presentó al estar prófugo, se juzgaban a otros dos de los principales líderes de esta organización criminal que desde los barrios del norte de Marsella se han extendido por toda Francia. Con el control de las plazas de drogas habituales de ciertas zonas de Marsella, que han defendido con puestos de seguridad 24 horas y con armamento militar , han logrado conseguir ser una marca fiable para hacer negocios lucrativos en el narcotráfico. Están por debajo de otras grandes mafias, pero se les debe tener en cuenta porque aprietan mucho el gatillo. Demasiado incluso para unos traficantes. Su control territorial se ha basado en violencia pura y dura, por ello pudieron mantener su guerra por plazas de venta de estupefacientes contra la otra gran organización criminal marsellesa actual: los Yoda.

Todos actúan de forma similar; consiguen proveedores de hachís en España y por aquí logran establecer un trasiego continuo de drogas que los hace conocerse la A-7 desde Algeciras hasta Empuriabrava como si fuera su casa. Desde los famosos Go-Fast, donde los convoyes cargados de droga conduciendo a 200 km/h se hicieron su especialidad, hasta empresas pantalla de transportes que les hace transportar droga tranquilamente desde el sur de España a su país.

El hachís fue primordial para lograr un poder adquisitivo importante para los DZ Mafia, pero en estos días en sus puntos de venta de droga se vende de todo. Y se controla se forma militar, desde niños vigilando exteriores de sus barrios a hombres armados que se encuentran en su perímetro de seguridad para que nadie robe la mercancía que se está vendiendo.

El clan DZ Mafia que comenzó en Marsella con miembros principalmente de raíces argelinas ha creado franquicias ya por toda Francia. En Roubaix, por ejemplo, al norte del país, cerca de la frontera con Bélgica, se pueden leer en grafitis que su presencia allí es completa. Entre Marsella y Roubaix hay más de 1.000 kilómetros de distancia, y a pesar de esta diferencia hay miembros de la DZ allí.

Esto explica que hayan logrado hacerse con el control de la logística dentro de Francia y que, como hace el Cartel Jalisco Nueva Generación, permita a otros grupos criminales actuar bajo sus siglas si cumplen una serie de reglas.

Este grupo criminal de traficantes de Marsella también usa las redes sociales para enviar mensajes como hace el CJNG en México. Hace unos años grabaron un vídeos sosteniendo una pancarta donde se veía a un grupo de personas armados y con un cartel que indicaba que pertenecían a la DZ Mafia. Eso era una aviso de navegantes para sus rivales en Marsella, pero también fue una forma de presentarse en el hampa mundial para decir “aquí estoy yo”.

Su principal fuente de ingresos es la droga, pero también han creado un sistema para cobrar extorsión a ciertos empresarios y entraron de lleno en el tráfico de armas. Tienen cuentas de Snapchat itinerantes que presentan el armamento que en ese momento poseen para darle salida por el mercado negro. Y en sus filas ofrecen sicarios para otras organizaciones criminales internacionales. Trabajan codo con codo en ciertas ocasiones con clanes de la Mocro Mafia, una cooperación que es habitual ya en el más alto nivel del narcotráfico.

En España, la presencia de miembros de la DZ Mafia es posible detectarla fácilmente en la Costa del Sol, Alicante y Barcelona. Sus tres paradas clave para los trayectos de Go-Fast. Entre Fuengirola y Estepona a partir del mes de abril es bastante llamativa la aparición de vehículos de alta gama con matrícula francesa con sujetos que podrían aparecer en un videoclip de Lacrim. No se esconden, ni quieren. Acuden a fiestas en los locales de moda en Marbella, se gastan miles de euros, y realizan negocios de compraventa de drogas con proveedores para asegurarse un stock en los próximos meses.

Se pasean por el paseo marítimo de Fuengirola o Puerto Banús, y en muchas ocasiones acuden armados a sitios públicos. Ello es así porque el miedo a ser objetivo de sus enemigos no se elimina por estar fuera de Francia, pero también porque están preparados para, en cualquier momento, tomar carretera y manta y llevar un alijo hacia su país.

Todo este movimiento de drogas y violencia que generaron con más de 50 asesinatos en Marsella provocó que las fuerzas de seguridad francesas se tomaran en serio la capacidad de ejercer un control sobre ciertos barrios de la ciudad, ya que la fuerza del Estado allí era mínima. Por eso activaron varias operaciones policiales multitudinarias para detener el pasado marzo a más de 40 miembros de este Clan que fue responsable del doble asesinato en Salou (Tarragona) del 3 de mayo de 2023 del que dio cuenta Narcodiario. Fue un hecho realizado por un comando de sicarios de esta organización criminal de Marsella y que se cometió en pleno paseo marítimo de la ciudad turística catalana. Familias con niños presenciaron el asesinato y poco les importó. Así funcionan y esa fue su presentación en España.

Desde Málaga a Cataluña se han hecho un nombre y nadie quiere tener un problema con ellos. Ni otros narcos, ni las fuerzas de seguridad. La DZ Mafia no entiende el negocio sin violencia, algo que muy pocos más siguen en Europa, donde el narcotráfico se mueve, cuando hablamos de gran escala, de la forma más discreta posible.

Pero, como se ha visto últimamente, no solo son los marselleses los que preocupan por sus tácticas violentas. Los escoceses de los Lyons y los Daniels protagonizaron un recordado suceso en Fuengirola hace ahora un año, durante la final de la Champions League, por no hablar de los balcánicos de los Kavac y los Skaljari, que llevan años matándose por toda España, en especial en Barcelona. La guerra de los Kinahan y los Hutch, ahora muy diezmados ante la caída de su cúpula, ya es cosa del pasado, pero generaciones más jóvenes y ávidas de poder y dinero han tomado con fuerza el testigo.

Junto a Bara, que cayó detenido merced a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ejecutó con rapidez, fueron condenados a idéntica pena Gabriel Ory, otro de los grandes jefes de una red, la DZ Mafia, que es una hidra de distintos tentáculos interconectados. Ambos son considerados autores intelectuales de la muerte de Farid Tir, líder de un clan rival. En el caso de Ory, se le atribuyen tareas logísticas en el crimen.

Los restantes condenados, todos a penas ejemplares, fueron Karim Harrat, señalado como otro de los hombres fuertes de la DZ, y los dos sicarios que apretaron el gatillo en 2019, poco tiempo después de que Tir saliese de prisión. Su muerte estaba anunciada.

Ante la peligrosidad manifiesta de las personas que se sentaban en el banquillo, la Police Nationale desplegó un dispositivo excepcional para el juicio, que blindó por completo la ciudad de Marsella y en especial los alrededores de la sala de vistas.

Del 5 de marzo al 16 de abril, fuerzas especiales fueron movilizadas para garantizar la seguridad del juicio. En particular, han permitido la gestión de las escoltas y la protección de los miembros de la justicia y miembros de la red, con dispositivos adaptados a cada fase.

En complemento de la seguridad en tierra, se ha proporcionado un apoyo aéreo para detectar cualquier amenaza potencial, en particular los riesgos de ataque en los alrededores de los convoyes.

Este dispositivo también ha integrado la lucha antidrones gracias al vehículo VADOR, que permite identificar y neutralizar cualquier aparato susceptible de vigilar o apuntar al convoy.

Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

A mediados de marzo, antes de Semana Santa, Narcodiario informaba de la caída de la organización criminal afincada en el entorno de Huelva que se había convertido en una de las mayores suministradoras de cocaína a nivel nacional, rivalizando con los clanes gallegos y con clientes fijos en Países Bajos. Los logos de la droga intervenida dejaron patente su relación con la oficina desmantelada pocas semanas antes en Madrid.

Ahora, la Policía Nacional da cuenta del global de un operativo histórico en el que se intervino el mayor alijo de droga colombiana jamás visto en esa provincia, 5.000 kilos de cocaína, introducido mediante embarcaciones de alta velocidad. Los sospechosos trasladaban la droga hasta dos 'guarderías' ubicadas en la provincia onubense y en Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos, a saber, cinco españoles, tres serbios, un bosnio y un neerlandés, ingresaron en prisión.

El pasado 13 de marzo, varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución. Todo ello fue seguido muy de cerca por los especialistas antidroga de la Brigada Central de Estupefacientes.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto de la droga y comenzaron a actuar. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos —más de una tonelada de cocaína— fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón —Huelva—, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad —GOES—, los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación se saldó con diez personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación, la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra —cuatro Kalashnikov y un arma larga—, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

El operativo se une a otros recientes en los que, en ocasiones, los narcos gallegos se relacionan directamente con otros afincados en el entorno de Huelva, como se vio en la organización de Carlos Silla, ahora condenado, cuyos barcos empleaban esa zona para introducir parte de su mercancía. Relevante fue también en su momento la descarga a plena luz del día que captaron las cámaras pero que no pudo ser abortada en la que los narcos lucían AK—47 como los intervenidos en Gibraleón, y también importantes las acciones ejecutadas a lo largo del río Guadiana, otro de los canales de entrada de la droga en la Península por el suroeste.

La situación geográfica de la provincia, de cara al Océano Atlántico y muy cerca de África, la sitúa en el centro del escenario del narcotráfico. Tampoco hay que olvidar que esta zona está controlada por Sergio Mora Carrasco, alias El Yeyo, uno de los delincuentes más buscado de España y famoso por su pericia al volante de las lanchas rápidas, y vinculado recientemente con la trama del narcotúnel de Ceuta.

La Camorra, junto a la Cosa Nostra, fue la primera organización criminal internacional en instalarse permanentemente en España. Y esos retales se mantienen en el tiempo: su expansión por el país es una realidad bien conocida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia y por cualquier operador jurídico italiano relacionado con esa lucha. Y uno de sus enclaves predilectos está, como se ha visto en muchas ocasiones, en las Islas Canarias.

Cada pocos meses, cualquier tipo de operación contra algún clan mafioso en Italia tiene repercusiones en España. Entra dentro de la normalidad: hay tantos intereses para blanquear el dinero de la droga, la extorsión y los contratos públicos que manejan los clanes mafiosos que lo raro sería no cazar a algún mafioso en territorio español.

Algunas veces se detiene a algún despistado que ha llegado de vacaciones, pero una gran mayoría son fugitivos que residen continuamente en España y que están protegidos por las redes de los distintos clanes mafiosos, que ofrecen cualquier tipo de cobertura para lograr esquivar a la justicia italiana.

Esta semana, la División de la Dirección Antimafia de Nápoles volvió a atacar al temible Clan Casalesi de la Camorra de Caserta, liderado por el histórico capo Michele Zagaria. Coordinaron la investigación con el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri, el grupo de élite que, entre otras cuestiones, se encarga de combatir a la mafia en Italia.

Es uno de los cuerpos con mejores técnicas policiales del mundo y, por lo tanto, uno de los que mejor conocen cómo funciona un clan mafioso. Ellos son los que trabajan mano a mano con la Policía Nacional o la Guardia Civil española si se detecta que hay un objetivo de alto valor en nuestro país.

Uno de los 23 detenidos en esta importante operación fue arrestado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, un mafioso según la Dirección de Investigación Antimafia italiana y que desde 2022 se reconvirtió en un empresario inmobiliario que había fijado su residencia en Tenerife. Capaldo es el sobrino favorito del capo Michele Zagaria, uno de los criminales más brutales que ha tenido la Camorra en las dos últimas décadas.

La justicia italiana, con el magistrado antimafia Nicola Gratteri a la cabeza, ha vuelto a actuar contra esta organización criminal para revelar el poder económico generado a través de la venta de drogas, la extorsión y los contratos públicos ganados con empresas tapaderas a nombre de testaferros del Clan Casalesi.

Capaldo ha ido librándose de la justicia italiana en estos últimos años gracias a una gran labor de su equipo jurídico. En el último caso conocido acabó absuelto de una investigación por hacerse con el control de una de las mayores empresas de distribución de leche de la provincia de Caserta (Campania, Italia).

Capaldo es hijo de Beatrice Zagaria, la hermana mayor de Michele Zagaria. Ella tomó gran parte del control del clan tras el encarcelamiento de su hermano en 2011 y desde entonces cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos, narcotráfico y por el control mafioso del territorio.

La madre de Capaldo también fue condenada por pertenecer al clan Casalesi de la Camorra y por receptación de bienes robados. Acabó en prisión por realizar una de las labores que más respeto genera entre todos los miembros de un clan mafioso: controlaba los pagos directos a todos los miembros de la red criminal a los que se les asigna un salario, desde los encarcelados hasta los integrantes del clan que seguían operativos en la calle.

Y, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia, Filippo Capaldo aprendió contabilidad de su madre, ya que en Tenerife era propietario de una inmobiliaria, un bar lounge y un concesionario de motos y coches. En el registro mercantil de España solo está a su nombre la sociedad inmobiliaria, pero las otras están oficialmente en manos de personas de su confianza.

El periódico italiano Il Fatto Quotidiano reveló que dentro de los atestados policiales se recogen conversaciones de otros mafiosos a los que les preocupaba que, en tan solo cuatro años, Capaldo hubiera abierto tres negocios en Tenerife, ya que temían que eso despertara la atención de la justicia italiana. Algo que, por ahora, así ha sido.

En esta operación contra el Clan Casalesi, con 23 detenidos, en su mayoría en Caserta, también están los tíos de Capaldo: Antonio Zagaria y Carmine Zagaria. A estos arrestados se les investiga por asociación mafiosa, complicidad externa en asociación mafiosa, extorsión, usura, transferencia fraudulenta de bienes, competencia ilegal con violencia y amenazas, blanqueo de dinero, autoblanqueo, registro ficticio de bienes, posesión y porte de armas y municiones y narcotráfico.

En lo relacionado con España, principalmente se sigue el rastro de Filippo Capaldo porque es sospechoso de gestionar el fondo común del clan, algo que revelaría que ha heredado el puesto de su madre y la confianza de toda la organización criminal. Al sobrino del capo también se le vincula a una empresa de gestión de residuos en el feudo del clan, en la provincia de Caserta. En Italia, por este caso, que inició sus diligencias en 2019, se han incautado bienes por valor de 40 millones de euros.

La presencia en Tenerife de un supuesto miembro de alto rango de la Camorra no es nueva. Hace ya diez años se absolvió a los miembros del Clan Nuvoletta-Polverino de blanquear dinero de su clan en una sentencia de la Audiencia Nacional que Giuseppe Polverino celebró bastante desde la cárcel.

Lo que esto revela de nuevo, si luego se demuestra en sede judicial, es que la infiltración de la Camorra en la economía de España crece como la espuma. Y que un sobrino de un capo esté residiendo aquí es fruto de la importancia crucial que tienen para un clan de la Camorra ciertas partes de España: Islas Canarias, la Costa del Sol, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid.

La mafia italiana es experta en abrir negocios de hostelería para blanquear rápidamente dinero, pero también ofrece garantías de que esos negocios sean rentables y prósperos. Tienen buena mano en la cocina y les gusta, de ahí que sea uno de los negocios predilectos de los clanes.

Otro tema importante que resalta la investigación es la unión de los Casalesi con un clan de la ’Ndrangheta calabresa, también con tentáculos en España, que les abastecía de cocaína a buen precio. Un nexo clave en el desarrollo criminal de cualquier clan mafioso que se precie, ya que los grandes contactos de la ’Ndrangheta con proveedores sudamericanos hacen que paguen la droga a menor precio que los demás competidores, por lo que tienen más margen para ganar dinero con los estupefacientes que adquieren.

Todo ello vuelve a poner de relieve que la presencia de la Camorra en España no responde a episodios aislados, sino a una estrategia sostenida de implantación en territorios especialmente atractivos para el blanqueo, la inversión y la cobertura logística. Su capacidad para mezclarse con la economía legal, abrir negocios, tejer redes de confianza y aprovechar enclaves clave como Canarias, la Costa del Sol, Cataluña o Madrid demuestra que el poder de la mafia italiana en España sigue siendo profundo, silencioso y mucho más estructural de lo que a menudo se percibe.

Junto a todo esto, en España hay un elemento clave que hace que estas personas se afinquen en el país: la Justicia. No hay más que ver lo que ha sucedido con Filippo Capaldo, presunto jefe de la Camorra: apenas unas horas después de su detención ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Él ya sabe que vive en el paraíso del narco.

En la película El Señor de la Guerra, Nicolas Cage encarna a un traficante de armas ruso que vende su material militar al mejor postor, sin importarle el cliente que va a recibir su mercancía. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Hace escasas fechas, el día 20 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al búlgaro Peter Dimitrov Mirchev de un "complot para abastecer de armamento de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación". Este tipo fue arrestado en Madrid hace algunos meses a petición de los servicios secretos americanos, que llevaban tiempo tras él.

Dimitrov tiene un protagonismo principal en esta historia, pero hay actores secundarios que los harían optar firmemente a grandes premios de cine. Se trata de Elisha Odhiambo Asum, de Kenia, Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, y Michael Katungi Mpweire, de Uganda. Estos tres tipos son clave en el engranaje del contrabando de armas porque facilitaban la opción de conseguir un tipo de armamento que solo se puede adquirir legalmente si se pertenece a un ejército.

Dimitrov tenía un bagaje extenso en este aspecto. Según la Justicia de EEUU, llevaba 25 años dedicándose al tráfico de armas y era buen aliado del ruso Víktor But, un as del contrabando de armas que fue intercambiado por EEUU y que ahora ejerce como político regional en su Rusia natal. Se le conocía como El mercader de la muerte.

But fue el amo y señor de las guerras y los proxies de ciertos países, y de él aprendió Dimitrov. El búlgaro fue detenido el 8 de abril de 2025 en Madrid, y se desconoce qué tipo de labor estaba realizando en España, aunque seguro que no estaba de vacaciones.

No se descarta, y menos aún tras las últimas evidencias de presencia de los mexicanos en el país, que tuviera reuniones con emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, habida cuenta de que la presencia en España de esta organización criminal está más que probada: desde laboratorios de metanfetamina o cocaína hasta un control exhaustivo de que su mercancía llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

El interés de este traficante de armas búlgaro era colocar 58 millones de euros en armamento al CJNG, liderado en ese momento por el Mencho, y en su catálogo de venta se jactaba de poder conseguir hasta tanques.

Enviaba ese folleto como si se tratara de la elección de una cena en un restaurante, pero esta vez el plato llegaba en forma de proyectil. La presencia de los tres africanos era clave en su estructura porque podían conseguir, gracias a sus contactos, documentos que legalizaban los envíos de armas, ya que lograban obtenerlos de forma oficial simulando operar como si fuesen el ejército de Tanzania.

Querían hacer llegar al CJNG ametralladoras, lanzacohetes, granadas de mano, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Pero podían conseguir incluso misiles tierra-aire, lo que da una idea del tipo de recursos militares que necesitan ahora grupos criminales como los cárteles mexicanos.

La potencia de fuego que requieren para combates urbanos o a tumba abierta en espacios rurales es cada vez mayor: desde la especialización de operadores de drones que han participado activamente en la guerra de Ucrania hasta artilleros eficaces que disparen armas de calibre .50.

La necesidad crece en los brazos armados de los cárteles mexicanos y, para la expansión que busca el Cártel Jalisco, es imprescindible obtener personas capaces de abastecerles de armas sin acudir al mercado de EEUU, que es su principal opción.

Sin embargo, el CJNG no se fiaba desde hacía tiempo de poder seguir operando de la misma forma para hacer llegar tantas armas y munición como necesitan. El encargo de un pedido de 58 millones de euros en forma de arsenal ofrece una perspectiva de lo que una organización del calibre del CJNG mueve en forma de dinero. Y prueba que no era la primera vez que Dimitrov trabajaba con el Cártel Jalisco, al que le envió unos 50 fusiles de asalto Kalashnikov, como demuestran los investigadores norteamericanos.

Aquello fue la prueba de fuego y querían más: desde drones hasta los misiles tierra-aire mencionados antes. Todas estas armas son utilizadas en combates en los principales bastiones del Cartel, y que se haya extendido tanto esta organización criminal desde 2011 no es fruto de la casualidad. Todo responde a una estrategia criminal bien orquestada y ejecutada. El contacto con un traficante de armas búlgaro les permitiría obtener recursos militares en el momento en que quisieran efectuar ofensivas en zonas calientes como Michoacán, Guerrero o Guanajuato.

Aunque los cárteles consiguen con bastante facilidad fusiles de asalto y RPG desde EEUU a través del contrabando en su frontera, esa situación podría cambiar en cualquier momento si el Gobierno de turno de EEUU modificara ciertas pautas de compraventa y planificara una seguridad adaptada a una realidad en la que los principales fabricantes de armas de ese país abastecen los arsenales de los cárteles mexicanos.

Por eso, tipos como Dimitrov, con una experiencia extensa en estos menesteres, son clave para que una organización criminal del tamaño del CJNG funcione. Sin armas no son nada, porque estas constituyen la base de su poder. No hay otra cuestión de control de territorio que esa: en el momento en que otro Cártel tenga mejor armamento y hombres más entrenados, ese territorio pasa a ellos.

Es la única razón por la que están continuamente solicitando armamento cada vez más destructivo; están en ese juego del gato y el ratón mientras manejan drones con explosivos. Y a ello se suma que los blindados que utilizan han mejorado tanto que los convoyes en los que se desplazan por México están al nivel de milicias del Kurdistán iraquí o de Siria.

Dimitrov se enfrenta ahora a la cadena perpetua, al igual que sus compañeros de aventuras. Intentar sobornar a militares de media África es lo que tiene si pretendes abastecer de armas a una organización criminal considerada como terrorista por EEUU.

Para España no lo es; por eso, cuando extraditó desde Madrid a Peter Dimitrov Mirchev, la Audiencia Nacional decidió hacerlo sin los cargos por terrorismo. Aquí se sigue considerando que es solo una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero lo cierto es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos estrictos, puede considerarse una organización criminal que también comete atentados con fines subversivos para tener un control total de su territorio.

Y, tras la caída del Mencho, nada ha cambiado: las cuatro letras siguen vigentes y, por ahora, más vivas que nunca, aunque se quedaron sin su traficante internacional de armas de turno. Un señor de la guerra.

Hemos contado en diversas ocasiones la debilidad del sistema judicial en España, que acaba por beneficiar a los narcotraficantes. Incluso lo hemos relatado en un libro, Paraíso: por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial (Plaza & Janés, 2026). Absoluciones como la de Jonas Falk, alias El Pablo Escobar sueco; puestas en libertad con posterior fuga de altísimos dirigentes de la Mocro Mafia; la reciente liberación del Comandante Willy, jefe de Los Tiguerones de Ecuador... Por si esto fuera poco, una sentencia del Tribunal Constitucional fechada el 23 de febrero ha conseguido echar por tierra, literalmente, investigaciones de meses, incluso de años.

Fue el diario El País el que adelantó en su edición de este lunes la excarcelación de 24 investigados en el marco de la operación Sombra Negra, un amplísimo trabajo policial iniciado con la detección de un pecio fantasma en Lanzarote que servía de gasolinera para los narcos y que acabó con decenas de detenciones, la mayor parte de ellas en el Campo de Gibraltar, en relación con la introducción en España de miles de kilos de cocaína mediante toda clase de medios de transporte, incluidos narcosubmarinos y hexacópteros.

Para adoptar tal determinación, el Constitucional entiende que en muchos de los casos, incluidos los que están aún bajo secreto de las actuaciones, no se ha informado debidamente a los investigados acerca de los hechos que se les atribuyen. El marco legal señala que se les deben aportar unos mínimos datos. Sin embargo, el Alto Tribunal entiende que tales datos son casi siempre insuficientes, por lo que se vulnera el derecho de defensa de los detenidos. Ello hace que ordene a la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los narcotraficantes.

Esta medida no solo va a afectar a los investigados en la citada operación, sino a la práctica totalidad de las macrocausas contra las grandes redes del crimen organizado que se asientan en España y que han sido desmanteladas en los últimos meses. Por ejemplo, el cártel del Puerto de Valencia o la red presuntamente liderada por El Marqués de Sanlúcar, hijo, que, con apoyo de un guardia civil apodado Kobe Bryant, gestionaba, según la Policía, la llegada de grandes cargamentos de cocaína.

En esa causa, además, existen investigados en el exterior. Gran parte de la droga iba a parar a manos del cártel de Los Balcanes, que, además, disponía de varios comandos armados que también se dedicaban a asaltar mercantes en la ruta entre Vigo y Málaga, a la altura de Portugal, para rescatar alijos en altamar. Y en ella se produjeron arrestos en Belgrado. En esta y en muchas otras, las ramificaciones internacionales están presentes, y la nueva doctrina puede hacerlas venirse abajo como un castillo de naipes.

Esto será así porque, además de la excarcelación, la autoridad judicial instructora tendrá que facilitar mucha más información sobre las investigaciones a los sospechosos, tal y como ordena el Constitucional —que, por otra parte, se ampara en la legislación europea—. De ese modo, unos narcos podrán advertir a otros antes de que sean capturados, lo que dificultará al extremo el avance de las pesquisas.

Además, hay un factor añadido que, a partir de ahora, se convertirá en el enésimo obstáculo para quienes luchan contra el crimen organizado en España. Los tribunales instructores de las macrocausas –tanto la Audiencia Nacional como, en su caso, distintos tribunales de instancia regionales– tendrán que elaborar autos mucho más precisos cada vez que dicten un ingreso en prisión. Si ya disponen de poco tiempo, pocos medios y pocos recursos para su día a día, esta doctrina contribuirá aún más al colapso.

Una vez más, Narcodiario insiste en la urgente necesidad de la creación de juzgados especializados en crimen organizado en determinados puntos de España, siguiendo el modelo francés, para poder investigar con eficacia al tiempo que proteger los derechos constitucionales de los sospechosos de forma inequívoca desde el primer momento.

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero está provocando consecuencias a nivel mundial. Dado que el conflicto sigue escalando, la repercusión va a seguir creciendo. Narcodiario ya adelantó en su día algunas claves que afectan al crimen organizado, pero la situación no ha hecho má que empeorar.

La clave geoestratégica de todo el asunto es el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos necesitará bastante tiempo para tomar su control, si es que finalmente decide ejecutar una operación terrestre en la zona. El objetivo sería permitir el paso de petroleros, cargueros y portacontenedores que exportan al mundo sus materias primas desde Irán, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Esa es la fuerza de Irán en este conflicto, pues ha demostrado que tiene la capacidad de obstruir la economía mundial realizando pocas acciones bélicas en ese punto por el que no sólo atravesaba, según datos de Naciones Unidas, una semana antes de iniciarse la guerra el 38 por ciento del petróleo y el 19 por ciento del gas natural licuado mundial, y a su vez también los derivados del petróleo como el 28 por ciento del GLP que se consume en el mundo. A ello se le unen al menos el 13 por ciento de los fertilizantes mundiales y otros productos químicos esenciales para la producción.

Con 39 refinerías de petróleo atacadas en nueve países en Oriente Medio, incluyendo Irán, los tiempos para volver a la normalidad de producción no están cercanos. Un caso muy evidente es el de Qatar, que sufrió esta semana un ataque en su mayor planta de gas y que le hará perder 20.000 millones de dólares al año durante al menos tres años hasta poder recuperar la capacidad de producción.

Con este panorama de escalada bélica, han sucedido otros hechos derivados del conflicto con repercusión directa en Europa. En Róterdam y en Lieja atentaron contra una sinogoga, y en Ámsterdam contra una escuela judía. Los grupos terroristas que reivindicaron los atentados fueron los Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (El Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha).

Después de estas acciones, los vídeos de los hechos se movieron por canales de Telegram de grupos paramilitares chiítas que se encuentran en Irak –patrocinados por Irán–, ya que es un país con mayoría chiíta y controla a sus brazos armados.

Este tipo de actos financiados por Irán no son nuevos, y a tenor de esta guerra podrán ir a más. Ellos mismos amenazaron este viernes a todos los militares israelíes y estadounidenses cuando se encuentren de vacaciones en cualquier parte del mundo. Esto abre la posibilidad de que un soldado de EEUU que se encuentre de ocio en un país extranjero pueda ser asesinado allá donde esté.

Irán, en estos últimos años, ha utilizado a miembros de la Mocro Mafia y de los grupos criminales que operan en Suecia para cometer atentados y asesinatos. En España esto lo sufrió el político Alejo Vidal-Quadras, al que pretendieron asesinar a tiros el 9 de noviembre de 2023 en el centro de Madrid por apoyar a la oposición al régimen de los Ayatolás.

Quien le disparó en la cara fue Mehrez Ayari, un sicario de la Mocro Mafia que fue contratado por Sami Bekal Bounouare, un hispano-marroquí que nació en Palma Mallorca. La Audiencia Nacional que cree se encuentra en Irán en estos momentos tras haber huido a Marruecos después del atentado de Vidal Quadras. La aparición de la Mocro Mafia como 'proxy' del régimen iraní para cometer atentados en suelo europeo no es nueva.

En Países Bajos, los grupos de la Fuerza Quds de Irán, el ala militar que opera fuera del país, han estado presentes desde hace mucho y, si han querido asesinar a disidentes iraníes, han utilizado a sicarios de la Mocro Mafia. Por eso se investigó al poderoso narcotraficante Naoufal Fassih, del clan Ridoaun Taghi, que cumple condena a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos por participar en el atentado contra el disidente iraní Mohammad Reza Kolahi Samadi en 2015 en Almere (Países Bajos).

La aparición del grupo de Taghi con las fuerzas Quds siguió vigente para los servicios secretos de Países Bajos, que directamente creían hasta su captura en 2019 en Dubái que mantenía estrechas relaciones con Hezbollah y que en cierta manera estaba protegido por los Ayatolás. Esta relación con Irán fue una de las razones por las que Emiratos Árabes Unidos lo extraditó.

Desde los atentados del 7 de octubre de Hamas, la actividad de los grupos 'proxys' de Irán en Europa aumentó, y con ello sus alianzas con el crimen organizado. Los servicios secretos suecos, de EEUU y de Israel acusan al clan Foxtrot de Suecia de perpetrar el atentado contra la embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024.

El capo de esa organización criminal, que trafica con todo tipo de drogas en Suecia, principalmente con cocaína, es Rawa Majid. Está sancionado por el Tesoro de EEUU por ser parte de la red del Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán. Majid es un kurdo-iraquí que vivió gran parte de su vida en Suecia y que, tras la guerra interna de su organización, se marchó al Kurdistán iraquí para seguir controlando desde allí su empresa criminal que genera decenas de millones de euros.

La policía sueca se toma en serio que las mafias formadas por personas con ascendencia iraquí o iraní comiencen a atentar contra los intereses de EEUU y de Israel en en Suecia. Así lo ha declarado recientemente el jefe de investigación de la policía del país. Y más con el atentado que se organizó a principios de mes contra la embajada de Estados Unidos en Oslo (Noruega).

Esta guerra contra Irán hará que actores del crimen organizado sean una punta de lanza para influir en la seguridad de países europeos si el régimen de los Ayatolás decide cometer atacar lugares de interés para EEUU e Israel. Lo hicieron en el pasado en España, Países Bajos, Reino Unido, y Alemania, y podrán activar a sus células durmientes que tienen vinculaciones directas con grandes grupos criminales que operan en Europa.

La Mocro Mafia y las organizaciones suecas tienen contacto directo con Irán y pueden perpetrar atentados en toda Europa. Además, cuentan con aliados en otros lugares, como en Alemania, donde hay clanes importantes con pasado iraní.

La relación del crimen organizado con las acciones terroristas están en una fina línea que el régimen iraní está dispuesto a usar para forzar que se detengan los ataques contra su país, ya que es la única forma que tendrán de actuar si se ven completamente acorralados. Hacia ahí parece caminar el escenario, en vista de que la campaña militar sigue. Habrá sicarios que dejen de trabajar para el narcotráfico, y que su trabajo sea luchar por los intereses geopolíticos de Irán.

El mayor alijo de cocaína desde octubre de 2024, cuando el Cuerpo Nacional de Policía intervenía en Algeciras los 13.000 kilos de cocaína atribuidos a la organización del inspector jefe supuestamente corrupto, Óscar Sánchez Gil, en conexión con un gran entramado que opera entre España y Dubái, fue intervenido en los últimos días en Francia. En Dunkerque. Un puerto no muy conocido por la infiltración de los narcos (hasta ahora) pero que sí estaba en el radar policial. Tres contenedores que suman otros 13.000 kilos se convierten en la mayor intervención de polvo blanco sudamericano del presente año (y también del anterior) en tierras de Europa, si bien las autoridades del país galo no han podido relacionar los alijos, al menos por ahora, con sus propietarios.

David Amiel, ministro de Acción Pública y Cuentas, felicitó a los servicios de aduanas por las tres "incautaciones excepcionales de cocaína realizadas en el puerto de Dunkerque" los días 7, 12 y 18 de febrero, que suman más de 13 toneladas de estupefacientes.

Estas incautaciones, que incluyen 1,9 toneladas, 8,4 toneladas y 2,8 toneladas de cocaína, fueron aprehendidas a las redes criminales en menos de dos semanas. La mercancía interceptada representa un valor minorista de casi 865 millones de euros.

Tras la publicación del informe anual de aduanas francés el 19 de febrero en Bercy, estas tres incautaciones sucesivas confirman la creciente capacidad operativa y analítica de los agentes de aduanas de Francia frente al narcotráfico internacional, así como su constante compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

Después de marcar un histórico récord en 2025, año en el que se incautaron en el país cerca de 109 toneladas de estupefacientes con un valor mayorista estimado de 2.190 millones de euros, el trabajo policial sigue avanzando en Francia. Así, si el año pasado los servicios de aduanas interceptaron una cifra récord de 31,26 toneladas de cocaína, lo que suponía un aumento del 49% con respecto a 2024, con esta triple incautación suman casi la mitad de todo lo decomisado en los doce meses precedentes.

David Amiel declaró: "Tras un 2025 marcado por la histórica incautación de más de 31 toneladas de cocaína por parte de la Aduana francesa, estas tres incautaciones a gran escala llevadas a cabo en Dunkerque sólo en el mes de febrero demuestran que los servicios y agentes de aduanas mantienen su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico".

Más allá de las declaraciones del ministro, hay una cuestión sobre la mesa: los narcos apuestan por puertos menos vigilados y retoman los grandes envíos en contenedores, por toneladas. Así, en Francia, han decidido operar en Dunkerque, huyendo de la vigilancia existente en Le Havre, hasta que han sido detectados. Y lo han hecho no con pequeños cargamentos, como venía siendo habitual desde el golpe policial de Algeciras citado anteriormente, sino, de nuevo, con alijos colosales valorados en cientos de millones de euros. En esta ocasión, han arriesgado mucho y han perdido.

No existe una confirmación por escrito, pero la noticia se da por buena. Así lo desvelan fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil, dos de los cuerpos de seguridad que seguían la pista de Sebastián Marset, líder del que se vino a denominar Primer Cártel de Uruguay, socio directo del Primeiro Comando da Capital y de la 'Ndrangheta italiana, y acusado de enviar toneladas de cocaína entre Sudamérica y Europa en contenedores marítimos.

Marset fue capturado en el barrio de Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la localidad en la que, según distintas fuentes, lleva años instalado gracias a sus relaciones directas con las organizaciones que allí operan y, tal vez, también con autoridades locales. Sin embargo, ha sido la policía del país andino la que ha ejecutado la operación. Así lo desvela Jalil Rachid, ministro de la citada Senad, que asegura haber recibido la información por parte de sus compañeros bolivianos.

Todo apunta a que Marset fue capturado en condiciones de seguridad y que junto a él cayeron varias personas que conformarían su núcleo de confianza en la localidad boliviana que, por otra parte, es bien conocida a nivel internacional por ser refugio de importantes redes criminales dedicadas al narcotráfico, siendo un lugar ideal para coordinar los envíos de la droga que se produce en Bolivia hacia otros puntos de Sudamérica, especialmente hacia Brasil, y desde allí para su posterior traslado a Europa.

En cuanto al futuro del narco, y aunque su esposa, Giannina García Troche, está en una cárcel paraguaya acusada de presunto blanqueo, y que él mismo está considerado uno de los líderes del envío de droga hacia Europa en el marco de la operación Ultranza —la que sirvió para conocer la gran ruta de la cocaína desde Paraguay-, todo parece indicar que será extraditado a Estados Unidos, país que le reclama desde hace algún tiempo por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. Así lo deja entrever la presencia de la DEA en el operativo de forma coordinada con las autoridades paraguayas.

Distintos indicios le llegaron a vincular también con el asesinato del fiscal antidroga paraguayo, Marcelo Pecci, en la isla colombiana de Barú, pues se trataba del hombre que investigaba, entre otras actividades, las que se le atribuyen a él. Sin embargo, parece que estos hechos serán difíciles de acreditar, en especial por la muerte en prisión de uno de los testigos clave de lo sucedido.

El ministro Rachid señala que hay varios detenidos, de varias nacionalidades, que formaban parte de la estructura cercana a Sebastián Marset. "Por la información que recibimos se estaba moviendo en muchos lugares en Bolivia y se están produciendo registros en distintos puntos. La operación está completamente abierta", añadió.

Para el buen fin de cualquier negocio de narcotráfico a escala planetaria, el elemento más importante reside en la comunicación. En un escenario en el que las organizaciones criminales han apostado decididamente por los grandes alijos por vía marítima, la conexión entre embarcaciones de toda clase, desde narcolanchas hasta semisumergibles, de forma coordinada y en tiempo real, resulta imprescindible. Lo saben bien los tripulantes de la flota de embarcaciones que se halla en aguas del Atlántico a la espera de instrucciones, y también los intrépidos pilotos que se atreven a cruzar el largo camino entre Sudamérica y Europa en narcosubmarino para hacer llegar la cocaína a su destino.

Ya desde la década de 1990, las fuerzas de seguridad tenían la obsesión de acceder a las comunicaciones de los narcos, no solo en España –especialmente en Galicia–, sino también en el resto de Europa y en Sudamérica, que ya entonces eran las zonas más calientes. Fue entonces cuando comenzaron a avanzar en ese sentido con la intervención de los teléfonos, primero de los fijos y posteriormente también de los móviles e incluso, más adelante, de determinados terminales con conexión satelital. Todo ello sirvió para dar duros golpes a los narcos, que, como siempre, buscaron alternativas.

Así, con el cambio de siglo comenzaron las comunicaciones a través de Internet, bien mediante correos electrónicos, bien por otros sistemas difíciles de rastrear, a las que se añadió el uso generalizado de teléfonos BlackBerry, cuyos sistemas de encriptación sirvieron de mucho a los narcos durante algún tiempo.

En paralelo al uso habitual de Internet surgieron las primeras aplicaciones encriptadas, que comenzaron por ser más sencillas pero que acabaron convirtiéndose en auténticas herramientas de trabajo para los narcos, tales como Sky-ECC o EncroChat, por citar a las más famosas. Sin embargo, después de la pandemia, las autoridades de distintos países lograron localizar sus servidores, ubicados en la localidad francesa de Roubaix y desde donde daban cobertura al crimen organizado de todo el mundo. Fue en 2021 y a fecha de hoy, los narcos siguen cayendo merced a esa desencriptación.

Sin embargo, y una vez más, los criminales han ido un paso por delante, colocándose en un estadio superior en el que logran comunicarse a distancia sin miedo, al menos por ahora, a ser detectados por las autoridades. Y lo han hecho, cómo no, de la mano de las nuevas tecnologías.

La primera gran evidencia detectada por Narcodiario de que los criminales apostaban por las antenas Starlink del magnate Elon Musk se produjo en febrero de 2024. Este medio contó en exclusiva que Kiko El Cabra y su gente, que habían sido detenidos y estaban en prisión por ello, no habían sido los autores del crimen de Barbate en el que una narcolancha embistió a una zodiac de la Guardia Civil, matando a dos agentes en el acto. Para ofrecer esa información, nos fijamos en las características de la lancha tripulada por El Cabra, que, además del navegador Garmin que por entonces llevaban todas las embarcaciones de su clase, lucía una segunda antena que en aquel momento no era aún muy conocida. Era una Starlink. Y su presencia sirvió para acreditar que esa lancha estaba alejada del lugar cuando se produjo la dramática escena.

Por entonces no estaban muy extendidas, pero empezaban a verse en el Sur de España. Ahora, las Starlink están montadas en todas las planeadoras, incluso en los narcosubmarinos, que en ocasiones llevan hasta dos de ellas.

La Starlink ofrece una conexión en movimiento, adaptada para vehículos, con una calidad altísima, similar a la que aporta la fibra óptica, incluso en las zonas más remotas de la tierra. Está preparada, además, para resistir todas las inclemencias del tiempo, lo que asegura un buen funcionamiento en circunstancias adversas. Y lo más importante: le permite a los narcos comunicarse en tiempo real, solo con usar aplicaciones encriptadas que cualquiera puede manejar en sus teléfonos, tales como Signal o Telegram, sin ser detectados por la Policía.

Starlink es, pues, una auténtica revolución para los narcos. Cualquiera puede acceder a sus servicios por satélites solo con comprarse una antena y pagar una cuota mensual que, para estas redes criminales, resulta ridícula. Elon Musk, propietario de SpaceX -la firma que está detrás de este sistema-, además de dueño de Tesla o de la plataforma X, antigua Twitter, tiene las llaves. De su poder puede surgir alguna idea para que las fuerzas de seguridad vuelvan a tener opciones y puedan seguir la pista de las redes criminales con más eficacia.

La realidad actual es que este sistema ya no solo es preferente en España y en otros países avanzados, sino también en Latinoamérica. Para muestra, basta con observar la última incautación ejecutada por la Armada Nacional de Colombia en aguas del río Arauca, en el entorno de la frontera con Venezuela, otra de las zonas calientes para el narcotráfico a nivel mundial. En una lancha, los uniformados hallaron 110 antenas cuyo más que probable destino eran las redes del crimen organizado de la región, bien para sus laboratorios, sus astilleros clandestinos o sus embarcaciones.

Otro ejemplo muy gráfico que reveló Narcodiario meses atrás fue el del primer narcosubmarino teledirigido intervenido en altamar hasta el momento, también en Colombia, sin tripulación pero dotado de una de estas famosas antenas de Elon Musk.

La era de los narcosubmarinos afecta no solo a España, país elegido por cárteles de todo el mundo para recibir grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por este medio de transporte, sino también a Centroamérica y, cada vez con más fuerza, a Australia. Ese es el más que probable destino del mayor semisumergible jamás intervenido hasta la fecha en cualquier lugar del planeta: 35 metros de eslora, con capacidad para cuatro tripulantes y más de 5.000 kilos de cocaína.

El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de isla Santa Rosa, en la costa del Pacífico, en terreno de Ecuador pero a muy pocos kilómetros de distancia de la frontera sur de Colombia. El lugar de la incautación esta próximo al punto en el que se había apresado el aparato que lucía el anterior récord en cuanto a tamaño, 30 metros, si bien en aquel caso se trataba de un aparato diferente, con motores fueraborda y, por lo tanto, un destino distinto: acercar la sustancia a Centroamérica para su envío a México.

En el caso que acaba de trascender, todo apunta a un objetivo muy distinto: Australia. Ello es así no solo por el lugar en el que fue localizado, en la costa del Pacífico, sino por sus características: es un aparato de bajo perfil muy similar a los que han sido hallados en España o en el Atlántico en dirección a Europa: motorización intraborda, propulsión diésel y gran capacidad para el combustible. De hecho, tenía en su interior 24.000 litros, cantidad más que suficiente como para alcanzar Nueva Zelanda o Australia sin repostar, dada la eficiencia de los citados motores.

En cuanto a la propiedad del aparato, no ha podido ser esclarecida, aunque las investigaciones propias de Narcodiario apuntan a una alianza entre organizaciones locales y el cártel Jalisco Nueva Generación, dominador de buena parte de las nuevas rutas que acaban en el mercado mundial donde la cocaína ofrece mayores beneficios: el australiano.

La operación se desarrolló en una zona marítimo-fluvial y a cargo de efectivos de la Armada de Ecuador, e incluyó la localización de todo un campamento en el que se preparaban embarcaciones como esta para su partida. Se trata de una especie de astillero clandestino ubicado en el corazón de la reserva natural del Cayapas-Mataje. La estructura es, sin embargo, diferente a la que se encontró recientemente en La Guajira colombiana.

Cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros por las personas que custodiaban el enclave, si bien en el marco de la refriega, consiguieron hacerles huir. El primer hallazgo fue el semisumergible, amarrado en uno de los brazos fluviales del enclave y preparado para afrontar una gran travesía marítima, como se ha dicho, ya con el combustible en sus depósitos.

En el astillero también había seis pequeñas lanchas construidas, igual que el semisumergible, en fibra de vidrio, además de numerosas garrafas de combustible, todas ellas de diésel, motores fueraborda, equipos de navegación y una escopeta, entre otros efectos. También se localizaron colchones de un tamaño específico para introducir en los narcosubmarinos, similares a los que se han visto ya en anteriores ocasiones.

El aparato y el resto de evidencias fueron remolcados a muelle para proseguir con las pesquisas que, en todo caso, han servido para evitar al menos un gran viaje oceánico con cocaína.

Yusef Mohamed Lehrech, más conocido como El Pastilla, conocido sicario del Campo de Gibraltar y que saltó a la fama tras su fuga de la prisión de Alcalá Meco y su posterior arresto en Alemania a manos de la Udyco Central –todo ello tras la presunta comisión de al menos dos asesinatos por encargo– acaba de ser absuelto de uno de los crímenes que se le atribuían.

Se trata de la muerte de un trabajador del puerto de Algeciras que, según diversas fuentes, habría confundido con otro vecino del barrio de El Saladillo, donde se produjo el crimen, al que le habrían encargado asesinar en el marco de la guerra entre clanes de la droga de esa región. Las facciones enfrentadas, encabezadas por alias Piolín y alias Tayena, acabaron muy mal: el propio Pastilla mató –él mismo lo confesó– al citado Tayena, para el que había trabajando con anterioridad, en un segundo asesinato por el que será juzgado en septiembre.

El Pastilla, que ahora tiene 22 años –cometió el crimen con solo 19–, fue juzgado y condenado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cádiz en junio pasado. Entonces se entendió plenamente acreditado que el joven disparó "a cambio de un precio" y por la espalda a la víctima, todo ello ataviado con ropa oscura y el rostro tapado con el objetivo de ocultar su identidad.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado la decisión opuesta, y ha revocado dicho dictamen absolviendo al Pastilla, que había sido condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por el asesinato del mes de octubre de 2022, condena que le fue impuesta tras el veredicto de culpabilidad emitido por el citado jurado popular, por mayoría de siete votos.

En una sentencia dictada el día 19 de febrero, el TSJA estima de este modo el recurso de apelación formulado por la defensa del condenado contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó al acusado a 22 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato con alevosía y mediante precio y con la circunstancia agravante de disfraz.

Así, el TSJA absuelve al acusado al considerar que en este caso se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”.

La Audiencia de Cádiz consideró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del día 6 de octubre de 2022, cuando el acusado se dirigió a una calle concreta de Algeciras donde se encontraba la víctima y, “con ánimo de acabar con su vida”, le disparó con una pistola, a consecuencia de lo cual el agredido falleció a las 22.30 horas del día de los hechos en un centro hospitalario.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, el acusado “asumió el encargo de matar” a la víctima “a cambio de una suma de dinero” y cometió los hechos “de forma sorpresiva, disparándole por la espalda, garantizando así el resultado que pretendía al no poder la víctima defenderse ni pedir ayuda”. Además, y según el veredicto del jurado, el encausado “cometió los hechos vistiendo ropa oscura, llevando guantes negros y sobre la cabeza la capucha de una sudadera, con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”.

Frente a ello, el TSJA declara probado que “una persona disparó” contra la víctima el día 6 de octubre de 2022 “con ánimo de acabar con su vida, causándole la muerte”, no habiendo quedado acreditado que dicha persona fuera el acusado.

En este caso, añade, “lo que ha de determinarse es si la íntima convicción de siete de los nueve jurados estuvo basada en un material probatorio que deba valorarse como suficiente y no si este tribunal comparte su convicción subjetiva o intuición”, de modo que “se trata de determinar si la afirmación de los testigos 1 y 2 en sede policial de que una fotografía de las varias que se les presentaron se corresponde con la persona que efectuó los disparos sirve como prueba de identificación del autor tras haber sido ratificada formalmente en el plenario sin mediar rueda de reconocimiento en el Juzgado de Instrucción ni efectuarse identificación visual en el acto del juicio”.

Al hilo, el TSJA señala que “la identificación del autor era en este caso especialmente complicada, porque iba oculto con una capucha de una sudadera “con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”, una premisa de la que “hemos de partir por ser hecho probado y haberse apreciado la concurrencia de una agravante de disfraz”.

El TSJA afirma que en este caso “existe como dato fundamental el reconocimiento fotográfico del acusado” por parte de do testigos protegidos, pero “es sabido que el reconocimiento fotográfico en sede policial por un testigo no es un medio probatorio, sino una diligencia apta para iniciar, proseguir o reconducir líneas de investigación”, de forma que, “para que el reconocimiento valga como prueba testifical (por tanto, con valor de prueba directa), es necesario que se proceda a la práctica de un reconocimiento en rueda con todas las garantías en sede judicial y con presencia de la defensa, cuyo resultado sí puede introducirse en el juicio oral como prueba anticipada (dadas las dificultades de proceder a un reconocimiento en rueda en el acto del juicio), a menos que por razones excepcionales el reconocimiento en rueda no pudiera practicarse”.

En este sentido, el TSJA subraya que “tal exigencia de un reconocimiento en rueda es particularmente importante en casos como el presente, en que las condiciones para la identificación son débiles o precarias (ya sea por la escasa visibilidad, o por el hecho de que el autor hubiere intentado ocultar su rostro)”. “No cabe duda de que una identificación en esas condiciones, y con presencia del abogado defensor, suministraría, objetivamente, un fundamento con mayor convicción que el sólo hecho de identificar una fotografía sin que haya constancia de las circunstancias en que se produjo tal identificación al no haber presencia judicial ni de la defensa del incriminado sobre el que ya existían sospechas”, apostilla.

El TSJA asevera que, en este caso, “no se practicó el reconocimiento en rueda, por razones que no han quedado explicadas, sin que se haya puesto en duda que el testigo y el acusado (en situación de prisión provisional por otra causa) hubiesen estado a disposición judicial para su práctica”.

“No es preciso, en este caso, aludir a que la posibilidad de sustituir el reconocimiento en rueda por la identificación visual directa en juicio deba responder a razones excepcionales que no consta que concurrieran, ni al importante riesgo de contaminación o debilidad epistemológica del tal modo de proceder, por cuanto, como afirma la defensa en su recurso y discuten con ambigüedad las acusaciones al impugnar el recurso, lo cierto es que en el acto del juicio no hubo tampoco reconocimiento o identificación visual, por la sencilla razón de que los testigos protegidos 1 y 2 declararon por videoconferencia y, según queda constancia en la grabación del juicio, no hubo contacto visual, pues así lo hizo constar la magistrada presidenta al inicio del interrogatorio de uno y otro, avisándole de que en cada momento le iría diciendo quién le interrogaba, pues el testigo no los iba a ver”, pone de manifiesto el TSJA.

De este modo, y según prosigue la sentencia, “lo que hicieron los testigos fue, pues, “ratificar” que en sede policial identificaron a una persona, pero una cosa es ratificar un reconocimiento ya efectuado, y otra bien distinta es volver a reconocer, en presencia del jurado y de las partes”, señalando el TSJA que, “por más que alguna sentencia parezca asimilar ambas cosas, o no distinguirlas, lo cierto es que no pueden confundirse, pues en un caso no hay más que ratificación de una diligencia policial que es reproducible y carece por sí de valor probatorio, y en el otro caso hay una prueba efectuada en presencia judicial y con todas las garantías, susceptible por tanto de valoración”.

El TSJA considera que en este caso es de aplicación el criterio que dejaron sentado dos sentencias del Tribunal Supremo que “sí distinguieron con precisión la ratificación del reconocimiento policial y el reconocimiento practicado en el plenario”, en base a todo lo cual el TSJA considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”, por lo que revoca la sentencia dictada condenatoria dictada por la Audiencia de Cádiz y absuelve al acusado.

El narcotráfico es un negocio ilegal que no vive de espaldas a la geopolítica. De hecho, su influencia es bastante patente, como se ha podido ver en los últimos meses con los movimientos que desde el Gobierno de Trump se han ido realizando en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro. No hay que olvidar que el ataque a varios puestos militares en territorio venezolano fue la excusa para detener por narcotráfico al que había sido presidente del país desde 2013. Fue una campaña que se intensificó con los ataques selectivos por parte del ejército de EEUU a narcolanchas que están supuestamente involucradas en operaciones de cierto nivel.

Esta semana ha vuelto a quedar claro que esos ataques eran más que un hecho puntual, pero ahora la prioridad para EEUU es resolver su conflicto con el régimen iraní. Si se produce la escalada bélica y se sostiene durante un tiempo, va a tener influencia directa en el narcotráfico mundial.

El traslado de los cientos de aviones de la US Air Force que se han desplazado desde enero, primero de EEUU a Europa, y luego desde aquí hacia Oriente Medio, va a tener consecuencias directas en la información de inteligencia que la DEA tiene de los movimientos del narcotráfico en España. Las bases de Rota y Morón de la Frontera son cruciales en la logística de estas operaciones para presionar a Irán, y por aquí se han podido ver decenas de aviones cisterna, de transporte, cazas de combate, de defensa aérea y de Inteligencia.

Se ha 'mapeado' toda la situación operacional del Estrecho de Gibraltar para que pueda discurrir por él sin problema el que ahora es el portaviones de vanguardia de la marina de EEUU, el George R. Ford. Y por ello, cualquiera de las decenas de narcolanchas que se hallan en espera de alijar en las costas españolas han sido detectadas.

Esto puede servir en el futuro para que la DEA conozca puntos de referencia de transbordos de la droga de narcosubmarinos o mercantes que hayan transportado cocaína, ya que el hachís no le interesa lo más mínimo a la Administración de Control de Drogas de EEUU.

Estas 'gomas' en espera son un quebradero de cabeza para navieras que están cada vez más preocupadas porque puedan provocar algún accidente con daños en sus buques. Precisamente esta misma semana se emitió una alerta de Salvamento Marítimo por una narcolancha que se encontraba a la deriva a 45 millas de Cádiz antes de embocar el Estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema estrictamente iraní, si EEUU ataca el país, todo Oriente Medio se desestabilizará de nuevo y las rutas de drogas hacia Europa o a través de Asia van a acabar afectadas. Los primeros clanes en cambiar rutas o personas de confianza serán los narcotraficantes vinculados de alguna manera con Hizbulá. Esta organización libanesa tiene fuertes vínculos tantos personales como económicos con el régimen teocrático de Irán y, si caen los Ayatolás, ellos tendrán que adaptarse a una nueva situación.

Esta circunstancia les puede perjudicar, porque ya desde años el brazo armado de Hizbulá (considerado terrorista por la UE) contaba en Sudamérica con hombres como Nasser Abbas Bahmad, que desde Ciudad del Este (Paraguay) supuestamente controló envíos de cocaína hacia Europa y Oriente Medio mezclados en carbón vegetal.

Según Agustín Ceruse, de Encriptada, Abbas era el hombre más buscado por la DEA en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, ya que se estableció allí para financiar a Hizbulá. Una situación que se descubrió en 2021; y por ahora sigue fugitivo. Se cree que es responsable de producir carbón vegetal que luego se utilizaba para esconder cocaína en contenedores marítimos como los que llegaron a Algeciras procedentes de Paraguay el 11 de noviembre de 2020 con más de 2.000 kilos de este droga. También hay otros envíos sospechosos hacia Siria o Israel.

Con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos en Oriente Medio —con refuerzos aéreos y movimientos en bases de países aliados como Jordania o Emiratos Árabes Unidos— muchos analistas consideran que la presión sobre Irán es real y que el riesgo de un ataque militar es bastante alto.

Si la estrategia impulsada por Donald Trump terminara provocando la caída del líder supremo, Ali Jamenei, o una fuerte desestabilización del régimen, uno de los efectos inmediatos sería el deterioro de la seguridad interna iraní. Esto es especialmente relevante para el narcotráfico mundial porque Irán es un territorio clave, hasta hace un tiempo en la llamada ruta de los opiáceos procedentes de Afganistán, aunque ahora estos ya se producen en buena medida en el propio país tras el retorno de los talibanes y sus políticas de prohibición de cultivo de la adormidera. Gran parte de la heroína que abastece a Europa pasa por suelo iraní antes de dirigirse hacia Turquía, los Balcanes y posteriormente al mercado europeo.

Si el aparato de seguridad iraní se debilitara por una crisis política, una guerra o luchas internas, las redes criminales podrían aprovechar el vacío de poder para incrementar el tráfico, abrir nuevas rutas o reducir los riesgos logísticos del transporte.

Históricamente, cada vez que un Estado que controla un corredor estratégico pierde capacidad de vigilancia, el crimen organizado se adapta rápidamente y expande sus operaciones. En este contexto, también podrían fortalecerse organizaciones criminales vinculadas a la diáspora iraní en Europa, especialmente aquellas asentadas en países como Alemania, que en los últimos años han ganado presencia en redes de tráfico y blanqueo. Para estos grupos, un Irán más inestable significaría más facilidad para coordinar envíos, mover dinero y consolidar su papel dentro del mercado global de la droga.

A este escenario se suma el impacto que tendría una escalada regional en las principales rutas marítimas. Si Estados Unidos atacara Irán, Teherán podría responder presionando el tráfico comercial internacional mediante ataques indirectos o acciones de sus aliados, como los hutíes, contra buques mercantes que transitan por el Canal de Suez. Esto encajaría con la lógica estratégica iraní de golpear el comercio global sin enfrentarse directamente a la superioridad militar estadounidense.

Para el narcotráfico, una alteración de esta arteria entre Asia y Europa tendría consecuencias inmediatas: desvíos de rutas, saturación de otros puertos y menor capacidad de inspección. En contextos de crisis logística, las redes criminales suelen aprovechar el aumento del volumen y el desorden comercial para mover droga con mayor facilidad.

Una guerra contra Irán no solo sacudiría la política y la economía mundial, sino que también tendría un efecto inmediato sobre las rutas del narco. La inestabilidad interna y los cambios en las rutas comerciales podrían abrir nuevas ventanas para el crimen organizado mundial, alterando mercados y flujos de drogas que hoy se creían controlados. Europa y Asia podrían ver un aumento en la presencia de redes iraníes que buscan aprovechar el vacío de poder que dejarían los ayatolás. En definitiva, el conflicto reconfiguraría el ecosistema global del narcotráfico durante años.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a una persona por su presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato. El arrestado había realizado un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España que, por suerte, fue desmantelado en marzo de 2025, todo ello con el objetivo de acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.

Junto al principal sospechoso, en el marco de la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Esta detención es fruto del análisis de la información obtenida tras la citada operación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio de España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo. Llegaron incluso a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima objeto del encargo obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación inicial, bautizada Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes se detallaba el plan para perpetrar el homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, decretando su ingreso en prisión. La presencia de organizaciones como la salvadoreña que acepta encargos de asesinatos a tan bajo precio genera un gran problema de seguridad ciudadana en España.

Al mismo tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen desplegadas en todas las rías gallegas en busca del último semisumergible con cocaína detectado en esas aguas del noroeste de España, efectivos de la Armada Nacional de Colombia ejecutaban la fase final de una acción policial con pocos precedentes en el país. Los uniformados detectaron un astillero en el que se producían los narcosubmarinos que acaban en Europa, además de otras lanchas de bajo perfil empleadas para el transporte de la cocaína. Ocurrió en el desierto de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Fueron labores de inteligencia naval de la Armada de Colombia las que permitieron determinar que, en medio del desierto, en las cercanías de Bahía Hondita, en Uribia, organizaciones transnacionales al servicio del Clan del Golfo ocultaban un complejo astillero artesanal para la fabricación de semisumergibles y el transporte de los mismos desde el árido desierto hasta el mar.

Los uniformados explicaron que los aparatos se fabricaban en zonas de manglar, donde eran preparados para ser cargados con clorhidrato de cocaína. El objetivo final era "alcanzar la ruta transatlántica que comprende el Caribe oriental desde Colombia pasando por Las Antillas hasta llegar al continente europeo".

Una vez confirmada la información, se activó una robusta operación conjunta en la que durante cinco días consecutivos participaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que, desde el cielo, monitoreaban la zona y garantizaban el ingreso seguro de las tropas en tierra.

Entre tanto, unidades navales de la Armada de Colombia se posicionaron en el área de operaciones, para realizar un cierre marítimo. Mientras, tropas del Ejército Nacional y unidades de Infantería de Marina ingresaban por tierra con maniobras decisivas.

Al consolidar el área, las autoridades colombianas lograron el hallazgo de un centro logístico neurálgico para el alistamiento, abastecimiento y proyección de medios empleados en el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia Europa en narcosubmarinos, como el incautado recientemente en las Islas Azores.

Fueron tropas de la Primera División del Ejército Nacional las que, en la acción conjunta, lograron ubicar un astillero artesanal clandestino con la capacidad para la construcción y adecuación de semisumergibles. Allí encontraron un fusil y un revólver, pero lo más importante fueron los materiales para fabricación en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques especializados (cama baja) y elementos logísticos destinados al almacenamiento y transporte de combustible, evidenciando la existencia de una infraestructura estable para el sostenimiento de estas actividades ilícitas.

Paralelamente, cerca de la zona, unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, medios aeronavales y comandos navales de la Fuerza Naval del Caribe hallaron en una bahía que conecta con aguas abiertas un semisumergible listo para ser lanzado al mar, con capacidad estimada para transportar hasta diez toneladas de droga, y equipado con dos motores.

Además, incautaron una lancha rápida de bajo perfil con capacidad de carga cercana a las tres toneladas de sustancias ilícitas y propulsada por cuatro motores de alta potencia. En el área también fueron encontrados más de 3.000 galones de combustible (más de 12.000 litros), equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación.

Ante la presión y despliegue operacional, las estructuras criminales dejaron abandonado el complejo artesanal antes de la llegada de los uniformados. El complejo fue destruido de manera controlada conforme a los protocolos establecidos.

El desarrollo de esta operación evita la configuración del acto delictivo e interrumpe la capacidad de transportar sustancias ilícitas desde Colombia hacia el continente europeo y, en especial, hacia España y Galicia, destino habitual de estas embarcaciones.

Se trata de la segunda fábrica de semisumergibles de este tipo localizada en América Latina en los últimos meses, tras la hallada al norte de Brasil en otra acción conjunta, en aquel caso entre la Policía Federal de ese país y la Policía Nacional española, a través de los GRECO Galicia de Pontevedra.

Un vecino de Vigo estaba detrás de una parte importante del entramado criminal. Originario de República Dominicana, residía en una vivienda muy cercana a la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad olívica. Una señal inequívoca de que se sentía seguro. Su misión: reclutar a mujeres vulnerables para enviarlas en aviones a países terceros, especialmente Islandia, transportando drogas. Principalmente cocaína, pero también drogas de diseño. La organización, que cayó en el marco de una gran redada de Europol, es la segunda dedicada al narco por vía aérea que se viene abajo en 2026 tras la anunciada en estas líneas este lunes que enlazaba Brasil con España.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Policía Nacional y, en concreto, por la Udyco de Vigo, entre otras unidades, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust.

En el conjunto de la acción se ha desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello, como se ha dicho, correos humanos que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales.

La red obtuvo beneficios superiores a los 4 millones de euros gracias a la venta de drogas, que llegaban desde Sudamérica, los cuales se habrían blanqueado mediante propiedades y bienes inmobiliarios en Lituania.

La operación se ha saldado con la detención de 34 personas en distintos países europeos, cuatro de ellas en España, siete en Lituania, 20 en Islandia (15 de ellas españolas), dos en Bélgica y una en Dinamarca, y la incautación de más de 100 kilogramos de cocaína, además de otras drogas sintéticas.

La investigación se inició en febrero de 2025, cuando las autoridades policiales islandesas informaron a la Policía Nacional de la detención de dos ciudadanos españoles en el aeropuerto de Keflavík. Los arrestados transportaban en su equipaje ocho botellas de ron que contenían un total de 8.400 mililitros de base de cocaína líquida. La procedencia inicial era España, concretamente el Puesto Fronterizo de Bilbao.

Durante la misma, se constató la existencia de una organización criminal transnacional integrada por ciudadanos de diversas nacionalidades y liderada por un ciudadano ruso afincado en Lituania, considerado objetivo de alto valor por Europol.

Tras las primeras investigaciones se solicitó apoyo operativo a la Udyco para la localización e identificación de posibles integrantes de la organización que pudieran encontrarse en España, país de origen de la droga en Europa. Esta acción se implementó considerando la habitualidad con la que el líder de la red en España, que no era otro que el residente en las Rías Baixas gallegas, se desplazaba desde su base pontevedresa por ciudades españolas, tales como como Barcelona, Gijón y Viveiro (Lugo).

Desde entonces se produjeron diversas aprehensiones de cocaína en Islandia, transportada tanto en equipajes facturados como, en algunos casos, oculta en el interior del cuerpo de los correos, quienes eran detenidas en el mismo momento de la incautación.

El análisis del perfil de los detenidos permitió confirmar que los dirigentes del entramado criminal y, en concreto, el hombre que vivía cerca de la comisaría de Vigo, se servían de personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social, seleccionando mujeres sin recursos, con entornos familiares desestructurados y carentes de estabilidad social. La organización se aprovechaba de este contexto para instrumentalizarlas como 'mulas', ofreciéndoles a cambio una compensación económica mínima y claramente desproporcionada en relación con el riesgo asumido.

Gracias a la colaboración de los Puestos Fronterizos de Bilbao y Las Palmas, puntos de partida de los vuelos, se logró identificar a una de las personas responsables de acompañar a las ‘mulas’ hasta el aeropuerto, la cual supervisaba tanto la facturación del equipaje como el embarque en los vuelos correspondientes. Asimismo, se pudo alertar a las autoridades de Islandia y Lituania sobre sus desplazamientos, lo que permitió la incautación de la droga y la detención de los correos en su destino.

La labor operativa desarrollada por las distintas unidades participantes resultó determinante para la identificación de los miembros de la organización asentados en España, responsables del reclutamiento de las personas vulnerables y de la organización de los desplazamientos, llegando incluso a acompañarlas hasta su destino final.

Tras más de un año de investigación, en la que Europol y Eurojust desempeñaron un papel clave en la cooperación policial y judicial internacional. Así, el 4 de febrero de 2026 se llevó a cabo la explotación operativa simultánea en varios países de la Unión Europea. Para ello se estableció un Centro de Coordinación Operativa y un canal seguro de comunicaciones.

Durante la operación se realizaron 41 registros en total, donde se intervinieron numerosos terminales telefónicos e informáticos de gran interés, dinero en efectivo, monederos de criptomonedas y útiles para la fabricación de dobles fondos en maletas.

Desde el inicio de la investigación, se han incautado más de 100 kilogramos de cocaína, 5.100 pastillas de MDMA y alrededor de un kilogramo de ketamina y metanfetamina, lo que ha permitido desarticular por completo el entramado criminal. 15 ciudadanos españoles permanecen actualmente en prisión en Islandia.