Les propongo que imaginen una escena; es pura ficción pero podría pasar cualquier día. El estadio está lleno, como en las grandes ocasiones. Más de 80.000 personas abarrotan las gradas del Bernabéu para asistir a un espectáculo único, glorioso.

Un anciano sale al campo; es recibido con un largo aplauso que el aludido responde con un gesto amable. Llega al centro y, después de saludar a los tendidos, saca su cartera y extrae un billete de cincuenta euros que deposita cuidadosamente en el suelo. El público murmura entusiasmado porque el espectáculo está a punto de empezar; advirtamos que el entusiasmo no está en la sorpresa, porque todo el mundo sabe lo que sucederá a continuación, sino en el gozo de la contemplación divina. No es un truco de magia; es una epifanía.

El hombre saca otro billete y después otro más. Repite una y otra vez su gesto, armando sobre el suelo una columna que termina por alcanzar la altura de una persona, pongamos que 1,80 metros. Ya es una montonera. La gente aplaude y el anciano, visiblemente emocionado, repite el gesto para colocar otro billete en el suelo y armar una segunda columna que alcanza la misma altura. Arrecian los aplausos y el mago sigue sacando billetes y billetes mientras por la megafonía del estadio resuena, es inevitable, El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Finalmente, a un trepidante ritmo de un millón de billetes por minuto, el artista logra levantar en algo más de una hora, a la vista de los espectadores, la impresionante cantidad de 4.300 columnas de billetes sobre el campo de juego. Colocadas en fila, una detrás de otra, son suficientes para rodear el perímetro del campo, y aún sobrarían billetes para elevar cada columna por encima de los dos metros de altura. ¡Qué espectáculo grandioso! Todo el campo rodeado de una hermosa muralla de billetes; dentro de la muralla, el hombre solitario; afuera, 80.000 voces rugientes.

Las gradas son un clamor y el hombre decide arriesgarse. Toma todo su dinero y arma un solo pilar de billetes. Tienen que abrir el techo de la cubierta porque no caben. Con mucho esfuerzo, el hombre completa una columna que alcanza más de siete kilómetros de altura, un billete sobre otro. El hombre que saluda desde el albero es un empresario textil y lo que expone al público es simplemente lo que ha ganado en un año, solo en dividendos. Por alquileres ha ganado otra buena fortuna, que ya no cabe en el estadio. Puestos uno detrás de otro, los billetes conformarían una brillante línea continua, prácticamente infinita, que podría salir del Bernabéu y llegar hasta el Nou Camp, desde donde bajar, billete tras billete, hasta la Rosaleda de Málaga, para continuar hasta la Cartuja sevillana y de ahí prolongar la línea hasta Riazor, qué mejor sitio, para luego retornar al Bernabéu, dejando por los caminos de España los billetes como una senda de Pulgarcito.

La gente en el estadio aplaude sin caer en la cuenta de que el hombre afable de cartera ilimitada ha ganado en un año más que todos ellos juntos, aunque es posible que haya trabajado menos que cualquiera de ellos. En realidad, este dinero le viene no por hacer nada en especial sino únicamente por ser el dueño de unas acciones.

Es cierto que estas ganancias tendrán que tributar a Hacienda; sin embargo, y aquí viene otra curiosidad, es muy probable que lo que tenga que pagar este hombre sea bastante menos de lo que deban tributar en su conjunto las 80.000 voces que le aplauden. Esto es así por varias razones: primero, porque en España los trabajadores pagan más impuestos que las empresas; por eso los ricos usan sociedades instrumentales. Segundo, porque las rentas del trabajo están más gravadas que las rentas del capital. Mira tú: por lo que ganas sudando tributas más que por lo que ganas sin esfuerzo. Cosas muy extrañas, la verdad, de las que este hombre se beneficia.  

Este hombre afortunado tiene acciones de una empresa que vende ropa. Todas estas columnas de dinero están formadas por billetes que recibió de sus compradores; de cada 12 euros de ropa que vende en cualquiera de ellas, un euro va directamente a su bolsillo. Parecerá poco, pero es que ha vendido cerca de cuarenta mil millones de euros, más de seis billones de pesetas.

No quiero que se confundan: este hombre es un empresario de enorme éxito, un verdadero genio. No hay ninguna duda. No hay crítica posible al fascinante logro de levantar un imperio textil que da trabajo a decenas de miles de personas y mantiene una urdimbre de empresas auxiliares que sostiene el tejido industrial de comarcas enteras. Lo que ha conseguido es extraordinario, de un mérito admirable.

Aun así, la cantidad de dinero que recibe me cuestiona como ser humano. Es obvio que no es necesaria esta acumulación de fondos para que la empresa funcione. Este hombre tendría tres fórmulas para que sus ganancias se rebajaran hasta el rango de lo decente: pagar más a sus empleados, pagar más a la gente que le fabrica la ropa o cobrar menos a sus clientes por ella. No hace ninguna de estas tres cosas, y aquí ya hay una opción personal. En el mundo en el que vivimos, hay extensos manuales de economía aplicada que le explicarán a ustedes que cualquiera de estas tres opciones sería un inmenso error. No intenten comprender las razones.

Este hombre es el modelo de los tiempos que nos ha tocado vivir. El capital cada vez se acumula en un menor número de manos. Pueden elegir la estadística que prefieran: los ricos que suman el 0,001% del género humano tienen tres veces más dinero que el 50% de la población mundial en su conjunto. Los extensos manuales de economía les dirán, aun así, que los ricos pagan demasiados impuestos.

Convengamos que este hombre de gesto sereno no necesita tanto dinero para vivir: nadie puede dormir en 100 camas la misma noche ni embarcarse en 50 yates en la misma singladura. En su mayor parte, utiliza este dinero para comprar pisos, como los antiguos boticarios de provincias; se ha convertido en el mayor casero del mundo. Sería sencillo recurrir a una explicación patológica: a partir de una determinada masa crítica, el dinero adquiere conciencia de sí mismo, asume el control de la mente de su huésped y, como si fuera una de las babosas adheridas a la nuca que nos describió Robert A. Heinlein en Amos de títeres, toma él mismo las decisiones propicias para crecer y multiplicarse. Será por eso que la gente no se vuelve generosa a medida que se hace rica, sino más bien al revés.

Los billetes que el anciano exhibe sobre el campo no salieron de la nada; el año pasado estaban en los bolsillos de millones de personas. Hoy están en uno solo. Quizás lo más sorprendente de esta labor de esquilma y ordeño es que no genera ningún tipo de reacción social; tal vez responda a un cambio de paradigma donde el asalto al poder por parte del capital se ha completado, haciendo prescindibles las barreras de la hipocresía e inútiles los contrapesos históricos que se le oponían. Trump es otro arquetipo: se hizo presidente para ganar dinero; provoca guerras para ganar dinero; mata a iraníes o secuestra a venezolanos para ganar dinero, y lo dice sin escándalo. Todo se hace para ganar más porque la medida del éxito es estrictamente cuantitativa. Esta naturaleza extractiva del capitalismo siempre ha existido, aunque no en estos niveles: personas, países, civilizaciones enteras han basado su riqueza en comerciar con pobres, cobrando mucho y pagando poco, manteniendo una ósmosis cruel en las fronteras, abiertas para el oro y la ropa pero cerradas para los mineros y las tejedoras, condenadas a contemplar en Tik Tok nuestra ominosa prosperidad. Ya no hay límites.

Estamos instalados todos en la ética de la acumulación, donde resuena la promesa evangélica del emprendimiento: “A quien tiene, le será dado y tendrá en abundancia; y a quien no tiene, aun lo que tiene le será quitado” (Mateo 25:29). Con este respaldo, torcidamente interpretado, hincan las rodillas ante la Virgen de las Angustias de los Gitanos (¡qué país!) los Grandes de España que luego desalojan edificios enteros de inquilinos para hacer pisos turísticos; no les llega con sus palacios.

Lógicamente, para el espectáculo de la lluvia de billetes en el Bernabéu no han dejado pasar a ningún niño, no fuera a ser que gritara alguna insensatez y la gente advirtiera de repente que el hombre que saluda desde el centro está vestido y todos los espectadores, por más ropa que compren, están desnudos.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Habré visto la escena multitud de veces. Se ha puesto el sol y unos chicos están jugando en el salón de un chalet; han pedido pizzas para cenar, así que uno de ellos sale a la entrada a encontrarse con el repartidor. Cuando se dispone a regresar, escucha un sonido extraño en el cobertizo iluminado. Esta maravillosa escena de ET, delicadamente compuesta, con los grillos cantando mientras Elliot se acerca al peligro bajo una espléndida luna menguante asomando entre la niebla, ha hecho estremecer de emoción a generaciones de niños... de ciudad. A muchos de quienes nacieron en el campo les habrá hecho sonreír de incredulidad, porque bien saben que la luna menguante jamás aparece a la hora de la cena. Tal vez se nos diga que el responsable fue un técnico originario de Australia, donde ven la creciente invertida, pero lo verdaderamente asombroso es que ni Steven Spielberg ni las decenas de camarógrafos, fotógrafos, responsables de efectos especiales o directores de producción que revisaron el montaje cayeran en este error, que solo tiene una explicación: no han mirado nunca a la Luna. Ninguno de ellos se ha parado a verla nacer, crecer mientras se aleja del sol de poniente y decrecer mientras se acerca al sol del levante.

Los americanos no suelen miran a la Luna. Se fijaron en ella en los años sesenta, cuando la creyeron al alcance de los soviéticos, que antes del inicio de aquella década habían salido ya al espacio exterior y amenazaban con poner su bandera en la superficie. Los americanos ganaron la batalla, la pisaron y dejaron de hacerlo cuando comprobaron que la URSS desistía de su aventura. Fue, literalmente, una carrera, una de esas pruebas de fondo en las que, cuando se terminan, los corredores no desean otra cosa que regresar al punto de salida, al hogar. La meta quedó desierta, el objetivo abandonado y todos volvieron a sus casas sin saber muy bien por qué habían ido tan lejos. Hasta que otros comunistas, en este caso chinos, se plantean volver.  

El lema trumpista conocido como MAGA (Make America Great Again) tiene una sencilla impugnación: ninguno de sus aventados defensores puede señalar cuándo América fue más grande que hoy. Reconocer que lo fue en el pasado supone asumir que se ha empobrecido desde entonces; jamás reconocerán esta decadencia, así que la tosca e impresionante propaganda americana nos venderá la moto de que, en realidad, Estados Unidos nunca fue grande. Es curiosa la forma en la que la publicidad americana, en su afán por enaltecer el presente, no tiene empacho en borrar el glorioso pasado de su país con tal de conceder dicha gloria a los demiurgos genocidas que hoy lo dirigen, destructores de civilizaciones. En toda la historia de los Estados Unidos, que suma ya un cuarto de milenio, no ha existido ninguna victoria, ninguna ley, ningún discurso, ningún presidente tan fabulosos y ‘amazing’ como estos que hemos sufrido en los últimos meses.  

Los chinos nunca podrán ser los primeros en pisar la Luna porque el primero fue Neil Armstrong, pero su disposición a llevar ahora humanos a la superficie parece haber puesto en modo pánico a los americanos, que quieren llegar antes porque, en palabras del bufón, ellos nunca van a ser los segundos; quieren volver a ser los primeros pero no pueden, porque ya lo fueron. El enorme despliegue propagandístico americano, rastreable en el seguimiento que se está dando a la misión Artemis-2, muestra esta cruel paradoja: los americanos actúan como si nunca hubieran ido a la Luna. De hecho, han llegado a renunciar al nombre histórico de sus misiones Apolo, cambiándolo por el de su hermana gemela, Artemisa. Quieren empezar de cero.

Y la propaganda tiene éxito, claro, aunque con daños colaterales difíciles de evaluar. Porque según crecen las referencias al descomunal esfuerzo tecnológico de la misión, al titánico reto de ingeniería que ha supuesto poner en órbita lunar a cuatro astronautas o a la angustia agónica de su reentrada a la atmósfera, cada vez más gente se pregunta atónita cómo se las pudo apañar Armstrong para poner pie en el satélite hace casi sesenta años. Los medios de comunicación nos hablan de la misión como si la NASA hubiese traspapelado los planes de vuelo de los Apolo, como si una vez fallecidos los ingenieros heroicos de la época dorada, se hubieran olvidado de cómo ir a la Luna y hubieran necesitado volver a aprender los rudimentos del cálculo orbital. ¿Realmente hemos pisado la Luna? Ya ven ustedes cómo la propaganda excita la conspiración, algo previsible: para hacer extraordinaria esta misión han tenido que ningunear las anteriores.

Estos juegos de mercadotecnia llegan a extremos un tanto excesivos. Habrán leído que los astronautas de la Artemis-2 iban a sobrevolar la cara oculta de la Luna y ver cosas que ninguna persona habría visto jamás; ¿exactamente cuáles? La primera vez que pudimos ver la cara oculta fue con las fotografías que la sonda soviética Luna-3, en un impresionante logro para la época, envió en 1959 tras orbitar nuestro satélite. Escuché a alguien menospreciar estas fotos históricas diciendo que estaban borrosas; será cierto, pero tengan en cuenta que quienes nacieron aquel año están ya jubilados. Nueve años después, tres astronautas americanos (Borman, Anders y Lovell) fueron los primeros seres humanos en ver con sus propios ojos la otra cara de la Luna a bordo del Apolo-8. Y tuvieron tiempo para mirarla con detenimiento; la sobrevolaron diez veces.

También leí que los astronautas de la Artemis-2 se disponían a hacer la primera fotografía de la Tierra desde la cara oculta. Era, lógicamente, un anuncio en hipérbole porque, como se imaginarán, desde la cara oculta no se ve la Tierra; se referían más bien a que fotografiarían el planeta surgiendo o apareciendo en el horizonte lunar. Pueden mirar todas las que acaban de hacer; ninguna es comparable a la extraordinaria fotografía que Anders consiguió en la nochebuena de 1968. Ni de lejos: el Apolo-8 orbitaba nuestro satélite a unos cien kilómetros de altitud mientras que la Artemis-2 se ha quedado a una distancia superior a los seis mil kilómetros; no se me enfaden, pero la primera sonda soviética, el Luna-1, se había acercado más en 1959.

¡No hay problema! Para esta armada mediática, la mayor distancia de la Artemis-2 sobre la superficie no es una contrariedad sino un logro, porque permite verlo todo desde una elevación que ofrece una visión en conjunto y una mejor perspectiva. Tampoco resultará ningún escollo la curiosa imprevisión que les ha llevado a organizar el viaje cuando la cara oculta estaba en su mayor parte a oscuras (recuerden que días antes tuvimos luna llena), con lo que el breve paseo para contemplar lo nunca visto ha sido, en efecto, un visto y no visto. En fin, nos dirán que, con la luz entrando de canto, la línea del terminador permite apreciar mejor los detalles del relieve; pues quédense con eso.

Todo este oropel de maquillaje y brillo oculta una realidad mucho más siniestra, oscura pero no oculta. Porque de lo que se trata ahora no es de llegar sino de quedarse; una carrera por saber quién será el primero en explotar y apropiarse del satélite. Con nuestras noticias de banderín y confeti estamos jaleando una estampida de depredación y pillaje.

En 1967 se firmó el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, que fue ratificado por España en 1969; en su artículo segundo ya se aclara que la Luna “no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”. Años después, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en la Resolución 34.68 el llamado Acuerdo de la Luna; yendo más allá del Tratado original, en su artículo undécimo proclama que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad; ni su superficie ni su subsuelo podrán ser nunca propiedad de nadie: país, empresa u organización. Su artículo tercero prohíbe en la Luna instalaciones, bases, ensayos o maniobras militares. Pero en 1979 las cosas ya habían cambiado; ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética firmaron nunca este Acuerdo. De todas formas, aunque lo hubieran firmado, ya me dirán ustedes lo que tardaría Trump en tirarlo a la basura: quiere ir a la rapiña.

De hecho, en una desoladora Orden Ejecutiva firmada el 6 de abril de 2020, Trump ya dejó bien claro que ni habían firmado dicho Acuerdo ni estaban conformes con su contenido, sentenciando con crudeza que Estados Unidos no contempla el espacio exterior como propiedad común de la humanidad (“United States does not view it as a global commons”).

De ahí la diferencia fundamental de esta carrera espacial con aquella otra de hace sesenta años: aquella era una lucha por la medalla; esta es una pelea por el territorio. Estamos asistiendo a un “land rush”, semejante a aquellas carreras por la tierra de Oklahoma que nos asombraran en Cimarron. Solo que en este caso quienes corren no son miserables campesinos en carromato buscando un hogar donde establecerse, sino potencias militares armadas hasta los dientes disputando un territorio cuatro veces la extensión de los Estados Unidos. La nueva frontera.

A estos desalmados la Tierra se les ha quedado pequeña como campo de batalla. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

En los últimos tiempos se nos acumulan noticias que han conmovido a la opinión pública: el accidente ferroviario en Adamuz, el derrumbe de una pasarela marítima en Santander o los estragos de la dana valenciana. La mirada de espanto de la sociedad bien podría dirigirse a la miseria política de quienes usan reservados de restaurantes para pasar el casting a candidatas a puestos públicos (¡adviertan el mérito de su sucesor, que no ha tenido que salir de casa para hacerlo!), a la depauperación de los servicios públicos, a la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones y reforzar el músculo del Estado... pero no. En los tres casos que he mencionado, los ojos de la opinión pública se vuelcan inquisitivos sobre tres juezas de instrucción, pidiéndoles que resuelvan la papeleta. La jurisdicción penal, lamentablemente, no sirve para esto.

Es comprensible el desenfoque. El delito es una herida en el tejido social y su curación requiere la reparación del perjuicio sufrido y el restablecimiento de la legalidad; ambas exigencias pasan por demandar al autor que responda de sus actos, indemnice las consecuencias y cumpla un castigo justo. El culpable de un daño intencionado se convierte así en un rehén de la sociedad, que lo necesita para aplacar en su persona el dolor de la comunidad y restañar la quiebra del pacto social. ¿Y qué hacemos cuando el delito no es intencionado? ¿Qué hacemos ante un accidente? En estos oscuros tiempos de punitivismo, donde el cuerpo nos pide cada vez más hogueras, creo que sería necesaria una reflexión detenida. Aquí van algunas ideas, adelanto que sin conclusiones claras.

La negligencia es una realidad poliédrica; tanto, que es difícil definirla por su naturaleza. Es negligente el comportamiento de quien actúa sin el debido cuidado o simplemente no actúa cuando debiera hacerlo. También es negligente la conducta de quien, por más cuidado que emplee, se embarca en hacer algo que no sabe, e incluso también la de quien, obrando con un cuidado primoroso y sabiendo como actuar, asume unos riesgos inaceptables. Es un concepto demasiado amplio y difuso, que abarca desde la desidia hasta la temeridad, la imprudencia o la impericia. De ahí que resulte más sencillo definirlo por sus resultados: la negligencia es el comportamiento que causa daños injustos sin intención de su autor. Siempre es insatisfactorio definir algo por sus efectos, y mucho más en estos casos donde, precisamente, el resultado no forma parte integrante de la voluntad que lo causa.

Ahí estriba el problema original de la negligencia: entre la conducta y el resultado hay un páramo minado de azar; y sobre la suerte no se puede fundar una ciencia de lo justo. En una noche de huracán, un anciano deja una gran maceta sin atar en el alféizar de su ventana; el viento tira la maceta y mata a un transeúnte. El anciano merece ser castigado. ¿Pero qué sucede si la maceta cae y no mata a nadie? ¿O qué sucede si la maceta no cae? La conducta del hombre habrá sido la misma, aunque no será castigado. Un cirujano somete a un paciente a una operación arriesgada sin motivo alguno, únicamente porque tiene el pálpito de que la cirugía salvará al enfermo. Una arteria se rompe, el enfermo muere y el doctor es castigado. ¿Y qué pasa si la arteria no se rompe y el enfermo se cura? Los ejemplos se pueden multiplicar. 

Esa desconexión entre la conducta y el resultado admite grados, por supuesto; en ocasiones, se encuentran tan cercanas una y otro que la imprudencia cruza la frontera de la intencionalidad: el kamikaze que, por sentir la adrenalina en el cuerpo, conduce en sentido contrario podrá ser acusado por homicidio intencionado si mata a otro conductor. 

Sin embargo, en otras ocasiones el resultado se encuentra tan alejado de la conducta que cuesta trazar la línea causal entre uno y otra. Y aquí viene lo fundamental: la consecuencia de esta desconexión es la ruptura del parangón de gravedad entre uno y otro elemento, que es precisamente lo que permite, en los crímenes dolosos, castigar la conducta en proporción al resultado causado por ella. En los delitos imprudentes, una negligencia grave puede causar resultados graves, como hemos visto en la gestión de las inundaciones valencianas, donde el riesgo y la forma de atajarlo eran conocidos; pero no siempre sucede así. Es muy habitual, sobre todo en las sociedades complejas y tecnificadas en que vivimos, que una negligencia leve pueda causar resultados gravísimos que el autor difícilmente pudo prever y, por tanto, prevenir. ¿Qué hacemos en estos casos? 

Creo que el responsable de ADIF condenado y luego absuelto del accidente ferroviario de Santiago de Compostela no pudo prever jamás la posibilidad de que el Alvia enfilara la curva de Angrois con un maquinista absorto hablando por teléfono y leyendo un mapa; nunca había pasado tal cosa. De la misma forma, a la policía municipal de Santander que no tramitó la llamada de un vecino alertando sobre el estado de la pasarela del Bocal ni se le pasó por la cabeza que pudiera desmoronarse justo al día siguiente, llevándose la vida de media docena de jóvenes. No podrá decirse que el desastre fuera causado por ellos: si el maquinista hubiera ido atento y el anclaje de la pasarela hubiera estado en buenas condiciones, no se habrían producido estos accidentes. 

Con todo, aunque lo fueran, aunque considerásemos que su desidia contribuyó al resultado y fue un acto criminal, lo cierto es que nadie hubiera reparado en su conducta de no haberse producido el accidente. Muchas veces la causa a la que imputar el desastre es un descuido tan liviano o tan frecuente que, antes del siniestro, no llamaría la atención de nadie. Y si no llama la atención, será difícil considerarlo una negligencia grave. ¿Cómo castigarlas?

Por añadidura, el juicio sobre las conductas arriesgadas también está contaminado por su resultado. ¿Será cierto que el progreso técnico exige ampliar los límites del riesgo permitido? Ahí hay otro debate: no es una exageración decir que detrás de todo avance que hemos tenido como especie hay un acto imprudente que salió bien. 

Si la imprudencia fue leve, el castigo debería ser leve, con independencia del resultado causado. A muchos se le quedará corto. De hecho, aunque sea temeraria la imprudencia, no faltarán columnistas para los que la condena será siempre escasa. Lo cual nos devuelve a la reflexión inicial: en estos tiempos atormentados, hemos confiado en el derecho penal la sanación de los traumas de la colectividad, excediendo con mucho los contornos que le son propios. 

Por más que pienso, no estoy convencido de que la persona que nos deba aclarar la causa del accidente de Adamuz (si fue una soldadura rota, una piedra sobre el raíl, una péndola suelta o el atropello de un animal) tenga que ser un juez de lo criminal, cuando no hay indicios de delito; o para ser más exactos, cuando no hay más indicio que el accidente mismo. Recordemos que un juez de instrucción no indaga las causas; indaga las culpas. Esto es significativo: ante una desgracia calamitosa, hemos asumido que nuestras obligaciones como sociedad pasan no sólo por reparar el daño, investigar lo sucedido y evitar que vuelva a pasar, sino sobre todo por encontrar al responsable y castigarlo. Sin embargo, a veces no hay nadie a quien culpar; no todo desastre es causado por un delincuente. Y esto nos frustra, sobre todo cuando el accidente es especialmente trágico. Nos frustra porque, aplicando los parámetros de los delitos intencionales, concebimos la condena como una especie de respuesta terapéutica que, se supone, debería estar a la altura del trauma vivido. 

Aquí está el error de perspectiva: si ante episodios semejantes relegamos toda nuestra reacción colectiva a lo que diga la justicia penal, entonces obtendremos una respuesta pobre e insatisfactoria, porque el castigo de la negligencia nunca va a estar a la altura de la catástrofe causada. La solución no pasa, desde luego, por aumentar las penas, sino por constatar que la cicatrización de la herida que causa el siniestro es un vaso que no se colma de castigo. Ante calamidades públicas y accidentes mortales la sociedad debería, por este orden, reparar siempre, aprender siempre y, en su caso, castigar. Por desgracia, la realidad nos ofrece unas prioridades invertidas: centramos nuestros esfuerzos en castigar, en su caso reparar y en algún caso aprender.  

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Cuando la agencia americana ProPublica reveló los nombres de los agentes del ICE implicados en el asesinato de Alex Pretti en Minnesota, me resultó inevitable recordar el momento central de la película Blade Runner sobre el cual, como un eje primario, gira en bucle todo el argumento. Ese momento no es la escena final, cuando Roy Batty, el replicante interpretado por Rutger Hauer, anuncia su muerte asumiendo que sus recuerdos se perderán “como lágrimas en la lluvia”. No es esa. Toda la película da vueltas sobre una pregunta de apariencia inocente formulada en tono tímido por Rachael, otra replicante, a Rick Deckard: “Así que este es el test Voight-Kampff. ¿Te lo has aplicado a ti mismo?”. La pregunta que le hace Sean Young a Harrison Ford queda colgada en las alturas, sin respuesta; tal vez sería hora de contestarla nosotros. 

Rick Deckard es un ‘blade runner’, un cazarrecompensas que dedica sus esfuerzos a neutralizar y matar replicantes, unos androides idénticos a los humanos salvo por un mínimo detalle: al ser autómatas carecen de la empatía propia de las personas. De ahí que la única forma de descubrirlos sea hacerles pasar un test que, a partir de sus respuestas y valorando ínfimas variaciones en la pupila, constate la ausencia de emociones característica de las máquinas. 

La película adapta una novela de Philip K. Dick que, como otras muchas de este autor, sobrevuela majestuosamente los límites de la realidad, la duda, el sueño y la ficción. La película de Ridley Scott respeta los juegos de sombras y espejos del autor para, de una forma suave pero descarnada, dejar sobre el alero la sospecha de que Deckard es un replicante; de hecho, su propia falta de empatía sería un serio indicio de ello. 

Deckard vive su papel de policía neutralizador con una agonía oculta: ¿y si estoy atacando a los míos? La novela deja entrever la debilidad de un test que, por su naturaleza, no puede aplicarse nunca a soldados: si el resultado les señala como replicantes serán eliminados, y si confirma su condición humana, entonces asumir su capacidad de empatía les impedirá matar.  

Hoy, lo más parecido a un ‘blade runner’ sería un agente del ICE, estos tenebrosos policías armados que recorren Estados Unidos para buscar y retirar inmigrantes, como si fueran apenas réplicas humanas. La comparación se nos aproxima hasta hacerse odiosa cuando advertimos que en el relato de Dick, de múltiples aristas y lecturas desasosegantes, a los replicantes no se les persigue realmente por androides; se les acosa por ser inmigrantes ilegales, esclavos de las colonias que, hartos de una vida de penuria trabajando para sus dueños, deciden escaparse a la metrópolis donde sus patronos viven una vida regalada.

Hace algunas semanas, se revelaron los nombres de los ‘blade runner’ implicados en la persecución inmisericorde de latinos y en la muerte de Alex Pretti. Se llaman Jesús Ochoa y Raimundo Gutiérrez. En este contexto, la pregunta lacerante que escucha Deckard y que no sabe contestar nos interpela, porque si estos dos estúpidos matones se hubieran aplicado a sí mismos el Voight-Kampff, si se hubieran puesto ante las armas que blandían contra otros, entonces hubieran constatado que eran de la especie que perseguían, extranjeros en tierra extraña, latinos persiguiendo a latinos, pobres persiguiendo a pobres. 

Tal vez la enseñanza de la película, y del libro que adapta, es esta moraleja desoladora tantas veces recordada: las hordas que el poder manda a luchar en su nombre están plagadas de miserables, cegados deliberadamente para no reconocerse en el otro. Ahí radica la fortaleza de la casta y, por paradoja, la semilla de su debilidad: sin la sumisión de los ochoas y los gutiérrez, no son nadie; apenas una panda de bufones peligrosos, bravos pero débiles, impetuosos pero ridículos, arquetipo representado en la película por el doctor Tyrell, interpretado por Joe Turkel, y en la vida real por Donald Trump. 

Hoy en día el poder del dinero es tan demoledor que parece arrasar todo a su paso. Así como la avaricia conduce a la rapiña, el capitalismo conduce inevitablemente a la guerra, sobre instintos parangonables: el territorio, las tierras raras, el gas y el petróleo, el poder y la gloria. Han creado una necropolítica, en palabra de Víctor Sampedro, diseñada por personas que no conocen más dolor que el propio, dispuestas siempre a poner una bomba al final del argumento. Disponen de un imperio absoluto que, sin embargo, podría pararse en un suspiro: las guerras se detendrán cuando los soldados se nieguen a ir, cuando las sociedades que nutren las tropas empiecen a condolerse, cuando seamos conscientes de nuestra fuerza. Terminarán cuando quienes empuñan un arma se pongan en la mirilla del Voight-Kampff, deseando averiguar si mantienen la empatía que les hace humanos, para descubrir finalmente que son iguales a los seres que se disponen a matar, porque sus víctimas también tienen, como ellos, vida y recuerdos de momentos que se perderán en el tiempo. 

Cuentan las crónicas que durante la batalla de Bailén en 1808, el general Dupont, encerrado en el valle, mandó al flanco un destacamento de soldados suizos; el general Castaños, por su parte, había enviado un regimiento suizo al mismo lugar. Las avanzadillas se encontraron sobre el cerro de Haza Walona; se reconocieron como compatriotas, dejaron las armas y empezaron a charlar, supongo que quejándose del sol abrasador de la campiña jienense. Debió de ser un momento evocador, que lamentablemente no se repitió con posterioridad. El ímpetu del socialismo estuvo a punto de sacar a los soldados de las trincheras de la Primera Guerra Mundial convenciéndolos para que no se dejaran matar por los intereses de otros, pero no lo consiguió. Y murieron por millones, unos mandados por Jorge V y otros por Nicolás II, dos primos hermanos que, si se miran de cerca, resultan ser indistinguibles. Ya nadie recuerda las razones de aquella guerra. 

A veces, los duendes del destino parecen reírse de nosotros con detalles absurdos que, más allá de lo naíf, invitan a una reflexión: cuando el gobierno de los Estados Unidos reveló los nombres de los primeros soldados muertos en su miserable guerra contra Irán –quién sabe si integrantes de la tropa implicada en el bombardeo de la escuela de niñas al sur de Teherán–, muchos repararían (Lucila Rodríguez-Alarcón seguro que lo hizo) en el peculiar apellido de una de las caídas, una suboficial originaria precisamente de Minnesota: la sargento Amor. No perdamos la esperanza.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Hace algún tiempo encontré, arrojado sobre una acera del Rastro, un libro cautivador. El título lo dice todo: Cuarenta grandes artistas retratan a sus madres. Cuarenta pintoras y pintores consagrados que, en algún momento de su vida, pusieron en lienzo el rostro de sus progenitoras. Pasan por las láminas del libro diferentes estilos, técnicas, nacionalidades, épocas históricas... pero es igual: cuando uno cierra el libro tiene la extraña sensación de que solo ha visto un cuadro; el mismo cuadro repetido cuarenta veces. Y es que el retrato de una madre, como motivo pictórico, es el paradigma que nos muestra las limitaciones del arte figurativo. Por más que el artista comprometa sus mejores esfuerzos en reproducir la imagen fiel de su madre, resulta inevitable que el vínculo con la modelo, por inquebrantable, trascienda a la pintura. Uno observa estos cuadros con un mínimo de atención y termina conociendo a la familia entera. Cuando el artista pinta a su madre, en realidad está pintando lo que piensa de ella, los sentimientos que le inspira. A través de los ojos del hijo, sabemos cómo era la madre, indulgente o severa, cariñosa o abnegada... Todo está en la imagen pintada. El motivo fuerza el expresionismo: en definitiva, el cuadro no retrata a una señora; retrata la relación materno-filial. 

Entre todos los cuadros, probablemente uno de los más destacados sea el que James Whistler pintó a su madre Ann McNeill en 1871. La sobriedad apabullante del cuadro, donde la madre aparece sentada de perfil, es de una sencillez sobrecogedora y anómala. Todo parece fuera de lugar: una silla descentrada, un cuadro colgado en una pared desnuda, una extraña cortina... La vestimenta de la mujer, propia de un puritano del Mayflower, parece remitirnos a tiempo atrás. Hay una cierta incomodidad en la composición. Las piezas comienzan a encajar cuando nos dicen que Whistler llevaba una vida bohemia y libertina en Londres hasta que su madre decidió venirse de América, de donde era, y meterse a vivir en casa del hijo, a quien desde ese momento se le terminó la fiesta. Todo eso está en el cuadro. 

La fama de Whistler se debe, en buena medida, a este retrato de su madre aunque, para ser justos, pintó otros cuadros excelentes. Tal vez su mayor mérito radica en su afán por encontrar un estilo propio y diferenciado, en donde alcanzó cotas con las que calificarlo, sin duda, como un adelantado a su tiempo. En la Inglaterra imperial de la segunda mitad del siglo XIX, fue testigo del ascenso de la Hermandad Prerrafaelita, que nunca lo aceptó en su seno, tal vez por americano, tal vez por vanidoso, aunque pintó algún cuadro, como La princesa del país de la porcelana, que apuntaba a un acercamiento. Y aquí es donde viene lo más maravilloso de la historia. 

Buscando superar los perímetros de la pintura tal y como se había conocido hasta entonces, James Whistler se atrevió a pintar lo que no existe, lo infinitamente efímero, un relámpago de nada, unos fuegos artificiales estallando sobre la campiña inglesa. Llamó a su obra Nocturno en negro y oro: el cohete cayendo. Aún hoy, el cuadro, que se exhibe en el Detroit Institute of Arts Museum después de unas vicisitudes más bien azarosas, llama la atención por su atrevimiento; parece una partitura de Debussy puesta en lienzo. Es extraordinario, sobre todo valorando que coincide con el momento en que Dante Rossetti estaba pintando su Proserpina. Frente al detalle inmaculado y prístino de los prerrafaelitas, que anticipaba el ‘art nouveau’ y el modernismo, la propuesta abstracta de Whistler iba dos pasos por delante. La pintura cayó, efectivamente, como un cohete que estalla. 

La historia es conocida: John Ruskin, poderoso crítico de arte, mentor preminente de la Hermandad, académico y muchas cosas más, le dedicó al cuadro una crítica demoledora: “nunca pensé escuchar que un engreído se atreviera a pedir doscientas guineas por arrojar una lata de pintura al público”. Y Whistler le demandó por difamación. Estamos en 1878.

Sin ánimo de exagerar, podríamos decir que si el procedimiento de Oscar Wilde contra el marqués de Queensberry definió el encuadre ético de la época victoriana, el procedimiento de Whistler contra Ruskin delimitó el encuadre estético de dicha época y, de paso, los límites de la difamación: qué se puede decir y qué cosas han de callarse. ¿Quién tenía razón? Como sucedería años después con el juicio de Oscar Wilde, los abogados del demandado, en este caso Ruskin, tuvieron la inteligencia de darle la vuelta al debate, centrar las discusiones en torno a las habilidades artísticas de Whistler, instalar la pintura (y no el libelo difamatorio) en el centro del debate y, en definitiva, colocar al demandante a la defensiva. Desde ese momento Whistler estaba perdido, porque era muy difícil que un jurado apreciara los méritos del cuadro; lo más probable era que no lo entendiera, como de hecho no lo entendió.  

La decisión judicial fue salomónica y, si se me permite, muy inglesa: formalmente, estimó la demanda y dio la razón a Whistler, porque las palabras de Ruskin habían excedido los términos de la decencia; sin embargo, en el fondo, el jurado concluyó para sí mismo que el cuadro era realmente una porquería y condenó a Ruskin a pagarle un cuarto de penique como indemnización. 

A pesar del tiempo transcurrido, es posible que este antiguo pleito nos ofrezca pautas para valorar, hoy en día, los contornos de la difamación y del insulto. A día de hoy, nos parecerá inocuo el comentario de Ruskin, pero en aquella época la expresión (a pot of paint in the public´s face) sonaba realmente dura; era un insulto que hacía daño.

Convendremos, a riesgo de parecer muy antiguos, que una convivencia en sociedad, como la que nos hemos dado entre todos, necesita dotarse de determinados límites en el uso de la palabra. No necesitaríamos acudir a las proclamas de dignidad de las personas y el respeto que les es propio; sin llegar a tanto, bastaría con quedarnos con la evidencia de que la palabra hace daño. Igual que un cuchillo, igual que una espada, nos recordará Wilde en la balada de la cárcel de Reading, prisión a la que, por cierto, llegó a causa de una sola palabra (sodomite) escrita en un tarjetón. A nivel individual, una palabra puede terminar con reputaciones inmaculadas; a nivel social, puede deteriorar la convivencia hasta hacerla insufrible. 

El daño que causa la palabra se ha ido frivolizando, siendo menospreciado cada vez más en el consenso social, al entender que debe ceder su prioridad a la majestad de un derecho prioritario, que es la libertad de expresión. Está fuera de duda que esta libertad es fundamental para entender la idea de democracia; sin embargo (¡y cómo duele un sin embargo justo aquí!) será preciso recordar que la expresión cuya libertad se garantiza constitucionalmente se centra en la comunicación de ideas, conocimientos y opiniones, pero no en la expresión de insultos, infamias y bulos. Tampoco en la expresión de hechos que, aun ciertos, atentan contra la intimidad ajena y no interesan a nadie. 

Recuerdo que hace muchos años, tras un accidente aéreo, ciertos periodistas se ensañaron con el piloto fallecido, denigrándolo públicamente. Le llamaron cachondo mental, maleducado, grosero, adúltero y amante de la cerveza. El Tribunal Constitucional sentenció (STC 172/1990) que aquello no se podía decir; que tales expresiones no estaban abarcadas por la libertad de información porque eran hechos vinculados a la intimidad personal y no tenían relevancia pública alguna. No interesaba a nadie si había abandonado a la mujer o si bebía cerveza. Hoy, una sentencia semejante parecería casi una provocación. 

La libertad de expresión ha ganado la batalla de manera aplastante, ampliando los contornos de lo permitido hasta extremos insospechados. Esta victoria en parte nos congratula y en parte nos deja un poso algo amargo: no es que hayamos llevado a la palabra hasta el linde de la irrelevancia, considerando que no hace daño. Al contrario, la infamia y la intromisión siguen siendo un puro horror; lo único es que ahora, en aras de la libertad de expresión, hemos condenado a la víctima a soportar el daño que suponen.  

De esta forma, hoy una presidenta de una Comunidad Autónoma española puede llamar hijo de puta al presidente del Gobierno sin que nadie le llame la atención. La única respuesta de su superior jerárquico en el partido ante este desplante fue irse al Garufa a cantar la misma infamia. Gente del Partido Popular se permite inundar de nausea el discurso político contra el ministro del Interior, llamándolo encubridor de violadores, sin que pase nada. Gente de Vox amenaza con dar patadas y quemar con lanzallamas. Y hemos visto cómo la Justicia, con sorpresa de nadie, se absuelve a sí misma de los insultos que profieren sus miembros contra políticos de izquierda. De la misma manera, el ámbito de la intimidad como reducto vedado a la mirada ajena se ha achicado notoriamente: no parece haber reserva a la hora de publicar información personal, conversaciones privadas, mensajes íntimos, domicilios, vínculos, confesiones de familia... La transparencia ha puesto en la palestra nuestra existencia privada; el puritanismo, nuestros vicios reservados. Todo debe ser conocido. La intimidad se convierte en un trampantojo, un arma arrojadiza. Estamos rodeados. 

En los últimos días leo entrevistas (a José Antonio Griñán, a Ana Belén, a tantos otros) que se lamentan de la pérdida de las formas en el ámbito de las relaciones sociales. La democracia son las formas, dijo Griñán. De nuevo, esto parecerá muy boomer, pero realmente nos estamos acercando a una situación de asfixia tal en el debate público, que probablemente haya que repensar el marco en el que colocamos la frontera entre la infamia y la libertad de palabra. 

Tal vez haya que retomar la sabia idea que destilaba aquel veredicto que cerró el asunto Whistler contra Ruskin: le dio la razón a Whistler porque la frase del crítico era infamante, pero condenó a Ruskin a pagar la menor indemnización posible porque, para el jurado, lo que había dicho era cierto. En la evidencia de que las palabras son capaces de causar un daño injusto, concluyamos entre todos que no todo se puede decir, aunque sea verdad.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Comprar a cien y vender a noventa. Un negocio en apariencia ruinoso, pero que en un país como España proyecta una lucidez enternecedora. ¿Cómo es posible que en otros lugares de inteligencia capitalista más aguda no hayan visto las oportunidades de esta operativa? Quizás porque el capital gira sobre una cinta de Moebius y lo que ayer estaba en el lado oscuro hoy, sin moverse, nos aparece en el lado luminoso. La inmoralidad resulta compatible con la ética del capital, fundada en el afán de lucro, sobre todo en un país donde confundimos la creación de riqueza con la creación de ricos. 

Ahí tienen a Víctor Aldama. Es el empresario modelo, el amigo fiel y cómplice a quien se le abren las puertas de todos los círculos, de todas las emisoras de radio y televisión, incluso de alguna fiscalía. Es el corrupto en paradigma que hoy comercia con su palabra, puesta en almoneda para atacar y defenderse, para mentir y desmentir. Aldama ha reconocido haber infringido varios preceptos del Código Penal y en todos ellos dejó memoria amarga de él. Dada su catadura, podría ser cierto lo que afirma, o podría no serlo. ¿Tendrá algún as en la manga? Es posible, pero no lo parece. Escúchenlo bien; en realidad, no dice nada, amaga pero no da, insinúa pero no aporta, amenaza pero no cumple, insulta y es jaleado, denigra y lo aplauden. 

La compra de hidrocarburos en un depósito fiscal está exenta de IVA. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Lo compramos por cien y lo vendemos por noventa. ¡Gran idea! En la venta, por supuesto, le incluimos el impuesto, así que cuando lo vendemos recibimos del comprador noventa más el 21% del IVA; en total, 108,90 euros. Y luego, ¡touché!, nos olvidamos de la declaración tributaria y no ingresamos el IVA en el Tesoro Público. De repente, se obra el milagro: compramos por cien, vendemos por noventa y ganamos 8,9 euros. Y al mismo tiempo, regamos el país de gasolina barata. ¿Qué más podemos pedir? Que acudan todas las jerarquías, potestades, tronos, principados y dominaciones de la delincuencia a postrarse ante este glorioso genio empresarial. Según las noticias publicadas en prensa, la Audiencia Nacional le investiga por haber defraudado con este sistema cerca de doscientos millones de euros. Volvamos a decirlo: doscientos millones. Pueden ustedes apostar a que en sus últimas entrevistas faranduleras, ninguno de sus corifeos le ha preguntado dónde tiene el dinero, ni le ha echado en cara, en cálculo poco complejo, la cantidad de sueldos de médicos o pensiones de jubilación que podrían pagarse, escuelas que podrían construirse o raíles que podrían tenderse con este dinero. En cualquier país serio este hombre estaría en la cárcel; aquí está en las televisiones, dando clases.   

Víctor Aldama no está en la cárcel porque ha llegado a una componenda con la Fiscalía Anticorrupción; un pacto de caballeros. La Fiscalía le concede la libertad, le deja en la calle y le rebaja notoriamente la petición de penas. ¿A cambio de qué? No, desde luego, de que devuelva lo defraudado. Nunca lo hará. Entonces, ¿qué ha aportado el bueno de Aldama al fiscal, cuando los hechos están sustancialmente documentados? Pues no se sabe muy bien, la verdad. Desde luego, para el desbroce de la trama en torno a José Luis Ábalos, que parece que era el objetivo, no ha aportado gran cosa, al menos por ahora. 

Empezaré por un dato claro: lo descubierto hasta la fecha nos aporta indicios reveladores de que José Luis Ábalos es un corrupto, un delincuente de manual que avergüenza a los servidores públicos y cuya deriva personal espanta a quienes confiaron en él. Basta leer el escrito de acusación contra Ábalos para caer en la pura desazón, repasando la ristra de corruptelas que el fiscal desgrana. Es obvio que, de ser ciertos los hechos imputados, Ábalos debería ser castigado y expulsado de la vida pública con gran bochorno de sus camaradas. No hay paliativos. 

Por si fuera poco, los mensajes cruzados con Koldo, personaje turbio y áspero donde los haya, provoca una repugnancia que rompe todos los puentes, al verlos comerciando con mujeres y hablando de ellas con tanta vileza. Es posible que estas conversaciones, machistas y misóginas, no constituyan ningún delito, pero provocan tal rechazo que comprometen el éxito de cualquier línea de defensa que intentaren. Y es que, ante ellas, la gente no solo se tapa la nariz; se tapa los oídos. 

Sin embargo, la niebla de turbidez no debería ocultar la realidad de las cosas. Y es que la lectura del escrito de acusación del fiscal, en un análisis objetivo y sereno, junto con la tristeza, nos deja un poso de intriga. Ábalos se nos presenta como un corrupto de baja estofa, con un perfil torrentiano y grosero, responsable de unas prácticas desde luego ilícitas, pero más bien mezquinas, delicuescentes, cutres de pacotilla. Y la pregunta nos surge: ¿esto es todo? Ábalos colocó a su novia Jessica en empresas del ministerio, donde le pagaron sin tener que ir a trabajar; una trama de empresarios corruptos y amigotes le pagó una semana en un chalet de Marbella, le ofreció una casa en la Línea de la Concepción sin cobrarle el alquiler (según el fiscal, le quitaron las llaves al poco de dejar el ministerio) y le puso un apartamento a Jessica en el centro de Madrid. Aparte de eso, Aldama afirma que entregaba diez mil euros mensuales a Koldo, que éste repartiría con su jefe, para garantizarse la cercanía del ministro y contar con información privilegiada de contrataciones públicas, especialmente de material sanitario en la pandemia. Todo esto es políticamente catastrófico, jurídicamente delictivo, materialmente grave, no lo pongan ustedes en duda. Ahora inspiremos un par de veces y preguntémonos: ¿eso es todo? ¿Dónde están los millones?

En estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir, no convendrá poner la mano en el fuego por nadie. Es posible que Ábalos haya recibido mucho más dinero de la trama corrupta, pero el dinero no ha aparecido por ninguna parte, y no hay prueba de que exista. Y la Fiscalía y el Tribunal Supremo empiezan a estar preocupados. La reflexión de Leopoldo Puente al dictar su auto de prisión, diciendo que Ábalos pudo haber recibido mucho dinero “tal vez en metálico, tal vez depositado en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas” resulta elocuente y decepcionante. Con un “tal vez” no se mete a nadie en la cárcel. 

En fin, así somos. Todo el mundo sabe dónde está el ático de González Amador, otro ejemplo de ética empresarial, comprado con dinero cuyo origen es bien conocido a estas alturas. Sin embargo, nadie sabe dónde está el ático de Ábalos, ni mucho menos el de Cerdán. Y empieza a asentarse la idea de que tal vez no existan, que realmente no tengan nada; comienza a barajarse la posibilidad de que Ábalos se dejara arrastrar por una corrupción de tres al cuarto, que desde una perspectiva política es tan devastadora como cualquier otra, pero que jurídicamente debería ser puesta en perspectiva ante otras más severas. 

En este sentido, en su escrito de acusación el fiscal calcula el perjuicio para la ‘res publica’ causado por la extraña pareja, Ábalos y Koldo, y les conmina a indemnizar estos daños. No llegan a 44.000 euros; se corresponden al salario de Jessica que las empresas le pagaron sin ir a trabajar. ¿Realmente no hay más perjuicio público en toda esta trama? ¿Y para desmontar este estaribel se liberan los grilletes de quien defraudó cinco mil veces esta cifra, permitiéndole pasearse por las televisiones con la vitola de ser socio del fiscal y adalid de la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es el objetivo final del trato con Aldama? No lo entiendo; necesito creer que hay algo más, algo que no se conoce. 

Por cierto que, en relación con este dinero, resulta interesante, por novedosa, la decisión del fiscal de no reclamárselo a Jessica, que fue quien lo recibió. Entiendo que la idea del fiscal es presentar a esta mujer como una víctima y no como una receptadora irregular de fondos públicos. Este enfoque hubiera necesitado de un cierto desarrollo argumental, que el escrito de acusación no nos ofrece. 

En fin, como se advierte, el asunto está lleno de aristas, de luces y sombras. En la sombra están Ábalos y Koldo, braceando en un piélago de cochambre; en la luz está Aldama, convertido en héroe popular no se sabe muy bien por qué. En la ‘dramatis personae’ de esta tragicomedia, Víctor Aldama se nos presenta como el titiritero del resto. Pero no se confundan: el trato que se le da a Aldama dice más de nosotros mismos que de él; las alfombras que la derecha y la Fiscalía le tienden a su paso hablan a gritos de la degradación de nuestra vida política y judicial, que parece vanagloriarse de haberse dejado embaucar por este delincuente confeso.

Más allá de todo esto, de lo que no existe duda es de que el Tribunal Supremo condenará a Ábalos y a Koldo, y los condenará a una pena muy severa. Los dioses tienen sed, como nos recordaba Anatole France, y el devastador juicio contra el Fiscal General (que curiosamente ha terminado por deteriorar más a la institución juzgadora que a la juzgada) los ha dejado todavía más sedientos.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Hace unas semanas, la prensa informaba de un estudio de la Harvard Business School según el cual el acto de dar produce más satisfacción que el acto de recibir. Y es cierto que la generosidad, la entrega y el pundonor son una fuente de felicidad, un oficio de madurez que colma nuestra autoestima. Sin embargo, hay una excepción; a la hora de darlo todo, mejor no dar pena. 

El reciente libro de Juan Carlos de Borbón es un claro ejemplo; siempre da un poco de pudor, incluso vergüenza ajena, ver a alguien suplicar que le quieran; si es un rey, convertido aquí en un pequeño Gatsby, pues más. ¿Por qué escribir un libro para decirnos lo desgraciadito, monarca, que eres teniéndolo todo? Porque no ha entendido nada. 

Resulta elocuente, por ejemplo, su afirmación de que se marchó de España para “no complicar la tarea de mi hijo en sus funciones de soberano”. Basta una frase para resumir un mundo. Tan solo y tan mal informado está este hombre que nadie le ha dicho que en España el rey no es soberano, aunque él haya actuado toda su vida como si lo fuera. 

Curiosamente, no es cosa sencilla identificar quién es el soberano en esta democracia que nos hemos dado. En las ponencias constitucionales se enfrentaron dos teorías opuestas: las derechas defendían que la soberanía residía en la nación y las izquierdas, por el contrario, que el soberano era el pueblo. El debate parecerá una bagatela, pero cada una de las posturas tiene detrás un artilugio dogmático bastante considerable y multitud de tratadistas han glosado, en disquisiciones que llenan estanterías de bibliotecas jurídicas, las diferencias entre la soberanía nacional y la popular. No hay consenso posible entre ellas. Pero el espíritu de la Transición, ese tan denostado, dio con una fórmula prodigiosa, que apunta a la influencia de los gin-tonics en nuestro germen constituyente: “La soberanía nacional reside en el pueblo” (artículo 1.2). ¡Gran hallazgo! Podía haber dicho “la soberanía popular reside en la nación” o “este plátano verde es azul” con la idea de contentar a todos. Los teóricos del Estado se tiraron de los pelos porque la expresión no significa nada, pero no frivolicemos sobre la importancia de lo inexistente. Bajo esta expresión un tanto absurda, más próxima a un oxímoron que a una paradoja, el consenso abrió una cancha abierta en la cual será lícito defender opciones contrapuestas, de tal manera que los defensores de ambas perspectivas podrán encontrar cobijo en el texto; un cobijo puramente formal, desde luego, porque en realidad el artículo no dice nada. En fin, es importante decir cosas que tengan sentido; pero a veces es más importante decir cosas en las que todos estemos de acuerdo, aunque no tengan sentido. Eso fue la Transición. 

De una forma o de otra, estemos ante una nación soberana o ante un pueblo soberano, lo cierto es que quien no es soberano es el rey, y tendría que saberlo. Aunque para dejar más clara esta exclusión, la Constitución debería no haber incurrido en el error de proclamar que la justicia se administra en nombre del rey, cosa que hizo para no dejarla en manos del pueblo, como en los Estados Unidos. [Aunque a estas alturas, todo el mundo sabe ya que la justicia se administra en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero eso es otra batalla]. Esta proclamación, a pesar de su orientación protocolaria, tiene unas consecuencias trascendentales, sobre todo unida a la interpretación expansiva que los tribunales han dado a la inviolabilidad del monarca. Recordemos que, siendo rey, los jueces inadmitieron a trámite demandas de paternidad contra este señor, que es un truhan, aduciendo su inviolabilidad. Después de su abdicación se las han vuelto a presentar, pero igualmente las han inadmitido por un quítame allá esas pajas. Una interpretación razonable del artículo 56.3 de la Constitución permitiría limitar la inviolabilidad a los actos cometidos en su condición de monarca, pero los jueces la han equiparado, por las bravas, a una pura y simple impunidad total. Yo recomendaría a Felipe que no cogiera el coche. 

Esta equiparación parecerá un poco loca, pero bien pensado, si realmente la justicia se administra en nombre del rey, entonces el monarca no puede ser nunca parte en ningún procedimiento: ni demandante ni demandado, ni denunciante ni denunciado, porque en caso contrario estaríamos ante la paradoja jurídica de quien se administra justicia a sí mismo. Así que no sabemos qué pasaría si Letizia quisiera presentarle una demanda de divorcio; probablemente no podría, y no solo por conservar, todavía, el título de reina católica con privilège du blanc. 

Todo es muy antiguo, pero la Transición no dejó mucho margen de maniobra en este sentido. Las derechas impusieron este arcano medieval porque ni entonces ni ahora quieren oír hablar de una república, pero no porque rechacen la figura, sino porque eso supondría reponer la legalidad anterior a la guerra que ganaron. Y como resultado de todo ello, ahí tenemos a una chica de mirada aterrada subiéndose a los mandos de un avión militar porque entre todos hemos decidido su agenda, su vida, su futuro y el lugar donde será enterrada, como si hubiera nacido en una tribu pastún.  

Atiéndase en este sentido a otro detalle muy esclarecedor: cuando los padres constituyentes redactaron el último título de nuestra Constitución, que regula de forma bastante generosa su reforma, los ponentes de izquierda propusieron una excepción para imponer un sistema especialmente rígido y complejo (de hecho, inviable por exigente) si se pretendía reformar el capítulo de los derechos fundamentales. Los ponentes de derechas pusieron sobre la mesa su propia excepción. ¿Cuál? La han adivinado: hicieron intocable el título de la Corona, que hoy no se puede cambiar, si no es de una manera tremendamente azarosa y alambicada, ni siquiera para incluir la igualdad de sexos en la sucesión. En fin, cada cual peleó por lo que le importaba: unos por la Corona, otros por los derechos; como ven, no hemos superado la Revolución Francesa.

En resumen, el libro de Juan Carlos no es más que un ejercicio de vanidad, un tanto frustrado, de quien se echa flores sobre sí mismo. Arrogarse el mérito de traer la democracia a España es una hermosa flor que se tira sobre su cabeza, aunque le viene con la maceta incluida, al no explicar qué mérito tendríamos que agradecerle si en el fondo Franco era un tipo estupendo. 

Y hablando de méritos, no me resisto a insistir sobre la cuestión de su condición de emérito. Cuentan quienes saben de ciertas interioridades que Juan Carlos, tras abdicar, no quiso saber nada del condado de Barcelona, que con tanto aplomo había llevado su padre; se empeñó en seguir siendo rey. Le contestaron que la Constitución sólo prevé el título de rey de España, y que el país no podía tener dos. Pero se empeñó tanto que finalmente, por Real Decreto 470/2014, el Gobierno consintió en mantenerle el título de rey y majestad. Pues que así sea. Como decíamos, las palabras son importantes aunque no digan nada: a Juan Carlos y a Sofía no se les nombra reyes “eméritos”, título que la prensa --la misma prensa valiente que calló sus desmanes durante décadas-- se apresuró a concederles aunque no aparece en la disposición. No se les reconoce ningún mérito; son simplemente reyes. De hecho, ni siquiera se les reconoce el título de reyes “de España” porque este título, previsto en el artículo 56.2 de la Constitución, es único y lo ostenta en exclusiva su hijo. Así que Juan Carlos sigue siendo el rey pero ya no lo es de España ni de ninguna otra parte; ni siquiera, ya le gustaría, del Reino de Redonda. Es un rey sin territorio que, por no tener súbditos, puede atribuirse ya la condición de soberano, como único habitante de este u-topos sobre el que gobierna. 

Sin trono ni reina, ni nadie que le comprenda, Juan Carlos podría arrancarse cualquier día por José Alfredo. Y podremos esperar tal cosa ahora que, de manera extraña y sutil, se le está poniendo un perfil a lo Julio Iglesias, con quien comparte un prototipo de masculinidad decadente, un mismo gusto por paraísos de palmeras, unas mismas camarillas de aduladores, una misma moralidad abotargada a caprichos y una misma impunidad.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Hará unos meses me crucé por la calle con un chaval que llevaba al colegio, con mucho cuidado, una bonita maqueta del Sistema Solar. El trabajo era notable: pegados sobre unos pequeños vástagos de madera, ahí estaban en corcho el Sol naranja, Mercurio gris, Venus blanco, la Tierra azul, Marte rojo, Júpiter de colores, Saturno con sus anillos, Urano y Neptuno blanco azulados. El niño tenía motivos para estar orgulloso aunque, en realidad, la maqueta adolecía de un problema crítico de escala y perspectiva. Lejos de ser anecdótico, este error es relevante, porque muestra cómo nos vemos, cómo nos queremos ver a nosotros mismos en el universo. ¿Qué pasaría si aquel alumno, llevado de un insólito espíritu crítico, quisiera llevar a clase un modelo del Sistema Solar a escala real? Hagámosle el trabajo; sugirámosle una escala mínimamente manejable: por ejemplo, de una milmillonésima. La Tierra tendría el tamaño de una pequeña canica; para el Sol, y aquí empiezan las dificultades, tendríamos que buscar una enorme pelota medicinal de más de un metro de diámetro, un tanto incómoda para llevar al colegio. Entonces el alumno aplicado se preguntaría a qué distancia tendrá que poner la canica de la gran pelota si quiere respetar la proporción del Sistema Solar; meditará si le cabrá en su pupitre o si, por el contrario, tendrá que utilizar todo el aula para mantener la escala. Muy optimista.

Imaginemos que colocamos la canica de la Tierra en el centro de un campo de fútbol, patrón que sirve hoy de medida universal; la Luna, convertida en un pequeño guisante, estará a algo más de un pie de distancia. El resto del campo estaría vacío. Esta es la realidad: estamos solos. Tal vez por algún córner asomarán, de vez en cuando, las canicas de Venus o Marte, pero nada más; el Sol estaría bastante fuera del estadio.

¿Y a qué distancia situaríamos la siguiente estrella? Sería difícilmente imaginable. Si una nave espacial minúscula despegara de nuestro mundo en miniatura buscando otra estrella, atravesaría trabajosamente el césped, saldría del estadio, de la ciudad, del país... y aunque llegara al lugar más lejano posible, a las mismísimas antípodas, no encontraría nada más que el vacío más absoluto. Podría llegar hasta Nueva Zelanda y aun regresar de vuelta sin encontrar ninguna otra estrella que no fuera el Sol, ni más planetas que los del Sistema Solar, con las rocas errantes que vagan sin rumbo.

A efectos prácticos, estamos solos en el universo. La optimista ecuación de Drake, que auguraba miríadas de civilizaciones, se encuentra contenida por la paradoja de Fermi: ¿dónde están todos? Y eso que somos una gente muy ruidosa. La Tierra es verdaderamente una discoteca galáctica; llama la atención a años-luz de distancia. Sin embargo, miramos hacia el universo y, salvo nosotros, está en completo silencio.

El pánico a lo infinito, el miedo a la soledad y a lo desconocido, el ‘horror vacui’ que aterraba a los habitantes de Diaspar en la novela de Arthur C. Clarke, nos hace imaginar nuestro Sistema Solar como una cercana comunidad de vecinos, con grandes planetas acurrucados frente al Sol en una maqueta escolar manejable, como la que ET hizo girar ante el asombrado Elliot. Pero las cosas no son así.  

Este mismo temor, la contemplación de la ausencia y el aislamiento, hizo surgir entre nosotros el fenómeno religioso, nacido como primera respuesta del ser humano ante un universo vacío, infinito y callado que no respondía preguntas. Existiendo la creación, ha debido existir un creador, nos dijimos. Y viendo que el Sol renacía cada día, y la vida cada primavera, también el ser humano se soñó inmortal. De aquí podría haberse consolidado un sentido de auténtica trascendencia y sacralidad en la naturaleza, convirtiendo el cosmos en una pura hierofanía, como nos relató Mircea Eliade en Lo sagrado y lo profano. Pero la poesía duró poco.

No tardó la policía de la moral en apropiarse del fenómeno: de repente, y en una segunda fermentación de la idea, el todopoderoso se vio reducido a un agente de autoridad que vigilaba a los súbditos para que cumplieran con la ley, se portaran bien, no se metieran en problemas y se contentaran con lo dado. Existen al menos doscientos mil millones de galaxias y en cada una de ellas más de doscientos mil millones de estrellas, pero es igual: el creador de todo el universo habría puesto sus ojos en esta mínima mota espacial para escudriñar conductas, castigar al infiel y premiar al obediente. De esta forma, la inmortalidad sería ahora distinta según cómo te hayan comportado en vida. Hoy resulta absurdo sostener que la muerte discrimina el destino de las almas, pero durante milenios, y aún hoy, la esperanza de un paraíso era innegociable para muchos como única vía de salvar otros vacíos.   

En esta perspectiva del creador entendido como gran comisario, todo cuanto sucede es por su voluntad, lo que relega nuestro destino a una mezcla aleatoria y arbitraria de regalos y castigos, a veces de una crueldad rayana con el sadismo y siempre incomprensible. Son los dioses de los pobres pero, por alguna ignota razón, aparentan tratan mejor a los ricos. Los creyentes les piden favores a sus dioses y fingen entender sus decisiones; no les hagan explicarlas.

En una tercera fermentación de la idea, ciertos nacionalistas quisieron apropiarse igualmente del fenómeno y autoproclamaron sus tribus como pueblo “elegido por dios”, en contra del resto de los habitantes del planeta Tierra que, para su desgracia, habrían sido preteridos por la divinidad. Decir ‘somos el pueblo elegido y tú no’, en un universo de cincuenta mil trillones de estrellas, es un lema grotesco sobre el que fundar una secta, discriminar al otro, negarle la condición humana o justificar una matanza. Si un dios te reconoce como uno de los suyos y te pide matar, no hay argumentos sólidos para discutirle, así que esta idea vino muy bien a los generales de las mil batallas, cada uno con su propio dios en la bandera. En una cuarta fermentación, mucho más peligrosa, algunos dioses prometieron a sus tribus un trozo de terreno concreto sobre el planeta solo para ellos (Nm. 34,2) sembrando entre sus adeptos el germen genocida. [Y no se me enfaden; como nos recordaba Adela Cortina, las personas son siempre respetables, intocables en su dignidad humana. Este respeto hay que mantenerlo. Pero no todas las ideas son respetables]. 

Si dios no existiera, todo estaría permitido, según una conocida idea que late en Los Hermanos Karamazov de Dostoievsky. Las élites lo siguen creyendo: solo el temor de dios, el horror al vacío, el miedo a no resucitar, puede hacer que la gente se porte bien y no asalte los tronos. Por eso cuando la plebe empieza a inquietarse, cuando se le quita la esperanza, la posibilidad de tener un futuro razonable, cuando se le priva de la cultura y la educación, cuando se pone fuera de su alcance un piso donde vivir y una pensión con la que jubilarse, cuando ya no sirve ni como consumidor y queda a la intemperie, entonces es cuando el poder trae de vuelta al dios de la resignación para acunarnos. Resurge la espiritualidad, las vocaciones, la gente regresa a las iglesias... Vuelven incluso las prácticas ascéticas del hesicasmo: soledad, silencio y quietud. Así nos quieren los poderosos: solos, callados y quietos. Tras quitarnos lo material, nos anuncian las bondades del postmaterialismo. Son unos fieras.

Pero es curioso que este resurgir de la espiritualidad superficial, de una especie de trascendencia banal, coincida en el tiempo con el renacer del poder más sórdido de las teocracias. Ambas vías caminan en paralelo, manteniendo el cuidado para no cruzarse: al populacho se le permitirá, y cada vez más, invocar a un dios melifluo, hipotónico y homeopático que le ponga en contacto con su mundo interior. Mientras tanto, el dios de la guerra y los ejércitos se lo reservarán los poderosos para sí mismos, conscientes, como advirtió Slavoj Zizek invirtiendo la proclama de Dostoievsky, que si dios existe, entonces todo está permitido: invadir, secuestrar, castigar al infiel, torturarlo, aniquilarlo... Desde Uganda hasta Israel, desde Estados Unidos hasta Irán, desde Franco hasta Bin Laden, si se actúa en nombre de la divinidad, ¿cómo oponerse? ¿Cómo negarse a cumplir la orden divina? Doscientos cincuenta años de Ilustración y aún no nos hemos sacudido el miedo ancestral al vacío ni hemos alcanzado nuestro anhelo de pensar por nosotros mismos. Y ahora Rosalía se pone el velo.

En un conocido corte de su serie Cosmos, llamado The pale blue dot, Carl Sagan nos dejó un hermoso alegato sobre nuestra propia fragilidad y soledad como especie en el universo conocido. A partir de la fotografía más lejana hecha nunca de la Tierra, Sagan reflexiona con una lucidez y una profundidad poética apabullante acerca de las miserias de la ambición humana, para terminar lanzando un aviso a los navegantes creyentes: la salvación no nos vendrá de fuera; estamos a nuestra sola merced. Y como no recuperemos el control de nuestro planeta, secuestrado hoy por estos genocidas de la creación (‘drill, baby, drill’), los rezos no nos servirán. Ningún dios vendrá para salvarnos. Ahí afuera no le importamos a nadie.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

‘Winter is coming’. El tercer domingo de diciembre, justo a las cuatro y tres minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, entró el invierno en España. Unas horas más tarde, con los primeros recuentos electorales, advertimos que en Extremadura había entrado con especial virulencia. La hora es grave pero no gloriosa. 

Las elecciones coincidieron con estos tiempos navideños donde las personas, desde hace siglos, se arriman al calor del hogar buscando la compañía, la mirada y el abrazo del prójimo para superar juntos la crudeza del invierno. Sin embargo, hemos de reconocer que el ejercicio de la verdadera empatía, impuesto por nuestra naturaleza humana, resulta costoso en términos emocionales; es sencillo sentir compasión por el otro o descorazonarse ante sus desgracias, pero ponerse en su lugar, superando el abismo entre las almas, puede llegar a ser doloroso, así que uno, por propia supervivencia, trata de dosificar sus esfuerzos y llegar hasta el límite de lo sensato, organizando su empatía con un cierto espíritu crítico. 

Los extremeños han entregado su futuro político a quienes quisieron desinfectar el lugar donde la víspera habían reposado las cenizas de Robe. Que con su pan se lo coman. La grandeza de la democracia se encuentra en la gestión de las miserias. Políticamente la gente tiene lo que quiere y quiere lo que merece. No habría mucho más que decir. 

En los últimos años, los gobiernos de derecha y extrema derecha diseminados por el Estado han dado muestras de cómo gestionan los servicios públicos; una gestión deplorable, podrá decirse, pero desde luego no sorprendente: cuando no se cuida lo público, cuando se reducen los impuestos y se limita la presencia del Estado despreciando a los funcionarios, todo se deteriora. Menuda novedad. De ahí que los extremeños tuvieran una ventaja: ya saben lo que pasa cuando se disminuye el número de bomberos, como en Castilla y León; cuando se reducen los esfuerzos en sanidad, dejando a la intemperie las pruebas diagnósticas de miles de mujeres, como en Andalucía; cuando se desprecia la vida de los ancianos sin seguro privado, como en Madrid; cuando se deja en manos de la avaricia la asistencia sanitaria, como en Torrejón; cuando se lleva a la ruina a la enseñanza pública a favor de estos colegios de la señorita Pepis y universidades de Pinta y Colorea, como en Madrid; o lo que pasa (todo en general) en Valencia. Pero todo esto no solo es obvio; es la consecuencia necesaria e inevitable de unas políticas de demolición. ¿A quién se pretende engañar? Todos sabíamos que iba a pasar esto; es que no puede pasar otra cosa. 

Y vienen los extremeños y votan al señor desinfectador. ¡Qué le vamos a hacer! No hay duda de que los partidos de izquierda no lo han hecho nada bien y que puede haber un ambiente de cambio de ciclo que ha provocado que ciertos actores se reposicionen por lo que pueda pasar, poniendo distancias con un socio al que dan por amortizado. Es cierto. Pero no soy de los que piensan que lo peor es preferible a lo malo. 

Como es sabido, el derecho distingue los conceptos de culpa y responsabilidad; culpa refiere al causante de un hecho y responsable a quien carga con las consecuencias. Se puede ser culpable pero no responsable (un menor que causa desperfectos) y responsable pero no culpable (los padres del menor, que tienen que pagar los daños). Uno de los casos más conocidos de responsabilidad sin culpa lo recoge el Código Penal para los delitos cometidos en el desempeño de sus servicios por los empleados, representantes o gestores de un negocio: el representante es el culpable, pero quien le dio el poder de actuar, la persona que le confió la misión y le encargó la gestión en cuyo cumplimiento se cometió el delito, será responsable civil de lo hecho en su nombre (así, el dueño de un bar es responsable, aunque no culpable, de los hurtos cometidos por su camarero).

En el ámbito de la estructura formal del Estado de Derecho, probablemente no se haya desarrollado en profundidad una teoría política de la responsabilidad. Tal vez podría aventurarse que en una democracia moderna el pueblo nunca es responsable. No lo puede ser porque, en su condición de soberano, no tiene que responder frente a nadie de sus decisiones: por su propia naturaleza de soberano y poder constituyente, el pueblo no tiene que explicar sus decisiones, ni razonarlas, ni dar cuenta del sentido de su voto, por muy absurdo o delirante que sea. Así es y así debe ser. 

De ahí la siguiente derivada: el pueblo tampoco debe responder frente a nadie de las consecuencias de sus decisiones. Si sus representantes esquilman los servicios públicos, privatizan la sanidad, regalan terrenos para empresas papeleras, prorrogan la vida de viejas centrales nucleares, maltratan y expulsan a los extranjeros, permiten construir encima de playas... nadie le pedirá cuentas a la gente que puso a semejantes tipos al frente de responsabilidades políticas. Así es y así debe ser. 

Sin embargo, y poniendo en acto los límites a la empatía con los que me he propuesto defender mi cordura, lo que ya no entendería como tan razonable es que esta gente venga luego a quejarse de lo hecho en su nombre. Ya no podrán alegar desconocimiento o sorpresa. Es probable que, para muchas personas, no exista en el abanico de opciones políticas ninguna que se ajuste completamente a sus deseos o a su ideología; es probable que piensen que todas son de una mediocridad abrumadora, y que se les está convocando a elegir entre lo malo y lo peor [aunque no nos engañemos: la sociedad civil termina siempre por organizarse y ofrecer alternativas políticas cuando advierte la orfandad de un sector relevante del electorado]. Pero tal vez este electorado debería valorar que hay matices, y a veces algo más que matices, entre las opciones que se les ofrece. Y que serán ellos mismos, y no otros, quienes sufran las consecuencias de su decisión. 

El gran Jesús Vicente Chamorro, imprescindible y mítico, se burlaba del Defensor del Pueblo. “¡Pero qué tontería de institución!” --se reía--. “¿En una democracia, de quién se tiene que defender el pueblo?”. Tenía toda la razón. En democracia, el pueblo no precisa defenderse ni reivindicarse frente a nadie, tampoco frente a sus políticos, a quienes él mismo elige. Pero precisamente por ello debe asumir las consecuencias de los actos de sus representantes. Las pancartas frente a las sedes del Gobierno no son quejas del pueblo contra un tercero ajeno, sino un lamento que el pueblo se dirige a sí mismo por haber tomado según qué decisiones. No llegaré al punto de decir que el pueblo puede votar mal, como decía Vargas Llosa; es soberano y puede hacer lo que le plazca. Pero siendo dueño de su destino es, por tanto, único responsable del mismo. 

Por eso, si el día de mañana las mujeres extremeñas advierten que deben ir a Asturias a abortar, o que se retrasan los resultados de sus pruebas diagnósticas, o que la Quirón de González Amador o el Grupo Ribera de Pablo Gallart desembarcan en Extremadura para ofrecer novedosas técnicas de triaje eugenésico o se reduce el número de bomberos para aumentar el de banderilleros, confieso que me costará trabajo ponerme detrás de la pancarta. Lo siento. Y ya verán cómo, en semejante trance, las tertulias se llenarán de expertos y de expertas que concluirán con voz engolada que la culpa de todo lo que les pasa la tienen Ábalos y Koldo. No se lo crean. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal.

Estaba el juicio avanzado cuando, después de que el Rey encareciera a los jurados que emitieran su veredicto, la Reina le contravino: “no, no, primero la sentencia; el veredicto después”. Y la niña, al escuchar tal ocurrencia, saltó de inmediato. Es importante detenernos en la respuesta que Alicia se atrevió a soltarle a la cara de la soberana: “stuff and nonsense”. No es sencillo traducir esta frase de niño. Mario Armiño la tradujo como “Absurdo e insensato”; Francisco Torres, como “¡Qué tontería!”; Antonio Rivero por “¡Paparruchas!’; Ramón Buckley por “¡Qué insensatez!”; desde Argentina propusieron “Pavadas y disparates”; Luis Maristany insiste: “¿Pero qué insensatez! ¿A quién se le ocurre?”. En Ediciones del Sur dan un paso más: “¡Valiente idiotez! ¡Qué ocurrencia!”. Desde Francia, Henri Bué interpreta con elegancia: “Cela n´a pas de bon sens” y desde Brasil, siempre más arrojados, Clélia Regina Ramos nos propone “¡Qué disparate! ¿Qué idéia imbecil esta?”. Por mi parte, someto la traducción a Google y no entra en matices; propone “sandeces”. 

Más allá de las acepciones, podremos convenir en una evidencia: cuando nuestro Tribunal Supremo hace algo capaz de escandalizar a una niña de siete años, entonces tenemos un problema muy grave. 

La palabra “fallo”, que hoy designa una parte estructural de la sentencia, es un arcaísmo que recoge la conclusión del silogismo jurídico que ofrece la resolución judicial: conociendo lo que ha pasado (premisa mayor) y atendiendo al contenido de la ley (premisa menor), se deriva una conclusión donde el juez falla –hoy diríamos “halla” o encuentra– culpable o inocente al acusado. En una interpretación lógica, semántica, nomológica, jurídica, epistémica y cuantas esdrújulas más quieran añadir, el fallo tiene que ir después de los hechos probados; esto es, después de la parte donde el juez dice la verdad (‘vere-dictum’) de lo que ha sucedido. 

Pero he aquí que nuestro Tribunal Supremo, en el caso del fiscal general, ha optado por adelantar el fallo a la sentencia, en una decisión que provocaría una carcajada de absurdo en un infante y tal vez la perplejidad de los teóricos más conspicuos de la física cuántica: debidamente excitado, el fallo salta de órbita y se encuentra al mismo tiempo al final de la sentencia y antes de ella, con lo que Álvaro García Ortiz sufre la incertidumbre de Heisenberg: está condenado pero sigue siendo inocente, porque no se ha dictado sentencia contra él; conocemos la pena impuesta pero no lo que hizo para merecerla. Y la niña se ríe: “qué disparate”.

Los teóricos de la motivación judicial, que también los hay aunque hablen poco, insisten en que el razonamiento de una sentencia debe ser necesariamente escrito; y que mientras no se escribe, no existe. Tienen toda la razón; un razonamiento no escrito es meramente un pálpito, una impresión, que debe encontrar su discurso, su trayecto lógico en la escritura. ¿Qué pasa si un juez cree culpable al acusado, pero se pone a redactar la sentencia y advierte las debilidades de su inicial convicción? ¿Qué pasa si se pone a buscar motivos para la condena, de la cual está convencido, pero no los encuentra?

No es la primera vez que el Tribunal Supremo nos ofrece esta extraña filigrana procesal, no prevista en la ley, de adelantar el fallo. Lo hizo, entre otros casos, en julio de 2022 con la resolución del recurso de casación de los ERE. También en aquel asunto los votos estaban encontrados; mayor motivo, se pensará, para profundizar en el debate y prolongar las deliberaciones. Pues no; adelantando el fallo, el debate quedó bloqueado y el resultado cerrado. Los magistrados continuaron sobre el campo pero el marcador (en aquel caso, un 3-2) estaba decidido antes de que terminaran el partido, que solo concluye con la redacción y firma de la sentencia.  

En la segunda parte de Alicia (“A través del espejo y lo que descubrió en él”), Lewis Carroll ahonda en este delicado divertimento: el mensajero del rey está en la cárcel porque le han condenado... “sin embargo, el juicio no debe empezar hasta el próximo miércoles”. La niña se alarma: “¿Y si resulta que no cometió el delito?”; “pues mejor para él”, le contestan. En realidad, hay vehementes indicios que nos informan de que Álvaro García Ortiz estaba condenado desde antes del juicio y, sobre todo, antes de su conclusión. Dejemos al margen esta peculiaridad procesal de que los magistrados que decidieron abrir la causa contra el fiscal general hayan integrado su tribunal sentenciador, cosa que llamará la atención en el Constitucional y, en cualquier caso, en Europa. Dejemos al margen también el trato mostrado por el tribunal con la defensa del fiscal general (consejo para abogados noveles: cuando un juez conceda media hora a la parte contraria para su informe de conclusiones pero a ti te ofrezca tiempo ilimitado, hazte a la idea: tu cliente está condenado). Me quedo con la pavorosa frase del Presidente a un periodista durante la vista: “Otra cosa (es) que nos amenace con que lo sabe”. He ahí el epítome del juicio, donde el poder se siente amenazado por un periodista atormentado por un dilema moral, que amaga con romperles la sentencia dictada pero aún no escrita. No lo hagas, no lo digas. Y el periodista se calla. 

Lejos de mí, por favor, la tentación de dar lecciones a nadie pero, de haber sido yo el afectado, tal vez me hubiera decantado por una “lobatada”: hubiera ido a un notario para dejar constancia, en un acta de manifestaciones, de quién me había filtrado el correo de Neira, y se la hubiera ofrecido al Presidente para que, si lo tuviera a bien, la reclamara. Porque prefiero vivir en un país donde el poder tiene miedo al periodista que en un país donde el periodista tiene miedo al poder: “No nos amenace”. En fin, cuando la vida te encierra en una alternativa diabólica con dos opciones perversas, los antiguos sugieren descartar aquella que te avergüence y quedarse con la que te haga sentir más orgulloso de ti mismo. 

Y cuando ya pensábamos que todas las desolaciones habían llegado hasta nuestra orilla, nos despertamos con una noticia sobrecogedora: miembros del tribunal han recibido dinero de una de las acusaciones. ¿Qué les parece? En una sociedad mínimamente civilizada, pero muy mínimamente, esta frase pondría sobre el tapete un delito: si es falsa, de quien la pronuncia, por calumniosa; si es cierta, de quien es aludido. Pero en este país de las maravillas, no se inquieten, no pasa ni una cosa ni otra. ‘Iudex legibus solutus’. 

Se nos dirá, tal vez, que se trata de poco dinero; en todo caso será mucho más del que recibió Baltasar Garzón del Banco Santander (cero euros) en el asunto por el cual el Supremo le investigó. En realidad, el dinero es lo de menos; lo más grave es la triste impresión que ofrece: la imagen de una perturbadora conjunción de intereses que nos remite a los arcanos del poder de siempre, la antigua apisonadora que no se detiene. ¿Ustedes se imaginan, solo por poner a volar la imaginación, que Baltasar Garzón hubiera ido a dar una conferencia a la Ciudad Financiera del Santander la víspera de sentenciar a su favor? ¿O que José Ricardo de Prada Solaesa hubiera ido a dar un curso a Ferraz, ¡aunque fuera gratis!, la víspera de condenar al PP y se despidiera de la concurrencia diciendo “os dejo que tengo que dictar la sentencia de la Gürtel” entre grandes risotadas de los presentes? Hoy se debatiría en lo que los conductistas ya denominan ‘la Disyuntiva de González Amador’. 

¡Que le corten la cabeza!, clamaba la Reina del país de las maravillas. Álvaro García Ortiz la mantuvo erguida y se la cortaron. Como nos recuerda Hans Christian Andersen en El traje nuevo del emperador, cuando el poder se pavonea ante sus súbditos conviene escuchar a los niños, dueños de la verdad que amenaza. Así que ¿tú qué opinas de todo esto, Alicia?

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

A veces, la realidad nos ofrece metáforas hasta tal punto transparentes que parecen una burla a la inteligencia, de tan groseramente que el significado se impone a la imagen ofrecida.

Apenas una semana después de que Sandra Peña se suicidara en Sevilla víctima del acoso de sus compañeras, la presidenta de la Comunidad de Madrid se apresuró a ir a un instituto, el IES Antonio Fraguas ‘Forges’, para publicitar un “protocolo de actuación en la lucha contra el acoso escolar”. Con un telón de niños de trece años aplaudiéndole el ego, la presidenta se hizo acompañar por Ilia Topuria, al parecer modelo del diálogo, educación, empatía, ayuda mutua y respeto que deben verse en las aulas de nuestros institutos. Que la Comunidad de Madrid promueva como adalid contra el acoso escolar a quien se despacha con comentarios como ‘le voy a arrancar la puta cabeza’ a un rival es un triste chiste que habría asqueado al propio Forges. Sin embargo, por algún insondable motivo la directora del instituto, María José Hurtado, cree que la solución contra el acoso escolar pasa por llenar sus clases de Topurias; verdaderamente, el sueño de la razón produce monstruos.

El planteamiento está claramente desenfocado, pero no es necesariamente erróneo. El bullying es un problema muy grave cuya solución, multidisciplinar, pasaría por actuar sobre el acosador, orientando su conducta hacia la educación y el respeto. Por el contrario, los nefandos discursos escuchados en el Forges no ponían el foco sobre el acosador sino más bien sobre el acosado, a quien se dirigieron proclamas de “esfuerzo, superación y lucha”; en esta perspectiva, la solución del acoso, como también del consumo de drogas, pone la diana en la conducta y respuesta de la víctima, a quien se urge a “luchar”. En consecuencia, en ella recaerá la responsabilidad si pierde la batalla.

Desenfocado, pero tal vez no erróneo. La Comunidad de Madrid, con su presidenta al mando, está dando a los niños entre quienes se fotografió, a todos nuestros hijos, un mensaje claro: en el nuevo mundo feliz que la extrema derecha está cincelando a marchas forzadas os vais a encontrar con muchos Topurias. El acoso es un instrumento generalizado --y en buena medida aceptado socialmente-- de gestión de relaciones sociales, basadas en estructuras de poder desigual: competir con el otro, luchar, superarlo, vencer, arrancarle la puta cabeza. Es bullying lo que hacen los israelíes con los palestinos, con los que apoyan a los palestinos, con los periodistas que preguntan por los palestinos; es lo que hace Trump cada vez que abre la boca; lo que hacen los caseros con los inquilinos; lo que hace el 1% de la población mundial, que acaparó para sí el 41% de la riqueza creada entre el 2000 y el 2024, sobre el resto esquilmado.

Desde este enfoque parafascista, donde el débil es prescindible, ¿cómo explicar a nuestros hijos que el bullying es malo si todo el mundo lo hace? En el universo Topuria, como en tantas películas de Stephen King, el acoso le ofrecerá a la víctima una buena ocasión para fortalecer su espíritu, templar su carácter, madurar y hacerse respetar, luchando y peleando por su propio destino. Si la víctima fracasa, será consecuencia de su propia debilidad.

En este contexto pavoroso, el chaval que, colocado estratégicamente a la espalda de Díaz Ayuso y Topuria, escuchase con atención sus discursos, podrá advertir que el bullying es la aguja de marear, la clave misma para orientarse en el mundo que están diseñando. “En realidad, es lo que te espera”, le están diciendo: cuando salgas a la vida, tu jefe decidirá cuánto te paga y tu casero cuánto te cobra. Tendrás que encajar tu vida en el interludio de estas dos cifras, mientras gestionas tu proletarización soñando con convertirte tú mismo en jefe o casero y prolongar el acoso sobre otros. Porque una característica esencial del matonismo es ésta: la lucha a la cual se nos emplaza es siempre contra el más débil. Cegadas las vías de ascenso social, exprimidos el mercado del trabajo y de la vivienda por la avaricia del capital, la única vía permitida para dirigir nuestro “esfuerzo, superación y lucha” es contra los más frágiles, para así lograr la ficción de que ascendemos sobre sus cabezas y esquivamos la caída al abismo de la irrelevancia social. Los delta peleando contra los épsilon, en este nuevo mundo feliz.

Todos sabemos que faltan empleos, escuelas, hospitales, dinero para pagar pensiones... pero las encuestas nos dicen que los jóvenes no piden ni más trabajos, ni más médicos ni más profesores, ni más recursos públicos para los jubilados. Por el contrario, las hordas de extrema derecha que inundan el discurso público reclaman la expulsión de trabajadores, de pacientes, de niños; nos convencerán para rebajar nuestras propias pensiones antes que subir los impuestos a los poderosos. Pensamos en nosotros mismos como víctimas, como lamentaba Paul Newman en Veredicto final, y terminamos siéndolo.

Recordaba todo esto el otro día, escuchando el discurso de Juan del Val al recibir su premio Planeta. Sabiendo que había escrito una porquería de libro, se excusó de antemano diciendo que “se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual”. Hace años, no tantos, la gente compraba libros para pertenecer a la élite intelectual. Quería alcanzar un nivel de formación y sabiduría que le permitiera tener criterio propio y gozar de su intelecto. Ser o pasar por intelectual era algo bien visto, representaba la cima del éxito social y cultural. Aquellos tiempos ya han pasado. Si intelectual es sinónimo, según la Real Academia, de sabio o erudito, el discurso del premiado resultaba más bien descorazonador: “comprad mi libro de mierda, vosotros que no sois de la élite, que no aspiráis a nada”. Hace años habría bastado este insulto para que nadie le comprara el libro, pero hoy en día “la gente” ha interiorizado hasta tal punto su condición de lumpen explotado, que renuncia a salir de la mediocridad en la que cree estar. Comprarán el libro y agotarán las ediciones.  

En la página oficial de la Comunidad de Madrid, un redactor meritorio –en culto, más bien inculto, al líder-- dejó escrito que los chavales del Forges salieron del acto con la presidenta y Topuria “con la euforia de haber conocido a dos personalidades tan conocidas” (sic). Podrían haber salido con la euforia de haber avanzado en la lucha contra el acoso, pero no parece que haya sido el caso. En fin, estas personas tan conocidas buscan crear una generación de Topurias como Saluman quiso modelar una generación de Uruk-hai; queda por ver de qué institutos saldrán nuestras élites intelectuales. 

La tensión es abrumadora. El jurado entrega a la magistrada su veredicto mientras la sala guarda un silencio sepulcral. En el papel entregado viene escrita la palabra maldita: “culpable”, pero la magistrada, quebrando la dinámica que hemos visto tantas veces, no dará paso a su lectura. En su lugar, devuelve el documento al jurado sin revelar su contenido y les exhorta a motivar su decisión: “no basta con decir ‘creemos que ha pasado esto’ sino que tienen que decir ‘creemos que ha pasado esto porque en atención del testimonio de esta persona’...”, les explica; ante declaraciones contradictorias deben aclarar “por qué hemos dado más credibilidad a esa persona que a la otra” y en caso de periciales opuestas “tienen que dar una breve explicación de por qué han optado por esa pericial y no por otras”. El jurado se retira a deliberar cabizbajo dejando una insoportable intriga en el acusado, que si en ese momento alzara la vista al techo vería una espada balanceándose peligrosamente sobre su cabeza. Al cabo, regresan y entregan su nuevo veredicto: “inocente”.

La escena anterior sucedió en Valencia hace unos años, pero bien pudo haber pasado en cualquier otro lugar. Una brisa ligera y trivial liberó la espada, que cayó rozando al acusado, por el puro azar de una administración más de lotería que de justicia. El absurdo no terminó ahí: tras escuchar el veredicto de inocencia, la acusación quiso conocer el primer veredicto; lo habían tirado a la basura y nadie lo conservaba. El Tribunal Superior de Justicia confirmó la absolución pero el Tribunal Supremo ordenó repetirlo todo, convocando al acusado a un nuevo juicio, una nueva sentencia, una nueva apelación, una nueva casación... Finalmente, el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana al Supremo y, de forma certera, ha anulado la decisión de repetir el juicio entendiendo que todo tiene un límite. El yerno de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (no verán una aposición con más “de”) ya ha sido juzgado y es inocente. En realidad, para ser precisos, no ha sido juzgado; le han sometido a un juicio, cosa diferente, porque la labor de juzgar no se vislumbra por ninguna parte.   

La ley que instauró el jurado en España fue aprobada en 1995 y, sin ánimo de exagerar, podría decirse que fue elaborada por unos legisladores verdaderamente aterrados ante lo que estaban haciendo. Este pánico puede rastrearse de los tres dogales que colocaron al cuello del jurado para que no se les desmadejara mucho; no fueron suficientes.

El primer dogal fue, como hemos visto, imponerles la necesidad de explicar su decisión. Esta es una exigencia lógica, en la línea de una tradición secular del derecho continental. Sin embargo, si hay algo que sabemos del jurado, desde la primera película que vimos de niños, es que no motiva sus decisiones. Desde Testigo de cargo a Veredicto final, desde Philadelphia a Anatomía de un asesinato, no verán una película donde, tras el veredicto, el magistrado se dirija a los jurados: “¿Me pueden ustedes explicar de dónde han sacado semejante veredicto?” En pura teoría, esta falta de motivación no es un defecto procesal sino una consecuencia de su propia naturaleza de tribunal popular y soberano. El juez que explica su decisión refuerza su autoridad porque la motivación es la forma de ganarse su propia legitimidad. Por el contrario, el jurado tiene una legitimidad de origen, como pueblo soberano que es, por lo que al explicar su veredicto debilita su autoridad, porque la somete a debate. Uno de los atributos del soberano es precisamente no tener que dar explicaciones; lo mismo pasa con la divinidad, como recuerda Carlos Castresana en su último libro: si exigiéramos a un dios que nos explicara lo que hace, dejaría de ser dios.   

Aparte de este escollo, hay otra dificultad añadida para la motivación del jurado, que responde a la nociva idea de que la verdad puede alcanzarse sin más técnica que la impresión, confundiendo un juicio de conocimiento con un juicio de valor. El discurso de la magistrada en aquella vista refuerza este gravísimo vicio: un jurado no debe decirnos ‘creemos que ha pasado esto’ sino ‘sabemos que ha pasado esto’. El jurado alcanza su convicción por un proceso epistémico inverso al que debería ser el judicial: lo propio es que un juez llegue al fallo trabajando desde los hechos hasta la convicción, en una labor de motivación ascendente, donde se preguntara ¿qué me está diciendo esta prueba? Al jurado, como a los malos jueces, le llega el convencimiento como una revelación, una experiencia de epifanía, de tal manera que la motivación se presenta descendente, dirigiéndole a responder otra pregunta distinta: ¿por qué esta prueba me ha convencido? El enfoque es opuesto: en ascenso, la motivación puede dar lugar a preguntas sucesivas, a nuevas cuestiones, escenarios e hipótesis: ¿qué pasa con esta prueba, con aquella otra? En descenso, el proceso motivador, de recorrido muy limitado, termina por estrellarse en el suelo.

El segundo grillete que el legislador le puso al jurado fue convertir sus decisiones en muy recurribles, cosa que tampoco hemos visto en las películas al uso, donde el público se suele alborotar de inmediato con el veredicto, teniéndolo por decisión final. Cuando se aprobó la ley las sentencias por jurado eran las únicas, en materia penal, que se sometían, sucesiva y acumuladamente, a un recurso de apelación y a un posterior recurso de casación. La ultrarrecurribilidad cuestiona el propio fundamento de la institución, al convertir el veredicto del jurado en una decisión provisional que posteriormente, aunque con la notable inercia que impone lo ya decidido, pasará a la validación de jueces profesionales. Para eso, pensará alguien, que le juzguen directamente estos. (Que contra una sentencia puedan interponerse muchos recursos no es algo necesariamente bueno, sobre todo cuando la primera nos ha dado la razón). Como se comprenderá, en fin, este supuesto dogal de control se convierte en realidad en una fuente de descontrol y futilidad: el jurado no pondrá mucho empeño en acertar con su decisión sabiendo que su veredicto, sea cual fuere, será revisado con posterioridad.

Pero el tercer cepo, el tercer límite que la ley le impone al jurado, es el más relevante de todos, y nos remite a la escogida relación de delitos que serán enjuiciados por el tribunal popular; una relación muy restringida, bastante desordenada, pero que responde a unos criterios criminológicos muy claros. Objetivamente, se llevarán al jurado delitos más sencillos que complejos (homicidios sí, violaciones no), y subjetivamente se elegirán aquellos asuntos dirigidos contra un perfil de delincuentes que podríamos llamar habituales, los destinatarios naturales y propios del derecho penal que, como toda norma, no es más que un derecho de clase. Así, el jurado enjuiciará homicidios dolosos o intencionales, porque los asesinos son malos, pero no los homicidios imprudentes, porque en caso de incluirlos los médicos iban a caer como chinches. De la misma forma, el jurado enjuiciará sobornos, cohechos y malversaciones, porque ya sabemos que los políticos son malos, pero de ninguna manera prevaricaciones; la mera idea de que un jurado popular pudiera enjuiciar y condenar a jueces provoca arcadas de pavor en la superestructura del poder, dispuesta a que nos juzguemos los unos a los otros, pero no a que los juzguemos a ellos.

Y así salió nuestra ley del jurado, hace ya treinta años, con estos tres graves estigmas. Como era de esperar, es una ley de aplicación muy residual. Frente a las más de ciento cincuenta mil sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y las más de once mil dictadas en el ámbito penal por las audiencias provinciales, no llegaron a quinientos los asuntos sentenciados en 2024 desde el foso del jurado, por donde todavía hoy pena el fantasma de Rocío Wanninkhof.

Pero he aquí que, por un peculiar juego del destino, estos tres condicionantes o limitaciones que hacen del jurado un tribunal atormentado, abonan el terreno, ya muy embarrado, para que el juez Peinado quiera arrojar al mismo foso a Begoña Gómez. Es perfecto: un tribunal que razona livianamente, que relega su convicción en un sistema de creencias, que ve amparada su frivolidad en la posibilidad de sucesivos recursos y que, dirigido su foco a una diana específica de objetivos, condena a la inmensa mayoría de los ciudadanos que se le ponen por delante (un 92,9% en el año 2024). El escenario ideal cuando se quiere condenar por un delito inexistente.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

De todos los debates abiertos por el asesinato de Charles Kirk, quizás uno de los más tangenciales, pero no por ello menos agudo, nos remite a las circunstancias en las que el asesino fue identificado y detenido. Y es que, según nos cuentan las crónicas, Tyler Robinson fue delatado por su propio padre, Matt. Cuando le preguntó a su hijo si era el autor, el chaval --un mormón capaz de creer en mentiras pero incapaz de decirlas-- confesó su delito y el padre lo entregó a la justicia para que lo maten. El hecho es tan desgarrador que sorprende que en el homenaje que la derecha más devota ofreció a Charles Kirk, una suerte de mártir camino de ser el próximo ‘santo subito’, nadie advirtiera que el único comportamiento canónicamente evangélico en todo este drama fue el de Matt Robinson quien, a la altura del mismísimo Yavé, acababa de entregar su hijo a la muerte para que la sociedad expíe sus pecados sobre su cadáver. El episodio nos cuestiona los límites de los afectos respecto a los delitos y las penas, y abre un debate interesante que, muy posiblemente, ofrecerá matices diferentes según la orilla del Atlántico desde la que se enfoque. Las cosas se ven distintas desde aquí, aunque no estén del todo claras las razones de esta diferencia.

Es probable que si esta desgraciada familia Robinson fuera española, Matt no hubiera entregado a su hijo de ninguna de las maneras. De hecho, la ley le habría amparado para no hacerlo: en España, el padre o la madre que, tras enterarse de que su hijo ha cometido un asesinato, lo encubre y esconde, dándole dinero o trasladándolo a hurtadillas al extranjero, no comete ningún delito; no será castigado. La razón de esta exculpación, que se extiende a la pareja, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados del delincuente, no se encuentra en la vigencia de los afectos sino únicamente en la existencia del vínculo. Esto es importante. 

Desde tiempos inmemoriales la legislación penal española, tanto procesal como sustantiva, ha levantado un alcázar en torno a la institución familiar, entendiendo que la familia estaba literalmente por encima del bien y del mal. La propia evolución social, en especial la lucha contra la violencia de género, ha abierto significativas grietas en la barbacana, pero los muros de este jardín prohibido siguen siendo poderosos: un progenitor no puede formular acusación contra su hijo, salvo por delito que haya sufrido en su persona; tampoco será obligado a declarar en contra de su hijo si no quiere hacerlo, privilegio de silencio que también se le reconoce a toda la larga lista de familiares que he mencionado.

Sin duda, la empalizada más llamativa la encontramos en los delitos patrimoniales, donde la familia queda en el extrarradio del derecho penal: el hijo que estafe a su padre o a su madre, o el progenitor que estafe a su hijo, no serán castigados. Por una sorprendente errata a la hora de redactar el actual código penal --una simple coma puesta donde no debía-- esta disposición absolutoria se extiende desde 1996 a los hermanos aunque no vivan juntos, de tal manera que los hurtos, estafas y apropiaciones indebidas quedarán sin castigo cuando la víctima sea hermano del autor. Pero espere que tenemos más: si usted convive con la familia de su cónyuge, puede sisarles impunemente el joyero a sus suegros, porque también le alcanzará la exención de pena, pero no toque las joyas de sus cuñados, téngalo en cuenta, que los lindes de lo que conforma una familia son férreos pero evanescentes. Dejar sin castigo estas conductas perjudica a la víctima, parece obvio, pero nuestro Tribunal Supremo defiende la impunidad porque, dice, castigarlas “perjudicaría la posible reconciliación familiar” (sic). Ya ven ustedes; si para que una familia se lleve bien hay que dejar de aplicar la ley, pues no se aplica y punto. 

Todos estos privilegios se amparan formalmente en los lazos de sangre que unen a los miembros de una misma comunidad familiar, constituida en sí misma en una estructura cerrada regida por un catálogo propio de principios diferenciados. Sin embargo, como digo, lo curioso de este tratamiento jurídico es que se funda no tanto en los principios diferenciados que el cariño y la convivencia van urdiendo en la familia sino más bien en la estructura misma: el derecho exculpa al hijo que encubre al padre no valorando el amor que siente por él sino más bien por el hecho objetivo del parentesco que les une.

De esta forma, cambiando la perspectiva pero manteniéndonos en el mismo escenario, resultará llamativo que nuestra legislación penal desprecie por completo el valor de la amistad, que no aparece mencionada ni una sola vez en nuestro código penal. Aquí es donde se advierte que la laxitud o la comprensión que ofrece la ley respecto a ciertas conductas que afectan a familiares no ofrece un asidero material en el afecto, amor o compromiso propios de la ‘philia’ aristotélica, convertidos todos ellos en elementos irrelevantes. No parece justo. Si el derecho penal valora, por ejemplo, el ánimo de lucro o avaricia como un elemento que convierte en ilícita una conducta, o agrava su reproche, sería lo propio que también valorase en sentido contrario la generosidad, la amistad o, simplemente, la lealtad que mueve un comportamiento para decidir si es o no delictivo.  

Tal vez el único oasis en este páramo lo encontremos en las causas de abstención judicial, que asumen que un juez no puede juzgar a un amigo suyo. Es completamente lógico, porque su vínculo con el acusado le impondría una embarazosa carga difícil de lidiar; pero ese detalle que tiene la ley con el juez no lo tiene con el resto de los intervinientes en el pleito: el juez puede escaquearse, pero el testigo que sea íntimo amigo del acusado no podrá hacerlo. Tiene la obligación de declarar bajo juramento, aunque sea en contra de su amigo, asumiendo la violencia moral de perjudicarlo, sin que la ley le conceda el privilegio del silencio que le reconocería si, por ejemplo, la acusada fuera su suegra. Probablemente declarar contra el acusado rompa la amistad entre ellos y perjudique “su posible reconciliación”, pero en este caso al derecho no le importa; su amistad con el acusado no vale nada ante la ley. 

Para la ética la cosa será bien diferente. Si mi mejor amigo llama a mi puerta a medianoche pidiéndome refugio, mientras en la lejanía se escuchan las sirenas de la policía persiguiéndolo, yo le abro la puerta y lo escondo en el armario. Y lo haré no como gesto desinteresado, sino como un deber al que me obliga la amistad. 

Resulta tentador traer al final del argumento la diferencia entre moral y ética que nos proponía Pedro Vallín (‘Aunque los hombres sean malos’) y que quizás explique, en colofón muy aventurado, el comportamiento de Matt Robinson, un estadounidense encadenado por severas normas de una moral impermeable a la sana crítica de la ética. Y es que las enseñanzas de la moral, en su repertorio de respuestas preestablecidas, nos dirán que dejar un asesinato sin castigo es malo, así que Matt actuó correctamente al entregar a su hijo, al igual que yo haría mal al abrirle la puerta a mi amigo. Por el contrario, la perspectiva ética, entendida como estructura analítica de reflexión y pragmatismo, nos dirá que quien traiciona el amor de un hijo o defrauda una amistad es un ser despreciable. Porque es verdad que Yavé entregó su hijo al sacrificio, pero no olvidemos que Judas Iscariote arde en el infierno por delatar a un amigo buscado por delincuente.  

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

En noviembre de 1809 nació en la aldea de Regueiro, al norte de la provincia de Ourense, una criatura a la que pusieron por nombre Manuela. A la edad de quince años era varón; como tal se confirmó y como tal se casó a los veinticinco años. Le salió barba y fue a la siega de Castilla, como millares de hombres gallegos a lo largo de los siglos. En su última madurez se vestía de mujer, con una falda muradana y un paño sobre la cabeza, mientras hilaba en su rueca. ¿Fue hombre o mujer? Cabrá albergar alguna duda al respecto; quien no tendrá ninguna es Francisco Javier Borrego Borrego, o tal vez Francisca Javiera Borrega Borrega, espléndido exmiembro de nuestro Poder Judicial, que ha saltado a la palestra para reírse, en el mismísimo parlamento español, de ciertas leyes aprobadas por los representantes del pueblo y, de paso, para burlarse de gente como Manuela, de los transexuales y gente sin género definido. La decencia nos impone límites y, tal vez por ello, el Sr. Borrego Borrego no parece tenerlos; puesta su lengua a pastar, arrasa lo que se le pone a tiro. En la caricatura rijosa que nos ofrece, el Sr. Borrego aparenta una cierta fijación por los baños y vestuarios públicos, mofándose con donaire respecto a quien entra en cada uno. Pretenderá este exjuez, tal vez, instaurar una suerte de policía de criadillas, que a las puertas de los servicios forme a los usuarios en filas y distribuya los urinarios, masculinos o femeninos, respectivamente entre quienes tengan o carezcan de testículos. Claro que una cosa son los genitales y otra los genes, pero no perdamos el tiempo explicando obviedades a gente que no lee. 

De todas formas, ¿a quién le importará qué aseo utilicen las personas? A mí, que alguien se defina como hombre o mujer me resulta completamente irrelevante, pero a esta gente la cuestión le hace hervir la sangre. Ya sabemos que estos supuestos paladines de la libertad han venido para llevársela. No solo nos arrebatan la libertad de expresar cosas que no les gustan (como cuando mostramos nuestro horror por las matanzas de Gaza y nos sentamos delante de una bicicleta); es que ni tan siquiera están dispuestos a reconocer la libertad de cada cual de decir quién es, cómo se siente, con quién se quiere casar o dónde prefiere orinar. Se lo dirá el Sr. Borrego, por supuesto, que para eso ha sido magistrado del Tribunal Supremo español. 

Justo al día siguiente de los exabruptos del Sr. Borrego en sede parlamentaria, la presidenta del Tribunal Supremo, una mujer que siempre da la impresión de querer estar en otro sitio, quiso leerle la cartilla a los políticos que, dijo, incurren en “insistentes descalificaciones a la justicia”. A la justicia no la descalifica nadie; por el contrario, precisamente por respeto a ella es necesario descalificar a jueces como el Sr. Borrego, que se burla de la orientación sexual de las personas; como el Sr. Velasco, con sus referencias (manidas por manoseadas) a las cajeras de supermercado, o como el Sr. Hurtado, que está en el Tribunal Supremo pero ni siquiera sabe cómo calcular una fianza. 

A la presidenta le duelen las descalificaciones, pero solo las dirigidas a su colectivo. El resto, tal vez porque no las ve como “impropias de un Estado de derecho”, o porque no quiere ver la viga en el ojo propio, le traen al pairo. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir una querella contra Santiago Abascal por injurias al Presidente de Gobierno, por unas declaraciones donde hacía votos para que el pueblo colgara de los pies a Pedro Sánchez. A nadie sorprenderá esta decisión de archivo, aunque hubiera sido conveniente que en su decisión el Tribunal Supremo nos hubiera ofrecido algún ejemplo de lo que, a su juicio, tipificaría el delito de injurias al Gobierno, un delito que sigue existiendo, al menos sobre el papel; algo, qué sé yo, como “chulo de putas”, “cavaremos tu fosa”, “hijo de puta”... Pero no nos da ningún ejemplo, entiendo que porque son incapaces de imaginarlo. Basta con escuchar al Sr. Borrego y su caracoleo de sarcasmo: esta gente permitirá que se diga cualquier cosa de Pedro Sánchez y sus socios, que para las dirigidas contra ellos se guardan otra vara de medir. El Tribunal Constitucional ya nos dijo hace décadas que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto pero, como nos ha demostrado Hurtado, este Supremo no lee las sentencias del Constitucional. 

En fin, lo que es impropio de un Estado de derecho es un Poder Judicial encastillado sobre sí que, liberado de los contrapesos propios de una democracia, se gestiona, se controla y se gobierna a sí mismo. Eso, como me enseñó Ramón Máiz, no es un poder independiente; es un poder soberano, y en eso estamos. 

La vida de Manuela Blanco, aquella criatura nacida en la montaña ourensana hace más de doscientos años, fue un verdadero infierno. Apenas podemos intuir hoy cómo gestionó sus miedos e inseguridades, cómo fue construyendo su identidad en una sociedad rural urdida de miedos y sombras; como para volverse loca, dice Mariño Ferro en su biografía. Probablemente fue así; en agosto de 1852 fue llamada a declarar ante un juzgado de Verín que investigaba el destino de unas conocidas suyas a las que se había perdido el rastro después de emigrar a Santander. Y allí Manuela declaró, con toda parsimonia, que por las noches se convertía en lobo, y que había matado a todas las desgraciadas, no sabía exactamente ni dónde ni cuándo, a pura dentellada y con la sola ayuda de sus garras y de otros dos hombres-lobo que rondaban la comarca. Jamás se localizó a aquellas mujeres ni se acreditó que hubieran fallecido; nunca se encontraron sus cadáveres ni hueso que les perteneciera. Pero con una opinión pública contaminada por relatos susurrados a la luz del candil, los mismos que Ánxel Fole escucharía cien años después, la justicia condenó a Manuela a la pena de muerte, luego rebajada a perpetua, sobre la base de su solo testimonio, porque es apotegma clásico que la justicia rara vez se enfrenta a la opinión pública. 

Con todo, a quien repase el sumario de aquel desolador asunto le llamará la atención la templanza del juez de instrucción de Verín, ante el cual Manuela reveló por primera vez su delirio. Y es que, tras escuchar su confesión, el magistrado prosiguió su interrogatorio como si tal cosa, preguntándole tranquilamente qué hacían una vez transformados en lobisones o cuánto tiempo permanecían convertidos en lobos. Claro que si el instructor hubiera sido el Sr. Borrego, es probable que su interrogatorio nos hubiera recordado al de Peter Graves en Aterriza como puedas: “y usted, ¿qué aseo público usa para orinar?”

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

¡Rumbo al sur! La orden del almirante debió de subir los ánimos de una marinería harta de altercados y escaramuzas con barcos enemigos. Tras la última, sostenida ante el cabo Fisterra, Villeneuve dio la orden a su formidable flota de virar a mediodía y poner proa a Cádiz, lugar nada malo para descansar aquel agosto de 1805. El almirante tenía órdenes directas de Napoleón de ir hacia el norte pero, por alguna razón que nunca se sabrá, no quiso hacerlo. Es posible que se acobardara ante la envergadura de la misión que el Emperador le había encargado, vinculada a una soñada invasión de las islas británicas. Lo cierto es que el almirante Pierre Charles Silvestre de Villeneuve se fue a Cádiz y allí pasó el final del verano entre rebujitos y pescaíto frito, hasta que le dijeron, ya en octubre, que se estaba acercando a Cádiz un mensajero de Napoleón con una orden de destitución y un ruego para que se presentara en París a dar explicaciones. Y es que aquí cuando Villeneuve, despavorido ante la perspectiva, decidió levar anclas y echarse a la mar, huyendo del mensajero. El almirante comandaba una flota franco-española, y los capitanes españoles, muy cuerdamente, le hicieron ver que la huida era un completo delirio, porque no estaban preparados, porque en el Estrecho estaba Nelson y, además, porque se avecinaba una tormenta de las que harían historia. Pero Villeneuve mandó partir y los obsecuentes capitanes españoles decidieron seguir la senda del demente, después de enrolar apresuradamente en sus buques a una tripulación inexperta, una cohorte de mendigos y borrachos, tomada al arrastre entre el lumpen gaditano. El resto es historia: cuando Villeneuve vio a Nelson frente al cabo Trafalgar decidió dar la vuelta en redondo, como en una película de Charlot, cosa que aprovechó un tal Pierre Dumanoir, comandante del escuadrón que iba el último para, viéndose sorpresivamente el primero de la línea tras el viraje de la conga, poner pies en polvorosa y huir como alma que lleva el diablo. Los ingleses primero y la tormenta después terminaron con la flota de Villeneuve quien, poco tiempo después, se “suicidó” camino de París con seis puñaladas en el pecho. 

La chusca historia de la batalla de Trafalgar es el relato paradigmático que reúne todas las miserias posibles de un incidente militar ridículo y bochornoso. Sin embargo, cierta perspectiva histórica, harto sorprendente, ha consolidado aquella carnicería, completamente inútil, como epítome de la valentía y heroísmo patrio, por más que cueste ver algo de valentía en nada de lo sucedido. No hay nada de valiente en la decisión de Villeneuve de esconderse en Cádiz, ni en su decisión de escapar huyendo del enviado imperial, ni por supuesto en la decisión de Dumanior de salir corriendo. Tampoco en la decisión de los capitanes españoles que, plenamente conscientes de la situación, no tuvieron el coraje ni la valentía de poner pie en pared y desobedecer la orden suicida de Villeneuve, condenando así a su tripulación, la mayoría pobre gente de Cádiz, a una muerte segura. Ciertas crónicas aderezan la decisión de los españoles con manidos gestos de bravuconería: algún francés les habría insinuado que no se atrevían a salir a la mar. Los españoles dejaron sus cubatas en tierra, salieron y murieron en una batalla absurda.

En estos tiempos donde los tambores de la guerra vuelven a resonar, creo necesario recordar que la valentía es una potencia de la razón, exclusivamente. La valentía solo se puede predicar de las decisiones humanas, de tal forma que en aquellos contextos donde el ser humano no tiene capacidad de decisión por haber perdido el control de su destino, no hay valoración alguna que hacer. No se le puede exigir nada. La literatura bélica pretenderá advertir heroísmo o valentía en quienes, colocados por unos comandantes ineptos ante las balas enemigas, se mantuvieron en pie o murieron sin soltar el blasón, mientras les acribillaban por doquier. Para mí, lo que cualquier persona haga en tal trance es técnicamente irreprochable, llore, grite o rece; la decisión reprochable es la que les condujo a tal escenario grotesco. Lo valiente hubiera sido evitárselo. Lo valiente siempre es la paz. 

Glorificar esta masacre, esta batalla sin guerra, donde murieron más de tres mil embarcados en la flota franco-española, como hito de nuestra heroica historia militar, es un completo desatino histórico, un desenfoque que, no obstante, afina la puntería en la soflama con la que nos quieren enardecer, al descargar de culpa a los gestores militares de la debacle, muchos de ellos militares españoles, para echársela... ¡a los políticos! –menuda conclusión previsible– por habernos aliado con los franceses, pueblo que nos llevaba exactamente 85 años de adelanto en modernidad (los años que median entre su Código Civil y el nuestro). Exculpar a los responsables de la muerte de miles de jóvenes y, al mismo tiempo, alabar la valentía con la que estos afrontaron sus últimos momentos resulta, en mi opinión, de una crueldad argumental difícil de superar. 

Este discurso premiado por lo castrense aporta además, como inquietante derivada, la inequívoca pretensión de hacer atractiva la vía de la guerra, las armas y la sangre, bajo el oropel de la bandera y otros trapos, y así justificar más gasto militar y edulcorar el horror del combate. Hacer sugerente o fascinante el ‘pro patria mori’ es siempre letal y, desde luego, muy cínico. Stalisław Lem, en el vigésimo segundo viaje estelar de Ijon Tichy, recoge los hilarantes lamentos de un predicador que se quejaba de la suerte de un compañero misionero en un planeta extraño; tras relatar a sus habitantes con minucioso detalle la vida de los mártires, y explicar cómo estos habían encontrado un lugar privilegiado en el paraíso como recompensa a las torturas sufridas en su sacrificio, los asombrados catecúmenos preguntaron al misionero si él también querría ir al paraíso y gozar del mismo privilegio. Como respondió que sí, ya imaginan el final. Así que tengan cuidado con los predicadores y los salvapatrias. 

En la escena final de Angeles con caras sucias, el gánster James Cagney aguarda con entereza y con un temple envidiable la conducción que le llevará ante la silla eléctrica, cuando recibe la visita de un amigo de la niñez convertido en sacerdote, que le traslada una petición extraordinaria: que camino del patíbulo finja cobardía, porque mantenerse arrogante ante la muerte le convertirá en un héroe ante los jóvenes que, atraídos por su ejemplo, no tardarán en seguir sus pasos. Le pide que tenga la valentía de mostrarse cobarde, como los pobres soldados de Senderos de Gloria, para así abrir el camino a una sociedad sin matones ni asesinos, sin héroes equivocados llamados a matar y a morir. Quizás estribe ahí la auténtica valentía.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Antes de levantarse frente al jurado que iba a juzgar a Tom, Atticus Finch sabía que su cliente estaba condenado. Ahí estriba, en realidad, el reconocido heroísmo del protagonista: que, conociendo el desenlace, decide seguir en el ejercicio de la defensa, sin más aliento que el deber moral de defender la verdad. Atticus fracasa y pierde el juicio, pero se convierte en un héroe, el más grande del cine norteamericano, según el ‘American Film Institute’; tan grande y auténtico como solo lo pueden ser los perdedores. De todas formas, ¿por qué el asunto estaba perdido antes del veredicto? Parecerá una cuestión trivial, o incluso necia, pero cuando el punitivismo se abre paso a codazos entre la intelectualidad más conspicua, demoliendo a su paso, este sí, las fronteras entre izquierdas y derechas, convendrá mirar atrás y echar un vistazo al camino recorrido, porque solo así vislumbraremos el destino que nos aguarda. 

Tom Robinson estaba condenado de antemano por un delito de asco. Para quien recuerde la película, Matar un ruiseñor, se trataba de averiguar las circunstancias de una relación sexual mantenida entre un chico negro y una chica blanca en la Alabama de la Gran Depresión. Ya antes del juicio la condena era obvia porque la mera descripción de los hechos provocaba en aquella gente arcadas de asco; en la mente de los jurados, era virtualmente imposible imaginar que una joven rubia y angelical hubiera consentido en mantener relaciones con un miserable trabajador negro, hijo o nieto de esclavos. Tom fue condenado por provocar este sentimiento de nausea.  

De la misma forma, la querella por calumnias que Oscar Wilde presentó contra el marqués de Queensberry en 1895, y que terminó con Wilde condenado después de dos infames procedimientos en su contra, estaba también perdida antes de empezar: el asco de la sociedad victoriana ante las prácticas homosexuales le llevó a prisión, y más tarde al exilio y a una muerte prematura. “Uno debe refrenarse severamente para no describir, con un lenguaje que prefiero no usar, los sentimientos que deben suscitarse en el pecho de todo hombre de honor que haya oído los detalles de estos dos terribles procesos”. El alegato final del juez Alfred Wills cuando condena a Wilde pone el foco en el centro de la infamia: un caballero inglés de bien sentía verdadera repulsión al escuchar los detalles escabrosos de las citas de Wilde con sus amantes en las habitaciones del Savoy.

A Oscar Wilde le condenaron por herir un sentimiento. No convendrá olvidarlo, cuando perviven entre nosotros los delitos contra los sentimientos; significadamente religiosos, pero también sentimiento de pertenencia a la patria y otros del estilo: sacar en procesión una vagina, desnudarse en una iglesia, quemar una bandera... comportamientos que son delitos simplemente porque nos enfadan, nos dan asco. No será necesario aclarar que los sentimientos protegidos son siempre los de la mayoría, lógicamente, con lo que castigar estas conductas se convierte en una labor de limpieza moral. 

Por ello, aunque vincular el asco al delito nos parezca algo camino del destierro de la historia, basta con alzar un poco la vista para advertir que un ubicuo puritanismo nos lo está trayendo de vuelta. La evolución de la moral, la profundización en la valoración ética de conductas ha perfilado nuestro espíritu de ciudadanos, de tal forma que cosas que antes nos parecían correctas ahora no las aceptamos; y tal vez sea propio de esta evolución que cada vez haya más comportamientos que nos den asco. O tal vez no. La respuesta a esta repugnancia podrá venir desde la educación, la concienciación o el cambio de costumbres, pero no debería ser la condena penal.

Pensaba sobre estas cuestiones el otro día mientras paseaba por el Rastro. Un hombre revisaba unas viejas fotografías familiares desperdigadas por el suelo; bodas, fiestas de postín, viajes a la playa de gente anónima se mezclaban con postales, cartas y recibos antiguos. Me pareció advertir que aquel hombre estaba espigando para su compra fotografías de jóvenes, de niños... y se me dio por pensar qué pasaría si encontrara la típica foto de un niño, desnudo en la playa, jugando con su cubo y su pala. Podría comprarla, ciertamente, pero un extraño hormigueo me trajo a la vista el pelo de los inquisidores, gracias a los cuales el concepto de pornografía se nos ha ampliado hasta límites cuáqueros; hoy, no solo es pornografía la imagen de una conducta sexual explícita, sino también la simple representación de un menor desnudo cuando tal imagen (digo imagen y no fotografía; también lo será un dibujo o pintura de un menor sin ropa si resulta ser una “imagen realista”) se emplee “con fines principalmente sexuales”. Y aquí viene el asco.

Todo el derecho penal clásico, antes de la aparición de los protofascistas de Cesare Lombroso y compañía, estaba fundado sobre el concepto de daño. Sin daño a un tercero, sin abuso o agresión, no puede existir ni delito, ni juicio ni condena. Los sentimientos de asco o repugnancia que podemos sentir, como sentía el honorable Alfred Wills o los jurados que escuchaban a Atticus, ante conductas que entendemos inmorales, escandalosas o nauseabundas, no deberían bastar para condenar a nadie. Lo que haga una persona en la soledad de su habitación con unas fotografías, por más vomitivo que nos resulte, no debería ser más que eso: repulsivo pero irrelevante.  

Es simplemente un ejemplo de que el puritanismo viene siempre de la mano del punitivismo. Los mensajes descubiertos de Elisa Mouliaá, pura antropología forense, resultan una clara muestra de esta tendencia: ‘yo tampoco creo que sea un delito’, decía la actriz sin cortarse, después de haber denunciado a Errejón como autor de un delito, arrastrada por las noticias que leyó, considerando que en el contacto sexual que mantuvieron, él se había comportado como un baboso: “fue asqueroso”. De nuevo, el asco. ¿Y ahora qué hacemos? Ser un baboso no es un delito, pero el relato de Mouliaá nos coloca ante una realidad en la que utilizamos el derecho penal priorizando nuestros sentimientos morales en el juicio de las conductas ajenas. 

En fin, creo que es un error y un horror que hayamos encargado al derecho penal la normativización de la ética ciudadana. ¿O a nadie le extraña que la edad mínima para mantener relaciones sexuales (si es que tal cosa debe ser regulada) no venga prescrita en el Código Civil sino en el Código Penal? Edad mínima que, por cierto, las ínfulas puritanas han dejado abierta, en una indefinición intolerable en el derecho penal, pero comprensible una vez abandonados en los brazos de Calvino: a un chico de quince años se le permite realizar “actos de carácter sexual” (áteme esa mosca por el rabo) siempre que lo haga con alguien de edad o madurez “próxima al menor”. ¿Qué será tal cosa? Bien, habrá que ir año a año para escrutar, con la nariz afilada de nuestro escalpelo moral, cuándo la diferencia de edad empieza a olernos mal.

En las salas del Old Bailey, el viejo tribunal criminal donde condenaron a Oscar Wilde, el hedor era tan insoportable que en el siglo XVII, aprovechando un incendio, las reconstruyeron sin paredes, para celebrar los juicios a la intemperie; con el frío londinense, el experimento no duró mucho. Ignoraban por entonces que la peste no la traían los acusados, sino que exhalaba de la mirada de los juzgadores.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Resulta muy curioso, aparte de clarificador, profundizar en las estrategias con las que los católicos han lidiado las exigencias éticas de su doctrina. Una de las más perspicaces ha sido, sin duda, desactivar las enseñanzas mediante el ingenio de cambiar el significado de las palabras. Así ha sucedido con la expresión ‘hijo pródigo’, referido hoy al hijo “que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo, tratando de independizarse”, según el diccionario. Con este significado, la parábola evangélica queda neutralizada, sin sentido ni mensaje alguno porque ¿qué padre no le hará una fiesta al hijo “que regresa al hogar paterno”? Y otro tanto ha sucedido con la palabra “samaritano”, que hoy alude, en su tercera acepción, a la persona que ayuda desinteresadamente a otra. De nuevo, la parábola de Lucas parece un tanto insulsa: un viajero atacado por ladrones es ignorado y abandonado a su suerte por otros transeúntes hasta que tiene la fortuna de encontrarse con alguien que le ayuda “desinteresadamente”. Pues mejor para él, pero ¿dónde está el mensaje?

Hace cuatro años, en A Coruña, un joven fue atacado junto a la playa de Riazor por una turba de maleantes que lo mataron a golpes por ser homosexual. Su muerte fue contemplada por un número indeterminado de vecinos que, como en la parábola, miraron hacia otro sitio o, para ser más exactos, miraron exactamente hacia el sitio donde tenía lugar la agresión y muerte del joven. En la poblada noche de una ciudad que recuperaba la libertad tras la pandemia, no hubo nadie que hiciera nada; nadie reaccionó ni ayudó a la víctima que agonizaba bajo su mirada, hasta que aparecieron unos chavales senegaleses, unos álienes.

La palabra alien, popularizada por el xenoformo de H.R. Giger, deriva del término latino ‘alienus’ que refiere al extraño, al ajeno, al distinto, al extranjero. Alien es el diferente, el que viene de fuera, el que no es como nosotros; en definitiva, el otro. Como bien intuyó Ridley Scott, el distinto es peligroso. Y he aquí que el relato de Lucas, muy provocador, revive dos mil años después en las calles coruñesas: no fuimos nosotros quienes ayudamos a la víctima; lo hicieron los otros, los extranjeros, los álienes, los samaritanos.

Cumplirá recordar aquí que los judíos no dirigían la palabra a los samaritanos, a quienes despreciaban hondamente. Todavía hoy duele ver a Netanyahu, el miserable hombre que mata, referirse a Cisjordania como “Samaria y Judea”, tierras extrañas en proceso de conquista. A diferencia del sacerdote y del levita que ignoraron al viajero moribundo, a diferencia de los jóvenes coruñeses que asistieron impávidos o incluso curiosos a la agresión mortal de aquel pobre chico, siguen siendo los otros, sigue siendo la gente despreciable la que se abre paso entre la multitud para ayudar a alguien que no es de los suyos. Esa es la lección que hemos olvidado por haber cambiado el significado de las palabras en el diccionario.

Uno de los jóvenes que, en la mejor de las hipótesis, contemplaba inerte los golpes que terminaron con la vida del homosexual, fue absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza, apreciando el argumento de su abogado que, según nos dice la prensa, insistió en que “estar no es hacer”: estar en el lugar de un crimen no equivale a cometerlo. Y tiene toda la razón, pero convendrá reflexionar un momento en el rango moral de una sociedad para la cual parece algo normal o comprensible “estar y no hacer” ante una agresión mortal.

¿Qué lleva a una persona a “estar pero no hacer” cuando ante ella están golpeando a un indefenso? Sin duda, entender que el agredido no es de los suyos; nuevamente, es un otro. Si el agredido fuese amigo o colega, si respondiera al perfil de identidad en el que se ven reflejados los espectadores, probablemente lo hubieran ayudado. Pero la víctima era homosexual, había nacido en el extranjero y, no es baladí, vivía fuera de la ciudad; nada favorecía el reconocerlo como prójimo. Me atormenta, en este sentido, imaginar qué hubiera sucedido si, en lugar de aquel joven al que lincharon, la turba se hubiera ensañado con una niña para agredirla a tocamientos junto a la playa; quiero pensar que la gente la habría salvado, pero esa diferencia de respuesta me resulta desasosegante.

El derecho penal nos habla con enorme distancia de la conducta de quien contempla impávido cómo se comete un delito ante él. Permanecer pasivo, y aun gozarse en la contemplación, es impune cuando el asistente valore “un riesgo propio o ajeno” en caso de intervenir. La ley no advierte qué tipo de riesgo, ni lo parangona al riesgo del delito contemplado, así que tal vez el riesgo de recibir un bofetón será bastante para justificar el no hacer nada ante un homicidio. En el caso de un simple espectador, la ley penal no impone más obligación de actuar, como sí la tendrían otros: el socorrista de una piscina o el padre que ve cómo agreden a su hijo menor. Y es normal que el derecho penal no vaya más allá porque, en definitiva, la ley no es más que el reflejo de la sociedad en la que se aplica. En contra de lo que sueñan legisladores aventados, el Código Penal no sirve para cambiar mentalidades ni para convencer a la gente de que está mal lo que hasta entonces no sabe que es malo; solo impone un castigo a conductas que todo el mundo asume como inaceptables, sin arrogarse un papel didáctico o educativo. La sociedad en la que vivimos, y así lo ha venido a reconocer el Tribunal Superior de Xustiza en su decisión absolutoria, no advierte reproche penal en la conducta de quienes dejaron sin ayuda a quien fue agredido hasta la muerte; como digo, si la manada hubiera atropellado a una niña, igual la decisión hubiera sido diferente. Hay que cambiar las cosas.

En 1949 llegó a Coruña, a bordo de un espléndido transatlántico, el rey Abdalá I de Jordania, bisabuelo del actual rey, que lleva su mismo nombre. Con tal potísimo mérito, el ayuntamiento le dio el nombre de una calle al monarca, transliterado como “Rey Abdullah” a secas. La ampliación urbanística ha trasladado aquella calle desde los suburbios hasta el centro de la ciudad, muy cerca, por cierto, de donde se produjeron los hechos. Sería de justicia que la agresión que actualizó en A Coruña la fábula del samaritano fuera recordada de forma permanente, así que propondría renombrar tal calle con el nombre de los extraños que asistieron al prójimo: Ibrahima Diack y Magatte N´Diaye, los héroes de aquella noche.

En mi opinión, lo propio sería darle una calle al propio agredido, porque no creo que sea bueno que la ciudad olvide lo sucedido. Pero la familia no está por la labor; desea que no se nombre al fallecido, que el recuerdo público de su muerte se desvanezca cuanto antes para así guardar su memoria dentro de un armario. Es una pena, porque la lucha por una sociedad más justa exige recordar estos hechos para meditar colectivamente sobre el fracaso que representan. Solo con el recuerdo de esta agresión, donde varios gigantes terminaron con un desvalido David, podrán cambiarse las tornas para que la próxima vez nos resulte intolerable la pasividad de los espectadores; solo con su recuerdo la sociedad podrá reflexionar sobre lo irracional de los abismos abiertos por el nacionalismo alfa que nos ahoga, que nos quiere separar del otro, del extraño, del extranjero, del diferente. Tal vez entonces David venza a Goliat, como en aquella fábula relatada en el libro de Samuel. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

La película conserva su lozanía pasados más de setenta años desde su estreno: el padre Logan, un Monty Clift lleno de debilidades solo aparentes, escucha en confesión a su sacristán, que le revela haber cometido un asesinato, al tiempo que un policía, interpretado por Karl Malden, va uniendo falsos cabos para imputar al propio padre Logan la autoría del crimen. El padre no puede revelar quién es el autor, por el deber de secreto que le impone el sacramento, lo que no hace sino aumentar las sospechas sobre él. Finalmente, acorralado en la sala de baile del Château Frontenac, el sacristán reconoce a gritos ser el autor del delito; mientras confiesa, Hitchcock deja que las miradas silenciosas de quienes lo escuchan recompongan las trizas de la película. De ese momento de revelación me quedo con la mirada de Malden sobre el padre Millars, compañero de Logan. Es mínima, no dura ni un segundo, pero ahí está toda la película: una mirada arrebatada y atónita, de pura epifanía, un momento inefable que trasciende la pantalla, un relámpago que cierra el abismo bajo los pies del falso culpable.

Para trasladar este mensaje de vértigo y reparación, la mirada de Malden nos alcanza limpia, de una honestidad apabullante: el policía llevaba toda la película urdiendo indicios contra Logan, pero ante la confesión del sacristán asume con su gesto asombrado el error de su tesis y la inocencia del padre. Esa brevísima mirada enardecida basta para redimir al policía, a quien ya no veremos como el malo de la película; al final resultó ser un hombre bueno que se equivocó y se dio cuenta.

Recordaba la escena final de Yo confieso leyendo las noticias sobre la imputación del Fiscal General por la filtración del correo del letrado de Amador, y se me hacía inevitable imaginar que, si en lugar de Karl Malden hubiese estado en su papel Ángel Luis Hurtado, el magistrado responsable de esta desdichada instrucción, habría despachado la escena con una mirada de indiferencia y el padre Logan hubiera terminado colgado de una horca. ¿Qué está pasando en este procedimiento?

Vaya por delante que, en mi opinión, la divulgación de aquel correo es lícita, porque forma parte de unos contactos divulgados (parcialmente y con mentiras) por Amador o alguien en su nombre. Quien descubre parte de una conversación no tiene derecho a exigir que el resto quede en secreto; esto parece lógico. Si alguien revela haber hablado conmigo y miente sobre lo tratado, diciendo por ejemplo ‘Carlos me ha escrito para proponerme un delito’, yo entrego las conversaciones a la prensa. Y si el mentiroso me replicara, en el colmo del cinismo, diciéndome ‘¡miserable!, la conversación era secreta’, le contestaría que se lo hiciera mirar. Cuando una de las partes quiebra un pacto de secreto, ya no existe. Sería propio de una pesadilla de Kafka o de Philip K. Dick que al perjudicado por esta quiebra de la reserva (en este caso, una fiscalía a la que se le imputa un acto irregular: haber retirado una propuesta de pacto por motivos políticos) se le prohíba defenderse exponiendo la verdad de lo sucedido.

Dejando aparte esto, y centrándonos en el procedimiento, dos cosas parecen claras: que no hay indicios de que el Fiscal General haya filtrado el correo y que el asunto llegará a juicio. No ha bastado que varios periodistas hayan declarado bajo juramento que tenían la comunicación del abogado antes de que le llegara al Fiscal General. ¡Ay, los periodistas! Entiendo su desasosiego con el asunto, confrontados ante un dilema moral semejante al que atormentaba al padre Logan: saben quién les entregó el correo, pero no pueden decirlo. Si lo confiesan, salvan a un inocente; si no lo confiesan, salvan sus principios y sus fuentes. ¿En qué plato de la balanza depositarán su integridad? Ahí tienen el guion de otra película.

De todas formas, aquí el debate es bizantino porque, aunque infringieran su deber de reserva y acudieran al magistrado para confesarle que el correo se lo dio, qué sé yo, algún fiscal comprimario, Lastra o Villafañe, un pasante del despacho del abogado, un amigo de Amador o el propio Miguel Ángel Rodríguez, no serviría de nada porque Ángel Luis Hurtado ya ha ido demasiado lejos.

En efecto, la experiencia nos enseña que una decisión exagerada o desmedida tomada durante una investigación penal cambia el objeto del proceso, que a partir de entonces no se dirigirá a descubrir el delito sino más bien a justificar la decisión adoptada. El juez se convierte así en el objeto de su propia causa, lo que hace difícil una decisión sosegada y objetiva sobre lo investigado. Cuando alguien registra el despacho del Fiscal General del Estado es complicado después tener la honestidad y mirada clara de Malden para reconocer el error y no porfiar en una tesis fracasada.

Es cierto que el Fiscal General había borrado su cuenta de Gmail; puedo imaginar media docena de motivos para hacerlo; entre otros, la paradójica evidencia de que en este país se filtra todo, y se filtra impunemente, por lo que el Fiscal habría querido preservar datos sensibles del conocimiento de terceros. Sin pruebas, nada se puede tener por probado, pero he aquí que, siguiendo el razonamiento de una instrucción canónicamente inquisitiva, vista tantas veces en la literatura jurídica medieval, la falta de pruebas es la prueba, porque si no hay pruebas ello demuestra que el interesado las ha destruido, y si las ha destruido es porque es culpable.

En cualquier caso, sabemos que el Sr. Hurtado no encontró pruebas y que por esa razón las pidió al extranjero. Del extranjero no le vino nada, pero ha seguido adelante como si tal cosa. Lo desolador del escenario es precisamente eso: la sensación de bloqueo en el que se encuentra el proceso penal, del que cualquier observador derivará la convicción de que no existe nada, ninguna hipotética prueba que, caso de aparecer, llevase al Sr. Hurtado a dirigir aquella mirada desazonada sobre el Fiscal General y pedirle disculpas: la inocencia del inculpado demostraría la derrapada del juez al revolver los cajones de la más alta magistratura fiscal del país. No reconocerá lo primero para no asumir lo segundo. Y si no le puede acusar de haber filtrado el correo a la prensa, le acusará de haberlo filtrado a la Moncloa; y si no, pues de la redacción de la nota de prensa. Es indiferente.

No estoy diciendo, por supuesto, que el Sr. Hurtado sea un prevaricador. En mi opinión, es algo peor: es un mal juez, cuya incapacidad de confrontar la realidad ya quedó patente en el juicio de la Gürtel, donde propuso llevar a sentencia que la trama actuaba “a espaldas del PP” (y, por tanto, de ‘M. Rajoy’). Sus compañeros de sala le quitaron la ponencia, pero el PP le ascendió al Supremo. Me cuesta creer que su ascenso fuera el premio a su sesgo exculpatorio en aquel asunto pero, francamente, no veo ningún motivo alternativo. Ahora que se habla tanto de la independencia judicial, ¿no había nadie en toda la judicatura y cátedra penal española, a juicio del PP, con más méritos que el Sr. Hurtado para llegar a la Sala Segunda? Y digo que es peor ser mal juez porque ante un prevaricador el sistema judicial tiene armas para defenderse, pero frente a un Tribunal Supremo con magistrados mediocres, no hay defensa posible.

Por si fuera poco, en fechas recientes los medios han trasladado dos datos elocuentes que confirmarían la inocencia del Fiscal General y que, valorados por cualquier instructor sensato, hubieran bastado para mandar este proceso a la basura.

Para explicar el primero, podríamos pedir que el día del juicio se desplegaran en la sala de vistas dos pantallas, a poder ser gigantescas, una a la izquierda del tribunal y otra a la derecha. En la primera insertaría la imagen del famoso correo que el abogado de Amador dirigió a la fiscalía, reconociendo que su cliente “ciertamente” había cometido unos delitos contra la Hacienda Pública. En la segunda pediría que se plasmara la imagen del documento filtrado a la prensa, el mismo que Juan Lobato blandió contra la Presidenta Ayuso, como el capitán que enarbola la bandera del navío que se hunde. Dos pantallas, en una el correo remitido, en otra el documento filtrado. El Sr. Hurtado tiene una tesis, en realidad un juicio previo, respecto a lo que sucede entre ambas pantallas: el abogado se lo envía a la fiscalía, la fiscalía se lo envía al Fiscal General, el Fiscal General a la prensa y a la Moncloa, y ésta a Juan Lobato; ahí tenemos el hilo del relato, la trazabilidad de la mercancía, la cadena de custodia del cuerpo del delito.

Pero bastarán unos segundos contemplando las pantallas para advertir un detalle sorprendente: los documentos son distintos. En uno vemos el correo que el abogado envía a la fiscalía y en el otro la carta que los periodistas publican; por un lado, un correo, por el otro, una carta. Es cierto que el contenido es el mismo, pero el resto es diferente: los párrafos, el tipo de letra, el interlineado son distintos... ¿Qué ha pasado? El hilo del relato se rompe: parece que lo filtrado no coincide con lo que se envió a la fiscalía. Y, desde luego, nadie ha tenido la osadía de sostener que el Fiscal General elaboró él mismo la carta filtrada, cambiando el formato, letra y párrafos de un correo anterior para convertirlo en otra cosa.

La tesis más plausible en este enredo apunta a que el abogado envió un correo y, además, elaboró una carta. La confusión al respecto es notable; no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero empezamos a vislumbrar que hay cosas que no nos han contado. Y aquí es donde viene el segundo dato en el que me quería detener: según noticias de prensa, el abogado de Amador reconoció ante el instructor que aparte de enviarle el correo a la fiscalía se lo envió también a más gente; al menos, a un abogado del Estado cuyo nombre no ha trascendido. Esto es un dato gravísimo que, sin embargo, no parece haber provocado en el Sr. Hurtado ni ese ligero enarcar de cejas que Spock reservaba para las revelaciones más insospechadas. En su querella, Amador escondió este hecho para ofrecer a la justicia el mensaje que le interesaba: había enviado a la fiscalía un correo que apareció filtrado a la prensa, ergo el culpable es la fiscalía, ocultando que se lo había enviado a más destinatarios, que pudieron haberlo filtrado por su cuenta. Recomendaría la lectura de un imprescindible artículo de Grijelmo en EL PAÍS, Después de las siete, donde, glosando a autores clásicos de la pragmática, concluye que “expresar un dato cierto pero insuficiente es un conocido truco para mentir”. Bajo estas premisas, apuntar como autor de una filtración al destinatario de un correo ocultando que no fue el único destinatario es sencillamente faltar a la verdad. El acusado puede hacerlo, pero el querellante no. Podemos imaginar muchos motivos para borrar un correo; pero solo hay un motivo posible por el cual alguien mentiría en una querella. Quien escamotea al juez la verdad, demuestra que la verdad le molesta; por eso, quien miente en una querella acusa siempre a un inocente.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Mientras los siete padres de la Constitución iban perfilando, paso a paso, los fundamentos del país europeo que queríamos ser, la Iglesia se retorcía en sus sacristías: tras siglos de reyes católicos, un insólito consenso ponía las bases de un estado ‘aconfesional’, un escalón por encima del Estado confesional pedido por unos y uno por debajo del Estado laico que otros propugnaban; el consenso era eso. En paralelo a aquellos debates de los padres, la Iglesia fue negociando con el Gobierno de la UCD su posición en la estructura del nuevo poder. La Constitución fue publicada el 29 de diciembre de 1978 (había sido promulgada el día 27, pero alguien pensó que si la publicaban el 28 la gente la tomaría por una inocentada) y el 3 de enero de 1979 se firmaba con la Santa Sede el nuevo concordato que, para evitar viejos resabios, se optó por llamar simplemente ‘acuerdos’.

Por entonces, una de las graves preocupaciones de los obispos era el divorcio, tentación en la que ninguno de ellos habría de caer. De tal forma que negociaron con el Estado encastillarse en su propio matrimonio, indisoluble y regido por el derecho canónico, en paralelo al matrimonio civil que, según el tsunami que se avecinaba, pronto iba a ser disoluble. El Gobierno aceptó encantado esta propuesta; bien es cierto que había enviado a Marcelino Oreja para negociar en su nombre, con lo que, en realidad, la Iglesia negoció los acuerdos con ella misma.

Cuando llegó 1981, España tenía un ministro de justicia bastante más listo que aquel negociador propagandista: Francisco Fernández Ordoñez, el socialdemócrata de la UCD, quien constató que, tras dos años de vigencia, la Constitución no había llamado a las puertas del Código Civil. Así que impulsó la Ley 11/1981, que hoy causa sonrojo pero no leyendo su contenido, sino leyendo los artículos que derogaba, recibidos en herencia de un franquismo añorado por las Esperanzas del reino: un código plagado de referencias a dotes, hijos ilegítimos y naturales, patria potestad paterna, gananciales en manos del marido... En esa ley debía regularse también el divorcio, pero era tantísima la presión de los entornos de la caverna (‘nihil novum’) que la aprobación se retrasó dos meses, hasta la Ley 30/1981, aprobada el día de San Fermín. Y entonces los obispos advirtieron estupefactos que, en aquel encierro, los toreados habían sido ellos.

Mientras que lo pactado en 1979 con la Iglesia contemplaba dos matrimonios distintos –igualmente válidos: uno canónico y otro civil, cada uno con sus propias condiciones, normativa y tribunales– la Ley 30/1981 alumbró dos... formas de contraer el matrimonio, que sería único: bien te cases en el juzgado o en la parroquia, el matrimonio es el mismo y es civil. La derivada insospechada se convirtió en obvia: aquellos que se casaran ante un sacerdote, jurando ante Dios llegar juntos hasta la muerte, podrían hacer de su capa un sayo y divorciarse sin problema. El matrimonio canónico quedaba convertido en una simple ‘forma’, una vestidura de tramoya, amparada y sometida a la jurisdicción del Estado. Los obispos entraron en cólera y el pobre Fernández Ordóñez se quedó sin poder ir a la procesión del Corpus en Toledo, vetado por el ordinario del lugar.

La presión que sufrió el Gobierno para no permitir la disolución del matrimonio nos parece hoy ridícula; y entiendo la desazón de aquellos gobernantes, insultados y zarandeados por los medios conservadores, cuando advirtieron que, aprobado el divorcio, sus oponentes ultramontanos fueron los primeros en correr al juzgado a divorciarse, suplicando que se les aplicara la ley que tanto habían denigrado.

Viendo lo sucedido entonces, y en otras tantas ocasiones que vinieron después, donde quienes luchan contra el reconocimiento de derechos luego los reclaman para sí, a veces me arrojo a pensar que la UCD debió hacer caso al compromiso pactado y limitar el divorcio a los matrimonios celebrados ante un juez y dejarse de mamandurrias: aquel que se casa ante un sacerdote, que no pueda divorciarse. Y estos divertimentos jurídicos inventados en noches de calor como el Tribunal de la Rota (que, ingenuo de mí, pensé que estaba en Cádiz) o el matrimonio roto y no consumado –con su jurisprudencia, tan aguda como procaz, sobre los coitos vestibulares, luego imitada por nuestro Tribunal Supremo para distinguir las violaciones intentadas, frustradas y consumadas– dejémoslos para su uso litúrgico; no les demos valor. Si el matrimonio por la Iglesia dura para siempre, que así sea. No hubiera llegado al nuevo siglo: nadie se casaría ante un sacerdote si no le dejaran divorciarse y volverse a casar.

La idea de dos matrimonios era antigua y un tanto inquietante: durante el franquismo existía un matrimonio civil restringido a quienes demostraran no ser católicos. Existía así una norma para los católicos y otra para los no católicos, a quienes se requería una declaración formal de ser apóstatas. Semejante planteamiento nos retraía al viejo principio de aplicación personal del derecho: normas diferentes para personas diferentes.

En realidad, este principio de aplicación normativa (para mí una ley, para ti otra) tiene una tradición milenaria: el derecho civil romano era solo el derecho de los ciudadanos romanos, pero no se aplicaba a los bárbaros aunque vivieran en el Imperio. En el Toledo medieval de las tres culturas –modelo al parecer encomiable de gente que vive en el mismo lugar pero no se mezcla–, cada una de las culturas o tribus se regía por sus propias normas. Y solo a medida que el Estado se consolidó como estructura de poder, se fue instaurando la aplicación territorial del derecho, que vincula por igual a todas las personas que se encuentran en el país, aplicado por unos mismos tribunales. Las resistencias a este avance democrático fueron inmensas y alguna pervive todavía hoy: el Ejército español, lastrado por una imponente inercia histórica (la misma que le permite ser hoy un reducto católico en un país aconfesional) sigue teniendo sus propias normas y sus propios tribunales. Al resto de españoles, salvando al Rey, se les aplica el mismo ordenamiento jurídico.

Que la UCD hubiese prohibido el divorcio a quienes se casaran en sagrado habría sido una completa insensatez, aunque hubiera puesto a los afectados ante el espejo de su propia hipocresía. Y es que cuesta tanto arrancar derechos al poder, hay que picar tanta piedra, que tienta la idea de abrir senderos paralelos para los afectos y para los desafectos. De esta forma, por ejemplo, podría aplicarse a la normativa de interrupción del embarazo el mismo régimen de los antiguos matrimonios civiles: el Estado, legítimamente preocupado por el equilibrio espiritual de las españolas, podría exigir a las mujeres que abortan una declaración de apostasía, protegiendo a las católicas y evitándoles la violencia moral de actuar en contra de sus convicciones. Estoy hablando en broma, lógicamente, una pura ‘boutade’, pero confrontemos el escenario: a los homosexuales que quisieran casarse, se les podría exigir un certificado de que no votan al PP. Ellos creen que casarse va en contra de la Constitución, y qué mejor cosa puede hacer el Estado que ayudarles a no incumplirla. Y otro tanto pasaría con la eutanasia: a los médicos que la objetan y a todos aquellos que se opongan a la ley, que no se les amortigüen los últimos sufrimientos, si hay riesgo de que los paliativos les acorten la agonía.

Los ejemplos se nos multiplican en las manos: para evitar el incordio de quienes alardean de difamar a las centrales sindicales pero se apresuran a pedir los moscosos que consiguen, podríamos convenir que los sindicatos solo negociasen las condiciones laborales de sus propios afiliados, como sucede en los Estados Unidos, dejando a los esquiroles y botargas compuestos y sin subida de sueldo. Visto que hay gente que no arrima el hombro y que se empeña en echar el ancla mientras otros reman, decidamos que no les alcancen los beneficios obtenidos a su pesar.

Lógicamente, ninguna de estas propuestas irrazonables y delirantes sería deseable, y quiero pensar que tampoco posible. Haremos bien en señalar las contradicciones de los que arrojan piedras a quienes construyen la casa y luego corren a refugiarse dentro. Pero los derechos tienen que ser universales, unos mismos para todos, porque todos los merecen. En el ámbito de lo público, lo ganado por unos beneficia al resto; tal vez ello convierta la lucha en más desigual, a veces descorazonadora, pero igualmente necesaria. Son las reglas del juego: en democracia no existen (o no deberían existir) normas privativas, lo que etimológicamente se denomina privilegio: la ley para unos. Aunque a veces el desahogo nos lleve a querer cerrar las puertas del hospital a quien no ha querido vacunarse (quien decide con libertad la causa, asume libremente la consecuencia), no sería justo. Y convendrá reforzar este principio en estos tiempos en que nos quieren llevar de vuelta al Medievo: defendamos unos mismos derechos, un solo matrimonio para católicos y apóstatas, un mismo convenio para sindicalistas e indiferentes, una sola norma para ciudadanos y extranjeros, para ricos y pobres, para ancianos con seguro privado de salud y sin seguro privado de salud... Lo contrario es el infierno de Dante, el sueño de nuestra querida ninfa Cariclo.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.