La investigación judicial sobre las 7.291 muertes en residencias avanza pese a la espantada de Mur y Busca

Más de cinco años después de la primera ola de la pandemia, la investigación penal por las 7.291 muertes en las residencias de Madrid ha dado por fin sus primeros pasos reales en dos juzgados. Por primera vez, un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha declarado como imputado. Se trata de uno de los autores de los Protocolos de la Vergüenza —desvelados por infoLibre— y ha admitido en sus declaraciones judiciales de esta semana en Plaza de Castilla y Collado Villalba que sus criterios fueron "discriminatorios". Ahora deberá entregar los correos y mensajes con los que afirma haber trasladado su rechazo interno en marzo de 2020.

Ese requerimiento no es un trámite menor, ya que es la primera vez que un juez obliga a un investigado clave a respaldar con pruebas la versión con la que intenta reducir su responsabilidad. No obstante, la sensación de avance también se ha visto acompañada de un elemento de bloqueo. Carlos Mur, el director general que firmó los protocolos, y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, no han comparecido en ninguna de las dos citaciones pese a estar imputados. Los juzgados alegan que no han podido localizarlos, aun cuando ambos han sido notificados en causas anteriores, ya que han declarado como testigos en procedimientos previos y han ejercido funciones públicas perfectamente identificables. 

La abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, señala a infoLibre que los procesos por fin "van tomando cuerpo", pero requieren que la Justicia actúe con celeridad. Considera imprescindible que los juzgados localicen a los dos investigados ausentes, coordinen las distintas causas abiertas y despejen el escenario para que las próximas diligencias avancen sin nuevos bloqueos. Jacinto subraya que "estamos un paso más adelante que la semana pasada", pero recuerda que, tras casi seis años, la lentitud judicial amenaza con vaciar de sentido cualquier investigación. 

Peromingo busca desvincularse de la autoría

Las dos declaraciones de Francisco Javier Martínez Peromingo han mantenido un mismo relato. Reconoció ante los jueces de ambos procedimientos que las primeras versiones de los criterios de exclusión aplicados en marzo de 2020 fueron discriminatorias y que las residencias nunca llegaron a estar medicalizadas. También afirmó haber trasladado a Mur su oposición por escrito —mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— y trató de situarse como un técnico que ejecutaba órdenes con las que no coincidía.

Pero esa estrategia, según las acusaciones, intenta desdibujar su papel real. La documentación aportada por las asociaciones lo sitúa como coeditor y partícipe directo en la elaboración de los documentos que luego justificaron la no derivación hospitalaria de miles de mayores. "No puede presentarse como un mero receptor", explica Jacinto. Además, la abogada añade que el propio Peromingo redactó un protocolo técnico diferente a los firmados por Mur que también tenía "un carácter absolutamente discriminatorio”.

Ante las dudas que genera el propio relato de Peromingo —que intenta presentarse como un opositor a unos protocolos que él mismo ayudó a redactar—, el magistrado de Collado Villalba le ha exigido que aporte las comunicaciones que respalden su versión. Sin embargo, Jacinto, alerta de que esas pruebas podrían no ser tan concluyentes como sugiere el imputado. "Habrá que ver qué aporta, ya que puede ser un correo aislado, un matiz técnico o algo que exprese cierta duda pero que no modifique en absoluto su papel como coeditor. Quizá no estemos ante una oposición firme, sino ante comunicaciones que, cuando las veamos, no sean para tanto", detalla. 

Estrategia dilatoria de Mur y Busca 

Mientras Peromingo redefine su papel, la ausencia reiterada de los otros dos imputados amenaza la consistencia de la investigación. Carlos Mur y Pablo Busca han mantenido su estrategia de no comparecer tanto en Plaza de Castilla como en Collado Villalba. Es la tercera incomparecencia de Mur y la segunda consecutiva de ambos como imputados. Los juzgados insisten en que no han logrado notificarles, pero el argumento resulta difícil de sostener, ya que Mur ha declarado como testigo en varias ocasiones y continúa ejerciendo como médico, y Busca trabaja para el Gobierno vasco.

La acusación ha reclamado que, además de subsanar la falta de esfuerzos efectivos, los juzgados se coordinen entre sí, empleen domicilios profesionales o recurran a otro tipo herramientas para evitar unas ausencias que parecen responder también a un cálculo procesal. "No descarto que estén esperando a conocer la versión de Peromingo antes de declarar", señala Jacinto. Para la abogada, retrasar su comparecencia les permite calibrar qué ha dicho el coeditor del documento y ajustar después su relato, incluso tratando de desplazar hacia él la responsabilidad técnica. 

Jacinto teme que estemos ante un escenario en el que "cada uno vaya pasando la responsabilidad al otro", y recalca que solo las declaraciones de los tres permitirán determinar si hubo autoría directa, coautoría o incluso autoría mediata, es decir, decisiones tomadas desde niveles superiores de mando.

"Atrapadas en un sistema que funciona despacio"

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Tras dos días de declaraciones, las asociaciones de familiares coinciden en que se ha producido el avance más significativo en años, pero que persisten los mismos obstáculos que han frenado la investigación desde 2020. María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia, destaca la importancia de que Peromingo haya reconocido como imputado el carácter discriminatorio de los protocolos, pero recuerda que el avance llega “seis años tarde” y sigue incompleto mientras dos de los tres investigados continúan sin comparecer. 

Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias, pone el foco en que está quedando demostrado en sede judicial que la discriminación no solo se produjo en las derivaciones hospitalarias, sino también en la ausencia sistemática de atención dentro de los centros. “Ni entraban médicos ni se permitía salir a los hospitales. Esa omisión es parte esencial del delito”, subraya. 

La portavoz advierte además de que la comparecencia de Mur y Busca es crucial para evitar un nuevo bloqueo. "Si vuelven a no comparecer, el mensaje para las familias es devastador", detalla. Valero denuncia que las familias "siguen atrapadas en un sistema que funciona demasiado despacio para quien ya ha perdido demasiado". "La justicia, si llega tan tarde, deja de ser justicia", concluye.