Los ex altos cargos de Ayuso, ante la justicia por primera vez como imputados por las 7291 muertes en residencias

"Esperanza sí, pero con toda la prudencia del mundo", dice Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias. Para ella y para cientos de familias, esta semana supone por fin adentrarse en un momento largamente esperado en la lucha por la justicia de las 7.291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la pandemia. Una cita que, cinco años después, puede marcar —como afirma María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia— "un antes y un después" en la investigación judicial.

Este martes 9 de diciembre, a las 10.00 horas, tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberán comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Los investigados son Carlos Mur —entonces director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante del denominado Protocolo de la Vergüenza—, Francisco Javier Martínez Peromingo —su ideólogo y posterior sustituto— y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el dispositivo que regulaba el envío de ambulancias públicas durante la pandemia. La investigación analiza un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria y parte de la querella presentada por una familiar de la residencia Amavir Valdebernardo.

Las familias reciben este avance con ilusión contenida. "Después de tantos años de archivos y paralizaciones, lo importante es que declaren por fin y empiece de verdad la investigación", resume Valero. Para las asociaciones, el hecho de que quienes diseñaron y aplicaron los protocolos tengan que responder ante una jueza supone un hito. "Es la primera vez que estos responsables inmediatos van a declarar como imputados", subraya Ruiz, que recuerda que hasta ahora la atención se había centrado en altos cargos políticos, sin llegar a quienes tomaron decisiones operativas.

La agenda judicial será doble. Veinticuatro horas después, el miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Busca volverán a comparecer, esta vez en el Juzgado número 2 de Collado Villalba (Madrid), a raíz de otra querella presentada por la familia de una residente de Sanitas Torrelodones. En ambos procesos también están imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, encargados de aplicar las instrucciones que impidieron el traslado hospitalario de miles de mayores.

Pese al avance, el recuerdo de las dificultades que han pasado persiste entre los familiares. "Hemos visto archivos, retrasos y paralizaciones constantes", señala Ruiz. Para Valero, que perdió a su padre en una residencia adherida a los protocolos, que los investigados se sienten ante una jueza "después de cinco años sin una sola explicación" es un acto mínimo de reparación: "Ahora ya no pueden negar que firmaron esos protocolos. Los documentos están ahí, no hay escapatoria posible".

Interrogatorios fallidos y cinco años sin declarar

Pese al volumen de causas abiertas contra ellos, los ex altos cargos de Ayuso todavía no han llegado a ser interrogados como imputados. Mur, Peromingo y Busca están investigados en múltiples procedimientos —ocho en el caso de Mur, siete en el de Peromingo y seis en el de Busca—, pero nunca han llegado a declarar ante un juez. Los dos intentos previos durante este año se han frustrado en el último momento.

El 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendió las comparecencias después de que las defensas alegaran que no se les había trasladado toda la documentación del caso. La cita se canceló en el mismo día, pese a que las familias llevaban meses esperando ese primer interrogatorio. Unas semanas después, el 17 de junio, el Juzgado número 6 de Leganés volvió a paralizar las declaraciones al decidir inhibirse en favor del número 3, al entender que ya investigaba hechos idénticos. Más de una decena de juzgados también han optado por remitir sus causas al número 3 —siguiendo la tesis procesal de la defensa de Martínez Peromingo—, lo que ha generado una cadena de suspensiones y ha impedido que ningún interrogatorio llegue a celebrarse.

"Llevamos años viendo cómo la cuestión procesal sustituye a la investigación penal", denuncia la abogada de las familias, Alejandra Jacinto. "Nunca sabemos qué maniobra pueden intentar para evitar declarar. Han logrado frenar cualquier intento de interrogatorio durante cinco años, y eso impide avanzar en lo esencial, que es saber quién tomó las decisiones y con qué criterios", detalla.

92 procedimientos sin unificar

La fragmentación judicial es otro de los grandes obstáculos. Tras la macrodenuncia presentada por 109 familias, la Fiscalía decidió trocear el caso en una causa por denunciante. El resultado es que hay 92 procedimientos repartidos por la Comunidad de Madrid. De ellos, 73 siguen en instrucción, una decena están pendientes de recursos en la Audiencia Provincial, cuatro han escalado al Tribunal Constitucional y cinco han sido desistidos.

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Además, distintos juzgados han ido inhibiéndose en favor del Juzgado número 3 de Madrid, siguiendo la estrategia procesal impulsada por la defensa de Martínez Peromingo, que sostiene que todas las diligencias deben concentrarse en ese órgano. Sin embargo, el propio Juzgado número 3 ha rechazado en varias ocasiones hacerse cargo de esa acumulación, argumentando que no le corresponde absorber procedimientos tan heterogéneos.

Una posición que también defiende la defensa de Carlos Mur, diametralmente opuesta a la de Peromingo, ya que considera que cada caso debe investigarse en el juzgado del lugar donde residía la víctima, lo que consolidaría la dispersión actual y evitaría una macrocausa unificada. Esta divergencia entre los propios acusados —uno reclamando la acumulación y otro rechazándola— ha generado un conflicto procesal continuo que mantiene a los juzgados en una suerte de parálisis. 

"Que haya 92 procedimientos dispersos rompe la continencia de la causa y convierte la cuestión procesal en una barrera para investigar", valora Jacinto. "Necesitamos una macrocausa que permita abordar los hechos de manera coherente. Ahora mismo, la fragmentación solo provoca retrasos, recursos y más dilaciones", añade. La Audiencia Provincial deberá decidir si se unifican las causas o si continúa el actual laberinto judicial, que amenaza incluso con la prescripción de algunos de los procedimientos.