La segregación escolar desborda la red pública en Euskadi mientras PNV y Bildu blindan la concertada
En un barrio céntrico se inaugura un nuevo centro concertado, con uniforme obligatorio, aspiraciones académicas elevadas y una larga lista de familias acomodadas esperando plaza. A pocos minutos de allí, una escuela pública recibe otro grupo de alumnos recién llegados, familias con menos margen de elección y estudiantes con necesidades educativas que requieren apoyos permanentes. Esa realidad de contrastes se ha convertido en una seña de identidad del sistema educativo vasco y llevó a la comunidad educativa a movilizarse el pasado fin de semana en Bilbao bajo el lema "Segregazioaren kontra publikoa da bidea" [Contra la segregación, lo público es el camino].
Los datos son contundentes. El estudio Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver, publicado por Comisiones Obreras, señala que Euskadi es la segunda comunidad autónoma que más segrega al alumnado según su origen después de Cataluña. Un informe de Esade y Save the Children ya alertaba en 2021 de que era también el segundo territorio —solo por detrás de Madrid— que más aislaba a los estudiantes de rentas bajas. La dimensión del fenómeno es tal que el 43% del alumnado vasco tendría que ser reubicado para eliminar el problema, según el Grupo de Expertos sobre Segregación Escolar del Observatorio Vasco de Educación (GEPS).
Como consecuencia, la red pública escolariza prácticamente a la mayoría del alumnado de origen extranjero, mientras la concertada mantiene porcentajes mínimos. En 2019, por ejemplo, el 92% del alumnado migrante de Infantil y Primaria de Vitoria-Gasteiz estaba matriculado en centros públicos. Los sindicatos, agrupados en la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro!, subrayan que la red pública atiende al 61% del alumnado becado, al 60% de quienes tienen necesidades educativas especiales y al 68% del estudiantado extranjero del territorio.
"La escuela pierde su capacidad de compensar desigualdades"
La llegada constante de estudiantes recién aterrizados, la diversidad lingüística y la mayor presencia de necesidades educativas exige una dedicación intensa que, sin refuerzos suficientes, sobrecarga al profesorado y limita el acompañamiento individual en la pública. "Cuando la vulnerabilidad se acumula por encima de cierto umbral, la escuela pierde su capacidad de compensar desigualdades", advierten los investigadores del GEPS, que comparan la situación de algunos colegios vascos con dinámicas de grandes ciudades europeas donde la segregación lleva décadas enquistada.
Julen Llanos, responsable de CCOO Irakaskuntza, alerta de que esta problemática está generando "una sociedad de dos o tres velocidades". "La clase trabajadora vasca —que hoy integra a buena parte de la población migrante— está concentrada en la pública, que hace lo imposible por corregir las desigualdades que el sistema reproduce", explica.
A ello contribuye la resistencia de una parte importante de la red concertada a escolarizar alumnado migrante o con necesidades especiales. Aunque los conciertos económicos con la consejería obligan a garantizar la igualdad de acceso, en la práctica operan mecanismos que dificultan la entrada a quienes requieren más apoyos. Haizea Arbide, portavoz de STEILAS, describe un patrón habitual. "Las concertadas no facilitan la admisión de familias vulnerables y cuando llega un alumno con dificultades se le acepta un curso, pero enseguida aparece algún pretexto para decir que no encaja en el proyecto y que estará mejor en la pública. Son invitaciones encubiertas a marcharse", detalla.
Este filtrado indirecto impide que la concertada asuma su parte de responsabilidad y agrava la guetificación en la pública. El caso de Ordizia es ilustrativo, ya que allí el 87% del alumnado extranjero estudia en centros públicos. Llanos añade que esta brecha no puede entenderse sin el "componente aspiracional que recorre la sociedad vasca". "Aquí la segregación no es un error, es una elección social. Parte de las familias buscan distinguirse y ven la concertada como ese espacio diferenciado donde sus hijos recibirán una educación distinta", añade.
La dimensión estructural de la red concertada
El elemento que mejor explica esta deriva es el peso extraordinario de la red privada concertada. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el 48,6% del alumnado estudia en centros concertados o privados. Una proporción muy alejada de la media española, situada en el 30%. La singularidad vasca es también presupuestaria debido a que Euskadi es la comunidad que más dinero destina a la concertada, según Save the Children, dedicando alrededor del 23,5% del gasto educativo a financiar conciertos, casi el doble que la media estatal (12%) y por encima de Madrid (19%) o Navarra (18%). Esa combinación convierte a la concertada en un pilar estructural del sistema, no en una red complementaria.
Su fortalecimiento no sería posible sin el creciente respaldo del Gobierno Vasco, sostenido por PNV y PSE. Entre los cursos 2020-21 y 2023-24, la inversión en conciertos pasó de unos 623 millones a más de 816 millones, cerca de un 30% más, mientras el presupuesto educativo ha subido alrededor de un 25%. "Para las instituciones, la prioridad no es la pública; la concertada tiene cada vez más apoyo político y presupuestario", señala Arbide, quien recuerda que "incluso mientras se habla de frenar la segregación, el dinero de los conciertos sigue aumentando".
Esta apuesta quedó consagrada en la ley educativa de 2023, aprobada con los votos del PNV y EH Bildu. La norma introduce el concepto de "servicio público educativo" para referirse por igual a la red pública y la concertada. Para los sindicatos, ese término normaliza un modelo dual en el que dos redes profundamente desiguales obtienen la misma legitimidad. "La ley avala la ficción de que pública y concertada son equivalentes, pero no lo son. No pueden serlo cuando solo una escolariza la diversidad real del país", advierte Llanos.
La tercera pieza del sistema son las ikastolas privadas concertadas, históricamente centrales en el proyecto cultural vasco. Su origen como espacios de euskaldunización en la Transición les otorgó un prestigio que sigue blindándolas frente a cualquier cuestionamiento, aunque hoy operan como cooperativas privadas con conciertos y, en muchos casos, con una composición social muy homogénea. "Se habla de sistema dual, pero las ikastolas son concertadas como el resto. Bildu debería defender sin ambigüedades la escuela pública, pero acaba protegiendo a las ikastolas como si fueran otra cosa", critica Arbide.
Un pacto insuficiente
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El Gobierno Vasco sostiene que el programa Eskola Bikaina Denontzat y la mesa por un pacto contra la segregación escolar suponen un punto de inflexión. La consejera Begoña Pedrosa los define como una "herramienta ambiciosa" para revisar las admisiones y repartir la vulnerabilidad entre todas las redes. Sin embargo, quienes participan en esa mesa discrepan abiertamente.
Las sesiones —en las que están representadas patronales de la concertada, asociaciones de familias, organizaciones sociales y la escuela pública— no han generado compromisos verificables ni un calendario de medidas vinculantes. "Si no se apuesta de forma clara y decidida por reforzar la pública, la segregación no se reducirá", resume Llanos. Arbide añade que "la mesa nace para aparentar movimiento” y cuestiona la posibilidad de construir igualdad “con quienes siguen negándose a escolarizar la diversidad real del país".
Cada año sin cambios profundos acerca a Euskadi a un escenario que Llanos describe como "dos sociedades que se miran de lejos aunque vivan en la misma ciudad". Y, como advierte Arbide, si la política educativa sigue protegiendo la arquitectura que genera la desigualdad, “ninguna mesa, por muy participativa que sea, podrá resolverla”.
