El juez reclama a Peromingo los mensajes y correos en los que cuestionaba los 'Protocolos de la Vergüenza'
El juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha dado este miércoles un paso relevante en la investigación penal por las 7291 muertes en residencias. El magistrado ha solicitado a Francisco Javier Martínez Peromingo que entregue los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que, según él mismo ha declarado, expresó a Carlos Mur su rechazo a los criterios de exclusión aplicados a los mayores durante la pandemia. Aquellas discrepancias se habrían producido en marzo de 2020, cuando Mur dirigía la Coordinación Sociosanitaria y Peromingo coordinaba el grupo técnico encargado de redactar los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.
Peromingo ha vuelto a afirmar que comunicó su desacuerdo "por escrito" a través de mensajes de Whatsapp y correo electrónico y ha calificado como "discriminatorias" las primeras versiones de dichos documentos. Por ello, el magistrado quiere comprobarlo y ha pedido formalmente esa documentación.
Según la acusación, la declaración de Peromingo ha sido más detallada que la del martes en Plaza Castilla. Aunque ha vuelto a negarse a responder a las acusaciones particulares, sí ha contestado a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa. En su relato ha insistido en que Mur fue quien asumió la responsabilidad final de los protocolos y que él trató de matizar criterios que consideraba excluyentes. También ha señalado que la prometida "medicalización" no llegó a la mayoría de las residencias.
No obstante, lo que distingue la jornada judicial es la exigencia de acreditar documentalmente ese desencuentro interno. "Si existen esos correos o WhatsApps, deben constar en la causa. Y si no existen, será igualmente relevante", explica Javier Castillo, abogado de la familia querellante.
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Sin embargo, Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, han vuelto a no comparecer. El juzgado asegura que no ha podido notificarles en los domicilios facilitados, pese a varios intentos. La acusación considera que ya no puede hablarse de simples problemas de localización. "Es incomprensible que dos personas con relevancia pública sigan evadiéndose de la Justicia", denuncia Castillo. "Si esto continúa, solicitaremos que se activen todas las medidas necesarias, incluida la búsqueda y captura".
Castillo explica que propondrán nuevas direcciones para intentar localizar a ambos investigados y que el juzgado deberá valorar "as medidas proporcionadas" para asegurar su comparecencia. "La ley actúa de la misma manera para cualquier persona que evita una citación judicial", recuerda.
La instrucción continúa el próximo lunes 15, cuando declararán personal médico y el geriatra de enlace del Hospital Puerta de Hierro, responsable de aplicar los criterios en la zona. "Estamos por fin en una fase de investigación real, después de años de parálisis", concluye el abogado. "Ahora necesitamos que todos los investigados comparezcan y que se aporte la documentación. La verdad depende de eso".
