Carta abierta (de un periodista) a ‘los cinco del Supremo’

Exmos Sres. D. Andrés Martínez Arrieta; D. Manuel Marchena; D. Antonio del Moral; D. Juan Ramón Verdugo y Exma. Sra. Dª Carmen Lamela:

Me dirijo a ustedes, con nombres y apellidos, para que quede claro que uno sigue considerando al Tribunal Supremo un mimbre fundamental del Estado de derecho, aunque algunos de sus magistrados más eminentes (ustedes) se empeñen en dilapidar los restos de prestigio que le puedan quedar a la institución y emitan sentencias que, por sí mismas, hacen más daño al crédito del “sistema” que cualquier movimiento revolucionario “antisistema” o simplemente autoritario (ver aquí).

No cometeré la osadía de discutir su sentencia en un plano técnico-jurídico. No soy jurista. Leo con atención (es mi obligación) los 184 folios de su texto y, con el mismo afán de entender, las 54 páginas en las que las Excmas. Sras. Dª Ana Ferrer y Dª Susana Polo van desmontando en su voto particular, uno por uno, los argumentos de la condena para concluir de un modo contundente: “La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha, que se decanta, entre las varias opciones igualmente posibles, por la más perjudicial para García Ortiz, y, además, la más artificiosa”. Lo cual, en cristiano, constituye una flagrante violación de la presunción de inocencia.

Este último reproche no se lo hacen exclusivamente las dos magistradas discrepantes con el fallo y partidarias de la absolución de Álvaro García Ortiz. Vienen haciéndolo juristas “de reconocido prestigio” (ver esto del catedrático Jordi Nieva en TintaLibre de septiembre) desde casi el minuto uno de este proceso que, probablemente, se estudiará algún día en las facultades de Derecho como un enrevesado artefacto técnico-jurídico-antidemocrático. Y si no se estudia por los futuros abogados o magistrados dará –seguro– para una o varias series de Netflix o Movistar+ (si es que no sucumben también a la dictadura de los oligopolios tecnológicos nada apolíticos).

Sin rodeos: resulta ya cansina la muletilla de “acatamos aunque discrepamos y respetamos…”. Se lo digo de frente y negro sobre blanco: no me inspira su condena el menor respeto, ni como periodista ni como ciudadano demócrata.

Me explico (o al menos lo intento).

Han tardado ustedes 19 días desde la comunicación del fallo, permitiendo un debate público absurdo sobre una sentencia desconocida pero cuya argumentación parecía oscilar entre dos posibilidades: o condenaban (sin prueba sólida alguna) al fiscal general por la filtración del maldito correo del abogado de la pareja de Ayuso, o bien por la nota informativa cuya responsabilidad asumió el propio García Ortiz y que, en principio, cuatro de ustedes cinco consideraron que no contenía “aparentemente” ninguna ilegalidad. Pues bien, lo que han parido dibuja “aparentemente” esa reacción prepotente de “… y dos huevos duros”. Intentan sostener que el fiscal general no solo es responsable (confeso) de una nota informativa ilícita sino también de la filtración de un correo que –ustedes admiten– pudo ejecutar “el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento”.  Eso sin citar contradicciones flagrantes sobre la propia doctrina de su mismo tribunal (ver aquí).

Nunca he percibido con tanta claridad el paralelismo entre la función en democracia de la judicatura (más responsable cuanto más alta sea la instancia) y la del periodismo (más exigente cuanto más honesto sea el desempeño de su función). Se lo digo de forma más cruda: ustedes basan toda su condena en rumores, en deducciones, en “inferir” o “interpretar”. Hasta el punto de sostener que condenan a García Ortiz porque es la “única opción” plausible. Sin contemplar ni por asomo las muy variadas opciones que en el proceso han surgido, como se refleja con detalle en el voto particular (ver aquí).

Los jueces del Supremo no sólo han hecho caer al único cargo de la esfera judicial nombrado por el Gobierno, sino que han dado un espaldarazo (¿definitivo?) a la política basada en el bulo, en la mentira, en la desinformación

Miren, aunque no se les pase a ustedes por la cabeza, un medio o un periodista decente no publica historias basadas en simples rumores, deducciones o testimonios no contrastados. Y, en mi infinita ingenuidad, como demócrata doy por sentado (o ya no) que, con mucho más motivo y obligación, los jueces no pueden basar una condena en simples rumores, deducciones, “coincidencias llamativas”… como ustedes hacen sin pudor (en la lectura incluso de cualquier lego). Un rumor no debe ser noticia y una “inferencia” no puede ser prueba de cargo. 

Ustedes dan unos rodeos de beodos para justificar un registro en la sede de la Fiscalía General del Estado absolutamente prospectivo y más digno del desmantelamiento de la cúpula de un grupo narco. Ya dirán instancias superiores (el TC o el TJUE) si no es un verdadero atropello, pero en todo caso, para un periodista y para un magistrado (mínimamente honestos), lo trascendente será si de todo ese espectáculo sale una prueba. Y no. Ninguna.

Llegamos ya a la almendra de lo que pretendo plantearles: la lectura atenta de todo lo que afirman sobre los testimonios de los periodistas y su valoración en el proceso me ofende profundamente, como periodista y como demócrata. Ustedes no han entendido (o no han querido entender) en qué consiste el oficio del periodismo y mucho menos el secreto profesional de las fuentes consagrado en la mismísima Constitución (artículo 20 1.d). Lanzan ustedes besitos, admitiendo la “veracidad” de los testimonios de los periodistas y blablabla… Pero dejan caer que, como no hay un desarrollo legal de ese precepto constitucional, los periodistas no estamos obligados a respetar ese secreto. 

¿Ustedes, de verdad, pretenden hacerse pasar por garantes del Estado de derecho? Miren, si consideran falso el testimonio de Miguel Ángel Campos, compañero especialista en tribunales en la Cadena SER –que ha declarado expresamente y obligado a decir verdad que no fue García Ortiz quien le filtró el correo–, entonces deben abrir causa contra él por falso testimonio en el juzgado que corresponda, como él mismo ha solicitado.

Lo que ustedes, ‘los cinco del Supremo’, han ejecutado no es sólo el atropello a la presunción de inocencia del ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, sino también al periodismo decente y a la protección de las fuentes, que es un derecho de la ciudadanía, de los demócratas, no propiedad de los periodistas, ni de los políticos, ¡ni de ustedes, los jueces! Sin la confianza de una fuente en su confidencialidad no existe el derecho a una información veraz, que deben garantizar todos los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo.

Ustedes, Exmos. Sres. Martínez Arrieta, Marchena, Del Moral y compañía no sólo han hecho caer al único cargo de la esfera judicial nombrado por el Gobierno, sino que han dado un espaldarazo (¿definitivo?) a la política basada en el bulo, en la mentira, en la desinformación. El medio que hizo de altavoz de la campaña ideada por la mano derecha de Ayuso, el diario El Mundo, se permite presumir de hacer buen periodismo, cuando sirvió de mero transmisor de un invento (reconocido por su autor “de pelo blanco”) para instalar la especie de que nada menos que “todos los poderes del Estado” perseguían a Alberto González Amador por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que el fiscal general del Estado prohibía llegar a un acuerdo para evitar la cárcel a un DEFRAUDADOR FISCAL CONFESO, se pongan ustedes como se pongan. Han dado carta blanca a un bulo que acusaba de delitos a un poder del Estado, y ustedes se dedican a condenar la defensa legítima que ese poder del Estado realiza. Como dice el voto particular, no era una opción para el fiscal general, “era la única opción”. Era su obligación.

De la misma autoría –compartida– de quien retorció el concepto de la malversación para boicotear la aplicación de una ley de amnistía aprobada mayoritariamente por el Legislativo (ver aquí) surge ahora la muy peligrosa jurisprudencia que establece que se puede condenar a todo un fiscal general por simples conjeturas, violando sin complejos la presunción de inocencia del encausado, y además ignorando un derecho elemental de la ciudadanía como es el del acceso a una información veraz, imposible sin la protección del secreto profesional de las fuentes.

Uno procura ejercer la ingenuidad imprescindible para mantener la esperanza, pero sin gilipolleces. Todo lo que estamos hoy analizando lo sabíamos desde el minuto uno de este proceso. Tenían el nombre de García Ortiz en la diana, tenían el propósito y se demostró durante todo el proceso que no interesaba en absoluto atender a otras “hipótesis” que las que iba hilvanando el tal Hurtado, ese juez que no vio relación alguna del PP en la trama Gürtel. Curioso: M.Rajoy podía ser cualquiera, pero un correo recibido por medio Madrid tuvo que ser enviado, sí o sí, por García Ortiz… “o una persona de su entorno inmediato…”

Estarán ustedes orgullosos. El del pelo blanco anda henchido de razones, presumiendo de eficacia en la difusión de bulos, mientras los simples periodistas que cumplen lo mejor que pueden su función democrática se ven ignorados, despreciados e incluso pendientes de algún procesamiento consecuente con todo este disparate. 

Con (escaso o nulo) respeto, les lanzo una apuesta: si periodistas decentes (como Miguel Ángel Campos, como José Precedo, como José Manuel Romero, como Alfonso Pérez Medina, o como Manuel Altozano…) publicaran una historia que acusara de algún delito a cualquier personalidad pública basándose en conjeturas, deducciones o “coincidencias llamativas”… ¿respaldarían ustedes la información publicada por difamatoria que fuera? Relájense. Ninguno de ellos –ni los medios para los que trabajan– la publicaríamos. Esa es la diferencia. No nos confundan.

Atentamente,

Jesús Maraña

Director Editorial de infoLibre.