La Unión Progresista de Fiscales ve la sentencia incompatible con un proceso garantista

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) observa un "muy relevante defecto lógico" en el razonamiento de la sentencia que condena al fiscal general del Estado, ya que se descartan alternativas porque no encajan con la hipótesis principal, algo que consideran que "no es compatible con un proceso penal garantista".

La UPF ha publicado este miércoles un comunicado que lleva por título "Las resoluciones judiciales no solo deben ser justas, tienen que parecerlo, despejando toda sombra de duda sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia y a las garantías del Estado de derecho".

Afirman que la presunción de inocencia debe preservarse como un pilar innegociable, especialmente en los casos difíciles, mediáticos o institucionalmente sensibles "porque cuando la presunción de inocencia se debilita para uno, se debilita para todos".

"Jueces y fiscales deben estar blindados legalmente no solo frente al crimen organizado y frente a la corrupción, también deben estarlo frente a la desinformación y frente a los bulos. La sociedad debe saber que quienes tienen la misión constitucional de defender la legalidad no pueden estar jamás maniatados ante la mentira, la manipulación o el ataque a las instituciones", subrayan.

Denuncian que la hipótesis principal que manejan los magistrados para fundamentar su fallo se valida porque se han descartado las alternativas. "Esto no es prueba. Esto es confirmación de una convicción previa por eliminación", destacan.

Según su análisis, "la hipótesis se prueba a sí misma" y "este tipo de razonamiento no es compatible con un proceso penal garantista" sino que "es propio de sistemas donde primero se decide y luego se construye el camino".

Lamentan que cuando una sentencia razona porque no hay explicación alternativa razonable, "en realidad está diciendo que si el acusado no logra construir una alternativa plenamente sólida, será condenado", lo que implica una inversión encubierta de la carga de la prueba.

En este sentido, recuerdan que en un Estado de derecho solo puede condenarse cuando existe certeza más allá de toda duda razonable. "La sentencia no afirma que esté probado con certeza que fue el acusado. Afirma algo muy distinto: que no existe una explicación alternativa razonable", lo que a su juicio supone un giro "constitucionalmente letal".

"Porque entre 'estar probado' y 'no existir alternativa convincente' media exactamente la presunción de inocencia. Ese espacio es el que protege a cualquier ciudadano de una condena injusta", señala.

Denuncia, asimismo, la asimetría en la valoración de la prueba personal y el tratamiento del testimonio de la fiscal superior de Madrid frente al de los periodistas que declararon en el juicio, de manera que se otorga prevalencia a la versión más gravosa para el acusado.

Y advierte de que en este caso no solo se ve afectado el derecho de defensa del acusado, sino que se ve comprometida la propia arquitectura constitucional de la libertad de prensa.

Sobre el borrado de datos en el teléfono del fiscal, se da por probado el hecho técnico de que existió un borrado, pero no se prueba el contenido de lo borrado, ni su relación con los hechos investigados, ni se descarta de forma concluyente una explicación profesional razonable.

Pese a ello, la sentencia señala que el borrado lleva a la ocultación y esta a la conciencia de culpabilidad. "Ese salto es jurídicamente inaceptable", subrayan desde la UPF.

En cuanto a la emisión de la nota de prensa, recuerda que para la mayoría del Tribunal constituye un delito, mientras que, para las magistradas discrepantes, no solo no es delictiva, sino que es la única opción legal posible para preservar el prestigio institucional y frenar un bulo.

"Esta colisión no es solo doctrinal, es dramática para la arquitectura constitucional del Ministerio Fiscal. Un sistema no puede exigir al fiscal general del Estado que realice una actuación institucional que, bajo otra interpretación judicial igualmente legítima, pueda convertirse retroactivamente en un delito que acarrea inhabilitación", señala.

Y alertan de que esa grieta no afecta solo al acusado, sino toda la institución del Ministerio Fiscal, cuya actuación futura queda sometida a "un riesgo intolerable": que un acto de transparencia, de defensa institucional o de protección de la legalidad pueda ser reinterpretado penalmente a posteriori. "Ese dilema es inaceptable en una democracia constitucional". añade.

Se preguntan si cualquier ciudadano puede confiar en que, si un día se sienta ante un juez, el proceso será fiable, imparcial, con garantías plenas y sin atajos probatorios, porque "cuando la confianza en la Justicia se resquebraja, el ciudadano queda solo frente al poder punitivo del Estado".

"Cuando un proceso de máxima trascendencia constitucional deja en amplios sectores sociales una sensación de inquietud, rigidez, precipitación o apariencia de veredicto predeterminado, la confianza se resiente, incluso aunque la sentencia sea formalmente válida", advierten.

Bolaños afirma que "las dudas que tenía se mantienen"

También se ha pronunciado este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha dicho que "las dudas que tenía se mantienen" y ha opinado que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del diputado del PP Miguel Tellado, que ha calificado la sentencia del Supremo de "demoledora" y que, a su juicio, ha puesto al fiscal general del Estado en el sitio "de los delincuentes", "condenado, inhabilitado, fulminado" y ha reprochado que el presidente del Gobierno estuviera este martes en un acto de partido "atacando al Tribunal Supremo y defendiendo al condenado".

El ministro ha insistido en que respeta tanto el fallo como la sentencia del Supremo. "Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado sin que se conociera siquiera la sentencia", pero ha añadido que discrepa.

"Después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia", ha subrayado.

Bolaños ha respondido también a las críticas de la diputada del PP Cuca Gamarra, que ha denunciado que el Gobierno se sitúe por encima de los contrapesos, que reinterprete las sentencias, que reescriba las leyes a medida y que blinde a los suyos cuando tienen que rendir cuentas ante la Justicia.

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"Un año prometiendo independencia judicial mientras maniobra para controlar la Justicia. Un año hablando de transparencia mientras gestiona la corrupción como un problema de comunicación y no de delitos. En definitiva, un ejercicio de absoluta regresión democrática", ha afirmado Gamarra.

El ministro ha reprochado que solo se pueda discrepar si los funcionarios inspectores de Hacienda persiguen al PP, si los fiscales persiguen al PP, o si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del PP, y le ha contestado que un ejercicio democrático es "parar la ola ultraderechista que ha engullido" a su partido.

"Ejercicio democrático es poner por delante la salud y la sanidad pública frente a los intereses empresariales de engordar el bolsillo, como hacen ustedes en comunidades donde gobiernan, como la Comunidad de Madrid", ha señalado Bolaños, que le ha dicho que el mayor riesgo para la democracia en España es que el PP sea "el siervo de Vox".