El redactor de los 'Protocolos de la Vergüenza' admite que fueron discriminatorios y responsabiliza a Mur
Javier Martínez Peromingo, ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza y sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en su declaración como investigado que dichos protocolos “fueron discriminatorios”. En su comparecencia, Peromingo, al igual que hizo cuando compareció como testigo, ha incriminado a Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, como principal responsable. Además, ha afirmado que las residencias de la Comunidad de Madrid no estaban medicalizadas en esa primera ola de la pandemia en la que murieron 7291 personas. No obstante, la defensa cree que estuvo implicado y que formó parte de “esta acción colectiva”.
Solo uno de los tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso vinculados a las muertes en las residencias, junto al geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, ha acudido a su declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción 23 de Plaza de Castilla. Los otros dos investigados, Carlos Mur y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, no han comparecido debido a que el juzgado alega que no han podido ser citados al no haber sido posible contactar con ellos.
Ante la incomparecencia de los dos exdirectivos, la abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, asegura que elevará a la jueza dos órdenes de busca y captura para que tanto Busca como Mur "no puedan seguir eludiendo la acción de la Justicia y burlándose del dolor de las víctimas". No obstante, Jacinto ha querido incidir en que no se ha podido localizar a estas dos personas, pero que Busca está trabajando en el Gobierno Vasco y Mur sigue ejerciendo la medicina.
La sesión ha avanzado con nuevos detalles sobre cómo se aplicaron aquellos criterios durante la primera ola. Según la acusación, Peromingo ha explicado también ante la jueza que las objeciones que trasladó a Mur —por escrito, por correo y por mensajes telefónicos— nunca derivaron en una modificación sustancial del funcionamiento real del sistema, que siguió impidiendo derivaciones hospitalarias en miles de casos. Sin embargo, la abogada sostiene que esos reparos formales no pueden ocultar su responsabilidad: "Reconoce que participó en la redacción de las distintas versiones y que se mantuvo en el cargo mientras el protocolo se ejecutaba. Sin su intervención, esos documentos no habrían tenido forma ni aplicación".
También ha declarado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, encargado del triaje telefónico con varias residencias. Su testimonio ha resultado "especialmente preocupante", según la acusación, ya que ha afirmado no haber recibido instrucciones directas más allá de criterios clínicos generales y no pudo detallar ni el estado en el que se encontraba la víctima cuya muerte dio origen a esta causa. Para Jacinto, ese vacío es significativo debido a que "cuando ni siquiera se conoce el diagnóstico exacto, es imposible justificar que no se derivase a un paciente que lo necesitaba".
A las puertas del juzgado, las familias de las víctimas también han seguido cada paso de la jornada judicial. Entre ellas, Ángela Armingol, hija del residente cuya muerte se investiga, exige que la investigación debe llegar a los puestos más altos del Gobierno madrileño. "Se tienen que depurar responsabilidades políticas porque yo no me creo que ningún médico motu proprio ideara aquellos protocolos", denuncia. La portavoz de Marea de Residencias, Carmen Ruiz, también ha subrayado lo que está en juego esta semana. "Hoy hemos conseguido avanzar, pero llevamos cinco años luchando contra retrasos, archivos y maniobras procesales", añade. "Lo importante es que por fin se le ha preguntado al menos a uno de ellos de una vez quién tomó las decisiones y por qué se dejó morir a miles de personas sin acceso a un hospital".
Tercera incomparecencia de Mur
La ausencia de Carlos Mur —y también la de Pablo Busca— no ha sorprendido a las familias, pero sí ha aumentado la indignación acumulada. Se trata ya de la tercera ocasión en la que el ex director general evita declarar como investigado, después de dos intentos fallidos en primavera que dejaron a las víctimas sin respuestas. En mayo, la vista prevista se suspendió en el mismo día porque las defensas alegaron no haber recibido toda la documentación del procedimiento, una incidencia que las familias consideran "planificada" para retrasar la causa. Apenas un mes después, en junio, otro juzgado —el número 6 de Leganés— anunció su inhibición en favor del Juzgado 3 de Madrid justo antes de los interrogatorios. En este último caso, el juzgado asegura que no ha logrado localizar ni a Mur ni a Busca. Para Jacinto, esta situación “resulta insostenible” y afirma que “no estamos ante personas ilocalizables” y que “las instituciones no hacen lo suficiente para obligarles a dar la cara”.
La situación se enmaraña aún más por el enfrentamiento entre las propias defensas. La de Martínez Peromingo reclama desde hace más de un año que todas las causas —más de noventa— se acumulen en el Juzgado de Instrucción número 3, lo que abriría la puerta a una macrocausa. La defensa de Mur defiende lo contrario, es decir, que cada procedimiento permanezca en el juzgado del territorio donde residía la víctima, lo que consolidaría la absoluta dispersión actual.
La Audiencia Provincial deberá resolver en los próximos meses si unifica las causas o mantiene el laberinto judicial. En paralelo, este miércoles vuelven a estar citados los tres ex altos cargos en Collado Villalba por la querella de un familiar de una residente del centro de Sanitas Torrelodones. Las familias no saben si, esta vez, la Justicia logrará que comparezcan los tres citados que ya están imputados en ocho procedimientos.
