El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox. 

Es falso que la “prioridad nacional” sea una ficción o un marco dialéctico sin traducción real como pretenden vender. Es un infantilismo político comprar ese argumento. Vox pide competencias para hacer algo con ellas. Para quienes solo ven relato y palabrería, cuál sería la reacción si habláramos de prioridad heterosexual, prioridad del hombre o prioridad del catalán. La Constitución salta por los aires con cada discriminación.  

Con el aval de la dirección de Génova, María Guardiola le ha dado a Vox dos de las consejerías con mayor peso. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural es de las carteras con más empleados públicos de dicho Gobierno. La portavoz de Vox lo ha dejado claro en el debate de investidura: su intención de retirar las ayudas a empresas, sindicatos y cooperación. Y Óscar Fernández también: “Hay que elegir y elegimos a los españoles primero”. La cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la importación trumpista de Elon Musk y Javier Milei, la motosierra de Vox en palabras de José María Figaredo, pensada para hacer recortes y pasar por su cepillo todas las leyes del Consejo de Gobierno. La imagen de Guardiola es significativa de lo que le espera a la presidenta extremeña esta legislatura. En 2023 entró por la puerta de la Asamblea y se paró a dialogar con las organizaciones sociales que protestaban en la puerta. En 2026 ha tenido que entrar por la puerta de atrás. El destino de una presidenta que va a tener muchas dificultades para liderar nada. 

Vox no ha venido a hacer ficción. Vuelve a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP. Aprendieron de las coaliciones con Podemos que o consiguen imponer discurso y políticas a nivel autonómico, o el grande se come al pequeño. La ficción es que el PP regale el marco ideológico de la "prioridad nacional" con todas sus competencias y Vox no vaya a hacer nada con ellas. Las Comunidades no pueden gestionar la inmigración, pero los servicios sociales incluyen toda la cartera de políticas públicas dirigidas a proteger a las personas vulnerables. La lista de ayudas es larga e incluye la dependencia, integración laboral, protección de menores, acogimiento familiar, viviendas sociales, rentas mínimas, ayudas al transporte, comedores, mediación intercultural, tramitación de ayudas…  

A la espera de que se publique este viernes el decreto de estructura del Ejecutivo extremeño, la Desregulación unida a Servicios Sociales y Familia es una declaración de intenciones, con toda la función pública en manos de Vox para llevar a cabo lo que se proclama en la primera denominación de esa consejería. 

El pacto gemelo en Aragón va más allá con una consejería extra. Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox, y Jorge Azcón han firmado la misma prioridad nacional, como ya justifica Feijóo. El plato obligatorio con sello aragonés no puede ser compatible con la legalidad, como dice Azcón, porque los supuestos de arraigo o residencia (que ya existen hoy) no tienen encaje si pretenden poner al fondo de la cola a quienes son iguales ante la ley. 

Más peligroso que la practicidad del PP de vender como humo lo que son competencias es el destilado del discurso ultra que justifican. Cómo lanzan un mensaje sobre qué tipo de sociedad quiere el PP. Trump no puede llevar a cabo las bravuconadas que lanza, pero da luz verde a quien quiera conducirse por la vida contra el otro, ya sea inmigrante, mujer feminista u homosexual. Legitima una ideología que persigue y discrimina. Lo que demuestra el cierre de los gobiernos autonómicos es cómo en la batalla ideológica de la derecha, el mayoritario claudica ante la ultraderecha. Con más escaños y porcentaje de votos, el PP ha sido incapaz de liderar las negociaciones. Nada de lo impuesto por Vox lo han tumbado. El PP podría apuntarse el tanto de haber doblegado al socio en las negociaciones. Al contrario, le ha perseguido y puesto alfombra roja durante meses. E igual que no puede presumir de los pactos autonómicos porque los ha perdido, no puede hacerlo con las victorias sobre Vox porque no las ha habido.

A Juan Moreno en Andalucía le quita el sueño el acuerdo extremeño. A Feijóo ya no.

El peor momento de Vox ha llegado. Los iconos de su ecosistema ideológico están hundidos y tocados, el partido vive un shock interno sin saber si lo próximo será otra dimisión o la explosión de un escándalo –a los críticos los carga el diablo– y la cita andaluza juega a la contra. En solo una semana ha caído el régimen húngaro de Viktor Orbán —financiador y anclaje en la UE—, y Trump, valedor absoluto, está aislado incluso dentro de la ultraderecha europea. La acumulación de salidas de fundadores y cargos clave —responsables de gobiernos autonómicos incluidos— tiene un denominador común: la denuncia de irregularidades en las cuentas y la gestión interna. Están metidos en un sándwich demoscópico a la baja, tras el frenazo en Castilla y León y la posibilidad de no llegar al 15% en Andalucía. Donde todo parecían éxitos se abre ahora la incertidumbre de cómo llegarán a las generales. No hay un colapso como tal, pero sí cierto derrumbe. 

El último episodio de Vox encaja con la frase de Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo: “Nos tratan como salvajes”. Exactamente el tipo de comportamiento que tuvo el diputado José María Sánchez en el Congreso. El incidente de Muñoz bebe de la cultura política del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Igual que Trump contemplaba a la turba a unos metros, Abascal siguió desde su escaño la embestida de Sánchez sin inmutarse. Nunca antes había ocurrido un asalto a la Mesa del Congreso. Esa amenaza prácticamente física a un centímetro del vicepresidente. Y ante la gravedad de unos hechos sin precedentes, la falta de arrepentimiento. Para que no sigamos normalizando comportamientos inaceptables, el Grupo Popular pudo haber salido en tromba a condenar el incidente, presionar al socio, forzarle a rectificar. Demostrar que en la derecha manda el PP. La respuesta ha sido tibia y el “y tú más” hacia el Gobierno la neutraliza. 

Feijóo está aliviado ante un Abascal más débil. Lejos de aprovecharlo, no hay signos de que vaya a beneficiarse de esa debilidad. No consigue imponerse, ni salir de la agenda de Vox, que es precisamente donde gana el original. Ojalá no estuviera librando esa batalla ideológica a costa de los migrantes. Dijo que no les daría la espalda al aceptar la tramitación de la regularización extraordinaria, pero ahora se refiere a ella como un coladero “a granel” de agresores de mujeres y delincuentes. Una cosa es la letra pequeña del Consejo de Estado para reforzar el trámite, y otra, una criminalización cogida del molde de Vox e impropia de un partido liberal. 

La exageración absurda hace imposible que se escuche al PP. Mientras toda Europa celebra la caída de Orbán, su lectura pasa por llamar a Sánchez el Orbán del sur, una etiqueta ridícula hacia fuera. La realidad desmantela cada intento de descrédito burdo desde enero. Génova apuesta por desechar el liderazgo de España y que sean los socios europeos quienes hablen primero. Ahora que Trump ha cargado contra el socialista británico Starmer, el liberal Macron en Francia y la ultraconservadora Meloni, ¿qué tiene que decir el PP?  

En la etapa más tóxica de Vox (los verdaderos Orbán del sur), a Feijóo le toca cerrar los gobiernos autonómicos, lo que sitúa al PP en la peor coyuntura para esa fiesta. En la otra pantalla internacional, Trump carga cada día contra un nuevo aliado. Lo que demuestra que Sánchez se anticipó y habló primero. La derecha no está sabiendo leer el pulso del país. Por eso gana Sánchez desde la izquierda y Meloni desde la ultraderecha. 

El patinazo de la portavoz Ester Muñoz dejando solo al soldado español mientras Italia y España defendían que “un casco azul” nuestro “no se toca” es la imagen de un PP en tierra de nadie por no molestar ni a Israel ni a Trump. Igual tienen razón los estrategas de La Moncloa. Con ese pulso no se ganan elecciones autonómicas, pero es el necesario para las generales. Y, sobre todo, para anclar la cita en 2027. El debate del adelanto electoral ha desaparecido por algo.

El penultimátum de Trump, el penúltimo gran TACO que anunciaba la muerte de “toda una civilización”, fue la antesala de la tregua frágil con Irán. Necesita ese acuerdo más que el régimen iraní. Si Trump quiere salvar algún mueble para las elecciones de noviembre y frenar el desmoronamiento de su propia base electoral, urge esa “victoria rápida” con un acuerdo –limitado, parcial– en pro de desactivar el polvorín encendido de Oriente Próximo. Más allá de los malentendidos y la precariedad de las conversaciones, EEUU e Irán tienen incentivos para ponerle fin. El problema de la política exterior de Trump es el “dedo en el gatillo” de Israel, el exterminio indiscriminado que va de Gaza al sur del Líbano tiene en común cómo Netanyahu consigue arrastrar a Trump. 

La operación Eterna oscuridad en el Líbano es buena metáfora de cómo Israel es el mayor actor de inestabilidad. Lanzada el día del acuerdo para sabotearlo, con el mayor número de bombardeos desde febrero, después de atacar el mayor yacimiento de gas y amenazar infraestructuras civiles. ¿Quién puede parar a Israel? El mismo que da alas y cobertura a Benjamin Netanyahu. Europa tampoco puede seguir evitando posicionarse frente a un vecino que arrasa con el derecho internacional. Netanyahu va por libre: no necesita la paz ni la estabilidad. Con una agenda expansionista, de ocupación de territorios y vulneración permanente de los derechos humanos, ha embarcado a Trump en una aventura que puede hundirlo.

El crimen de guerra es la manera de conducirse de Israel. Uno de los grandes aciertos de la UE, con todos sus titubeos, es haber dejado solo a Trump. Ahora tiene que repensar cómo dirigirse a Israel. El “No a la guerra” de Pedro Sánchez en Irán va seguido de la petición de sanciones a Israel por la masacre en Líbano. Otra apuesta, con resistencia de los socios, pero necesaria.

Es tan evidente la voracidad de Israel para abrir guerras como inexplicable la posición del PP. Por cargar contra Sánchez menosprecia y se ríe del ejército español. Ni Vox. El último capítulo de la portavoz Ester Muñoz demuestra la frivolidad con la que se mueve Feijóo en política internacional. En un momento geopolítico de alto riesgo en el que España ha conseguido tener voz, prefiere defender a las tropas israelíes antes que al “casco azul” español. Elige los intereses de Israel antes que los patrios. Comparar la detención del soldado, en misión internacional en Líbano, con un control de tráfico desacredita al PP.

Y hay algo peor en las declaraciones de su portavoz: reconocer que no tiene ni idea de lo ocurrido y decir que Israel no bombardea el Líbano, si no a Hezbolá. O desconoce que hay víctimas civiles en esos ataques o pretende justificar los crímenes de Netanyahu. Sabemos de la posición del PP por las palabras de Muñoz; de nuevo, el “no es legal pero es legítimo”. Y cada vez que parece moverse de ahí, vuelve al mismo sitio. 

El antisanchismo más que una estrategia es una obsesión desmedida. Y, como todos los excesos, resulta más contraproducente para quien lo padece. Desde el ‘No a la guerra’ del Gobierno por el conflicto en Irán, el PP reacciona tarde y mal, rectifica a remolque de los acontecimientos y, por oponerse a Sánchez en todo y sin medida, acaba yendo contra sí mismo. Practicando una oposición que descarrila en la agenda internacional, en un contexto de creciente complejidad geopolítica y donde la voz de España ha logrado ser relevante por la apuesta política del Gobierno. 

El “Europa no pinta nada” es tan falso como ese “España no tiene voz”. La UE tiene múltiples debilidades, pero la realidad, como demuestra la guerra de Irán, pasa por Donald Trump llamando a esa puerta, pidiendo ayuda y buscando la legitimidad de unos aliados a los que nunca consultó y ahora llama cobardes. La reacción de Trump contra Sánchez es síntoma de cómo la posición de España ha calado. Verbalizó antes que nadie la posición que ahora siguen los principales socios europeos. 

El portazo de Pedro Sánchez a una guerra ilegal, que arrastra a una crisis humanitaria y económica, ha sido coherente desde el principio. Desde ese primer día, el PP ha cargado contra la prohibición del uso de las bases y el cierre del espacio aéreo. Feijóo tiró en el Congreso de los supuestos misiles iraníes con la cara de Sánchez: la peor propaganda como argumento, hasta verse superado por la realidad, cuando Francia, Italia y Reino Unido han hecho lo mismo. Solo hacía falta esperar. Después de España, la ira estéril de Trump ha llegado a Starmer y Macron.

No es la única realidad que supera al PP. Ha perdido otra oportunidad de oro para colocarse en posición de gobierno al salir en defensa del Domingo de Ramos. Pudo haberlo hecho antes que Sánchez, que el ejecutivo italiano, francés, británico e incluso desde Washington. Pero han preferido la performance de Ester Muñoz: “Sánchez está en su despacho grabando un TikTok con la gorra Make Catholicism Great Again”. Ante la evidencia de realidades que se imponen, el PP ha intentado a destiempo desmarcarse de su posición original. Aquel no será legal pero es legítimo (matar al ayatolá). Y de ahí a intentar situar la crítica en la “escenificación”. Como si una guerra no fuera también guerra de posiciones. Igual le parece bien no escenificar en todo lo posible la condena a matar iraníes, palestinos y propagar un conflicto sin rumbo ni legitimidad por toda la región. 

Hay algo más preocupante. Que el descarrilamiento en el posicionamiento del PP en la agenda internacional responda —además del antisanchismo— a la incapacidad de tener posición propia y defenderla. Un descartar por sistema el liderazgo patrio. Al seguidismo del más fuerte como postura oficial sin medir cómo el seguidismo a Trump perjudica a España. Al PP le parece extemporáneo sacar a colación la guerra de Irak. Viene a cuento porque comparte hilo conductor y es pertinente saber si el PP de Feijóo rompe con Aznar. 

Solo hay una manera para que Donald Trump ponga fin a la guerra en Irán. Soltar la mano de Netanyahu. Romper con la estrategia de Israel donde pretende reforzar su seguridad a costa de invadir países, imponer la ilegalidad internacional y aprobar leyes criminales que permitan ahorcar a palestinos. Solo si Trump se desmarca podrá frenar la guerra. Necesita una coartada, la construcción ficticia de una supuesta victoria, para no llegar a las elecciones de noviembre sin opciones. En cuanto a la amenaza de romper la Alianza Atlántica, ya lo hizo en campaña. Si EEUU está en la OTAN es porque la necesita. La andanada no tiene fácil materialización y coloca a Europa en un debate interesante sobre su autonomía en defensa y energía. Sobre su autodefensa cuando el aliado histórico amenaza con irse. El PSOE no se ha movido desde Irak, sin embargo, es fácil imaginarse al PP defender a Trump también en su amenaza de salida. Por no molestar. Por no romper lazos diplomáticos. Por defender lo opuesto a Sánchez. 

Escribe Sergio del Molino en El País recordando la memoria de Álvaro Cunqueiro cómo “Feijóo se traiciona cada vez que se arrima a Abascal y le hace los coros a los gritos racistas”. Y acaba pidiendo restringir la sanidad a los inmigrantes, evitar las regularizaciones de miles de residentes sin documentación que viven en España y vincula terrorismo con las mismas regularizaciones. Ajeno a la realidad — sus votantes conocen bien el perfil de quien trabaja en España desde hace años sin los dichosos papeles— especula con la entrada camuflada de supuestos yihadistas. Como si las células terroristas se activaran por los papeles que tengan. 

En ese ataque sin brújula a cualquier decisión de Sánchez en política exterior, el PP acaba alineado en el rincón de esta historia con Israel y defendiendo no molestar a Trump. Desmarcándose incluso de Giorgia Meloni o los conservadores europeos. VOX ya está instalado en la contradicción absoluta de una guerra contraria a los intereses de España y  Europa. De nuevo, los patriotas. Y el PP se está empeñando en ganar terreno también ahí. 

El PP no puede presumir de coherencia en las guerras abiertas en Oriente Medio ni de haber conseguido colocar a España en primera línea de política internacional durante sus mandatos. Aznar lo hizo en el lado equivocado de la historia; Rajoy, en la irrelevancia. En las filas del PP habrá quien reste importancia a cómo Aznar arrastró a España a la guerra ilegal en Irak. Veinte años después, Tony Blair pidió disculpas por su papel —por los errores de inteligencia y la profunda tragedia humanitaria—; George Bush aceptó su responsabilidad en la información falsa que sirvió para justificarla; y Aznar, ahí sigue, solo, con los pies sobre la mesa. Con este historial, el PP debería haber leído mejor lo que sucede en Irán, una guerra de coordenadas más fáciles de interpretar. Es ilegal, fuera del marco de la ONU y, por tanto, descolgada de los tratados europeos, sin planificación y de espaldas a sus aliados. Que el desastre ya está aquí se mide en la comparecencia del presidente a un día de tener que aprobar un escudo social de 5.000 millones de euros.

Pedro Sánchez acertó al escanear con rapidez, coherencia y precisión las coordenadas de Trump y Netanyahu sobre Irán, y colocó un “No a la guerra” disruptivo desde las primeras horas. Un “No a la guerra” ganador que atravesó Europa y Estados Unidos en cuestión de horas. Emmanuel Macron, Georgia Meloni, Friedrich Mertz ya están ahí. El diagnóstico es tan claro que la comparecencia de Sánchez podía haber servido al PP de plataforma para Feijóo. Podía haber aprovechado el foco del monográfico sobre Irán para explicar de una vez las líneas estratégicas en política exterior del aspirante a presidente. Lejos de eso, Feijóo ha dejado escapar otra oportunidad. Ver al PP difundir el “No a la guerra” ya es una capitulación: un reconocimiento a Sánchez. Ese es el lema y el lugar. El “No a la guerra y no a usted” reconoce el acierto; y el “no a usted”, por repetitivo, queda en sordina.

Es casi ridículo el intento de vincular a Sánchez con los grupos terroristas en Irán. De las seis horas de comparecencia sobre lo más importante que mantiene al mundo en vilo, Feijóo destaca en X su apuesta por una frase: “Difícilmente puedes personificar la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles”. De nuevo, el subconsciente habla: un reconocimiento implícito de cómo Sánchez, en esa némesis de Trump, ha sabido erigirse en esa resistencia global. Feijóo ha perdido una oportunidad de ocupar la agenda del Gobierno con la suya propia: explicar la posición del PP, grupo mayoritario en Europa. Alejarse del error de los primeros días, cuando defendieron que lo ilegal era legítimo. En su indefinición, a la victoria dialéctica y política de Sánchez se suma cómo le compromete Santiago Abascal.

El PP tiene que explicar por qué no exige a Vox romper su alianza estratégica con Viktor Orbán. ¿Cómo pretende gobernar con un partido que en Europa pertenece al grupo del autócrata húngaro? ¿Cómo es compatible defender a Ucrania y tener a su socio en la mesa de Orbán? Si tanto preocupa al PP la posición de España, ¿en qué lugar queda si su aliado de gobierno va a lomos del caballo de Troya de la UE y del movimiento ultra global capitaneado por Trump? Hungría ha bloqueado las ayudas a Ucrania, está acusada de espiar para Rusia y defiende en Europa la agenda MAGA.

Mientras Vox se impone en los pactos autonómicos, coloca su decálogo de medidas ultras y arrebata consejerías y vicepresidencias, enfrente tiene un PP sin exigencias ni victorias sobre su socio menor. Los autores del “gobernar a cualquier precio” no le han pedido que rompan con el seguidismo trumpista y el ultra antieuropeo de Orbán. Una incompatibilidad democrática que el PP tendrá que abordar pronto.

Sobre lo material y la respuesta inmediata, si al PP le faltan medidas anticrisis en el escudo social —que faltan— tiene una decena de gobiernos autonómicos para ampliarlas. Las comunidades del PP tienen competencias de sobra para desplegar sus escudos en forma de decretos leyes. Ampliar las ayudas a transportistas, hosteleros, agricultores. Y de momento, ni uno. Es paradójico que Junts haya sido más responsable y transparente que el PP con el escudo anticrisis. Míriam Nogueras ha dado el sí hace días. Feijóo ha preferido callar. Y ocultar el voto es como reconocer que se vota una cosa en el Congreso para decir otra en público. 

En esta convulsión geopolítica a la que nos arrastra Trump, se sabe dónde está el PSOE. ¿Y el PP cuándo lo explicará a fondo? Si está en el mismo sitio, ¿no tiene nada que decirle a Abascal? 

Por falta de liderazgo o de cuadros, Alberto Núñez Feijóo carece de coordenadas para posicionarse y seguir con soltura la política exterior. Más allá del trazo grueso, los conflictos internacionales estallan, el líder del PP se obsesiona con atacar al Gobierno, y después llega la rectificación. Obsesionarse por tener clara la posición propia es una mezcla imbatible para el error. Con más o menos disimulo, se acaban notando la planicie de argumentos, la ausencia de profundidad en las reflexiones y los patinazos continuos en los conflictos clave. Feijóo tuvo que desdecirse al celebrar la democracia en Venezuela tras la deposición de Nicolás Maduro al tiempo que criticaba la supuesta tibieza de Exteriores. Cuando Trump cargó contra María Corina Machado —”no representa a nadie”—, ya era tarde y el ridículo se produjo en público. En la operación de Trump y Netanyahu en Irán ha pasado de acusar a Pedro Sánchez de aislar a España por el “No a la guerra” a posicionarse con un “todos estamos en contra de la guerra”. 

Es la misma falta de coordenadas de Feijóo para relacionarse con la Casa Real. Si tiramos de hemeroteca, todo empezó con la investidura, en septiembre de 2023. Quiso anticiparse y abrió el debate sobre el papel del rey. Puso en una tesitura difícil a la Casa Real, que finalmente emitió una nota para aclarar una interpretación de la Constitución innecesaria. Lo que debió hacer con sigilo se hizo en público. Después acusó a Sánchez de presionar a la Corona y de poner al rey en una situación complicada con la ley de amnistía o los pactos con Junts, e insinuó que firmaría a la fuerza. El defensor de la monarquía no ha dejado de comprometer la neutralidad de la Casa Real y el rey.

Decidió dar plantón al acto solemne de apertura del año judicial porque entendía que perjudicaba a Sánchez y se inventó (o eso vino a decir después) aquello de “el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición”. La neutralidad, comprometida una vez más. La Casa Real tuvo que reaccionar recordando que no comenta conversaciones privadas. El adalid de la Constitución rompió una regla no escrita esencial del sistema constitucional: todo lo que se habla con el rey en consultas públicas es confidencial. Ni republicanos ni independentistas cruzaron antes esa línea con el rey.

Mismo patrón y mayor lío a razón del emérito. Feijóo llamó para comunicar un tuit vinculando el regreso de Juan Carlos I a la desclasificación de los papeles del 23-F. La Casa Real salió al paso para aclarar que el emérito puede volver cuando quiera mientras cumpla con el fisco, la verdadera razón de la fuga a Abu Dabi. 

A menudo, el líder del PP habla y la extrema derecha agita el lema falangista y ultra de "Felpudo VI", ese que la grada de Vox desenterró a gritos en Ferraz. Un historial que hace más incomprensible la última polémica por sus declaraciones sobre México y el perdón, al confrontar directamente con el gesto del rey. No hace falta que Feijóo opine lo mismo, pero redujo el gesto de Felipe VI a una conversación informal, minimizando la operación diplomática de la Casa Real y las funciones del jefe del Estado. Feijóo dio alas a los ultras, que enseguida llamaron al rey "vasallo del Gobierno".

Tras las palabras del rey reconociendo "muchos abusos" en la Conquista, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de acudir a la cumbre de Madrid. Un hito, porque México no envía a sus presidentes desde 2018. La crítica de Feijóo al perdón histórico boicotea la estrategia del Gobierno de convertir la Cumbre en el gran escenario de reconciliación con México. Pero además le aleja de todo sentido común y sensibilidad con la historia. Alemania pidió perdón por el Holocausto; Japón se arrepintió de sus abusos en la Segunda Guerra Mundial (crímenes de guerra y violación de mujeres, entre otros); Austria y Canadá pidieron perdón a los pueblos indígenas; Reino Unido hizo lo propio por los abusos coloniales. Incluso el papa pidió perdón "por las ofensas de la propia Iglesia" y "por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América".

Cuando Feijóo se coloca con soberbia por encima del perdón por los crímenes que ha dejado cada pueblo en su historia, si se cree superior a la empatía del papa, el síntoma es más grave que la mímesis con Vox o la capacidad de arrastre de Federico Jiménez Losantos sobre el líder del PP.

Como si León XIV negara la existencia de dios, así cayó la frase de Ursula von der Leyen en el corazón de Europa. La presidenta excedió sus competencias (no las tiene en Exteriores) pero, sobre todo, abrió un debate de calado que debía ser contestado. Lo hicieron su homólogo en el Consejo, António Costa; su número dos, Teresa Ribera; o el propio José Manuel Albares. Si Europa no puede ser “la guardiana del orden mundial”, entonces ¿qué es? Si no es salvaguarda, ¿para qué sirve? Si damos ese mundo por muerto, ¿no debería dar la presidenta alemana un paso atrás?

Bienvenida la rectificación de Von der Leyen –”compromiso inquebrantable” ha llegado a decir– y más todavía el hecho de colocar la discusión en su sitio. Hemos escuchado a conservadores de España y Europa afirmar que la ilegalidad de la guerra en Irán está avalada por su legitimidad. Un axioma imposible. Alguien puede merecer la muerte por sus crímenes, y matarlo nunca sería legítimo. La legitimidad sin legalidad no existe. O sí, es la barbarie. 

Si la presidenta de la Comisión cae en la capitulación del orden mundial basado en reglas tiene un camino más rápido, dar la razón a los ultras. Porque asumir esa desaparición es rendirse a la ultraderecha. A la antipolítica del ‘pueblo salva al pueblo’ en ausencia del Estado. El mantra de Vox, los Patriots, AfD y tantos otros propagandistas del sistema podrido. Agitan el descontento con el ‘no hay nada que hacer’ para recogerlo en votos –y subvenciones, esas que en campaña dicen rechazar–. 

Si frente a un Trump que apela a su moralidad como único límite de su poder hay una presidenta de la Comisión que renuncia al orden del derecho en Europa, el resultado a medio plazo es el hundimiento de la Unión. Es de suponer que Von der Leyen pretendía hacer cierto guiño a Estados Unidos e Israel, y su declaración se le fue de las manos en toda su literalidad. Primero, porque dar por muerto el orden y sus reglas es dar luz verde a quien lo ha demolido. Segundo, porque nadie “llora” la caída del régimen en Irán, como llegó a decir. Ahí otro guiño. Es una buena señal el revulsivo que ha despertado la frase desafortunada que encierra una tensión real en Europa. Pero que la defiendan los más descreídos, no puede arrastrar a la élite de las instituciones. Si ellos no son garantes, sobran ellos. Titulaba El Mundo en su portada “La división de Europa estalla con el No a la guerra de Sánchez”, como si fuera malo para España y Europa ese “no” como dique de contención a la decisión unilateral de Trump y Netanyahu. 

Más allá de que Francia, Italia e incluso Alemania se han movido hacia esas posturas de contención, Europa es quien más necesita esas reglas. Y además es mentira que ese orden haya muerto. Lo fuerzan las grandes potencias pero lo limitan sus contrapoderes. Entre ellos, el de las democracias europeas. Para los conservadores, Europa no puede caer en el buenismo de las Naciones Unidas. Como si la UE pudiera entenderse fuera de la ONU. Hay numerosos tratados europeos vinculados directa e indirectamente al cumplimiento de sus resoluciones. Desde el Tratado Fundacional al de Lisboa, en materia de Exteriores, cooperación y seguridad es donde más opera ese vínculo de las instituciones comunitarias con las resoluciones del Consejo de Seguridad. EEUU abrió una guerra ilegal en Irak y todavía lo está pagando por saltarse ese mismo engranaje. 

Doce días después de que comenzara el ataque contra Irán, está claro que los posicionamientos de los países europeos cuentan. No hay potencias pequeñas o medianas si el impacto trasciende, como el de España. El silencio o la complicidad sí empequeñecen. Porque, al contrario de lo que dijo Von der Leyen, saltarse ese orden internacional te hace más débil. Vivimos un momento político donde cualquier tibieza y debilidad será aprovechada por el más fuerte. Sin el “No a la guerra” de España, no sabemos qué revulsivo habría tenido el amago de capitulación de Von der Leyen.

España ha marcado oficialmente y ante el mundo su posición, sintetizada en dos mensajes: uno político y otro emocional. El ‘No a la guerra’ es el alambre umbilical de varias generaciones bajo la primera experiencia de guerra ilegal y sus consecuencias. Irak y el grito de protesta de aquellos años lo engloban todo. Marcó el fin del Gobierno de Aznar y un precedente que Estados Unidos ha pagado durante dos décadas. Todavía hoy se estudia la factura política y moral en las universidades americanas de élite. En cifras, un estudio de la Universidad de Brown elevó las muertes violentas en 315.000 en Irak; otro de la Universidad de Washington a 461.000. La democracia no se instauró tras la caída de Saddam Husein y la foto de las Azores de José María Aznar quedó en la ignominia de nuestra historia reciente. 

Aznar no sometió a votación en el Congreso la entrada de España en la guerra. La única votación fue a propuesta del PSOE para no enviar tropas sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazada con la mayoría del PP (marzo de 2003). El PSOE de entonces no se ha movido con la postura de Pedro Sánchez de hoy. Si Estados Unidos quiere usar las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán debe ser en base a las resoluciones y el tratado de cooperación. El mensaje político de la legalidad. Sin ello, la apuesta es la paz y la vía diplomática. El rechazo a Sadam Husein es equiparable al del régimen criminal del caído ayatolá Jamenei. Y es ofensivo tener que repetir la compatibilidad de condenar la represión atroz del régimen iraní contra los derechos humanos y pedir mantener el orden internacional en el polvorín abierto en Oriente Próximo.

Trump ha tomado una decisión unilateral junto a Israel sin contar con los socios europeos, a los que ahora amedrenta dando por hecho un apoyo sin condiciones. No pasó por el Congreso de EEUU, no informó en el Debate sobre el Estado de la Unión y el casus belli sobre la inminencia de la bomba nuclear y los misiles de largo alcance, no hay experto que lo sostenga. El Gobierno tiene pendiente una comparecencia parlamentaria del ministro José Manuel Albares y otra del presidente para detallar la postura de España y sus consecuencias. Pero es difícil imaginar quién votaría en contra de las exigencias de Pedro Sánchez. No hay partido de derechas que pueda permitirse un “no” a mantener las garantías de soberanía nacional en el uso de las bases. A no volar los consensos institucionales nacidos de la II Guerra Mundial. Sometidos como estamos en Europa al despliegue de la Estrategia de Seguridad Nacional americana, en enero tocó Venezuela y en febrero Irán. ¿Puede cualquier país europeo permitirse el seguidismo a ciegas en estas condiciones? ¿Se puede normalizar la ausencia de normas ante un Trump desatado y desleal con sus aliados históricos? 

El reto de Sánchez no es buscar la simpatía de Trump, sino arrastrar a los socios fundadores —Francia, Alemania, Italia…— a exigir a EEUU unos mínimos estándares para mantener el apoyo de la Unión. Si Trump quiere el respaldo de sus aliados europeos, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Alianza Atlántica tienen que, como mínimo, participar en las decisiones de un aliado que, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, da signos de escasa fiabilidad. El canciller alemán Friedrich Mertz se olvidó de esa defensa del espacio común y, con ello, ha perdido la mejor oportunidad para asumir el liderazgo europeo. Tras su silencio en el Despacho Oval, el icónico espacio donde antes se humilló a Zelenksi, ha sido enmendado en cuestión de horas por el apoyo explícito de Emmanuel Macron, Antònio Costa, Úrsula von der Leyen. De ahí la rectificación y el supuesto off the record donde recordó a Trump la condición de bloque de la Unión Europea.

Para abrir una guerra hace falta un país y dos para cerrarla. Bajo esta máxima, no sabemos hacia dónde van EEUU e Israel en Oriente Próximo ni cuáles son los objetivos finales. Ni siquiera sabemos si será una guerra de días o meses. Como estamos en el terreno de la especulación, el impacto que pueda tener el conflicto dependerá de la duración de la guerra, del golpe a los precios de la energía y el petróleo. Y de cómo consiga Trump dividir la posición de la UE.

Trump puede arremeter contra España como medida de presión mediática y política. La amenaza tiene difícil anclaje con la realidad. No puede aplicar un embargo a España como a Cuba, Irán o Corea del Norte. Para ello debería romper tratados comerciales, asumir el arbitraje internacional, pasar por el Congreso y, por el camino, volar el paraguas diplomático que une a Estados Unidos con Europa. Con el tiempo, el aldabonazo del Supremo a los aranceles podría repetirse con un bloqueo similar. Aun así, el desgaste de confrontar con Trump es una posibilidad. Está por ver si desgasta a España o si, como parece, Europa se beneficia de tener un país miembro liderando la contención a decisiones que arrastran a los socios sin saber la factura a pagar. 

Si el PP de Feijóo no quiere apoyar a Sánchez, podría mirar a Giorgia Meloni. Desde las antípodas ideológicas del Gobierno está reivindicando al menos el respeto a Europa. Más allá de los cálculos electorales, toda posición debería contemplar la complejidad del momento geopolítico y no un puñado de votos en lo inmediato. Hay una tradición enraizada en España, “el lado bueno de la historia” al que se refería Susan Sarandon, en contra de la guerra y a favor de posiciones diplomáticas antes que bélicas. Pero incluso en el puro realismo político, ni España ni Europa tienen mucho que ganar en un conflicto que se dirige desde fuera y se paga dentro. 

Antes de lo esperado y con más generosidad de la que se acostumbra en política, Yolanda Díaz ha despejado el camino en el reciente pistoletazo electoral de las izquierdas. Su legado es amplio y hay que reconocerlo en un tiempo en el que los liderazgos se trituran sin miramientos. Su célebre “le voy a dar un dato” deja muchos en el currículum: como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda desde 2020 impulsó la mayor subida del salario mínimo, levantó el paraguas de los ERTE que, en lo más duro del covid, protegió el empleo de millones de trabajadores y empresas —ganando además esa batalla interna a Nadia Calviño— y sostuvo negociaciones ásperas con la patronal para ampliar permisos de conciliación, entre otras reformas. Cinco años de agenda coherente en un contexto de enorme dificultad para alcanzar consensos parlamentarios.

Como primera mujer candidata en unas generales que consiguió entrar en el Gobierno sumó 3 millones de votos. Desde entonces —y antes— nada fue fácil en lo orgánico. Candidata sin partido pero sí con movimiento, su punto débil ha sido la capacidad de mantener la unidad en ese bloque electoral. Podemos entró casi a la fuerza y el grupo parlamentario plurinacional se fue descomponiendo a la interna. Desde que entraron los 33, cada partido ha mirado más por sus intereses y en ocasiones en contra de ella. No ha sido fácil conciliar las aspiraciones de cada partido y las complejidades humanas en una red de relaciones donde no se reconocen autoridades. 

La salida de Yolanda Díaz acelera el "y ahora qué" de la izquierda. Todo el bloque compite con la abstención frente a una ultraderecha disparada y un PP fundido en Vox. Mientras el voto de derechas está hipermovilizado (60% en Extremadura), la unidad de los partidos de izquierdas tiene un reto mayor al de aglutinar marcas. Movilizar al votante, activar un espacio político adormecido, desorientado y desdibujado. Pelear por un 12% de voto —lo que obtuvieron en 2023— con una papeleta que articule la propuesta de Gabriel Rufián con la candidatura de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns. Faltan todavía partidos por sumarse, pero sobre todo claridad en cómo articulan esa dirección y su propuesta. 

Las debilidades son mayores que en 2023. No pueden permitirse enfrentamientos en público que ahonden en el desgaste del votante. No sobran liderazgos que superen el conocimiento público de Yolanda Díaz. Tampoco partido alfa que domine el espacio. Podemos no tiene intención de sumarse y si tuviera que decidir hoy se quedaría fuera apostando por el 4-5% de voto que manejan en su demoscopia interna. Unos 6 diputados propios, si comparamos con el 2,3% de Más País en 2019 que supuso tres escaños. 

Pasarán muchas cosas por el camino y todo es posible en la nueva configuración. Para dibujar un espacio único electoral reconocible, un quién y un cómo con claridad, la izquierda tiene menos tiempo del que parece. La salida de Díaz acelera y despeja un camino —más de especulaciones que de otra cosa— que facilita el trabajo de quienes se quedan. Gabriel Rufián es quien mejor ha verbalizado la dimensión del reto. Una ultraderecha y un PP dispuestos a gobernarlo todo juntos y sin líneas rojas a los que necesitan enfrentar con unidad y contundencia. El documento marco de los populares se lo ha puesto fácil esta semana para armar un programa. Los diez puntos son una amenaza a los avances en derechos de la última década.  

La generosidad temporal de Díaz, dejarlo lejos de la cita de las generales, deja un debate al que nunca se quiere prestar suficiente atención. Las formas, la trituradora, el encanallamiento y desgaste permanente de los partidos. Una lógica que machaca el proyecto colectivo y arrasa parte de la vida personal de quien lo sufre. No se hablará de esto pero la dinámica de los actos fundacionales de la pasada semana transpiraba que algo se había aprendido.

Es tremendamente preocupante que hasta el último minuto no nos hayamos enterado de una denuncia de agresión sexual de tal gravedad nada menos que en la cúpula policial hasta que el testimonio de la víctima se ha hecho público. Es alarmante que el Director Adjunto Operativo (DAO), el máximo jefe operativo de más de 70.000 policías, pueda cometer presuntamente una agresión sexual y sea la víctima quien lo destape. La querella detalla una impunidad sin límite: una agresión sexual en el domicilio oficial y siete meses de acoso, persecución y presunto encubrimiento mientras la inspectora lo rechazaba, acababa dándose de baja y entregando el arma reglamentaria, hasta reunir el valor suficiente para recopilar pruebas y presentar una querella con un aparente acervo probatorio demoledor.

El letrado de la víctima asegura que el ministro se enteró la tarde en la que se hizo pública la denuncia. Si es así, la reacción política y moral es la que toca. Sobra decir que el DAO tenía que ser apartado de inmediato. Fernando Grande-Marlaska ha puesto su cargo a disposición de la víctima si considera que le ha fallado. Ha antepuesto su testimonio a cualquier presunción de inocencia del DAO. ¿Qué le falta por hacer a Interior? Tras apartar al comisario señalado —el asesor y colega del DAO, siempre hay un cómplice— la víctima habla de “otros altos cargos policiales”. El expediente interno tiene que abarcar a todo el círculo directo: quién pudo haber visto, oído o percibido algo. E investigar los chats policiales donde se han dedicado a destapar la identidad de la víctima y difundir la querella. Una investigación exhaustiva —al margen de la judicial— ejemplarizante ante cualquier encubrimiento y corporativismo —tan habitual en estos casos y entre altos mandos—.

Y toca revisar los protocolos. La inspectora no pudo acudir a ninguna instancia segura dentro de la Policía. Según la querella, fue a un Punto de Violencia municipal en junio de 2025. No sabemos si trasladó la identidad del agresor y, de ser así, qué se hizo para evitar una nueva agresión sexual hasta su baja el 28 de julio. Es evidente que las víctimas no los perciben como seguros. Y cuando lo hacen, como en el caso de la exconcejal de Móstoles, fallan repetidamente. A la exconcejal le falló el protocolo del ayuntamiento, el del PP de Madrid —donde denunció hasta en seis ocasiones—, y el Comité de Garantías de Génova 13, donde ni siquiera la llamaron para recopilar su testimonio. Una vez acudió a los medios, arroparon al alcalde.

El machismo es estructural en las organizaciones de poder pero los distintos baremos son preocupantes. Vox habla de denuncias falsas y mete a condenados por violencia machista en sus listas. El PP mira para otro lado y no cesa siquiera de militancia a sus altos cargos. En el PSOE falló el mecanismo interno con las denuncias contra Salazar pero en todos los casos ha habido cese inmediato. Expulsión del partido y del Gobierno. El testimonio de la víctima por delante. 

Los partidos no están para tirarse los casos a la cara. Pero sí hay que exigir una misma reacción ante hechos similares. ¿Puede decir lo mismo Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid? ¿Puede asegurar el Comité de Garantías del PP Nacional que, tras leer la denuncia de la exconcejal de Móstoles, no falló a la víctima? Alberto Núñez Feijóo pidió denuncia cuando esa vía es independiente de los protocolos internos. Una vez existe, el aplauso al alcalde continúa. Después del encubrimiento y la dejación, la actuación de Manuel Bautista denunciado sigue impune. Feijóo tiene que explicar por qué las denunciantes en el seno del Gobierno tienen más credibilidad que las propias. Por qué las mujeres del caso Paco Salazar son creíbles y las suyas no; por qué exige el cese de Marlaska y apoya a Manuel Bautista. 

El PP no tiene autoridad moral para pedir dimisiones mientras no haga lo propio con el alcalde de Móstoles. El mensaje a las mujeres no puede depender de la organización política a la que pertenezcan. Como firmantes del Pacto contra la Violencia de Género, PP y PSOE son responsables de los protocolos que se diseñaron para que la vía judicial no sea la única. Para que al margen de la justicia, tengan amparo en sus empresas y organizaciones. Si todas las víctimas son iguales, ¿por qué no todos los partidos reaccionan igual? No hacerlo convierte a las víctimas en munición política. Con Vox como socio de gobierno negando las políticas de género e igualdad, esta es la mínima línea roja que debería mantener el PP.

No hace falta irse a la genealogía de María Guardiola. Ahora el volantazo es más profundo y más rápido. Aun sin ser necesario, repasemos. Su primer viraje político la catapultó a la presidencia extremeña. El PP cargaba contra Pedro Sánchez por no ser la lista más votada y Guardiola se conjuraba para no meter en el gobierno a quienes “cuestionan la violencia de género, deshumanizan a inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI”. Gobernó con menos votos que Guillermo Fernández Vara y estaban dentro en cuestión de días. Ahora solo pasan unas horas entre negarse a “travestirse de Vox” y decir que les separa “lo mínimo”. A ese primer Vox le concedió la consejería de Igualdad (se la cargó), derogó la Ley de Memoria Histórica (una de las pioneras) y las ayudas a la cooperación, entre otras. Hoy no sabemos hasta dónde puede llegar porque Guardiola oculta qué le piden. Solo así sabríamos qué les dará. 

En Extremadura pueden estar pasando varias cosas. Unas exigencias inasumibles de la ultraderecha que tienen paralizado al PP. Un PP temeroso de que Extremadura sea el Valencia de Carlos Mazón, aquel aldabonazo PP-Vox antes del 23J que hundió a Alberto Núñez Feijóo. También puede que Vox pretenda acabar con María Guardiola, forzar su caída (una humillación para el PP), debilitarla al máximo como candidata o futura presidenta pato-cojo. Todo con un machismo de fondo que no sufre Jorge Azcón. Qué se esperaba, es Vox. Es posible que Abascal haya decidido convertir Extremadura en la primera cabeza de caballo. Y puede que Guardiola termine por adelantar elecciones. De momento, la estrategia del PP pasa por aguantar y rogar por la coalición. De negarse en el Congreso Nacional de julio a estas simbiosis, a pedirlas. Del somos “realidades distintas” en palabras de Feijóo, al somos “hermanos”, según la portavoz Ester Muñoz.

María Guardiola tiene su presidencia en el buzón de spam. No por la ironía de Vox, ahí es donde supuestamente llegó el correo con la propuesta del PP. Ella misma se ha puesto en una posición de debilidad porque no sabe decir con claridad con qué carta quedarse. Luego está el debate interesado de la derecha intentando arrinconar al PSOE con la supuesta abstención. Guardiola no ha puesto las condiciones para pedirla. “La única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo”, dijo en X. “Pero sí te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse”, replicó al presidente de la gestora, José Luis Quintana. Sic. Guardiola ya está en apuntalar su relato ante la posible derrota de la repetición electoral. 

Todo lo que sucede con Vox hoy lo ha desencadenado el PP. Eligió el carrusel electoral de diciembre al próximo julio para debilitar al PSOE y ahora tiene una ultraderecha hiperdopada que escenifica su poder sobre Feijóo. Obsesionados con Sánchez, empiezan a reaccionar ante un Abascal que quiere la sustitución. El horizonte 2031 sin Feijóo. Aragón y Extremadura eran las dos citas anticipadas con la excusa de los presupuestos. Ahora Extremadura no tiene presupuestos ni presidenta. No hay fecha para esas cuentas que supuestamente no podían esperar. Tampoco hay estabilidad de gobierno a la vista. Se convocó a tres días de Nochebuena por la urgencia y ahora han perdido el control, los tiempos, las políticas, la agenda. "Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… “, decía el manido Churchill. Ahora María Guardiola tiene el deshonor y la guerra. Le quedan muy pocos días para remontar una jugada que le ha salido mal. Su cabeza puede acabar en Génova. Y Génova, ganando gobiernos, puede perder la fuerza de gobernar. 

Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.  

En el caso del escudo social a los desahucios se dan dos circunstancias. Quien tiene que poner el fondo (Gobierno) sí aporta y quienes tienen que aportar esa compensación al propietario (comunidades autónomas) no lo hacen. Igual prefieren priorizar que se triplique el precio del alquiler a que haya personas que se queden sin vivienda. Cabe pensar que las comunidades autónomas han jugado a no pagar las compensaciones a propietarios para generar un cabreo justificado. Tienen los fondos y las competencias. La pregunta es con qué objetivo se inhiben de ellas. Un ejemplo es Madrid, donde de 700 reclamaciones de propietarios solo se han pagado 228. 

Podemos llamarlo bulos o interpretación torticera del texto legal. No son ‘inquiokupas’, aquellos que alquilan y dejan de pagar aprovechándose de las lentas resoluciones judiciales. El escudo está restringido a las familias que entraron pagando su fianza, su renta y bajo condiciones sobrevenidas, un traspiés de la vida, dejan de poder hacerlo. Para beneficiarse del escudo social necesitan un informe de servicios sociales con todas las garantías. Es mentira que sean ocupaciones, como dicen PP y Junts. Ni una “expropiación” al propietario, en busca de la expresión más exagerada por parte de Feijóo. 

Hace diez años al PP le costó votos las imágenes de los desahucios con las familias tiradas en plena calle. Fueron doscientas mil ejecuciones hipotecarias sin contar los alquileres. En lugar de escudo social se rescató a los bancos y se destinó una cantidad ridícula a viviendas sociales. Los reales decretos de escudo social de hoy, antes eran códigos de buenas prácticas a los bancos. La nada. Desde entonces, qué ha pasado para que defender los desahucios deje de ser un lastre para el PP, Junts y Vox. Más allá de si se troceó o no el ómnibus (un debate político que no afecta a los ciudadanos), la pregunta es cómo es posible que la derecha convencional no proponga qué hacer con 60.000 familias vulnerables. 

El Gobierno tiene un mes para conseguir los apoyos. Parece difícil porque a Junts solo le preocupa salvar sus muebles electorales. El blindaje no es tan completo como hace un año, pero a la crítica de Podemos del “asco absoluto” hay que recordar que este escudo al menos protege a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre. Se puede decir que es poco (lo es), pero es lo posible. 

La urgencia de la vivienda es un debate en el que conviene que cedan todas las partes. El PNV lo ha hecho, el PSOE también. El PP prefiere inventar el contenido del Real decreto y cargar con toda la dureza contra una medida de la que se abstuvo hace un año. Es un escudo de mínimos. Y si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan.

La regularización de migrantes es la mejor noticia política del año. En ocasiones nos traiciona el lenguaje porque no es “masiva”, es una regularización administrativa extraordinaria. Una modificación del Reglamento de Extranjería que permite ajustar la realidad vital de miles de personas a la realidad burocrática. Ya viven en España, trabajan, llevan a sus hijos al colegio, algunos desde hace años. Es tan fácil como dar derechos a quien ya tiene obligaciones. A quienes son uno más en el sistema, pero sin las prestaciones sanitarias, sociales, de justicia que merecen. El encaje legal rellena un desajuste que a falta de mecanismos legales más ágiles acaba generando una bolsa de más de medio millón de personas fuera de los márgenes a los que ya pertenecen. 

La desigualdad no nos es ajena. Cuando existe una bolsa de personas desprotegidas, debilita a todos los demás. Son más explotables y permite una degradación del entorno laboral, una correlación de fuerzas desequilibrada que es incompatible con nuestro Estado de Derecho. Y luego están los bulos de la derecha. No es una “compra de votos”, no pueden votar. Ni es una fábrica de españoles”. Ojalá. Para nacionalizarse, aun viviendo y trabajando en España, hacen falta diez años de residencia en el país y muchas veces se supera con creces ese plazo. Tampoco es un “efecto llamada”. Nadie que venga a partir de este mes de enero podrá acogerse. 

Que el PP se desmarque ahora de esta regularización solo responde a Vox. En todas las que se han hecho en democracia ha estado a favor. Con Felipe González, José María Aznar hizo lo propio y José Luis Rodríguez Zapatero. Solo se la saltó Mariano Rajoy, que habría recibido la misma presión de organizaciones religiosas, Cáritas y la propia Conferencia Episcopal de haber terminado la legislatura. En esa batalla, solo gana el más fuerte. Feijóo no puede engañar a Abascal. Ni siquiera con las embestidas de Ayuso y las Nuevas Generaciones. Ni la izquierda ni la derecha pueden escapar del debate migratorio que atraviesa Europa. Pero la respuesta que tiene que dar el PP es si su alternativa es la deportación de quienes ya viven en España o cómo pretende abordar un proceso que por necesidad tiene que ser “masivo” porque afecta a medio millón de personas. 

Sabemos que la extrema derecha –la propia y la tendencia global– va a por todos los colectivos vulnerables. Quien piense que no forma parte de ellos sólo tiene que esperar. El primer frente son los sin papeles. Y por extensión, como está demostrando Donald Trump, todo el que parezca de fuera o haya venido antes y ahora se juegue ser expulsado. Después van las feministas liberales, cualquier demócrata que no siga el juego, y así hasta una larga lista de objetivos y derechos. La regularización es una mejora concreta y también una declaración de intenciones que contrapone modelos de sociedad. O queremos ir a por los débiles y dividirnos o garantizar derechos y proteger a todos los integrantes de la sociedad. 

Se trata de elegir entre quienes están enviando paramilitares a aniquilar inmigrantes y asesinar a quienes protestan, y quienes no lo hacen. Elegir entre permitir la militarización de los barrios o construir una sociedad más justa con las reglas del estado de bienestar. Una pelea que va de Minesota y Lavapiés hasta Davos. La extrema derecha y los movimientos ultras están demostrando que pretenden llegar todo lo lejos posible. Mientras no encuentren resistencia, seguirán avanzando. Una regularización de quienes ya están aquí es una medida pública concreta, un punto extra que funciona como dique y mensaje a esta corriente. Metidos en la refriega nacional, al levantar la cabeza tenemos que elegir entre una sociedad multirracial o con visión autoritaria del pasado. La nostalgia de algo que nunca fue. Como escribió John Donne, No man is an island. Y una sociedad sin migrantes es una sociedad muerta. 

“Paz mediante la fuerza” es la consigna de Donald Trump para plantarse en el Foro de Davos, la nota al pie de su particular "América First". Ha sido Canadá, no Europa, quien le ha hablado de frente y por todos antes de llegar. El dique moral y el puño en la mesa que el megalómano geopolítico necesita escuchar. De todo un discurso lleno de amenazas, mentiras y coacciones se ha echado atrás en la vía militar para tomar Groenlandia. Ni siquiera el argumento de la seguridad tiene sentido. Puede aumentar la presencia militar, las bases, haberse sentado a negociar con Dinamarca, Groenlandia y la UE. “Europa no va en la dirección correcta”, dice, cuando es Trump quien va en un túnel en dirección contraria contra todos. El peligro es real porque se ha evidenciado este enero de 2026 y es estructural. Una estrategia de fondo en la visión de poder del más fuerte. Siempre ha sido así. La diferencia está en convertir en enemigos a sus aliados. Ir a por ellos. Suave con China y Rusia, duro contra quienes han sostenido los tratados y la propia OTAN que tanto han servido de paraguas de seguridad para los intereses de EEUU y Europa. Que Estrasburgo active sin complejos el mecanismo anticoerción frente a las amenazas comerciales de Estados Unidos ha sido una buena noticia. Los "aranceles cero" a Trump no han servido para contenerle. La congelación al menos es una contestación firme, más útil que la primera posición.

Hoy hay más dictaduras, autocracias e imperialistas que democracias liberales. Y el estado de bienestar que levantó Europa como estado social después de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido de las agendas. Este es el doble reto europeo. Defender el mayor conglomerado de democracias que quedan en pie en el continente y evita un desmantelamiento progresivo que rompe cualquier sociedad. 

Europa se lo juega todo cediendo a la barbarie. Ya tiene a la bestia dentro como para girar la cara a la amenaza real. Aunque frene su voracidad con Groenlandia, la estrategia de fondo de Trump empequeñecerá y dividirá aún más a Europa. La diplomacia de las instituciones comunitarias y sus portavoces se está utilizando a favor del vasallaje americano. En el Pleno de Estrasburgo han coincidido el discurso de Ursula Von Der Leyen y el rey en el 40 aniversario de la adhesión de España. Comparados ambos discursos, el de la presidencia de la Comisión podía haberse escrito con ChatGPT bajo las instrucciones de ‘no molestar’. Europa tiene que señalar a Trump. Hablarle de frente como el primer ministro Mark Carney. Cómo será de vacío el discurso de la presidenta de la Comisión que hasta las limitaciones de Felipe VI  lo han superado. Sostiene el rey que “la fuerza sin principios equivale a la barbarie”. Y más importante: “Los principios sin acciones que los respalden conducen a la frustración y al desencanto”, en clara alusión a las embestidas de Trump y la respuesta europea. 

El discurso del primer ministro canadiense es importante porque, hasta ahora, quienes han hablado y han sido entendidas con mensajes que la sociedad quiere escuchar han sido Marine Le Pen y Meloni. La OTAN no es nada sin Estados Unidos. “Perfecto. Entonces Europa cerrará las bases estadounidenses, romperá los acuerdos comerciales preferenciales y, para que el mensaje llegue, también boicoteará a McDonald's”.

Mark Carney ha definido el momento actual con precisión. “El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición." Si lo traemos a la arena nacional, esa ruptura también es propia. El péndulo del malestar ha caído hacia las distintas fórmulas de ultraderecha e impulsos no democráticos. Aquí no hay sociedad, sólo oscuridad. Trump fuerza la sensación de incertidumbre, peligro e inestabilidad con el único fin de paralizar al contrario. Pensar que por su inercia no hay nada que hacer es asumir la entrega a esa barbarie.

La política de apaciguamiento no está funcionando. ¿Cuál es entonces el lenguaje de poder de Europa? 

Trump y la geopolítica tóxica de los tres bloques ya son política doméstica. Como ilustró El Roto en una viñeta durante la guerra de Irak: “Lo llamáis efecto colateral porque no estalla en vuestras malditas cocinas”. Esos misiles ya están aquí. 

Al “cantante más universal” según Isabel Díaz Ayuso ya sólo le defiende el PP de Madrid. Era evidente que en el caso Paco Salazar sólo les preocupaba la brecha abierta en el PSOE. Ni las víctimas, ni las denuncias, ni el protocolo, ni se han puesto después a copiar el canal anónimo para que ante un Salazar propio las mujeres puedan denunciar. Lo sabíamos pero no con la crudeza de la tromba y rapidez con la que salieron a defender a Julio Iglesias ante los testimonios de dos extrabajadoras cuya elocuencia y claridad en el detalle de las agresiones, sumado al patrón de abuso, han recorrido el mundo con la unanimidad del shock. 

La batalla la abrió Ayuso en solitario. “Las mujeres atacadas y violadas están en Irán” es la peor manera de desacreditar a las denunciantes y tirar por tierra la lucha contra la violencia de género. En el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, se registraron 4.137 denuncias de violaciones con penetración de enero a septiembre. Para Ayuso, “las atacadas y violadas están en Irán”. Con Paco Salazar no dudaron un instante en adherirse a las denuncias. Era falso. Y el paralelismo es insostenible. El PSOE cesó esa misma mañana a Paco Salazar antes del Congreso donde iba a ser nombrado número dos del partido y salió el mismo día de La Moncloa. Lo grave fue (y es) la falta de tramitación de las denuncias, pero nunca un dirigente del Gobierno le defendió en público. 

El trabajo de investigación de Univisión,elDiario.es y la organización Women's Link es exquisito en el trato periodístico a las denunciantes, la verificación y reconstrucción de los hechos durante siete meses de 2021. La Fiscalía de la Audiencia Nacional les ha dado la condición de testigo protegido. No tienen nada que ganar de Julio Iglesias salvo que se haga justicia (que lo es todo) y han denunciado cuando han podido, al dejar de trabajar para él. Como es habitual en estos perfiles, su valentía ha abierto en canal el sistema de Julio Iglesias para que otras mujeres puedan denunciar. Se las captaba, se las utilizaba, se las aislaba y cada mujer relata los abusos de su caso particular. 

La fiscalía investiga varios delitos antes de abrir formalmente la causa judicial. La trata de mujeres estaría en el patrón de Iglesias. Estructural, sistémico y con cooperadores necesarios para un funcionamiento de reclutación de mujeres. Sobre el listado de agresiones sólo hay que escucharlas: penetraciones sin permiso, humillaciones físicas, obligación de desnudarse, pruebas ginecológicas, de VIH… un volumen de pruebas que podría abrir la causa en España o República Dominicana.

Con todo, Ayuso y Almeida se han negado a rectificar. Eligen poner al PP de Madrid al servicio de Julio Iglesias en una causa que apunta a convertirse en el Jeffrey Epstein español. Los máximos dirigentes de Madrid se erigen en abogados defensores del “cantante universal” y protegen sus medallas. Una estrategia que sólo es posible en la batalla cultural donde el tándem madrileño se queda solo adelantando a Vox. Igual es su particular forma de hacer daño al PP nacional y debilitar a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP reaccionó un día después de publicarse el escándalo de Julio Iglesias. Las denuncias son “muy graves”, dijo. Con el retraso en responder, parecía hacerlo ante su propio partido en Madrid. No marcó posición, recolocó el mensaje. Otra vez la presidenta de Madrid se le adelantó de la peor manera, con el peor asunto.

Un Trump desatado ha demostrado con la invasión militar en Venezuela demasiados puntos de inflexión sin retorno. Se acabó el orden global como lo conocíamos. Se acabó el respeto al derecho internacional. Y se acabó hablar del presidente de Estados Unidos como un matón que amenaza sin dar. Ese particular bullying dialéctico ahora se consuma. Es capaz de saltarse el Congreso, asaltar un país con una operación militar, dejar más de cuarenta muertos con impunidad –todavía no hay cifra oficial cerrada–, sacar a un dirigente por la fuerza y llevárselo a una cárcel de Nueva York. Se acabaron también los contrapesos democráticos frente a operaciones ilegales que solo favorecen la hegemonía del más fuerte. La escenografía, el espectáculo, el vasallaje son nuevos. Y desde este 3 de enero, todo es posible.

Aquí el verdadero problema no es Maduro. Es el precedente. Una vez que se usa la fuerza para cambiar gobiernos sin atender a las reglas, la soberanía se vuelve opcional. El derecho internacional existe para contener a los poderosos. Si cada país decide a quién "liberar" por la fuerza, el mundo retrocede a la ley del más fuerte. La pregunta no es si un tirano debe caer, sino quién decide cuándo y cómo. La historia es elocuente: derrocar a un dictador es fácil. Construir justicia y procesos democráticos después, no lo es. Y cuando se viola la legalidad en nombre del bien, el resultado rara vez es la libertad; a menudo, es el caos y la falta de más libertad. 

En la invasión a Venezuela hay un salto peor. No hay invocación del ‘bien’. De la doctrina Monroe a Don-roe la diferencia es la ausencia de un relato como coartada. Hasta Irak, en las operaciones e injerencias de Estados Unidos a otros países alegaban la intención de sustituir un régimen por una democracia. Donald Trump se ha querido ahorrar todo gesto que pudiera confundir las verdaderas intenciones de control de los recursos naturales y dominio geopolítico en Venezuela. Poder y dinero. La cabeza de Maduro como símbolo y el control del petróleo y el territorio como fin. Ya no hay status quo, todo es agresión.  

El principal debate en Europa no puede ser sobre el presupuesto en defensa, es sobre democracia. Cómo nos preparamos los sistemas liberales para responder a la política exterior con sello Donald Trump es la única urgencia. Si Estados Unidos está diciendo ‘no nos interesa la democracia’, nos interesa el poder, la hegemonía y el control de los recursos ajenos y la industria patria, Europa necesita algo más que respuestas vacías. La capitulación de Estados Unidos como defensor liberal fuerza a moverse. En esta etapa, Estados Unidos ya no sirve como garante. Y si no sirve, quién va ocupar ese lugar. Si Europa quiere seguir sumida en la parálisis por su dependencia de la seguridad americana, la posición actual tampoco garantiza esa defensa. Groenlandia sirve para verlo. Si EEUU lanza una operación militar y Europa necesita a la OTAN, ¿su secretario general Mak Rutte –el que llama daddy a Donald Trump– colocará la Alianza Atlántica a favor de Europa?

La mayoría abrumadora de gobiernos conservadores y de ultraderecha no favorece la urgente necesidad de buscar una posición firme en esta nueva etapa política donde EEUU-Rusia-China están dispuestos a luchar por el poder por encima de los valores democráticos que construyeron el mundo post II Guerra Mundial. La respuesta errática de la derecha PP-VOX es un buen ejemplo. Fue lenta. No supo ver que la caída de Maduro reforzaba a Delcy Rodríguez y la cúpula del régimen. No vio el golpe al derecho internacional que después han reconocido. Fue confusa. Se plegaron a Trump por un lado mientras la factoría ideológica FAES decía lo contrario. El socio de VOX es Trump, el del PP depende del día. Y es cortoplacista. Utilizar la política internacional contra Pedro Sánchez en este caso sale muy caro.

La noticia del año que dejamos bien podría haber sido la condena al fiscal general del Estado. Por razones muy distintas a las que agita la derecha y el triunfalismo guerracivilista de Isabel Díaz Ayuso, el incidente de nulidad recién presentado por la fiscalía es un perfecto recopilatorio de las sombras del fallo condenatorio. La victoria de Miguel Ángel Rodríguez, la satisfacción de los conservadores de la Sala Segunda, contiene un daño irreparable en la apariencia de imparcialidad del Supremo. Esos cinco votos conservadores contra dos progresistas simbolizan un pulso donde gana la fuerza y no la razón —ni las razones—; el empecinamiento con nervio político y no el de la Justicia. 

El Supremo no tiene conciencia del destrozo y la autolesión que se han provocado condenando al fiscal general. No por la condena, sino por la falta de hechos y argumentos. Por reaccionar al momento político, coyuntural y pasajero, contra el Gobierno, movidos por un rechazo visceral a Pedro Sánchez –herida abierta mediante del procés y la amnistía– la caída del fiscal general será en breve un hecho aislado, consumido por el tempus fugit de la actualidad y formará parte de la traca final del ciclo Sánchez. La pieza del puzzle del que pudo mover y movió. Lo que permanecerá de la condena será ese forcejeo con los hechos, retorcer la realidad, “desdoblar la acusación” en palabras de la ‘número dos’ del ministerio público, condenar sin cuerpo del delito que localizara al filtrador.

Se puede cargar a Miguel Ángel Rodríguez la responsabilidad de romper la institución en dos. Su actuación fue “sesgada y falaz”, dice la número dos de la Fiscalía. Sin embargo, la Sala Segunda ha puesto de su parte. No hay que enredarse en el lawfare o prevaricación. Numerosos fiscales ven ahora al Supremo como un eslabón necesario para una operación política. Ven a un Alto Tribunal marcado por la pulsión aznarista del ahora toca hacer. Un Supremo que se deja arrastrar —porque ha querido— en la defensa de la pareja de Ayuso por tumbar al fiscal General. El fiscal será historia pronto, la sentencia quedará. El daño es irreparable. Y la desconfianza de una gran parte de la Fiscalía con el Supremo de una gravedad sin precedentes. 

En el incidente de nulidad recién presentado por la ‘número dos’, María Ángeles Sánchez Conde, asegura que “el análisis probatorio de la sentencia no puede ser compartido”. García Ortiz ha caído y la número dos podría ponerse de perfil y cuidar futuros ascensos. Por el contrario, como el primer ponente que calificó de “ficción” los argumentos para sentar en el banquillo a García Ortiz, también como las dos juezas progresistas del fallo, ve un estrangulamiento de los hechos para ajustarlos a una condena. Y una vulneración de derechos de libro. Se prescindió del testimonio de “muchos periodistas” que accedieron al correo antes que García Ortíz. Porque “cuando el correo llegó al fiscal general ya había sido divulgado y ello está acreditado aunque la sentencia lo omite”. Se ignoró esa prueba para justificar después un condicional basado en la especulación frente a los hechos. Descartaron la realidad, priorizaron lo contrario. 

Y se redactó la condena “de un modo deliberadamente ambiguo” para concluir que García Ortiz “ya directamente o a través de un tercero” habría filtrado un correo. Esto había ocurrido antes. El juez Manuel Marchena, en una vulneración de la separación de poderes poco criticada en su día, instó a la Mesa del Congreso a dar cumplimiento a la condena contra el diputado morado Alberto Rodríguez. La condena era también deliberadamente ambigua para que el Constitucional cargara contra la presidenta Meritxell Batet por quitarle el escaño, el fin último de Marchena en todo el procedimiento y que no pudo escribir porque no había fuste legal. Insinuar para condenar, la nueva-vieja praxis.  

Y luego está la trampa, según este último escrito. Sacar la nota de prensa de la instrucción para meterla de rondón en el juicio sin que García Ortiz pudiera demostrar que, como mantenía el Supremo, no había revelación si ya estaba difundido por radio, prensa y televisión. Se desdobló la imputación para justificar una condena. Se construyó una realidad paralela. Para qué controlar la Sala Segunda con Manuel Marchena al frente —como decía el senador del PP Ignacio Cosidó— si se dirige sola en esa dirección. Los renglones torcidos de la Justicia se han escrito en demasiadas ocasiones en la Sala Segunda del Supremo. 

En algún momento el PP ha debido pensar que pasaría inadvertido el gran giro en la decisión nuclear del partido que dejó grabada solemnemente en el último congreso. El 6 de julio de 2025 Alberto Núñez Feijóo se comprometió  a no gobernar jamás en coalición con Vox. Gobernar “en solitario” o nada. Lo repitieron después el propio Feijóo y el secretario general Miguel Tellado en múltiples entrevistas. En menos de seis meses el volantazo es absoluto. La portavoz Ester Muñoz se permite ironizar en la red X con una batería de emojis sonrientes seguido de “Yo no he dicho que en el PP tengamos que normalizar acuerdos con Vox. Llevan años”. 

El PP ha pasado del ‘no es no’ a defender a Vox más que a sí mismos. Aznar ya se pasó el juego justificando recientemente el franquismo. Guardiola no es la excepción, es la norma. La presidenta extremeña negó a Vox en 2023 y ahora es ella quien les pide que vuelvan. En cronología de los bandazos el primer acto fue "no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes”, para inmediatamente después darles dos consejerías en 2023. Dos años más tarde, convoca elecciones para quitárselos de encima, los convierte en la fuerza que más crece y despliega la alfombra roja de la Junta invitándoles a entrar antes de que lo pidan. “Si su deseo es estar en el Gobierno, tendremos que hablar”. 

El PP puede celebrar no perder el gobierno extremeño, pero Guardiola no puede celebrar ningún triunfo más allá de estar más condicionada por su socio que antes. Más allá de eso, nada es histórico si ha ocurrido antes. En 2011, José Antonio Monago presidió la Junta de Extremadura con más porcentaje de voto que Guardiola. Consiguió un 46% de voto frente al 43% de hoy. Lo que sí es histórico y da un vuelco estructural a la política extremeña y nacional es el hundimiento del PSOE frente a un Vox que penetra en el campo, la ciudad, los feudos socialistas, en clases medias, bajas y altas. Ante eso, la respuesta del PP es defender la marca de Abascal como los teloneros de un mitin de Vox mientras les recuerdan quién tiene el mango. Frente al qué queréis de Guardiola, el presidente ultra de Cáceres Óscar Fernández responde: “Las circunstancias han cambiado, ahora las exigencias son mucho mayores, lo más importante para nosotros son nuestras iniciativas”. Es decir, las políticas. Una Guardiola que aplique su programa es más eficaz para Vox a corto plazo que un puñado de consejerías. El win win ultra. Las imposiciones son de Vox. La gestión y sus fracasos, del PP.

En pleno shock del resultado extremeño extrapolable al tablero nacional, con un PSOE que se hunde, Vox disparado y el PP en estado de congelación es impredecible cuánto puede subir la ultraderecha de aquí a las generales. En 2019 Vox no superaba de media el 10% de voto en comunidades autónomas y llegó al 15% en las generales de noviembre con 3,6 millones de votos y 52 diputados. El PP ha elegido una dinámica donde no pone ningún cordón ni línea roja a Vox —en palabras de Guardiola—. Mientras Abascal manda en los pactos, el PP no ha sido capaz de condicionar al partido ultra en nada. Ni siquiera les ha pedido abandonar el grupo de Víctor Orban en Europa por el de Meloni. En la coalición que ahora reivindica Feijóo, los defensores del estado de Derecho condenarían a España a estar en el bloque autócrata. Por no mencionar una exigencia de mínimos como la vuelta al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, roto por Vox.

Carlos Mazón abrió la veda del 'todo vale' con Vox y a Feijóo le revolvió por lo que tuvo de boicot electoral el 23J, no por el fondo. El 'todo a Abascal' del PP tras las extremeñas no solo les llevará al empate con la ultraderecha. También alimenta a una fiera que avanza y penetra con fuerza en todas las democracias liberales con un PP como único partido conservador en Europa que ha decidido abrazarles sin límites ni miedo. Hay una dinámica espejo del PP y el PSOE que la euforia de los populares no les deja ver. La estrategia fallida del Gobierno con el miedo a Vox como único dique tendrá un efecto similar en el PP.

En todas las noches electorales una mayoría de partidos celebra un triunfo y cada cita incluye una sorpresa. Sin embargo, en esta primera parada en Extremadura puede ocurrir que todos pierdan. Que sean las elecciones de la gran derrota. María Guardiola justificó el adelanto electoral por la falta de presupuestos en una legislatura marcada por su pecado original. Negarse a pactar con una fuerza que “niega la violencia machista” y “deshumaniza a los inmigrantes” para, acto seguido, meterlos en el gobierno. La noche del 21 de diciembre, salvo sorpresa, su socio habrá crecido y el PP de Guardiola tendrá enfrente a un Vox vitaminado con la factura de la investidura en su mano. Es la primera parada del Vox que absorbe voto, crece y marcará el tono y la fuerza de los pactos. Es fácil que Guardiola sea la lista más votada con un buen porcentaje de voto y una tortuosa ejecución de ese resultado. La victoria electoral de un PP que ante el nuevo ciclo gana pero sufre y asume condiciones inaceptables. 

Vox, por más que crezca, no será alternativa de gobierno, aspiración máxima de Santiago Abascal en su alianza ultra internacional. Por más que hiperbolice la subida electoral, será socio minoritario en Extremadura y el resto de citas por venir. En plena guerra PP-Vox se ha destapado el desvío de fondos de la dana desde Revuelta, un nuevo caso de financiación bajo sospecha en los aledaños de Vox, ahora en su organización juvenil de referencia. Los patriotas del "solo el pueblo salva al pueblo" aprovechándose del pueblo. Nada nuevo. El PP está utilizando el pufo de Vox-Revuelta con las donaciones hurtadas a las víctimas, pero será un boomerang en los pactos por venir. Denunciar las irregularidades de Vox para luego pactar como si nada tendrá un desgaste.

La derrota del PSOE es previsible y será dura. Dejará de ser la fuerza más votada probablemente bajo el titular del peor resultado de los socialistas extremeños. La campaña ha sido pésima y Miguel Ángel Gallardo es un candidato débil al margen del procesamiento por el supuesto "enchufe" a David Sánchez. No ha sabido poner en apuros a Guardiola desde la oposición ni una sola vez. No se le conocen intervenciones brillantes en la Asamblea. Tampoco ha sido capaz de recuperar la confianza de un votante históricamente fiel que alimentó las mayorías absolutas de Ibarra y Fernández Vara. Si el resultado de los socialistas coincide con la percepción general, la duda es si el PSOE podrá imponer una gestora y empezar a reconstruirse desde el próximo lunes. 

El domingo se medirá también si hay una abstención punitiva de castigo en la izquierda. El PSOE se presenta en Extremadura con el candidato más flojo en el peor momento reputacional del partido, la corrupción en su punto álgido y los casos de acoso latiendo en las federaciones. Es probable que el PSOE metabolice su propio Me too a corto plazo con la victoria de unos canales de denuncia anónimos inéditos en otros partidos, pero seguirá el malestar de las mujeres feministas del partido por una pésima gestión contra los machistas que no han evolucionado al ritmo de las leyes impulsadas por el PSOE. 

Este domingo empieza un ciclo electoral que repartirá todo el poder político en España y que terminará con la parada final de las generales. El PP lo venderá como el principio del fin de Sánchez mientras alimenta a su propia bestia. Si los de Feijóo ganan en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía lo venderán como el pavimento de la caída. De manera simultánea, se visualizará cuánto tiene que pagar el PP a Vox por cada victoria. Con un Vox que no quiere coaliciones pacíficas sin fuertes concesiones de su agenda ultra. Una dinámica con la que seguramente no cuenten en 2026. Mientras el PP se obsesiona por matar a Sánchez, Vox continuará con su plan de matar a Feijóo. La coyuntura y el apoyo global ultra les favorece. Si el PP no reacciona al contexto actual con su propia estrategia, para cuando Feijóo vea el fin de ciclo de Sánchez, es probable que el monstruo le domine. 

Los 19 días del ex fiscal general no han sido en balde. La espera ha sido fruto intencionado de la excepcionalidad habitual de esta causa. Un túnel inquietante por el que se ha conducido de principio a fin. Es difícil que a estas alturas se pueda mantener que “ocurre otras veces”. Se da en los recursos, no con las sentencias. Una demostración más de poder –que ha erosionado la imagen de la Justicia– hasta la publicación del fallo. Una vez leído, hay una pereza (por utilizar un eufemismo) en la fundamentación de la sentencia igual a la que se dio en la instrucción. Como hizo Miguel Ángel Rodríguez al filtrar el correo a El Mundo, hay un cherry picking de los jueces donde escogen lo que apunta al fiscal y descartan todo lo demás. Donde se arma un “cuadro probatorio” de lo preconcebido. Por eso han decidido creer a la fiscal Almudena Lastra –Su mayor aporte: “Álvaro, ¿has filtrado tú?– frente a seis periodistas de medios de competencia entre sí que negaron la filtración del fiscal general. 

Si los magistrados del Supremo hubieran investigado realmente el “entorno” del fiscal general igual habrían llegado al origen. Pero no lo hicieron. Ni siquiera se rastreó el buzón genérico con acceso de 14 fiscales y cuatro funcionarios. La desproporción de las diez horas de registro indiscriminado (“No sabíamos qué buscábamos”, dijo un agente de la UCO) contrasta con la ausencia de diligencias para buscar al filtrador. Solo se ha investigado al fiscal general. Ni siquiera a ese “tercero” que pasaba por allí. Igual por eso no han encontrado al culpable. Por la falta de una instrucción completa que no apuntara a una sola cabeza. De ahí el “cuadro probatorio” de “unidad de acción” inconexo –el Frankenstein, que dirían algunos–. Porque un borrado del correo no es una prueba. No contestar a las acusaciones tampoco lo es. Al contrario, es convertir un derecho del investigado en una carga contra él. 

Tenemos una sentencia por filtración sin filtrador. Una condena que termina con los mismos hechos con los que se abrió. “Pudo ser el fiscal” servía para empezar, no para poner punto final. Con el añadido de Álvaro García Ortiz o “su entorno”, no sea que aparezca quién lo hizo y a los jueces les persiga esa vergüenza –y la obligatoriedad moral de apartarse por condenar a un inocente–. Se ha condenado por indicios. Sin prueba directa. Y no se puede desmentir un bulo con un delito, evidente. Pero el problema del Supremo es que ese delito no está vestido. Y pone boca abajo la arquitectura jurídica del sistema al obligar a García Ortiz a demostrar su inocencia mientras los cinco jueces no han logrado apuntalar su culpabilidad. La élite del Supremo ha puesto el delito de revelación a un precio tan de saldo que la sensación es que cualquiera es el siguiente –el derecho del enemigo siempre tiene un argumento jurídico a mano–. Una sentencia con una carga ejemplarizante que asusta –es precisamente lo que debe evitar un tribunal–. Con lecciones mal dadas sobre el tratamiento de la información o el buen proceder de los profesionales de la prensa. 

Los jueces del Supremo se equivocan si piensan que el descrédito de la mitad del país es culpa del Ejecutivo. Cuando dictas una sentencia y una buena mayoría de ciudadanos creen que está amañada, algo has hecho mal. Cuando los votos particulares en fase de procesamiento y en la sentencia han sido una enmienda a la totalidad, algo has hecho mal. Fue el primer ponente quién habló de la “ficción” del relato para sentar a Álvaro García Ortiz en el banquillo y de “vulneración a la presunción de inocencia” las dos magistradas progresistas en la condena. Es una anomalía que la partición ideológica dibuje mundos opuestos del mismo fallo. Vulneración de derechos fundamentales, causa sin pruebas para condenar. Los votos particulares tienen acusaciones graves y también son élite del Supremo de reconocidas trayectorias. Allá los conservadores si creen que el daño a la independencia judicial viene del Gobierno. Han ganado la condena. Pero los votos particulares tienen la verdad judicial del legendario ‘I dissent’ de la ilustre jurista americana Ruth Bader Ginsburg.

El “no hay una alternativa razonable” a que no sea el ex fiscal general es una suerte de Torquemada sofisticado. Pero el sistema es robusto y los votos discrepantes sólidos. El “Yo disiento” de la condena al ex fiscal general se abrirá paso cuando pase la niebla que tapa al Supremo. Confunden la defensa corporativa del Poder Judicial con el derecho a criticar un fallo que por incomprensible en parte de sus argumentos es normal que preocupe. Una condena que por el contenido de los votos discrepantes obliga a revisarse hasta el final.