La nueva normativa migratoria (nueve reglamentos y una directiva), que nace de un acuerdo político alcanzado en 2023 y de su aprobación por el Parlamento Europeo en 2024, supone oficialmente una armonización de las medidas de acogida, control en frontera e integración de los migrantes que arriben a territorio UE, poniendo fin a la disparidad de medidas y políticas en la materia en los distintos miembros del club europeo.

En la práctica, lo que supone es un aumento de restricciones para los migrantes que buscan una vida mejor y “un duro golpe para el derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”, según la ONG Human Rights Watch.

Pero no solo esta ONG. Otras trece organizaciones serias (entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y Red Acoge) ya han advertido que Europa pone en riesgo los derechos de la población migrante y refugiada. Lo que viene a decir población marginada, más pobre, excluída y más precaria. ¡Qué orgullo!

Si antes se permitía al inmigrante solicitante de asilo entrar y permanecer en el país mientras se resolvía su caso, ahora se aplica un procedimiento acelerado que en pocos días resuelve sobre el inicio de un procedimiento de asilo o su retorno inmediato. El Pacto prevé hasta siete días para ese control, pero la normativa interna española limita el plazo a 72 horas.

Es decir, en el caso de que un migrante sujeto al procedimiento exprés de deportación recurra la decisión denegatoria de asilo, no dispondrá de tiempo suficiente para que un tribunal tome una decisión definitiva sobre su caso. Indefensión total y posible atentado contra el Convenio de Ginebra, el derecho internacional de derechos humanos e incluso el derecho internacional humanitario.

Es más, los inmigrantes llegados de forma irregular a territorio europeo (léase de la UE) pueden ser objeto de medidas que no se aplican a un ciudadano europeo, como el uso de determinadas medidas de control biométrico con herramientas de IA (antes solo se tomaban las huellas dactilares) y el tratamiento de los datos personales de los menores a partir de los seis años de edad. El Reglamento General de Protección de Datos establece que los menores no pueden dar su consentimiento para compartir sus datos hasta los 16 años, pero, claro, eso es de aplicación a los ciudadanos europeos, no a un pobre desarrapado embarcado en una patera, de piel oscura y sin más patrimonio que unas enormes ganas de vivir y buscar una vida mejor. ¡Ah, no, espera!, que todos tienen un smartphone y, quien sabe, tal vez tarifa plana (INDA dixit, Isabel Natividad Díaz Ayuso, la novia de la muerte presidenta de la CAM, no se me confundan con “su” periodista de patillas plateadas).

Uno de los reglamentos ya en vigor, el de Retorno, permite a los países miembros de la UE crear centros de internamiento de migrantes en terceros países sin importar que estos tengan o no vínculos con la zona, con lo que, aquí también, la UE choca frontalmente con el derecho internacional al no garantizar la protección de las personas expulsadas

Pero no solo puede ocurrir que el deportado acabe en el aeropuerto de un país para él desconocido, sino que ese país esté sujeto a un régimen opresor y a unas condiciones sociales indignas de calificarse como país seguro. Entre ellos estaría Marruecos, Egipto y Colombia, donde se señalan demasiado a menudo violaciones de los derechos humanos. Incluso se ha explorado por parte de la Comisión Europea la posibilidad de incluir Afganistán como país “seguro” para acoger a los migrantes afganos deportados.

“Europa, ¿qué has hecho con tu promesa, esa de una humanidad común y un derecho universal? La reivindicas y, al mismo tiempo, te empeñas en desacreditarla”. Así comienza Edwy Plenel su opúsculo El jardín y la Jungla (coeditado por Edhasa e infoLibre, octubre 2025) dirigido a Europa. Esa Europa que pretende ser un jardín rodeado por la jungla que amenaza su existencia con la barbarie que representan los pueblos que han vivido bajo su dominación y que ahora reivindican la oportunidad de acceder a una vida más digna.

Esa Europa que dio nacimiento al humanismo, la democracia parlamentaria y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es también la Europa que ha visto germinar en su seno ideologías genocidas y hoy en día es un terreno fértil para la implantación y desarrollo de ideologías radicales. Los portadores de ese germen, integrantes de los partidos de la extrema derecha nacionalista, misógina, xenófoba y racista, campan hoy por sus respetos bajo un barniz de respetabilidad formando grupos parlamentarios y coaliciones de gobierno. A menudo se les pone además la alfombra roja sin el menor sonrojo.

“Qué es la extrema derecha? Sencillamente el odio a la igualdad”, dice Edwy Plenel. “Mala gente que camina y va apestando la tierra”, decía Antonio Machado. 

Esa peste odiosa (y odiadora) está penetrando mentes, permeabilizando leyes y consiguiendo importantes puestos de decisión gracias a la normalización, entre otras instituciones, de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y de la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo. Sus partidos cuentan, además, con la inestimable ayuda de grandes grupos mediáticos de prensa y televisión, redes sociales plagadas de ejércitos de bots y toda una cohorte de influencers sin cuyo blanqueamiento y banalización no estarían donde hoy están.

Estas circunstancias han propiciado así el giro en las políticas migratorias que estamos viendo en el ámbito europeo, pero también en el nacional. El endurecimiento de la normativa en materia de fronteras y asilo y la fragilización, cuando no tijeretazo, del “cordón sanitario” por parte de las fuerzas demócratas y de izquierdas para aislar a los más radicales, están comenzando a normalizar conceptos como la “remigración” o la “prioridad nacional”.

Como resultado de esta deriva, la UE está propiciando la creación de campos de deportación (“centros de retorno”, según el eufemismo oficial) fuera de Europa ante la previsión de un aumento de expulsiones expeditivas. La Comisión Europea pone el marco, pero la ejecución será nacional, por lo que varios países como Grecia, Alemania y Austria, han iniciado ya negociaciones para establecer esos centros lo más lejos posible de nuestro territorio.

“Adan, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está la sangre de tu hermano?”, preguntaba a Europa y se preguntaba a sí mismo el papa Francisco en Lampedusa en julio de 2013, apenas unos meses después de ser elegido.

En un momento y en un mundo en el que el fundamento mismo de nuestra humanidad común —la igualdad universal de los derechos— está siendo radicalmente cuestionado, es de justicia devolver al inmigrante al menos una pequeña parte de lo que los europeos hemos arrebatado a su tierra y a sus ancestros durante siglos de explotación colonial, esclavitud y expolio.

Y quiero terminar con otra reflexión de mi admirado Edwy Plenel: “Mientras Europa no haya resuelto la cuestión colonial, seguirá estando a merced de las ideologías de la desigualdad (de razas, pueblos, culturas, civilizaciones...) que esa cuestión conlleva, y, en consecuencia, de los peligros políticos que ha engendrado (imperialismo, racismo, antisemitismo, etc.)”.

Las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Casi siempre.

En primer lugar, yo destacaría la mejora de las relaciones de nuestro Gobierno con Argelia —eterno enemigo de Marruecos— con el reciente anuncio, al finalizar la visita de Pedro Sánchez a Argel, de la VIII reunión de Alto Nivel hispano-argelina prevista para el próximo mes de octubre. Ahí habrá que recomponer cuestiones clave como enterrar la crisis diplomática de 2022, cuando el Gobierno español se puso del lado marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental. La otra cuestión, no menos importante, es la de relanzar, aumentándolo, el suministro de gas argelino.

Otra causa es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que “prohíbe las devoluciones en caliente de personas que acceden a nado”, pues esa forma de entrar en territorio español no supera elementos de contención fronterizos, como son las vallas. El origen es la decisión de un juzgado de Ceuta, y posteriormente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al resolver un recurso de un inmigrante argelino contra su devolución en caliente a Marruecos tras ser interceptado nadando para intentar entrar en Ceuta.

Lo que hace la sentencia del TS es compartir ese criterio que interpreta la Ley de Extranjería, donde se regulan las devoluciones exprés, creando así jurisprudencia.

Viene a cuento recordar aquí la tragedia de Tarajal de 2014, donde murieron ahogadas al menos catorce personas, al tratar de evitar o como consecuencia de las balas de goma, salvas detonadoras y botes de humo lanzados por la Guardia Civil (fueron imputados 16 guardias civiles pero la causa fue finalmente archivada). También la vergonzosa desgracia de junio de 2022, cuando perdieron la vida más de treinta personas y hubo decenas de desaparecidos, en un intento de salto a la valla de Melilla. Curiosamente, en estos dos casos la mayoría de los migrantes eran subsaharianos y ahora los protagonistas han sido marroquíes casi en su totalidad. También destacan los números: unos 250 migrantes en 2014, alrededor de 2.000 en 2022 y al menos 50.000 el jueves 30 de julio pasado.

Añadamos una tercera causa (probablemente habrá más), que es la reciente aprobación de una proposición de ley que concede la nacionalidad española —sería más bien recuperación de la misma— a los saharahuis nacidos cuando el territorio era colonia española y a sus descendientes, quedando abierta la vía para que se convierta en ley (en homologación con los latinoamericanos y los ecuatoguineanos).

Circulan por Internet imágenes de vídeo —no desmentidas hasta ahora— que muestran cómo contingentes de jóvenes, en su mayoría varones y muchos menores, son transportados en camiones volquetes y desembarcados en plena carretera con la pasividad, si no colaboración, de agentes marroquíes.

La reacción del Gobierno español ha sido tratar de quitar hierro al asunto rechazando estas causas que menciono y señalar a las “mafias que trafican con seres humanos” como el origen del envío de decenas de miles de jóvenes hacia Ceuta mediante engaños en redes sociales. Ningún reproche a Marruecos, con el que trata por todos los medios de mantener un tono conciliador, algo que no casa con la realidad, pues un movimiento de tal envergadura no se prepara en 24 horas y, desde luego, no puede escapar al radar de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Y qué decir de nuestros servicios de inteligencia, tanto militar como civil, que debían estar a por uvas los días anteriores al no detectar el movimiento de un contingente cercano al de la población de Ceuta (80.000 habitantes). ¿Qué tiene que decir el CNI como receptor de las numerosas “antenas” que tiene desplegadas en territorio marroquí? Desde luego, urge una explicación por parte del ministro Grande-Marlaska, en sede parlamentaria, sobre si fue advertido por sus servicios e hizo caso omiso (lo que sería muy grave y exigiría dimisiones), o por el contrario no lo fue y sería igualmente grave.

En cualquier caso, a pesar de la narrativa de nuestro Gobierno defendiendo la idea de que Marruecos es un aliado que ha colaborado en todo momento, el suceso apesta a un intento de desestabilización política en toda regla dirigido desde el palacio real de Dar al-Majzén.

Desestabilización que cuenta con la inapreciable ayuda de Washington cuando declara, a través de la portavoz de la Casa Blanca, que lo ocurrido en Ceuta es consecuencia de “las políticas de extrema izquierda” que facilitarían la inmigración masiva, en clara referencia a la regularización llevada a cabo este año en España.

Por su parte, un informe del Congreso estadounidense menciona a las ciudades de Ceuta y Melilla como enclaves (Spanish-administered cities) situados en territorio marroquí y sugiere la reclamación legítima de Marruecos de su soberanía. 

En la misma línea se expresa el embajador israelí en la ONU, Danny Danon, que acusa a España de mantener “enclaves coloniales en África”. Con la cara más dura que el mármol verde de la Asamblea General, lo dice el representante de un Estado genocida, cuyo primer ministro es perseguido por el Tribunal Penal Internacional y sus colonos judíos expolian tierras y asesinan impunemente a palestinos de Cisjordania día tras día.

Sin embargo, de la reacción internacional a este suceso, lo que más sonroja y más nos debe preocupar como ciudadanos, es la reacción de determinados países miembros y líderes de la UE.

Así, la presidenta del Consejo de Ministros italiano, la neofascista Giorgia Meloni, anunció casi de inmediato que su gobierno decidía “suspender temporalmente el acuerdo de libre movimiento permitido en el espacio Schengen”, reintroduciendo los controles de frontera con España. 

De manera similar, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y la ministra de Interior finlandesa, la ultraderechista Mari Rantanen, apoyaron explícitamente a Meloni en la idea de excluir a España del espacio Schengen, sumándose con sus declaraciones a otras voces de la extrema derecha europea, como la del francés Jordan Bardella o el inglés Nigel Farage, amén de la adhesión de los diferentes especímenes de la fachosfera patria, como Santiago Abascal, Alvise Pérez, Vito Quiles o los descerebrados neonazis de Núcleo Nacional.

Por cierto, Frederiksen ha olvidado muy pronto que toda Europa se ha solidarizado con Dinamarca, sin fisuras, en las repetidas ocasiones en que Donald Trump ha declarado su apetencia por Groenlandia.

También por cierto, Meloni parece obviar que si algún país hace aguas en el control de fronteras, ese es Italia, que ha recibido en los últimos cinco años el doble de entradas irregulares que España.

En fin, este episodio ha servido para que se retraten líderes y gobiernos que oficialmente se consideran “aliados”, “socios” o “amigos”. A Pedro Sánchez le ha dejado solo —y con él a España— una gran parte de los países miembros de la Unión, rompiendo así la supuesta solidaridad europea ante problemas externos. Uno de los más carismáticos e influyentes líderes de la UE ahora aparece como un paria entre los suyos, según aprecia acertadamente el prestigioso medio Politico. Como reacción, nuestro presidente ha enviado una carta a los líderes europeos, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tachando de “egoísta e ilícita” la posición de algunos países, y reclamando una reunión urgente de ministros de interior.

Pero dejémonos de hipocresías y digámoslo sin filtros: Marruecos es nuestro principal enemigo desde hace muchas décadas y así lo demuestra periódicamente. Y Estados Unidos, por su parte, proporciona más inseguridad e inestabilidad (de todo tipo) a España —y a la UE en su conjunto— que algunos “enemigos” oficiales.

Y respecto a Marruecos, ¿para cuándo un cambio de política del Gobierno español? No les fue suficiente la Marcha Verde de 1975 por la que ocuparon el Sáhara Español, entonces provincia española; no les fue suficiente el giro histórico de nuestra política exterior en 2022 con la aceptación de una autonomía para el Sáhara Occidental, abandonando así la neutralidad activa de España en torno a una solución pactada en la ONU. Tampoco les fue suficiente el silencio español ante los espionajes telefónicos atribuidos a Marruecos (asunto Pegasus) y no les será suficiente que el presidente Sánchez haya eludido toda crítica al régimen marroquí en esta última crisis. Las políticas continuas de apaciguamiento no han funcionado ni funcionarán a tenor del comportamiento del país magrebí. El pacto de contención de los flujos migratorios —subsaharianos y propios— y del terrorismo islamista no es más que una llave de grifo que Marruecos abre y cierra a su antojo y que utiliza como herramienta de chantaje. ¡Y con este socio vamos a compartir sedes en la Copa Mundial de Fútbol de 2030!

Para terminar, en una visión global, lo que se está jugando aquí es el control a corto-medio plazo del Estrecho de Gibraltar por donde circulan millones de toneladas de mercancías y que, como señala acertadamente Enric Juliana, “forma parte de la cadena crítica de un mundo en guerra”.

España tiene uno de los escasos gobiernos progresistas de Europa (con unos datos macroeconómicos envidiables) y algunos dirigentes —españoles y extranjeros— hacen y harán todo lo que esté en sus manos ("el que pueda hacer, que haga", Aznar dixit) para matar políticamente a Pedro Sánchez y su gobierno de coalición y dar paso a un gobierno más conforme con las doctrinas económicas e ideológicas mainstream.

En una visión humana, entristece ver cómo un monarca sin escrúpulos incita a decenas de miles de jóvenes a jugarse la vida y perderla (ya son más de 80 los cadáveres) porque se sabe impune y blanqueado por la casi totalidad de la comunidad política internacional. Asco.

Esta pena de multa podrá agravarse con pena de prisión en determinados supuestos recogidos en el punto 2 del referido artículo 403.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional fija que, entre las misiones de las Fuerzas Armadas (Capítulo I) está la del deber de preservar, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente; para ello se detallan unos tipos de operaciones a llevar a cabo, tales como la vigilancia de los espacios marítimos o del espacio aéreo correspondientes a la soberanía nacional, y también las relativas a lo anteriormente enunciado sobre supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Parece entonces que la legislación es clara en cuanto a los cometidos del personal militar, pero lamentablemente existen delgadas líneas rojas que en ocasiones traspasan de una a otra norma sin una clara definición. Eso es lo que, una vez expuesto el contexto, intentaremos definir a continuación.

Los ciudadanos tienen profundamente imbuida en su mentalidad que, ante cualquier situación fuera de lo común, las Fuerzas Armadas están ahí para responder y ayudar al pueblo. Igualmente, los miembros de las Fuerzas Armadas, sus integrantes, tienen ese sentimiento incluido en su ADN, y no dudan ni un momento en darlo todo, incluida su vida, para ayudar a cualquier ciudadano que lo precise.

Haciendo un breve repaso en la hemeroteca de los últimos años, podremos observar la participación de trabajadores militares en multitud de ocasiones, tales como la limpieza de la negra mancha del chapapote, la limpieza de vías de comunicación en grandes nevadas (borrasca Filomena), la limpieza de plantas invasoras en nuestros ríos (caso del camalote en el Guadiana a su paso por Badajoz), la limpieza de ceniza en el volcán de La Palma, la participación en los incendios, y también en la vigilancia de montes (operación Centinela Gallego), por no hablar de los casos más significativos como la situación generada por la pandemia del covid-19 o la dana que afectó de manera especial a la Comunidad Valenciana.

Podríamos pensar pues que todas esas intervenciones están incluidas en los cometidos establecidos y reflejados en los párrafos anteriores pero, en ocasiones, las líneas que separan estas actuaciones de lo que se puede considerar intrusismo laboral son demasiado delgadas y a la vez peligrosas.

Intentaremos mostrar al lector, y que éste saque su propia conclusión, una serie de situaciones en las que los militares se ven inmersos y que, siempre, cumplen con las órdenes encomendadas.

Empecemos por la limpieza del desastre originado por el vertido de crudo del buque petrolero Prestige allá por el 2002, y sin entrar a valorar la gestión de los responsables, supuso una catástrofe ecológica de primer nivel, con afectación de cientos de kilómetros de nuestras costas, afectando principalmente a la costa gallega.

Esta situación motivó en la ciudadanía una ola de solidaridad, esa solidaridad en la que también somos campeones del mundo cuando se necesita; al ingente número de voluntarios que acudieron a realizar la limpieza del litoral, también se sumaron nuestras Fuerzas Armadas, que acudieron con sus recursos y organización a intentar paliar el desastre ecológico.

En un determinado momento se incorpora a las tareas de limpieza la empresa pública Tragsa, y eso genera conflicto, tal y como quedó reflejado en distintas noticias publicadas en esas fechas que reflejaban las protestas entre el personal voluntario y los trabajadores de la empresa, que obviamente percibían sus correspondientes retribuciones.

Contexto similar, en cuanto a limpieza, puede ser la actuación de la UME en la limpieza de una planta acuática invasora, el camalote, en Badajoz, en este caso corría el 2019.

Hablando de limpiezas, en este caso corría el otoño de 2021 y el volcán Tajogaite, en la isla de La Palma, entró en erupción; de nuevo las Fuerzas Armadas, como no podía ser de otra manera, acudieron a realizar aquellas tareas asignadas para ayudar a los habitantes de la isla, y colaborar en su evacuación y prestar el apoyo logístico necesario; sin embargo, entre las misiones encomendadas hubo una que tal vez rozó el límite de lo que puede considerarse una situación de grave riesgo, la limpieza de cenizas, trabajos que se desarrollaron más allá de los necesarios para evitar derrumbes en las construcciones y que nuevamente podría, tal vez, haber sido desarrollada por empresas especializadas, como la citada Tragsa.

Otra situación típica viene dada por el paso de frentes fríos que, sin llegar a ser de la magnitud de la famosa borrasca Filomena, y que en la práctica totalidad de los casos son anunciados con anticipación suficiente por los servicios de meteorología, provocan nevadas en las vías de comunicación y generan la intervención de medios y personal militar para paliar esos inconvenientes; pero la paradoja surge cuando estas vías de comunicación son autopistas de peaje, y en las que las empresas concesionarias hacen oídos sordos de las previsiones meteorológicas o lo que podría ser peor, ¿actúan así para ahorrarse costes?

En este sentido son varios los casos en los que la intervención del Ejército fue necesaria para rescatar conductores, por ejemplo, en las autopistas de peaje, AP1 y en la AP6.

Todos tenemos aún muy presente en nuestras retinas la situación vivida a raíz de la declaración de estado de alarma por el covid-19, y nadie duda de la eficacia y buen hacer de las Fuerzas Armadas en todo el proceso, enfrentándose a multitud de situaciones que ninguno hubiera deseado afrontar, pero cuando regresó la “nueva normalidad” a nuestras vidas, desde algunas administraciones y desde algunas empresas privadas se solicitaba la asistencia de las Fuerzas Armadas para desarrollar cometidos que ya no suponían una situación de catástrofe o calamidad, tan solo se pretendía que el uso del personal militar aliviase las cuentas de los solicitantes ya que, como de costumbre, el personal militar es una mano de obra barata, muy barata.

El final de octubre de 2024 nos trajo una de las mayores tragedias de los últimos tiempos en nuestro país, y que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, la famosa dana que se cobró la vida de más de 230 compatriotas y que colapsó durante mucho tiempo la vida de las zonas afectadas. Obviamente las Fuerzas Armadas se movilizaron desde el primer minuto, siguiendo, como es natural, las órdenes que se venían impartiendo desde los distintos escalones jerárquicos, y su presencia en las calles embarradas se hizo habitual durante muchos meses en distintas formas, tales como la retirada de vehículos y demás enseres que colapsaban las calles, limpieza de barro, apoyos logísticos y demás tareas que le fueron encomendadas, y a las que el personal militar se enfrentó con presteza y con la satisfacción, una vez más, de estar sirviendo a la ciudadanía a la que se debe. Pero, pasado el tiempo, cuando ya se había pasado “lo urgente”, nuestro personal seguía con tareas de limpieza, y se tuvieron que enfrentar como en alguna población, su alcaldesa les recriminaba que “no habían limpiado los cristales…”. ¿De verdad que ese es el cometido del personal militar? ¿No existen empresas para realizar ese trabajo?

Otro campo de actividades en los que es común ver a los militares son los eventos deportivos, más allá de la participación de los mismos en calidad de atletas, son incontables las veces que los vemos aportando logística, bien sea en avituallamientos, con cisternas aljibes, con instalación de duchas de campaña, tiendas o toldos; todo esto si se hace desde el prisma de la “Cultura de Defensa” puede tener una justificación, pero son innumerables las veces en que tanto las corporaciones locales como los clubes deportivos organizadores solicitan de este tipo de medios, que de nuevo al ser gratuitos sanean sus cuentas. ¿Qué pensarán las empresas especializadas en eventos sobre esa “competencia desleal”?

La guinda de las situaciones, por desgracia, se da verano tras verano, tal y como estamos viendo estos días. Multitud de incendios asolan nuestro territorio, y tan pronto aumenta el nivel de emergencia en ellos, se activa la UME en primer lugar, y posteriormente el resto de efectivos militares; por cierto, es habitual que el personal de la UME finalice el años superando las 3.000 horas de trabajo efectivo, a pesar de estar regulada la jornada en prácticamente la mitad, lo que podría afectar a la seguridad laboral, por no hablar de las retribuciones, pero eso es otro cantar.

Como cualquier ciudadano, observamos que la magnitud de lo que se vienen a llamar “incendios de nueva generación” es devastadora, y sus consecuencias también los son, sobre todo cuando afecta a las vidas de las personas como desgraciadamente ha sucedido en los últimos casos, y nos parece que cualquier medio que se emplee es insuficiente para sofocar las llamas. No obstante, escuchamos año tras año a los expertos decir que los incendios se apagan en invierno, en clara referencia a las tareas que deberían hacerse en esa época del año para contribuir a la limpieza de maleza que, llegado el momento, se convierte en combustible suplementario para la propagación de los incendios. Pues bien, esas tareas de limpieza, que en muchas ocasiones deberían de llevar a cabo las propias brigadas forestales de las comunidades autónomas, no se efectúan en gran medida porque en ese periodo las mismas brigadas se encuentran desactivadas o bajo mínimos, todo sea por el ahorro económico…

También podríamos hablar de las condiciones laborales que esas brigadas forestales reclaman permanentemente. Nos hemos encontrado los últimos días las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid en conflicto laboral, en plena declaración de emergencia nacional por los terribles incendios que asolan la citada comunidad y sus limítrofes.

Haciendo una recapitulación de las operaciones descritas en los párrafos anteriores por parte del personal militar, el lector puede observar que existen multitud de ocasiones en que su actuación es fruto de la dejación de funciones de otras administraciones, y que, por supuesto para las arcas de esas administraciones supone un gran ahorro que esos cometidos los realicen las Fuerzas Armadas, aunque el coste al final lo pagan igualmente los ciudadanos con sus impuestos.

Mientras tanto, el personal militar seguirá, seguiremos, cumpliendo con la máxima de ayudar a la ciudadanía en cualquier situación de emergencia que sea encomendada, anteponiendo la misión incluso a la propia vida si fuera preciso. Y por supuesto, seguiremos reclamando mejoras profesionales, tales como la declaración de profesión de riesgo, una jornada laboral adecuada y unas retribuciones dignas.

Los retos políticos son extraordinarios en un país dividido como expresión de profundas fracturas de clase y etnia, que se inserta en una región expectante con la evolución del sistema internacional y que le asigna de nuevo un papel periférico. Si hace veinte años celebraba la llegada al poder del primer presidente indígena (aimara), aupado por una mayoría social tradicionalmente marginada, e incorporaba a los pueblos originarios con la cláusula de la plurinacionalidad en la Constitución –todo, además, en una situación geopolítica regional que favorecía el desarrollo de políticas expansivas–, hoy asiste a una suerte de regreso al pasado con la vuelta del Gobierno liberal tradicional, obediente aliado de Washington, como garantía de la obtención de los préstamos condicionados que necesita para atraer inversión extranjera. 

El antiguo presidente Evo Morales, actor político todavía relevante, fue encausado en un procedimiento judicial por abuso de menores e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos. Morales se ha declarado en rebeldía, alegando persecución política, y se ha bunkerizado con fuerzas paramilitares en su bastión cocalero del Chapare, con fuertes sospechas de colusión con el narcotráfico. El movimiento indígena, muy movilizado y bien asentado en organizaciones territoriales, se ha unido a las reivindicaciones sindicales de otros sectores productivos, dentro de una clara concertación política, para generar una crisis con tintes de insurrección, que amenaza con desestabilizar el Gobierno antes siquiera de poder evaluar su proyecto reformista.

El primer asalto se ha vivido durante los meses de mayo y junio con bloqueos masivos en los accesos a las principales ciudades, con especial presión sobre La Paz. La situación de desabastecimiento creada, incluso de medicamentos, y las cuantiosas pérdidas económicas en un momento de severa depresión buscaban la reacción del Gobierno, presionado por su base electoral conservadora, para declarar el estado de excepción y desarticular el movimiento de protesta por la fuerza militar. La estrategia recordaba a 2003, cuando el ciclo acción-reacción desembocó en el abandono del país del presidente electo Gonzalo Sánchez de Lozada, para dar paso a un Gobierno de transición del legislativo hasta las nuevas elecciones generales. Una fórmula similar también a la ensayada con Jeanine Áñez en 2019, con la diferencia de que ahora sería precisamente el expresidente prófugo el beneficiario de la ruptura constitucional. 

El Gobierno ha superado esta fase aguda, combinando represión policial, desgaste ante la opinión pública de los manifestantes y negociación selectiva, pero en absoluto está resuelta la crisis de gobernanza en el país. Rodrigo Paz Pereira, descendiente de una saga de presidentes, alcanza el poder por la conjunción de dos factores: el vacío dejado por la izquierda desintegrada en luchas intestinas y la división de la derecha tradicional en torno a liderazgos enfrentados. Las dos décadas de gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo) concluyen con un balance poco favorable de la gestión de los asuntos públicos y un profundo descrédito por la corrupción. El cambio estaba servido.

Los avances en integración, tan necesaria en un país de mayoría indígena, no han logrado asentarse como política de Estado y mitigar de esta forma la división de la sociedad boliviana. Un ejemplo lo constituye la política aplicada en las fuerzas armadas, donde el programa de integración en los colegios militares de campesinos con reserva de plazas consiguió incorporar a cientos de oficiales de esta procedencia étnica, antes totalmente ausentes en el nivel de mando superior en su más de una década de funcionamiento. Esta política se conectó con una doctrina de empleo de la institución integrada en la alianza bolivariana (ALBA). Pero la ley del péndulo se cumple una vez más con el abandono del programa de integración bajo acusaciones de partidismo revanchista, la depuración de los mandos promocionados y la vuelta a la estricta ortodoxia de la subordinación estratégica a la geopolítica estadounidense. 

La debilidad institucional tradicional del Estado boliviano dificulta la implementación de medidas y afecta al prestigio de la autoridad pública. A este respecto, son significativas las corruptelas del sistema judicial, donde los trámites se impulsan con el abono de mordidas, perfectamente tarifadas, a los funcionarios, cuya precariedad favorece una venalidad extrema. La asignación presupuestaria a la Justicia, como en otros ámbitos de precaria estatalidad, es marginal para poder llamarle servicio público. La consecuencia es la impunidad y la falta de seguridad jurídica en los negocios.

El Gobierno, entretenido en sofocar la crisis sobrevenida y responder a los primeros escándalos mediáticos de corrupción, como los ocurridos en las empresas públicas de petróleos (YPFB) y aviación (BoA), no ha presentado el anunciado proyecto de reforma del sector energético, imprescindible para explotar sus valiosas reservas de hidrocarburos, gas y tierras raras, estabilizar la economía y aspirar a volver a la senda del crecimiento. Antes tratará de alcanzar un pacto de no agresión con los distintos sectores de la oposición para garantizarse la supervivencia política. Unos planes en los que resulta un obstáculo la figura de Morales, en cuya detención y extradición podría estar ya trabajando Estados Unidos a través de la agencia antidroga (DEA). 

En estas circunstancias de estancamiento económico y agitación política, el condicionamiento del Gobierno Paz está servido desde el inicio del mandato. Su margen de maniobra es limitado para estabilizar el país, recuperar la economía y responder a los retos de integración social y territorial que tiene planteados Bolivia.

Y se siente vulnerable frente a un Estados Unidos que ha pasado, a lo largo de la segunda Administración Trump (2025-2026), de amigo, aliado y "protector" a impertinente dirigente y desconsiderado compañero de viaje. En consecuencia, ha decidido rearmarse, convertirse en una auténtica potencia política, no sólo en los ámbitos económico y comercial, que ya lo es, sino también en los ámbitos militar y tecnológico.

Sin embargo, no parece que lo esté haciendo de la forma adecuada, porque lo que hace no es "rearmar" a la Unión Europea, sino que se rearmen sus Estados miembros, cada uno, en términos generales, a su aire y libre albedrío, compitiendo incluso, en ocasiones, entre ellos y buscando colaboraciones multiestatales, más mirando sus propias necesidades militares y sus propias conveniencias industriales.

En consecuencia, el resultado está siendo que todos estos "rearmes nacionales" a quien realmente benefician es a la OTAN, pese a que salir de su paraguas protector es uno de los objetivos de la tan traída y llevada autonomía estratégica.

¿Por qué el actual sistema de rearme beneficia mucho más a la OTAN que a la UE? Porque la Unión Europea carece de algo tan indispensable como una estructura de mando y control permanente y entrenada, que sí posee la OTAN. La OTAN cuenta con toda una estructura de cuarteles generales permanentes, con zonas de actuación y tipos de conflictos predeterminados, que planean posibles operaciones por si fuera necesario ejecutarlas y llevan a cabo ejercicios periódicos para testar, y mejorar si falta hiciera, dichos planes.

De modo que, si surge un conflicto, este recaerá, al menos en teoría, bajo la jurisdicción de ese Cuartel General que ha planeado y testado la correspondiente operación, y que solicitará a los países miembros las unidades y efectivos necesarios para llevarla a cabo. Por decirlo de alguna forma, rellenará las casillas vacías del organigrama con unidades reales que proporcionarán los países miembros. Por ejemplo, donde figuraba en el planeamiento una "brigada acorazada", en la orden de despliegue constará la brigada acorazada concreta cedida (BRIAC XII, pongamos), que recibirá su orden de operaciones previamente redactada de forma rápida y adecuada.

En consecuencia, ante una crisis, la capacidad de reacción de la OTAN será siempre más rápida y eficaz que la de la UE mientras esta carezca de algún formato de estructura de mando y control operativo.

Por todo esto es por lo que se puede concluir que, por un lado, la UE en realidad no se está rearmando, sino que lo están haciendo sus países miembros y, en segundo lugar, que en caso de crisis, éstos tenderán más a facilitar su "rearme" a la OTAN que a la UE.

Lo que la UE está llamando "rearme" es, en realidad, al menos por ahora, pérdida de autonomía estratégica, pérdida de libertad de acción y decisión.

Rearmarse es (debería ser) algo más que comprar (y además a Estados Unidos) armamento y capacidades.

Rearmarse es (debería ser) también organizarse para posibilitar la defensa de los propios intereses sin necesidad de "protectores" que acaben arrastrando a las sardinas a su espeto.

Y, en este sentido, la UE debería, asimismo, especialmente tras los últimos acontecimientos de la geopolítica mundial, plantearse quién es el verdadero "problema", si una Rusia que lleva más de cuatro años sin poder doblegar a Ucrania, que está en condiciones de abastecer a Europa directamente de hidrocarburos y que, además, es geográfica e históricamente parte de Europa, o unos Estados Unidos que han demostrado creerse los dueños de la OTAN (el Sr. Rutte les ayuda constantemente a ello) y con derecho a exigir a los países europeos unos determinados gastos en defensa, mientras nos obliga a abastecer a Ucrania, comprarles el armamento a ellos, al tiempo que amenaza con hacerse con territorio europeo (Groenlandia) porque "no seríamos capaces de defenderlo".

Desprenderse de una vez de la visión geopolítica de la Guerra Fría, que acabó hace más de un cuarto de siglo, quizás sea también para Europa una forma de “rearmarse” (políticamente) para ocupar el lugar que económica, comercial y tecnológicamente le corresponde en el mundo.

En el mundo de la milicia es clarísima e importante la diferencia. El conservador busca, en pasados debidamente edulcorados y “tuneados”, un brillo que amerite un presente brillante basado en un pasado glorioso. Se mira en San Quintín antes que en Rocroy, en Lepanto antes que en Trafalgar o El Callao.

No tiene empacho en tratar de cambiar la historia si con ello consigue un fetiche. Por ejemplo, el 2 de mayo de 1808, en el que el ejército y los poderes establecidos abandonaron a la guarnición de Monteleón y al pueblo madrileño. Derrotado Napoleón, se ensalzó (y se ensalza hoy) la “gesta” no de los escasos militares que trataron de defender a la sociedad civil, sino “del ejército”, que había abandonado a sus paisanos.

Sobre el repudio de quienes hasta ayer eran aliados para “montarse” en el tren de los vencedores tenemos algunos ejemplos mucho más recientes. Por ejemplo, en las dos últimas guerras mundiales los conservadores renegaron de las alianzas directas o encubiertas con los perdedores de ambas guerras y ensalzaron a los vencedores. Y en el caso de la segunda guerra mundial, hasta el punto de regalar la autorización para el “uso conjunto” de parte del territorio al más fuerte de los vencedores, los Estados Unidos. Y de ahí el enfado del OranguTrump porque no se le deja “usar” ese territorio que él considera suyo. Como decía Javier Krahe, “gringo ser muy absorbente”

La mentalidad progresista investiga en lo más moderno para dotar, a la sociedad en general y a las fuerzas armadas en particular, de capacidades y sistemas de armas que las coloquen en lo más puntero de las áreas del conocimiento. Por más que no se lo reconozcan, como ha ocurrido con Narcis Monturiol, Isaac Peral, Torres Quevedo o Emilio Herrera, por poner ejemplos de ingenieros implicados en desarrollos militares, miran hacia adelante porque allí está la auténtica grandeza de un pueblo y de su patria. Es el futuro el que da respuestas y mirar hacia él permite avanzar, pese a que con frecuencia se ridiculice a quien piensa en ese futuro.

La reciente imputación de Rodríguez Zapatero me ha traído a la mente uno de esos momentos brillantes de visión de futuro, denostado en su origen por la mentalidad conservadora y ahora ensalzado por los mismos que lo ridiculizaron. Me refiero a la Unidad Militar de Emergencias, la UME.

Vaya por delante que ninguno de los avances sociales y personales del mandato de Rodríguez Zapatero sirven para tapar los tremendos errores del final de su mandato o cualquier incorrección que se desvele con motivo de la investigación prospectiva, posiblemente ilegal, de la que es objeto su actuación como consultor.

No obstante, considero de enorme importancia la creación de la UME el 7 de octubre de 2005 por Rodríguez Zapatero. No fue un paso adelante desde la nada. El ejército español intervenía en catástrofes de gran alcance. Son muy conocidas sus intervenciones hasta esa fecha, casi siempre apoyadas por otras fuerzas como bomberos, policía o guardia civil. Por ejemplo, en Valencia por las inundaciones ante la riada del Turia en 1957, en el aeropuerto de Los Rodeos en 1977, en el camping de Los Alfaques en 1978, en la riada del camping de Biescas en 1996 o en las nevadas en Castilla y León de 2001.

El diario conservador monárquico ABC, portavoz de los insultos más gruesos contra la creación de la UME, publicó, sin embargo, en octubre de 2020 un artículo sobre los antecedentes de la UME. Y se remonta hasta Godoy, valido del Borbón Carlos IV, quien creó en 1797 la “la Brigada de Artillería Volante del Real Cuerpo de Guardia de Corps”, pensada para movilizar y trasladar a gran velocidad dotaciones de artillería tras la derrota ante Francia de la Guerra del Rosellón. El responsable militar de la misma, el coronel Maturana, ya venía aplicando desde 1777, en el virreinato de Río de la Plata, una artillería volante para enfrentarse a los indios pampas, un año antes de que el mismo concepto lo utilizara Federico II de Prusia en Rostock. Maturana dotó a la brigada de la capacidad para actuar en incendios y catástrofes. “Acciones humanitarias” las llamaba.

Y como casi toda innovación en el ejército español, esa brigada tuvo una vida efímera en las labores “humanitarias”. Desapareció como tal en 1803.

El artículo del ABC destila una voluntad inequívoca de quitarle mérito a la creación de la UME. Porque esa fue la realidad de lo que suscitó la creación de la UME: rechazo entre los conservadores e indiferencia entre los muy progresistas, con ciertas suspicacias incluso en el propio partido socialista. Pero los calificativos en contra fueron fuertes, para variar. El propio ABC criticó que la UME dependiera de Presidencia del Gobierno. Años después tuvo que contar que su “antecedente” dependía única y exclusivamente de Godoy. Como la UME de Presidencia en su creación, dependencia que, en el ámbito civil, sigue manteniéndose.

Pero esta fue una descalificación “académica”. El PP tachó de “capricho faraónico” de Zapatero la creación de la UME. O de “instrumento inventado” como si inventar fuera algo perverso en sí mismos. O llamando a la unidad “cuerpo militar pero en la práctica casi de bomberos, dedicado a protección civil”, según el ABC del 21 de noviembre de 2008. Por señalar simplemente las descalificaciones que más se repitieron.

Este tipo de reacciones justifican lo que yo decía al inicio de estas letras: que lo nuevo casa mal con la visión conservadora de la sociedad en general y de las fuerzas armadas en particular.

“Que inventen ellos”, como rezaba el lema que el conservador Miguel de Unamuno pronunció y defendió, señalando que España no necesita estar a la vanguardia científica, como si dedicarse a la ciencia fuera una especie de desdoro ante la “profundidad” de la filosofía o la literatura. Es mejor lo especulativo que la investigación,

También, desde el campo del pensamiento conservador, acusaron al gobierno de Zapatero de “despilfarro” por las partidas destinadas a la nueva unidad, llegando a cuestionar la necesidad de comprar maquinaria, equipamientos o atraer a militares con gran preparación para esa nueva unidad. Una unidad sin pertrechos es directamente inútil.

Tal fue la batalla del PP contra la creación de la UME, que en su primera aparición en el desfile de las fuerzas armadas del 12 de octubre de 2006 recibió una sonora y desagradable pitada, como las que suelen recibir los presidentes que no sean conservadores en ese mismo desfile a lo largo de los años.

Esta persecución se trasladó, cómo no, a los tribunales. En 2008 el Tribunal Supremo anuló el protocolo de intervención de la UME porque consideraba que el Gobierno había invadido competencias de Protección Civil, que están trasferidas a las Comunidades Autónomas y que el Gobierno se saltó el preceptivo informe del Consejo de Estado y la consulta a la Comisión Nacional de Protección Civil”. Terribles males que se subsanarían mediante el Real Decreto 1097/2011.

Pero esta suspensión no impidió que la UME actuara en el incendio de Castellón de 2007 o las inundaciones en Sevilla ese mismo año, demostrando su gran valía y la necesidad que venía a cubrir.

Eso no detuvo las críticas del PP. En las nevadas de 2009 que colapsaron las carreteras españolas, Rajoy puso el grito en el cielo por una acción poco eficaz, a su juicio, y exigiendo la dimisión de Magdalena Álvarez, entonces ministra de Fomento. Claro que en 2011, ante un hecho similar, el señor Rajoy no dudó en culpar a los conductores por salir a la carretera. Y tampoco ha dudado ningún gobierno autonómico del PP en solicitar (y a veces hasta exigir) la actuación de la UME en catástrofes que afectaban a sus territorios.

Como vemos, nihil novum sub solem, que dice el Eclesiastés. La inquina del PP (que entonces ya gestaba a Vox en sus entrañas) y el uso de prensa y judicatura no nace ahora, ni siquiera en esta última legislatura. Se hace más fuerte en este momento porque hay fondos de la UE a los que ven que no llegan.

Pero volviendo a lo que nos interesa. En la creación de la UME influye, entre otras cuestiones, el terrible incendio en Guadalajara de 2005, en el que fallecen 11 brigadistas. Se adquiere o se toma conciencia de dos carencias básicas: la necesidad de una fuerza de actuación inmediata en todo el Estado que no dependa sólo de las comunidades autónomas. Muchas catástrofes no “respetan” los límites geográficos de los que nos dotamos los seres humanos. Y en segundo lugar la insuficiencia de medios. Las FAS prestaban, en ese tiempo, apoyo secundario con intervenciones no siempre ágiles. Ante la catástrofe se necesita rapidez en el despliegue y especialización en muy diversas materias de los integrantes de la fuerza que actúa.

Y las Fuerzas Armadas eran el ámbito idóneo para esta iniciativa siempre que dispusiera de una unidad con especial capacidad de reacción. Las fuerzas armadas concentran medios, permiten y están acostumbradas al transporte masivo y pueden permanecer de forma indefinida sobre el terreno. La logística tiene pocos secretos para sus profesionales. Al mismo tiempo, las FAS forman especialistas en muy diferentes campos, capaces de afrontar situaciones de riesgo. Y no hay que olvidar que las FAS están especialmente bien consideradas entre la sociedad civil en el siglo XXI.

En efecto, esta es una unidad en la que convergen como en ninguna otra la mentalidad militar y las necesidades civiles. La sociedad mira a la UME con auténtico aprecio. Son en muchos casos el último bastión ante la catástrofe, y la sociedad respira cuando ve aparecer los uniformes de la UME. Lo vimos en la pandemia del covid-19 y lo hemos visto en la tragedia de la DANA de Valencia de 2024. Y, curiosamente, los que tanto denostaron su creación, son ahora los primeros que exigen su despliegue (lo hayan solicitado o no) y culpan al Gobierno cuando la UME se “retrasa”. Esta es una prueba más de que la visión de futuro en 2005 es algo absolutamente normalizado en 2026, hasta el extremo de que algunos de sus antiguos detractores intentan apropiarse de sus actuaciones.

La UME es una unidad muy reconocida también en el extranjero. De hecho es el primer equipo militar en todo el mundo que obtuvo, en 2011, la certificación como equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Naciones Unidas, y forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Ya ha actuado en 27 misiones en el exterior, la más reciente en los terremotos de Venezuela. Y en tragedias en Haití, Nepal, Ecuador, México, Marruecos y Turquía. O en la colaboración en la lucha contra la ola de incendios en Portugal durante 2024, donde se desplazaron 116 vehículos y 364 militares.

Visto 20 años después, no parece que aquella “invención” fuera tan mala idea. Ha prestado a la sociedad civil servicios impagables, pese al desprecio inicial de la mentalidad conservadora. Se ha afianzado como una garantía de protección civil ante grandes catástrofes. Incluso en otros países, donde nos piden su concurso ante grandes catástrofes. Es, además, una de las muestras más evidentes de colaboración entre milicia y sociedad civil.

Así que, volviendo a la tesis que se enuncia al inicio de este artículo, a veces bastan veinte años para demostrar que el “invento” de la mentalidad progresista mejora la vida de la ciudadanía. Y que atornillarse al pasado no aporta más que esclerosis social, como la que España ha sufrido durante siglos. La nostalgia de lo que (aparentemente) fue no nos hace mejores. Nos hace más débiles ante los retos de cada día, siempre nuevos, siempre diferentres.

Invertir en futuro es siempre un gran negocio para esa patria que muchos dicen amar, aunque no pagan impuestos y tratan de echar abajo cualquier avance que beneficien a la mayoría de sus compatriotas. Y la mentalidad del ejército es clara: adelante, siempre adelante, como dijo, entre otros, Benito Pérez Galdós. Y lo que no sea eso, no es vida activa. Es vegetar.

A la cabeza —o, en este caso, a la cola— del ranking se encuentra la provincia de Zamora, que, como ocurre con la práctica totalidad de sus “compañeras” autonómicas, sufre este vaciado poblacional desde el establecimiento de la democracia. En la actualidad, la provincia ha perdido un 35% de población respecto a la que tenía en 1975.

El municipio zamorano de Toro fue un referente en el mundo de la milicia desde 1944 hasta 1997. Por el Campamento de Monte la Reina pasaron miles españoles para cumplir su servicio militar, principalmente bajo la figura de las entonces milicias universitarias, con nombres tan conocidos como el del expresidente del Gobierno, Felipe González. Durante muchos años fue un auténtico hervidero de ir y venir de jóvenes que, mientras estudiaban sus correspondientes carreras universitarias, pasaban allí los meses del verano para “cumplir con la Patria” en un servicio militar adaptado a las necesidades de lo que se podían considerar clases privilegiadas, ya que hemos de recordar que en el tercer cuarto del siglo XX la mayoría de los jóvenes no podía cursar estudios universitarios.

La comarca toresana vio como el establecimiento de ese campamento añadía riqueza a su población, ya que la fuente principal de suministros para el día a día del campamento militar se nutría de lo que hoy conocemos como “kilómetro cero” o de proximidad. Obviamente, el campamento no era el principal foco económico de la zona, pues Toro es reconocido desde hace muchos años por su tradición vitivinícola, si bien hasta finales de la década de los 80 no se estableció la denominación de origen en su vino.

Vayamos ahora a finales de los años 90. El fin del servicio militar obligatorio, el inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y las sucesivas reorganizaciones de los ejércitos abocaron al cierre del famoso campamento de Monte la Reina.

En esos años convulsos de cierres de cuarteles, ordenados primeramente por el Plan META (Plan de Modernización del Ejército de Tierra), bajo el mandato de Narcís Serra como ministro de Defensa y puesto en marcha en 1984, consistía en restructurar, reducir y homologar nuestras Fuerzas Armadas con los estándares de la OTAN, organización a la que nos habíamos adherido en 1982. 

Unos años más tarde un nuevo plan, el denominado Plan NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) llevaría a cabo una fuerte reforma de la estructura del Ejército de Tierra, con la finalidad de adaptar su organización a la realidad estratégica una vez finalizada la Guerra Fría. Esta reorganización llevaría consigo una considerable reducción del tamaño del Ejército de Tierra, por tanto, muchas fueron las unidades que desaparecerían del organigrama y, consecuentemente, muchos los cuarteles que acabarían cerrados, a pesar de las innumerables protestas de los alcaldes de las localidades afectadas y de sus vecinos, que veían como el cierre de un cuartel podría suponer una importante pérdida de ingresos, equivalentes a los que puede provocar el cierre de una industria.

Monte la Reina fue uno de esos cierres, y a pesar de la oposición política y social de la comarca, la realidad es que en 1997 se echó el cierre definitivo al campamento en el que se habían formado, militarmente hablando, muchos miles de españoles en sus más de 50 años de funcionamiento. Tan solo una presencia testimonial y esporádica de unidades realizando maniobras en ese campamento en los posteriores años recordaría el esplendor pasado del cuartel.

El práctico abandono por parte del Ministerio de Defensa, al no considerarlo necesario para la Defensa Nacional, algunos conatos de subasta del campamento, junto con la declaración de “interés turístico” por parte de la Diputación Provincial de Zamora en 2015 hacían presagiar que acabarían desapareciendo el deteriorado alambrado y los típicos carteles de “Zona Militar. Prohibido el Paso” que delimitaban sus más de 1.200 hectáreas de terreno. Pero la historia aún tenía guardada otra oportunidad, aparentemente, para Monte la Reina.

En la corta vida, apenas tres años, del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, creado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy y dirigido a partir de la moción de censura de 2018 por Isaura Leal, parecía abrirse una vía para fijar las políticas destinadas a revertir la situación de aquella “España vaciada”.

Coincidiendo con la última etapa de vida de ese Comisionado, el Ejército de Tierra declaró como necesario para el interés de la Defensa el acuartelamiento de Monte la Reina. Quien entonces ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército era el general Francisco Javier Varela Salas, que pasará a la posteridad al llevar su nombre la Base Logística del Ejército de Tierra, el mayor proyecto de defensa e innovación tecnológica, ubicado en Córdoba.

Además de la declaración de interés para la Defensa llevada a cabo desde el Cuartel General del Ejército de Tierra, entró también en juego el uso político de la reapertura de las instalaciones militares. Si bien el clamor político fue unánime entre todos los partidos, fue el partido del Gobierno quien, como si ejecutara una maniobra de la mejor caballería, explotó el éxito del anuncio. Lo hicieron sus responsables provinciales y autonómicos, y también el propio presidente del Gobierno, que anunció en un mitin en la capital zamorana que Monte la Reina sería una realidad si lograba seguir gobernando el país.

Hasta aquí podría ser algo normal, donde se mezclaban las necesidades de revertir la caída demográfica, las necesidades para la defensa y las promesas electorales.

Pero el gran inconveniente, el que hace saltar las alarmas entre los futuros destinatarios de esta "feliz idea", los trabajadores militares, es el modo en que algunos dirigentes políticos se refieren a la medida con cierto tono frívolo, dando por sentado que los militares servirán para repoblar la comarca.

Quizá la expresión que más daño hace a los militares es la que hace referencia a “traer a las familias de los militares” para fijar esa población tan necesaria en la comarca.

Los militares nos debemos a las decisiones de nuestro respectivo Gobierno, somos conscientes que estamos sujetos a movilidad geográfica y de que, llegado el momento, tras una decisión estratégica o política, hemos de abandonar nuestras ciudades de residencia para desplazarnos a otro lugar en el que dar continuidad a nuestra labor en beneficio de la ciudadanía y de las misiones que la Constitución nos encomienda. Pero hay algo por lo que ningún juramento nos hará pasar: utilizar a nuestras familias como arma para el debate partidista.

El tiempo pasa, y los anuncios sobre presupuestos, licitaciones, obras y visitas institucionales referidos a Monte la Reina se han ido sucediendo en los últimos años, siempre con el horizonte de 2027 como fecha de puesta en marcha de las instalaciones militares.

Ante peticiones reiteradas al ministerio para que anuncie qué unidades estarán destinadas en la comarca toresana, el silencio es la respuesta habitual. Lo ideal para cualquier militar zamorano que, obviamente, se encuentre destinado fuera de su tierra natal y que pretenda retornar sería conocer con tiempo suficiente si tendrá o no posibilidades de esa ansiada vuelta a casa, pero ante el silencio institucional, poca planificación familiar es posible.

Mientras tanto, y desde el primer anuncio, las asociaciones profesionales de militares, con AUME de manera destacada, están pidiendo a las administraciones implicadas en esta operación que actúen de manera que, llegado el momento de la puesta en marcha de la base, estén garantizados los servicios mínimos deseables para los militares y sus familias. Estos servicios se resumirían en cinco pilares básicos: vivienda, sanidad y servicios sociales, educación, transporte y, por último, pero no menos importante, un tejido económico y laboral para que las parejas de los militares puedan encontrar un puesto de trabajo que ayude al fin primigenio que dio lugar a esta idea: fijar población y ayudar al arraigo de nuevas familias en la provincia.

Lamentablemente, más de seis años después de los anuncios oficiales y a poco más de un año de plazo para la anunciada puesta en marcha, poco o nada ha cambiado, a pesar de la unanimidad política con ejemplos como la moción aprobada en el ayuntamiento de Zamora en septiembre de 2024 o la proposición no de ley aprobada en las Cortes de Castilla y León, al igual que otras iniciativas legislativas que fueron aprobadas en el Congreso y en el Senado.

Al parecer, la administración más cercana, el propio ayuntamiento de Toro, donde se asienta la base, es la única que tiene los deberes hechos o en vía de realizarlos. Pero, ante la cifra de militares que se baraja (tampoco existe cifra oficial), que rondaría los 1.400, no parece que tenga capacidad para absorber a todo ese contingente y a sus familias en caso de que finalmente opten por desplazarse.

Ante toda esa situación, la falta de información oficial y las dudas que plantea el proyecto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su centro asociado de Zamora, organizó recientemente unas jornadas tituladas Deslocalizando la defensa: posibilidades y desafíos de los emplazamientos militares en zonas rurales.

En estas jornadas se debatió desde distintos prismas. Por un lado, participaron representantes de la sociedad civil zamorana; por otro se expusieron los puntos de vista del presidente del Observatorio de la Vida Militar y de las asociaciones profesionales de militares, que coincidieron básicamente en la necesidad de garantizar los cinco pilares ya mencionados. Finalmente, hubo representación de distintas administraciones implicadas, con la excepción del propio ministerio de Defensa que, según indicó el codirector de las jornadas, volvió a dar la callada por respuesta. Con su ausencia, solo consiguió que las dudas sobre el proyecto siguieran sobrevolando la mente de los asistentes.

El ministerio de Defensa tiene en la localidad toresana más de 1.200 hectáreas de terreno para este proyecto. Más allá de una renovación del vallado perimetral, iremos viendo —o no— si finalmente serán de uso militar, de qué tipo, y con cuánto personal contará, y también en qué fechas sucederá. Pero, mientras tanto, no olvidemos que pinos, conejos y otras especies sí sirven para repoblar territorios, mientras las administraciones implicadas siguen deshojando la "margarita" de Monte la Reina.

Que ya hay enfrentamiento, que no guerra, entre ellas no necesita de mucha investigación, dada su evidencia en los ámbitos comercial, tecnológico, industrial y cada vez más militar; y, por ende, geopolítico. La incógnita, por tanto, a descifrar se transforma, en consecuencia, en a qué grado de enfrentamiento han llegado y si este es suficientemente alto como para que su rivalidad pudiera manifestarse en guerra. 

Dos hechos recientes quizás puedan orientarnos para ver algo de luz al final del túnel: la actual guerra en el Cercano Oriente y la semana diplomática que se ha desarrollado en Pekín (del 13 a 20 de mayo) con las visitas de los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, a su homólogo chino. Xi Jinping.

La guerra del Cercano Oriente, también conocida como “de Irán”, desencadenada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado, ha terminado afectando, y sensiblemente, a China, dependiente económica e industrialmente del crudo y del gas procedentes del Cercano Oriente y, en concreto, de Irán, como consecuencia del cierre a la navegación del Estrecho de Ormuz, por donde circula el transporte marítimo de hidrocarburos que abastece a China, además de a otros muchos países y áreas geográficas del planeta, de tan preciados e indispensables recursos energéticos. Y, contra lo que podía esperarse, la reacción china ha sido calculadamente moderada, centrando su condena y sus críticas a la agresión y a sus coordenadas de violación del derecho internacional y del respeto a la soberanía e integridad de los países soberanos, sin tomar acciones de explícito apoyo militar o de abastecimiento a su aliado y proveedor energético, Irán, en una prueba más de que su estrategia para alcanzar y superar a su rival geopolítico, Estados Unidos, es mucho más un problema de tiempo y paciencia que de conflicto y enfrentamiento.

Tiempo y paciencia mientras resuelve los posibles problemas sobrevenidos con el menor desgaste posible como ha resuelto el de su posible desabastecimiento energético, acordando con Rusia la puesta en marcha del proyecto de gasoducto Poder de Siberia II (Círculo Polar Ártico-Shanghái, 2.600 km) como un punto más de la renovada extensión del Tratado de Buena vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países, China y Rusia. Un nuevo gasoducto, por el que Rusia podrá exportar el excedente actual de gas que antes exportaba a la Unión Europea, hoy paralizado por las sanciones consecuencia de la invasión de Ucrania, y con el que China podrá enfrentar el posible desabastecimiento causado por las tensiones en el revuelto e inestable Cercano Oriente y por la tendencia estadounidense a intervenir en él (apoyo y sostén de Israel, Guerra del Golfo, supuestas armas nucleares de Irak, Afganistán, supuesta paz en Gaza y, ahora, Irán y su derivada, Líbano). 

Y como ha intentado resolver la más espinosa de sus controversias con la actual potencia dominante, Estados Unidos: Taiwán, la isla-país donde se refugió el gobierno y el ejército del Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) de Chiang Kai-Shek cuando perdió la guerra civil china en el territorio continental contra el Partido Comunista Chino (de Mao Tse Tung), que sigue gobernando el país desde entonces (67 años) y reclamando la isla como parte consustancial de la vieja y antigua China. Con ocasión de la visita oficial del presidente estadounidense, Trump, a China del 13 al 15 de mayo del presente año, su presidente, Xi Jinping, abrió las conversaciones dejando claro cual era la postura china: el gigante asiático no ha interferido en los planes estadounidenses en el Cercano Oriente a pesar de estar siendo negativamente afectada por ellos; en reciprocidad, China espera que Estados Unidos no interfiera en sus planes sobre Taiwán. Paz por paz, respeto por respeto.

Así las cosas, la situación actual sí parece una repetición histórica de la antigüedad clásica, donde las potencias emergentes, Atenas y China, prefieren continuar su ascenso pacíficamente, acortando distancias y aposentando su poderío paso a paso (tiempo y paciencia), mientras Estados Unidos, como su guerrero y militarizado antecedente, Esparta, se obsesiona con la guerra como medio de mantener y acrecentar su hegemonía (Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, Libia, Serbia, Venezuela, Irán, Cuba, ¿Groenlandia?).

Sólo nos queda confiar en que no haya una nueva Guerra del Peloponeso, esta vez con la capacidad de destrucción de las armas modernas, especialmente las nucleares, que, aunque todo el mundo reniega de ellas, también todo el mundo quiere tenerlas y quiere tener la capacidad de decidir si otros deben o no tenerlas, como es el caso de las potencias nucleares, Estados Unidos e Israel considerándose autorizados a decidir si Irán debe y puede tenerlas o no.   

Se consolida así la desconexión voluntaria del derecho internacional, desactivando con sus derechos de veto la gobernanza del Consejo de Seguridad, por parte de las grandes potencias que adoptan una política unilateral de imposición de sus intereses (realismo ofensivo) cuando se abre una ventana de oportunidad para utilizar sus capacidades ofensivas y controlar la posible respuesta. En 2022, Rusia decidió dar continuidad a la guerra abierta en 2014 con un ataque a gran escala sobre Ucrania, buscando detener la presión occidental sobre su territorio. La campaña fracasó y la situación bélica se extiende ya al cuarto año, consolidando sus anexiones irregulares de Crimea y las regiones del este y sur. Ante la falta de respuesta unitaria, los actores beligerantes forman sus propias coaliciones por áreas de influencia internacional.

Un análisis similar de oportunidad llevó a la coalición Israel-EEUU a principios de abril a desencadenar una ofensiva para derribar de manera expeditiva el régimen de Irán con el descabezamiento del liderazgo religioso, político y militar, y con la asunción de que la oposición y las señales de descomposición interna que indicaban la represión sangrienta de finales de año llevarían a un rápido colapso del régimen, cambiando así la relación de fuerzas en Oriente Medio, destruyendo las capacidades militares y el programa nuclear. Estados Unidos abrió las hostilidades incluso en pleno proceso de negociación con la república islámica. Para Israel, que asumió el protagonismo en los ataques y encajó la respuesta iraní, sus objetivos eran proseguir la guerra en la región para desactivar el peligro de Teherán y de sus milicias satélites (red de proxies); paralelamente, avanzaba su plan sistemático de construcción del Gran Israel, con la ampliación a sangre y fuego de su territorio en varias direcciones (Gaza, Cisjordania y Líbano).

El conflicto ha resultado un fiasco para Estados Unidos, cualquiera que sea la resolución final. La guerra se ha parado en un punto muerto, la dictadura iraní se ha reforzado y radicalizado con la sucesión en el mando militar. El control del Estrecho de Ormuz, conseguido con limitados instrumentos coercitivos, ha otorgado una baza ganadora, por su clara afectación al mercado de petróleo y a la economía mundial. Los misiles iraníes han conseguido desestabilizar la región y sus fuentes de riqueza. La estrategia de aspiración al arma nuclear se ha visto reforzada con los ataques. En esta situación, la tentación de un ataque masivo que “borre una civilización” (Trump dixit) ha pasado de ser una exagerada e intolerable declaración a una opción criminógena que puede estar siendo planeada como desesperada hipótesis de conclusión de la guerra.

Estados Unidos se ha involucrado en una guerra sin respetar tampoco su propia legalidad, que exige la aprobación formal del Congreso de Representantes. El presidente ha utilizado sus poderes ejecutivos para desplegar la fuerza ante el riesgo de bloqueo de la iniciativa y anulación del factor sorpresa. Evidentemente, no es la primera vez que ocurre, de hecho constituye la pauta habitual en las intervenciones militares estadounidenses. Pero, una derivada de esta manera de proceder, en las operaciones bélicas a gran escala, es la cuestión de la exigencia de responsabilidades individuales cuando, en el marco de estas operaciones, se cometen posibles crímenes de guerra. Los ataques indiscriminados sobre las ciudades, la población civil y la destrucción deliberada de la infraestructura básica apunta en esta dirección.

La ética militar profesional exige el cumplimiento de normas morales en el combate, especialmente en la ejecución de operaciones que pueden derivar en actos contrarios al derecho internacional humanitario en el curso de los conflictos armados. En tales situaciones, los combatientes se enfrentan, en condiciones de presión jerárquica y estrés de combate, a una grave tensión entre la obediencia debida disciplinaria y el respeto a los códigos éticos en las acciones letales. La responsabilidad individual, examinadas las circunstancias, no se subsume en la principal de los líderes políticos que imponen guerras de espaldas a la legalidad internacional. Los deberes morales no se suspenden durante las operaciones, sino que, al contrario, es el momento oportuno para comprobar su vigencia. Es lo que distingue al militar profesional del criminal.

La atribución de la responsabilidad individual por acciones u omisiones es independiente de las posibilidades de que sean sustanciadas en un proceso. El hecho de que, de los países involucrados en las guerras interestatales actuales, ninguno haya firmado o ratificado el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional —salvo Ucrania que asumió la jurisdicción voluntaria en 2024—, es un indicador de la pretensión de los Estados de situarse al margen de la legalidad internacional para que no interfiera con su política de intereses. Pero en modo alguno constituye impunidad, ya que tales conductas pueden (y deben) ser investigadas y juzgadas a la espera de ser ejecutadas.

En el proceso de toma de decisiones políticas tan trascendentes como es hacer la guerra, u otras acciones armadas más limitadas del uso de la fuerza, es fundamental contar con un asesoramiento profesional solvente, no solo en el aspecto técnico de oportunidad y despliegue de las capacidades militares para cumplir los objetivos señalados por el poder político, sino también para servir de consejo moderador, respecto de la necesidad de su ajuste con la legalidad internacional y derecho humanitario, así como la garantía de la conducta moral de las fuerzas armadas, basada en valores de la mejor tradición. El decoro profesional debería impedir que se amenace con el empleo ilícito de una fuerza desproporcionada como simple elemento de presión en el curso de una negociación y que se haga en un acto oficial con presencia de los comandantes militares, que están subordinados, pero no obligados a la obediencia ciega. Tal vez estas tensiones expliquen los relevos de altos mandos militares producidos en plena campaña.

Me sorprenden frecuentemente las asociaciones que hace mi mente. Cuando por primera vez leí sobre el contagio a bordo del MV Hondius causado por el hantavirus proveniente de ratones, confluyeron en mi cabeza el libro de Steinbeck De ratones y hombres (una cita del mismo encabeza este artículo), el cómic Maus: relato de un superviviente, de Art Spiegelman, la Global Sumud Flotilla y el brutal e ilegal ataque que han sufrido por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, con los secuestros de un brasileño (Thiago Avila) y un español (Saif Abukeshek) incluidos. 

Y casi inmediatamente confluyeron las declaraciones de la ministra Robles sobre la cuarentena “voluntaria”, acerca del uso de un hospital militar y la desvergüenza de la "polímata" * (José María Izquierdo dixit) Isabel Díaz Ayuso acerca del destino de los pasajeros españoles y su “olvido” del “hospital de pandemias” que a los madrileños nos costó 170 millones de euros, unas tres veces y media más de lo presupuestado. El orgullo del mundo, según ella, para acoger enfermos infecciosos en tiempos de pandemia. 

El palomitero en que se convierte mi cerebro en estos casos, y que muchas veces me impide ser todo lo pausado y metódico que exige el análisis de la realidad, se puso a calentar estos datos como si fueran granos de maíz. 

La primera palomita que saltó fue la conciencia de cómo los descendientes de los ratones en el cómic de Spiegelman han trocado su papel, y resultan ser ahora los gatos asesinos. O para ser más exactos, ratas asesinas. La masa informe que se representan mediante los demás animales también ha cambiado. La mayoría o bien ayudan a estos “ratones reconvertidos” o bien simplemente se dan por enterados, pero no hacen nada. Ni siquiera indignarse dentro de las cuatro paredes de su casa por las salvajadas que las “ratas/ratones” judíos israelíes están haciendo con los pueblos de alrededor, palestinos, libaneses, iraníes…  

El papel de víctimas que tuvieron en los terribles acontecimientos, genocidio incluido, que narra el cómic, no habilita a los judíos israelíes ni les da fuerza moral para convertirse en nazis replicando y amplificando los métodos de éstos. La desvergüenza del Gobierno israelí, que ha llegado a afirmar que los gazatíes son animales y que sus fuerzas armadas son las más morales del mundo, ha alcanzado límites difícilmente soportables por cualquier mente humana con un mínimo de empatía y moral. 

La segunda palomita fue cuan distintos son los escenarios y los métodos de matar de los dos tipos de ratones de esta nueva historia que me ha venido a la cabeza. Los primeros en un crucero de lujo, con un importe del pasaje de entre 15.000 y 24.000 euros, que vaya lujo verte infectado o en peligro de estarlo por un virus que nace de la orina y los excrementos de ratones, aquí simples animales inocentes sin ninguna intención homicida. En definitiva, ataque inocente y accidental a embarcados con posibles económicos. Ratones que, pensándolo bien, no deberían estar en un crucero de lujo. A menos que la infección se haya producido fuera del crucero. 

Los segundos, “ratas/ratones” judío-israelíes con un comportamiento distinto. No abandonan los barcos, sino que los abordan con intención de amedrentar y hacer daño a los cooperantes, embarcados que han pagado su pasaje, sin lujo alguno, no para disfrutar de un viaje de placer sino para ofrecer ayuda solidaria a un pueblo machacado y malherido por las “ratas/ratones” judíos israelíes, el gazatí. Y con esta intención, contraviniendo el derecho internacional, en aguas internacionales las “ratas/ratones” abordan los barcos, detienen por la fuerza a los miembros de la flotilla, los golpean hasta el punto de que 34 tienen que ser atendidos y algunos hospitalizados, y retienen a dos, Thiago y Saif, a quienes encierran y torturan sin cargos, sin intervención judicial, en un limbo idéntico al que los ratones de Maus estaban ante los gatos nazis en la novela gráfica. 

Y los demás animales, salvo algunas pocas voces valientes que protestan por las barbaridades cometidas por “ratas/ratones” judíos israelíes, contemplan todo esto como si no fuera con ellos. A esas voces valientes a veces les cuesta hasta su patrimonio, como a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación en Palestina, a quien los “perros” estadounidenses han privado de acceso a su patrimonio, una vez más sin intervención judicial. Nos olvidamos de que comportamientos casi idénticos a los que muestran las “ratas/ratones” judíos israelíes dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial y de los cientos de millones de muertos, heridos y desaparecidos que el conflicto causó. Nos parecemos al “pueblo pardo” de El bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, esas moscas que olvidaban lo sucedido a los pocos segundos de que pasara el hecho sucedido. 

La tercera palomita tiene muchas protuberancias blancas. La primera se desarrolló cuando oí a la ministra de Defensa, señora Robles, sobre la cuarentena. Pensar que alguien se va a prestar voluntariamente a una cuarentena después de haber pasado 45 días en un barco con una amenaza de un virus que causa, según las fuentes que consultes, hasta un 50% de mortandad entre los infectados, es creer mucho en la bondad humana. No quiero ni imaginar cómo deben sentirse los pasajeros de ese barco. Como para venir voluntariamente a que les encierren otros cuantos días sin contacto físico con nadie. En fin. Cosas de la señora Robles, tan apreciada por los “ratones” del PP. 

Otra protuberancia de esta palomita: la cuarentena se llevará a cabo en un hospital militar. Usando de nuevo al Ejército para fines civiles. Pero los militares siguen siendo considerados “casta aparte”, sin reconocerles sus derechos como ciudadanos de uniforme. Sería normal el uso del hospital militar si no fuera porque quienes dicen “defender a la patria”, henchidos de (o hinchados por) el espíritu de Hernán Cortés, como la "polímata" Isabel Natividad Díaz Ayuso, se preguntan por qué tienen que venir los españoles quizá enfermos a España, y, según IDA, en concreto a Madrid. Pero no irán al hospital que tanto dinero costó y tan poco se usó y sirvió durante la pandemia. La justificación de que era un hospital modernísimo, previsto para pandemias de enfermedades infecciosas ha desaparecido. Si Isabel Zendal levantara la cabeza y viera para qué usan su apellido, volvería a morirse. 

En el PP se pregunta a grandes voces: ¿por qué? Exigen documentos, papeles, nombres de los expertos. Ellos, que dicen ser enemigos de la burocracia, burocratizando la atención en una posible emergencia pandémica. Claro que son “ratas/ratones” defensores de las “ratas/ratones” judíos israelíes. A ellos les parece bien lo que Israel está haciendo. Como la derecha conservadora de la Alemania de 1930, les parece más necesario frenar a cualquier precio el más mínimo atisbo progresista que cerrar la puerta al autoritarismo en cualquiera de sus vertientes o caras poliédricas. Olvidan lo que pasó después. O no les importa, porque se creen inmunes. Hasta que les toca a ellos, siguiendo el relato del poema de Niemöller. 

Por eso, todo lo que sea ir en ayuda de quien la necesita, les molesta, les irrita y les causa incomodidad, sean posibles infectados de un virus peligroso, sean inquilinos, inmigrantes sin papeles o pacientes de la sanidad pública. O niños en barracones recibiendo clases con los abrigos puestos. O mujeres que mueren con cáncer de mama sin diagnosticar o diagnosticado a destiempo. O sea el acoso de activistas a personas cuyo único delito es ser un poco progresistas. Nada de esto está en su cuaderno de bitácora. Navegan felices en un mar de fango y sangre en el que los males que afectan a los demás ni les rozan, en sus casas que se apropian de playas públicas o en sus áticos pagados con millones de dudosa procedencia. Todo les vale, hasta la detención, la muerte o el encierro y la tortura de sus nacionales a manos de extranjeros. Se llenan la boca de patria cuando los nacionales de esa patria sólo les importan en tiempos de elecciones para ser presidentes “aunque no quieran”. 

La cuarta palomita me surge ahora mientras escribo estas letras. Es el poema Crecida de Blas de Otero. Al recordar el sinsentido de la Segunda Guerra Mundial, me han venido a la cabeza los versos finales de ese poema: 

“…no

veo más que sangre,

siempre

sangre,

sobre Europa no hay más que

sangre.

Traigo una rosa en sangre entre las manos

ensangrentadas. Porque es que no hay más

que sangre,

y una horrorosa sed

dando gritos en medio de la sangre,

y una horrorosa sed

dando gritos en medio de la sangre.” 

Que haya el mismo número de palomitas que de jinetes del Apocalipsis es una coincidencia. O eso creo.

Un buen día se levanta con mal pie y amenaza con eliminar toda una civilización (la milenaria persa) y al día siguiente anuncia que permanece abierto a negociaciones sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz, al tiempo que vuelve a amenazar a China con imponerle aranceles desmesurados.

Es la práctica diaria del TACO (Trump Always Chicken Out, Trump siempre se acobarda) a la que ya tiene acostumbrado a los estadounidenses, incluidos los partidarios de su mantra MAGA. 

Entretanto, en nuestro territorio común, Europa, se está expandiendo una palabra clave: multi-policrisis. Ese es el término que más suena en los pasillos de las instituciones europeas para definir el plantel con el que se encuentra, una vez más, la inoperante UE ante un panorama internacional inestable que no es capaz —nadie lo es realmente— de digerir. 

En el horizonte próximo, algunos eventos pueden añadir algo de sabor a la insípida ensalada de tofu que ofrece el menú diario comunitario. Islandia celebrará un referéndum en verano para decidir si reanuda las negociaciones con la UE con vistas a su ingreso. Un tema que se ha reabierto también en Noruega. Cómo verán el patio los vecinos periféricos que hasta Keir Starmer podría tener que lidiar con un posible “Breturn” en lo que le queda de legislatura ante el avance del “Bregret” después de un desventurado “Brexit”. Disculpen tanto neologismo para decir que, según las últimas encuestas, la decisión tomada en 2016 de abandonar la UE fue un error para una amplia mayoría de británicos. En el seno del partido laborista se están alzando voces pidiendo que el Reino Unido vuelva al mercado único e incluso que el programa para las elecciones de 2029 incluya el reingreso en la Unión Europea. La inestabilidad que están causando sus socios ultraatlánticos tal vez contribuya a ello. El último exabrupto del ególatra empresario-mandatario de la Casa Blanca ha amenazado —aunque veladamente— a sus primos brits con reconocer Las Malvinas como soberanía argentina, a modo de sanción, por su falta de apoyo en la aventura norteamericana en Irán. Vistos sus “prontos”, no sería de extrañar que, como castigo al “díscolo” Pedro Sánchez, intentara jugar una mala pasada a España con el reconocimiento de Ceuta y Melilla, haciendo las delicias de su fiel aliado africano, el rey alauita. 

Por otra parte, la derrota de Orbán en Hungría ha abierto una ventana de aire fresco para la toma de decisiones en la UE. Prueba de ello es que acaba de desbloquearse la ayuda de 90 millardos de euros prometida a Ucrania, montante que irá transfiriéndose por tramos en función de la implantación de las reformas exigidas a Zelensky, entre ellas la lucha contra la corrupción, y de la preferencia de compras militares de productos Made in Europe en lugar de estadounidenses. 

Si hace nada la OTAN experimentó un notable aumento, territorial y político, con el ingreso en su organización en un tiempo récord de Finlandia (2023) y de Suecia tras superar los vetos de Hungría y Turquía (2024), ahora parece entrar en cierta inestabilidad después de que Donald Trump haya amenazado con retirarse de la organización por las reticencias y negativas de sus aliados europeos a participar en la ofensiva israelo-americana contra Irán y por no permitir utilizar el espacio aéreo a sus aeronaves involucradas en esa guerra. “Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel, y el presidente ruso, Putin, también lo sabe, por cierto”, declaró al diario Daily Telegraph.

Ni que decir tiene que sus asesores más directos le han apoyado y secundado en este despropósito. Nadie en su gabinete suele llevarle la contraria o, quien sabe, igual participan con gusto de esos dislates, pues nunca un presidente de Estados Unidos se ha rodeado de tanto fanático y personas de escasa o nula competencia profesional (el “tertuliano” Pete Hegseth en el Pentágono o el antivacunas Robert F. Kennedy en la secretaría de Sanidad son buenos ejemplos de ello). Además, estas amenazas toman tintes más serios cuando es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien las refrenda al referirse a que, una vez que termine la guerra con Irán, podrían reconsiderar sus relaciones con los aliados europeos de la OTAN.

Incluso el atlantista Donald Tusk, primer ministro polaco, considera que esta situación se asemeja peligrosamente al plan ideal de Putin, según escribió en la red X.

Como reacción, empieza a calar en los gobiernos europeos la duda de si Estados Unidos, ante una agresión externa a un país aliado (art. 5 del Tratado), acudiría en su ayuda, lo que conduce a que en alguna cancillería comiencen a plantearse si los americanos, bajo la Administración Trump, son un socio fiable. Como reza un contundente titular de The New York Times, cada vez que Trump amenaza con abandonar la OTAN, lo que consigue es debilitarla. 

Este entorno inseguro hace que comiencen a abordarse seriamente en las reuniones UE un posible reforzamiento o reinterpretación de la cláusula de defensa colectiva que recoge el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen no parece darle la prioridad que merece. Esa disposición “...debe perfeccionarse para que funcione correctamente en la práctica”, afirmó la alemana, según recoge Politico, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada los días 23 y 24 de abril en Chipre, sin fijar un calendario para comenzar a abordar esa tarea.

El paraguas estadounidense para la defensa colectiva comienza a tener más agujeros de lo normal y puede que llegues a mojarte más estando debajo que a la intemperie. ¿Podría servir de revulsivo para que, de una vez por todas, la Unión Europea se dote de una cadena de mando, una interoperabilidad militar y una doctrina común de respuesta ante una agresión exterior? 

Llevamos ya muchos meses viviendo, a escala global, un espectáculo grotesco. Como no ha podido derrotar a Irán en el breve tiempo que esperaba, Trump amenaza con liquidar a todo un pueblo, a continuación propone una tregua de dos semanas, bloquea los puertos iraníes como respuesta al cierre de Ormuz, luego una tregua indefinida...

A primeros de abril se vivió un infierno en la Casa Blanca. Con motivo del derribo de un caza F-15 americano, Trump estuvo gritando y desbarrando durante horas en el centro de crisis, pidiendo el acceso a los códigos nucleares para acabar con Irán, lo que motivó el enfrentamiento con generales allí presentes. Resultado: el presidente tuvo que ser evacuado de la Situation Room, según informó el Wall Street Journal, por su comportamiento “volátil e impredecible”, totalmente inadecuado en el contexto del desarrollo y gestión de una operación militar real. Luego le fueron informando del desarrollo de la operación pero sin entrar en muchos detalles.

Aunque la guerra en Oriente Medio terminara en las próximas semanas, el estropicio ya está hecho a nivel global y será duradero. El cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos será recordado en el futuro como un nefasto gobernante que tal vez haya marcado la inevitable pérdida de hegemonía de la primera potencia económica y militar.

Mientras, en la UE, parece que muchos dirigentes siguen a por uvas. Pero, eso sí, vestidos con un elegante terno estilo Chamberlain. 

En los datos publicados en los últimos días por el CIS, un 86,9 % de los encuestados considera que la actual guerra entre EEUU-Israel e Irán supone un riesgo importante para la paz internacional, y el 58,5 por ciento responde que la guerra en Irán le está afectando personalmente. Ese CIS, que también en la última encuesta de “Calidad de la Democracia” otorga a las Fuerzas Armadas —en realidad lo otorgan los ciudadanos encuestados, aunque suele ser una muestra representativa— el mérito de ser la institución mejor valorada, además son percibidas como una herramienta fundamental para la protección y defensa de los derechos y libertades que goza la ciudadanía, amén de la consabida garantía de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Más que probable es que, para llegar a esta valoración óptima, el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, principalmente desde los 90, se ha fundamentado en su preparación y profesionalidad, en la participación de distintas misiones internacionales y, cómo no, en las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) que proyecta un servicio directo al ciudadano.

Desde hace mucho tiempo los militares venimos reclamando que nuestra profesión sea considerada como una profesión de riesgo. Esto, aunque parezca baladí, a la vista de las consideraciones anteriormente reflejadas, no lo es en absoluto. Si siguiéramos con las encuestas y preguntásemos a la ciudadanía sobre qué profesiones considera que conllevan un riesgo más alto en el desempeño de sus funciones, es más que probable que la inmensa mayoría de los encuestados respondan con que la profesión militar estaría entre el “pódium” final de la clasificación. Pero la realidad es muy tozuda y lo cierto es que los militares seguimos sin ese reconocimiento oficial.

Nos encontramos por tanto ante una paradoja significativa: la profesión militar en España se encuentra en una encrucijada histórica. Mientras las misiones internacionales aumentan en complejidad y la sociedad española deposita una confianza ciega en sus Fuerzas Armadas ante catástrofes naturales (DANAs, volcanes, incendios, etc.) o crisis sanitarias (COVID, peste porcina africana...) la profesión militar a día de hoy no está considerada oficialmente profesión de riesgo.

Para intentar ponernos en situación diremos que una profesión de riesgo es aquella que está declarada como tal en distintos textos legislativos y en la que se desarrolla una actividad (laboral) que, por su naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, presenta elevados índices de morbilidad o mortalidad. Esta definición puede ser claramente aplicable al conjunto de trabajadores militares, ya que la penosidad y la peligrosidad,  principalmente, son dos de las circunstancias que engloban el trabajo diario del colectivo militar. Los militares se ven inmersos en el manejo de armamento y explosivos de forma cotidiana y se adiestran en condiciones muchas veces extremas para simular situaciones que se puedan encontrar en caso de conflicto bélico, o sin necesidad de la declaración del mismo, en el ejercicio de las misiones encomendadas para garantizar la paz y la seguridad, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior. Un ejemplo muy reciente lo tenemos con las misiones internacionales de Irak, que tuvo que ser replegada ante el peligro inminente a nuestros compañeros del contingente desplegado en aquel país, al igual que la situación que viven actualmente los componentes del contingente UNIFIL en Líbano, bajo mandato de las Naciones Unidas, situación agravada por el conflicto en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos e Israel, y los constantes ataques de este último al Líbano, y que han tenido como consecuencia el asesinato de varios miembros de la misión de Naciones Unidas o la reciente detención ilegal y el maltrato sufrido por uno de nuestros compatriotas en manos del ejército israelí.

Por cierto, no es la primera vez que el Estado de Israel atenta contra uno de los nuestros, y desde aquí me gustaría recordar al cabo Francisco Javier Soria Toledo, quien falleció el 28 de enero de 2015, víctima del ataque con artillería lanzado por el ejército israelí contra la posición de Naciones Unidas en la que estaba destacado. Quiero igualmente recordar la lucha por la verdad que emprendió su madre, Margarita Toledo, una madre coraje.

Además de este tipo de situaciones descritas en los párrafos anteriores, no puede quedar alejado del pensamiento del lector el riesgo de las actividades diarias desempeñadas por los militares en su día a día. Son ejemplos de ello los ejercicios, comúnmente llamados “maniobras”, que se desarrollan durante varias jornadas en las que se ponen al límite la resistencia humana y las condiciones de estrés, acompañado del uso y manejo de armamento y explosivos y/o de vehículos, embarcaciones o aeronaves que requieren una gran concentración y preparación para su uso de manera fiable y eficaz. Súmense saltos en paracaídas y operaciones de buceo de combate, todo ello exponiendo al personal a una siniestralidad más elevada que en otras profesiones.

Desde el punto de vista asociativo, tal y como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva haciendo desde hace muchos años, esta reivindicación de profesión de riesgo no es un capricho corporativo, sino una necesidad urgente de justicia laboral y social.

Detallemos a continuación lo que supondría un reconocimiento legal de esta situación y las ventajas que podría transformar el día a día del colectivo de los miles de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde las Fuerzas Armadas.

El principal resultado de ser declarada profesión de riesgo radica en los coeficientes reductores para la jubilación disfrutando de la protección social específica, algo de lo que otros colectivos disfrutan y que no es ni más ni menos que la consecuencia de estar sometidos a esos factores de peligrosidad, penosidad, toxicidad o morbilidad imposibles de separar del ejercicio de las funciones propias de su profesión.

Históricamente hemos visto como los trabajadores de la minería se jubilaban en edades tempranas, y la sociedad lo ha reconocido con plena normalidad. Las condiciones en las que extraían el entonces tan afamado carbón conllevaba enfermedades crónicas y un alto número de accidentes en las minas, muchos de ellos con el resultado muerte.

Más recientemente otros colectivos se han sumado al abanico de las profesiones de riesgo: bomberos, agentes forestales, policías autonómicos o policías locales, lo que les ha hecho disfrutar de ese estatus. Entre las profesiones de riesgo también podemos encontrar toreros y ciertos artistas.

El beneficio de los coeficientes reductores supone de facto un adelanto de la edad de jubilación manteniendo las pensiones, ya que cada año trabajado se multiplica por el coeficiente reductor dando como resultado un menor número de años necesarios para alcanzar el 100% de la pensión de jubilación.

Otro beneficio es el relativo a la protección laboral con una definición de las enfermedades profesionales de esa actividad, y una adecuación de las posibles indemnizaciones por los accidentes ocasionados en acto de servicio.

En definitiva, nos encontramos ante una anomalía democrática. La ley debe dejar de tratar al militar como un trabajador con un "deber heroico" para empezar a tratarlo como un profesional con derechos laborales específicos frente a un entorno laboral intrínsecamente peligroso, y en ese punto nos encontramos.

Esta anomalía parece que toca a su fin, ya que las pasadas semanas el Ministerio de Defensa convocó a las asociaciones más representativas de militares a una reunión para informales que finalmente se inician esos trámites. El primer punto pasa por solicitar al organismo responsable de ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el comienzo del desarrollo normativo. Debemos destacar que el trámite va a llevarse a cabo en el ámbito del Ministerio del Interior con relación a los componentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, otras dos profesiones que hasta ahora tampoco tienen el reconocimiento de profesión de riesgo.

Las asociaciones profesionales de militares han de estar, hemos de estar, muy atentos a los proyectos normativos en esta materia, para que se cumpla sin discriminación alguna con independencia del régimen de cotización al que se pertenezca, bien sea del sistema de Clases Pasivas o del régimen general de la Seguridad Social para quienes hayan ingresado en las Fuerzas Armadas con posterioridad al 1 de enero de 2011.

No debe dejarse fuera de la norma al colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad, personas que se vieron obligadas a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad, habiendo permanecido en muchos casos en servicio activo por más de 25 años. Habrá que hacer una revisión del personal que se encuentre en situación de Reserva, incluso modificando la ley de la carrera para establecer la necesidad o no de mantener esta situación administrativa, ya que no parece muy adecuado mantener el pase a la situación de Reserva, para las escalas de suboficiales y oficiales en los 61 años, si con el desarrollo de los coeficientes reductores se pudiera pasar a la jubilación, por ejemplo, a los 60 años.

Aún es pronto para sacar conclusiones, ya que no existe documento alguno sobre el contenido de la norma, solamente sabemos del mandato de Defensa a Seguridad Social de comenzar los trabajos, pero ello no debe ser obstáculo para que los representantes legítimos de los trabajadores militares, las asociaciones profesionales, participen y colaboren activamente en este importante paso en beneficio de quienes dan lo mejor de sí mismos, incluso su vida, para proteger a sus conciudadanos.

Estamos ante un momento crucial. Parece que existe voluntad política de avanzar, y es una cuestión de reconocimiento a la lealtad del colectivo. No se trata de otorgar privilegios, sino de eliminar discriminaciones.

Un país que valora a sus Fuerzas Armadas y presume de ellas en los desfiles y ante las catástrofes, no puede permitirse dar la espalda a la salud y al futuro de sus militares. La seguridad nacional no puede construirse sobre la base de la inseguridad laboral de quienes la garantizan. El camino marcado es claro: igualdad de derechos para quienes asumen riesgos extraordinarios.

Hasta entonces, seguimos en riesgo.

De las cuatro bombas transportadas, tres cayeron en tierra y una al mar. Dos de las bombas que cayeron en tierra impactaron violentamente contra el suelo al no haberse desplegado el paracaídas y liberaron el plutonio que contenían. La nube radiactiva fue arrastrada por el viento y contaminó una gran superficie de terreno perteneciente a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. 

Los norteamericanos, después del accidente, establecieron la operación denominada Flecha Rota con el objeto de recuperar las cuatro bombas y de realizar una limpieza aparente —que no real— de la superficie contaminada por las dos fugas radiactivas. Se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 4.810 barriles de 208 litros cada uno, en total 1.000 metros cúbicos, una exigua cantidad de material radiactivo. Algunos autores, como José Herrera Plaza, en su libro Accidente Nuclear de Palomares-Consecuencias (1966-2016), publicado por Arráez Editores S.L., Almería 2016, señalan que se llevaron 270 gramos, sólo un 3 % de los residuos radiactivos.  

Carlos Sancho Llerandi, exjefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), afirmó en la conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2016, en la Sociedad Nuclear Española, que los norteamericanos se llevaron una cantidad difícil de cuantificar, que estimó inferior a 1 kg de plutonio de los 9 que se dispersaron. 

Las labores de remediación realizadas en 1966 por los norteamericanos consistieron en retirar hasta 10 centímetros de profundidad parte de la tierra contaminada y enterrar el resto mediante un arado profundo. En total dejaron 103,6 hectáreas contaminadas con plutonio enterrado. 

Parte de las tierras retiradas las depositaron en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad, respectivamente. Estas fosas se encuentran en las proximidades del cementerio de Palomares. Sobre la fosa de 1.000 m3 se han cultivado sandías y otros productos hortícolas. Todavía se pueden observar en la actualidad restos de tuberías de riego por goteo en la superficie de la fosa.  

En Sierra Almagrera y en otros lugares, los norteamericanos no adoptaron ninguna medida de ocultación. Los residuos radiactivos permanecen tal como estaban en 1966, salvo los que ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica y la actividad humana.  

Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos que comenzó en 2007 y finalizó en 2011, aunque ha habido ampliaciones posteriores muy recientes.  

Nada más conocerse el accidente, los norteamericanos enviaron a Palomares al Dr. Langham, conocido como Míster Plutonio, un científico obsesionado con investigar los efectos del plutonio en el organismo. El Dr. Langham tenía la experiencia de haber inyectado plutonio a seres humanos con resultado de muerte. 

Con la finalidad de crear un laboratorio a cielo abierto con los almerienses, el 25 de febrero de 1966 se firmó el acuerdo conocido como Hall-Otero entre el representante de la Comisión de Energía Atómica para Actividades Internacionales, John A. Hall, y el representante de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués. En este acuerdo se destaca que no se llevará a cabo ninguna medida de remediación, únicamente se analizarán las consecuencias de la radiactividad. Mediante el citado acuerdo nació el proyecto conocido como Proyecto Indalo. Parte del contenido del acuerdo Hall-Otero se puede leer en este enlace. 

El Proyecto Indalo consistió en investigar la dinámica de absorción, distribución y excreción del plutonio en el organismo, sin adoptar ninguna medida paliativa y sin conocimiento de las personas investigadas. El Proyecto Indalo ha estado vigente hasta 2009, por lo que el presunto delito aún no ha prescrito. La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada, que culminó en 2011. Los hechos anteriormente expuestos se pueden leer en el artículo de José Herrera Plaza La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del 'Proyecto Indalo' (1966-2009), publicado en la prestigiosa revista científica internacional Dynamis, dedicada a la historia de la medicina, ciencia y salud.  

También se explica esta experimentación con humanos en la revista Nova Ciencia en el artículo titulado Palomares, experimentos con una población expuesta al plutonio. El artículo se puede leer en este enlace. 

Prueba del engaño a la población sobre la limpieza de la radiactividad fueron las manifestaciones de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, que declaró al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Por su parte, José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear, envió una carta el 13 de julio de 1968 al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo que decía: “No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Dicha carta obra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.  

Las autoridades españolas y estadounidenses entregaron a los habitantes de Palomares certificados falsos diciendo que los terrenos estaban limpios de radiactividad para que realizaran en ellos labores agrícolas, desenterraran el plutonio y así poder estudiar los efectos del plutonio en el organismo. En estos terrenos altamente radiactivos se desarrollaron tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por los norteamericanos. Al liberar las partículas de plutonio, los agricultores las inhalaban o ingerían y luego la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el CIEMAT estudiaba las consecuencias de la absorción del plutonio en el organismo mediante los análisis periódicos a la población. 

Conviene reseñar que el peligro para la salud radica fundamentalmente en injerir o inhalar alguna partícula de plutonio. El plutonio emite radiaciones Alfa de escasa penetrabilidad, pero el plutonio 241 con el paso del tiempo se transforma en americio 241, que emite radiaciones gamma de gran penetrabilidad, por lo que el tiempo corre en contra de la salud de los habitantes y turistas de Palomares.   

El ganado caprino también estuvo contaminado en su totalidad durante cuarenta años, así como los productos derivados, leche y queso principalmente. En fechas muy posteriores al accidente, el CIEMAT ordenó el sacrificio de dicho ganado, con cuarenta años de retraso. 

En 1988, se comenzaron a remover en grandes dosis las tierras contaminadas con las actividades agrícolas a gran escala y sobre todo con la construcción de dos balsas. La tierra donde se ubican tiene un alto grado de contaminación, pero los agricultores, confiados en las promesas de que el terreno estaba limpio, comenzaron a remover estas tierras, liberando a la atmósfera elementos radiactivos que pusieron en peligro la vida y la salud de las personas y sus bienes. Durante la construcción de las balsas, el CIEMAT se limitó a recoger los datos que demostraban un aumento de la radiactividad, pero no advirtió del peligro a los trabajadores, que siguieron removiendo las tierras contaminadas durante varios meses. 

Los técnicos del CIEMAT, durante la construcción de unas de las balsas, tomaron muestras del aumento de la radiactividad desde la semana del 2 al 9 de enero de 1988 hasta la semana del 25 de junio al 2 de julio. Estuvieron seis meses midiendo cómo aumentaba la radiactividad cuando los trabajadores lanzaban el plutonio a la atmósfera, sin tomar ninguna medida, y sin avisarles del peligro que estaban corriendo. Con los datos obtenidos emitieron un informe concluyendo que en Palomares las labores agrícolas liberan más radiactividad proveniente del plutonio que en Chernóbil. Dice así el informe: “Las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernobil son inferiores a las medidas en Palomares.”  

Ya en 2009 se conocían perfectamente las consecuencias de la radiactividad y Estados Unidos dejó de financiar el Proyecto Indalo. En la actualidad la zona está acotada, aunque siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear ni el CIEMAT hayan adoptado medida alguna. La existencia de contaminación fuera del vallado la reconoce el CIEMAT en la página 5960/11 del BOJA número 71 de 13 de abril de 2022. 

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ordene la limpieza de la radiactividad de Palomares, pero su titular, la ministra Sara Aagesen, se niega. Aduce que en España no hay un almacén apto para guardar ese tipo de residuos radiactivos y que tiene que ser Estados Unidos quien se los lleve, algo que obviamente no va a suceder. La solución que propone Ecologistas en Acción y los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es que se construya un Almacén Temporal Individualizado en Palomares, como ya tienen las centrales nucleares, y se guarden allí los residuos a la espera de encontrarles un almacén definitivo. Otra solución es modificar la normativa de El Cabril y guardarlos allí provisionalmente. 

Como mantener residuos radiactivos al aire libre en el centro de una población, aparte de ser una salvajada, es ilegal, la señora Aagesen ha recurrido a varios trucos “legales” para no ordenar la limpieza de Palomares. 

La ministra niega que lo de Palomares haya sido un accidente nuclear porque esos accidentes solo se pueden producir en las instalaciones nucleares entre las que están los almacenes donde se guardan residuos radiactivos. En Palomares se almacenan ese tipo de residuos en las dos fosas, en dos contenedores para verduras, en una caseta en el centro del pueblo y en los terrenos vallados, pero, como todo eso es ilegal, no tiene la calificación de instalación nuclear y no se le puede aplicar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas que obligaría al desmantelamiento inmediato de la instalación. 

Todo el mundo, excepto la señora Aagesen, considera Palomares como el accidente nuclear más grave del planeta hasta que sucedió el de Chernóbil. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad de accidentes nucleares, tras Fukushima y Chernóbil pero, al contrario de lo sucedido en esos dos accidentes, en Palomares no se ha concluido la última fase, la remediación. Al no ser considerado Palomares como un accidente nuclear no se le puede aplicar la Ley 17/2015 sobre accidentes, ni por tanto su artículo 20 que prevé la recuperación del entorno. 

Se preguntará el lector ¿si Palomares no es un accidente nuclear, entonces qué es? La ministra Aagesen ha encontrado una triquiñuela para no gastarse 11 millones de euros en limpiar Palomares, porque ella no vive allí. Ella califica a Palomares como una situación de “exposición existente” en aplicación del anexo V del Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la Exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSRI). Este reglamento clasifica como “exposición existente” a los terrenos que han sufrido una emergencia que “ya ha sido declarada finalizada, tal y como se prevé en el sistema de gestión de emergencias.” Es decir, la señora Aagesen tiene el atrevimiento de dar por buenos los certificados falsos que Estados Unidos y la Junta de Energía Nuclear repartieron a los palomareños en 1966 diciendo que los terrenos estaban limpios y que ya había finalizado la emergencia.

Considerar Palomares como una “exposición existente”, además de un disparate, supone un problema muy grave para los habitantes de Palomares porque, de acuerdo con el artículo 71 del RPSRI, los lugareños y visitantes pueden recibir legalmente una radiación equivalente a 200 radiografías de tórax al año, cuatro por semana. Si se les aplicase el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y la Instrucción IS-13 del CSN, de 21 de marzo de 2007, solo podrían recibir una radiografía de tórax al año. 

Hay otro asunto que la señora Aagesen y las autoridades competentes no están teniendo en cuenta y es que no se puede tener material radiactivo al fresco, sin vigilancia alguna, porque cualquier desaprensivo puede llevárselo para fabricar bombas sucias, esas que tanto teme Israel.  

Todos estos problemas se solucionarían si la ministra diese instrucciones al Abogado del Estado para que se allane a la demanda que ha presentado Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional pidiendo la limpieza de Palomares.

Lo primero que resalta de ella es que más que una “propuesta de paz” parecía una “propuesta de rendición”. Sin embargo, no parecía que Irán estuviese dando muestras de estar dispuesta a rendirse. En contra de lo que los agresores, Israel y Estados Unidos, pudieron pensar en un principio, la respuesta de Irán ha sido bien calculada y bien elegida. Siendo el David, en su enfrentamiento con sus poderosos atacantes ha elegido como “honda” extender el conflicto, no con aliados que le ayuden en la guerra, sino con ajenos al conflicto para que le ayuden en la paz, en la búsqueda de una paz rápida y a ser posible inmediata, porque, aunque estos “potenciales colaboradores-honda” no son parte del litigio, están sufriendo sus rigores (las petromonarquías de la península Arábiga y los países importadores de petróleo y gas, entre ellos los europeos, los este-asiáticos y algunos musulmanes).  

Era, efectivamente, una “propuesta de rendición” porque se le exigía a Irán que “desmantelase sus capacidades nucleares” y “sus instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo” y se comprometiese a “no desarrollar armas nucleares” y a “no enriquecer uranio”, así como a entregar “todas sus reservas de uranio al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”. Y todo ello exigido por un país que sí es potencia nuclear y el único que, hasta ahora, ha demostrado ser capaz de lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas (Hiroshima y Nagasaki). 

Pero no sólo se le exigía que no pudiera tener armas nucleares ni forma de acceder a ellas, sino que se le limitaba también su capacidad de defensa convencional, al exigirle que su programa de misiles “fuese reducido tanto en alcances como en cantidad” y “limitado a misiles de autodefensa”.

Se le exigía, además, que renunciase a tener aliados, a los que denominaba como "grupos interpuestos regionales" en referencia al llamado ”Eje de Resistencia”, conformado por diferentes milicias musulmanas (la mayoría chiíes) de la región, agrupables en función de su ideología común islamista y antiimperialista y de su alianza con el actual régimen islamista y teocrático iraní, que los ampara y financia: Hamás, Hezbolá, los hutíes de Yemen o las milicias armadas shiís iraquíes. 

Y se le exigía que el estrecho de Ormuz, prácticamente la única baza realmente disuasoria con la que cuenta Irán, permaneciera abierto. 

A cambio, se le ofrecía “el fin de las sanciones impuestas por la comunidad internacional" y  “la eliminación del mecanismo de reactivación automática y que permite la reimposición de sanciones si Irán incumple” así como “la asistencia de Estados Unidos para impulsar su programa nuclear civil”. 

Toda una panoplia de exigencias, adornadas con concesiones que no eran tales porque la propia paz, si se alcanzaba, hubiera implicado, por su misma esencia. la ausencia de sanciones o no sería auténtica paz, sino lo que realmente parece que quería ser, una rendición. 

Es quizás por esto por lo que China y ciertos países musulmanes, de una forma u otra aliados de Estados Unidos y afectados por las consecuencias de la guerra –como Paquistán, Egipto, Turquía o Arabia Saudí– han empeñado sus esfuerzos en que haya unas auténticas negociaciones directas, en las que las demandas y principios de ambos contendientes y de todos aquellos que sin ser parte de la guerra están sufriendo sus efectos sean tenidos en cuenta y se alcance una nueva propuesta consensuada viable y aceptable por ambas partes, independientemente del curso que fueran tomando las operaciones sobre el terreno, que cada vez estaban afectando a más países y en mayor número de formas.

Unas negociaciones directas entre ambos contendientes que les fuerce a tener en cuenta no sólo sus propios intereses, sino, asimismo, los de los muchos otros países que de una forma u otra se están viendo afectados, directa o indirectamente –y algunos en gran manera– por las propias acciones bélicas o por sus consecuencias económicas. 

Las guerras, fenómeno social polifactorial y tan anímico como material, no se ganan ni se pierden, ni se acaban porque el señor Trump lo diga en su red Truth Social, sino cuando desaparecen lo suficiente las causas que las han originado. La rendición se le pide a un enemigo vencido, no a un enemigo simplemente considerado más débil. 

En este blog yo tengo que escribir sobre milicia y sociedad civil. Y me pregunto muchas veces, y hoy con más intensidad, si realmente eso son dos cosas diferentes. 

Normalmente insisto en señalar que los militares no son sino ciudadanos de uniforme, al menos y afortunadamente en el entorno que vivimos y conocemos de primera mano: primer mundo, sociedad democrática, ciudadanos con derechos, sin conflictos directos. Pero si dirigimos la mirada a los conflictos y las guerras que nos sirven los medios de comunicación y las redes sociales, se ven dos aspectos sobre las bajas en la guerra que serían curiosos si no fueran dolorosos. 

El primero y más duro es que los dirigentes de las partes combatientes no establecen diferenciación entre militares y población civil, y si la establecen es en contra de esta última. Si en la sociedad del enemigo consigues que prenda el pánico, puedes lograr una rendición sencilla. A mayor número de bajas, más miedo.  Salvo que seas un sicópata y lo que intentes sea un genocidio, como por desgracia sucede con quien gobierna Israel. Basándose en un relato bíblico, presuntamente escrito al dictado de un dios propio, el territorio pertenece a tu etnia (racial y/o cultural) y por ello hay que exterminar a quienes sin ser de los tuyos, ocupan el territorio que ese dios le dio a tu etnia. 

Parece de locos, pero basta con oír a muchos dirigentes israelíes para comprender que, en el caso de Israel, así es la historia. Desdeñando y olvidando sus propios sufrimientos históricos, y acogiéndose a un presunto mandato divino, con una mentalidad propia de nuestra Edad Media, buscan “limpiar” el territorio de personas a las que muchos de sus dirigentes han llamado animales, subhumanos y otras “lindezas” de ese estilo. No le importan las bajas. Nunca son suficientes. 

Pero volviendo a una situación de conflicto alejada de esa visión mesiánica, el terror que se infunde en la población civil es el arma más utilizada en la guerra. Así se habla de las bajas civiles, señalando en muchas ocasiones que se trata de los más débiles de la población, ancianos, mujeres y niños. Conocemos, sabemos el número de bajas entre la población civil, mayoritariamente sobre la que compone la sociedad atacada, porque la atacante se guarda mucho de hablar de sus bajas civiles. Salvo que se usen, como en el caso de los ataques de Hamás del 7 de octubre que dieron lugar a la respuesta genocida de Israel en Gaza, como justificación para todo tipo de barbaridades contra los derechos humanos de la población civil del enemigo. 

El segundo aspecto es que apenas se habla de las bajas militares de uno y otro campo. Parece como si la vida de un militar, por su profesión, tuviera menos valor, fuera “de suyo” que tiene que morir. 

Ciertamente, al menos el militar dispone de armas y entrenamiento para tratar de burlar a la muerte. Difícil burla, porque si en algo ha prosperado el ser humano desde que el primer homínido se puso erguido en la estepa africana, ha sido en perfeccionar la forma de matarnos entre nosotros y matar a las demás especies. Hemos alcanzado una eficiencia brutal. Somos capaces de borrar de un plumazo nuclear a 150.000 personas directamente, más las que mueren a consecuencia de las secuelas. Y ello simplemente apretando un botón. Por mucho entrenamiento que tengas, de eso no te libras. 

Ha mejorado también la posición de los dirigentes del ejército. Del caudillo de la tribu que al frente de sus hombres atacaba a la tribu enemiga –llegando incluso a dirimirse el resultado de una guerra en un combate singular entre los dos caciques–, hemos llegado al caudillo cómodamente sentado en un despacho sin riesgo personal alguno, sobre todo si eres el atacante. En las famosas palabras atribuidas a Erich Hartmann: "La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan" se encierra esta “evolución”. 

Y esas son las bajas, las de esos jóvenes de uniforme, de las que no se habla. Ellos no son culpables de tener que enfrentarse a otros jóvenes. Y no disfrutan, salvo los militares israelíes, que constantemente graban y difunden en redes sociales mensajes felicitándose por asesinar a palestinos. 

Este es un caso que merece una pequeña digresión. Porque sin duda actúan de esa forma por los mensajes que reciben de sus líderes y la impunidad de la que gozan frente a todo tipo de atrocidades. En lugar de castigar a los autores de la violación de los derechos humanos (como en esta brutal agresión sexual), a quien se castiga es a quien difunde estas violaciones. Los dirigentes israelíes premian y fomentan la violación de los derechos humanos de los palestinos. Y no parece que a la mayoría de la población de Israel le importe mucho. Tampoco les importaban las vidas de los británicos del protectorado de donde les echaron a base de ataques terroristas que asesinaban a civiles a finales de los años cuarenta del pasado siglo. Aquí se difumina la línea entre sociedad civil y milicia. 

Volviendo a las bajas entre los militares, es muy raro que los medios de comunicación o las redes sociales informen acerca del número de fallecidos entre los militares. O al menos los citen. Salvo, claro está, que sean del mismo país y estén en un conflicto lejano actuando no exactamente como un ejército sino más bien como una fuerza de interposición o de imposición de la paz. No combatientes. Si combaten pierden el derecho a ser nombrados. 

Es evidente que la crueldad del ataque a personas indefensas reviste un mayor grado de barbarie. Máxime cuando no están en el escenario de la batalla, aunque ese escenario en los tiempos que corren puede ser desde un barrio densamente poblado a una escuela infantil. Porque los que deberían ser realmente campos de batalla (instalaciones militares, bases del ejército, fábricas de armas, aeródromos militares …) suelen estar intensamente protegidos. 

Pero no es menos reprochable la muerte de un combatiente. Muchas veces son combatientes sin su deseo. Hemos visto cómo en Ucrania y en Rusia quienes están en edad militar tratan de huir para no ser alistados. No todo el mundo está inflamado de ardor patriótico. Además, esa inflamación suele desaparecer cuando se aplica el remedio de horas de trincheras, balas silbando y explosiones que asordan cerca de uno. 

Curiosamente, en Estados Unidos, país agresor por excelencia, la sociedad civil sólo toma conciencia de la barbarie que es una guerra cuando empiezan a llegar a su territorio ataúdes cubiertos por la bandera que esconden a jóvenes muertos en defensa de unos intereses que casi nunca son los suyos.  

Así que, sí. Hay otra diferencia que añadir al militar y al civil. La muerte de este parece siempre reprochable. La de aquel, siempre inevitable. 

La guerra no es más que el fracaso absoluto del ser humano y sus relaciones, la sublimación de la violencia en la que el más violento trata de imponerse sobre el resto o sobre quien él desea. A costa de un puñado de sus nacionales y otro puñado, generalmente más grande, de los nacionales del país atacado. 

La pena es que este fracaso humano no nos enseñe que las armas y la violencia nunca son la solución. Siempre llegará uno más fuerte o más determinado. Y nunca una guerra acabó con un conflicto. Pero sí acabó con miles, millones de vidas. Civiles y militares.

El triunfo de la revolución supuso la salida de todos los intereses estadounidenses de Cuba, quedando como testigo la base militar de Guantánamo, que se residenciaron, junto con una amplia colonia, en el Estado de la Florida, dando continuidad al exilio anterior de la guerra hispano-norteamericana. En los años ochenta, la precariedad de la economía cubana que seguía la deriva de la órbita soviética, la falta de oportunidades y la consiguiente frustración de las expectativas produjo la segunda gran oleada de salida de los cubanos con la crisis del puerto de Mariel. La desaparición de la URSS en los años noventa, culminando un periodo de disgregación del bloque oriental, llevó al régimen a una situación límite. La combinación de una economía de guerra (periodo especial) y la apertura de la industria turística, un recurso extraordinario que estaba desaprovechado, consiguió reflotar la maltrecha economía cubana y estabilizar el gobierno, siempre ejerciendo un control represivo sobre la población.

Y en esto llegó la ley Helms-Burton (1996), impulsada por el lobby anticastrista para proteger los intereses de ciudadanos estadounidenses expropiados décadas atrás y reforzar el embargo. La consecuencia buscada de propósito fue que, al sancionar los suministros e inversiones extranjeras en la isla, se consiguiera yugular el intento de modernización de la economía y, por extensión, del desarrollo de la sociedad cubana en un escenario de mayor autonomía individual. Con estas limitaciones, el éxodo ciudadano mantuvo un flujo constante, plasmado en el fenómeno de los llamados balseros, que se hacían a la mar con precarias embarcaciones y artefactos artesanales. También daba muestra de un profundo descontento popular, por la combinación de precariedad, retórica y represión política, el abandono en las delegaciones de deportistas que desertaban y de artistas que solicitaban asilo político. Cuba se descapitalizaba.

La encarnación de la revolución cubana en la figura legendaria de Fidel complicó la renovación del liderazgo burocrático. Mientras se degradaban las condiciones de vida en la isla, el régimen reforzaba sus mecanismos represivos y perdía definitivamente el favor de la cultura. El premio Nobel José Saramago ya había pronunciado su “hasta aquí he llegado”, tras el encarcelamiento masivo de opositores y el fusilamiento de tres jóvenes en 2003. La enfermedad de Fidel forzó la sucesión en su hermano Raúl, también comandante histórico y general de Ejército, planteándose como una transición interna del Partido hasta la renovación del actual presidente Miguel Díaz-Canel.

El mandato del presidente Obama culminó en su último año con el deshielo en la relación entre Washington y La Habana, tras cerrar el escollo que suponía el expediente de los cinco agentes infiltrados, encarcelados quince años en Estados Unidos. Así, el aterrizaje del Air Force One, en marzo de 2016, simbolizó esta nueva estrategia en las relaciones bilaterales, que apenas duró unos meses hasta la llegada de la primera administración Trump, con la consiguiente vuelta a la línea dura. En aquella coyuntura política, la declaración de la pandemia global en 2020, deteniendo bruscamente la industria turística y con ello su principal fuente de ingresos, asestó un golpe mortal a la economía. El resto es agonía y presentimiento del colapso final.

En la hora en que se anuncia el definitivo asalto, tres meses después de someter al país a un doloroso estado de sitio, se ha alcanzado la opción cero en el suministro de combustible, paralizada la actividad del país y sometida a un régimen de hambre y enfermedad a su población, que reacciona con justificadas protestas en la oscuridad del apagón cotidiano. El gobierno ha comenzado a claudicar, abriendo conversaciones que no pueden desembocar sino en aceptar la rendición sin otras condiciones que las que señale Mar-a-Lago, seguida de la tutela del secretario de Estado, Marco Rubio, que inaugura la venganza largamente acariciada por el exilio cubanoamericano. El modelo de intervención en Venezuela se reproducirá, quizá en un periodo más breve, hasta el desembarco de la clase empresarial en la isla. No parece que Cuba, terriblemente aislada, esté ya en disposición de ofrecer algún tipo de resistencia o respuesta militar.

Llegados a este punto, la certificación de la caída de un régimen, inviable desde hace años, sin horizonte alguno de futuro, supondrá una alivio para su empobrecida población y abrirá expectativas de regreso a la numerosa colonia cubana en el extranjero. La legitimidad histórica de su rebeldía contra la tiranía, la hermosa utopía de la alfabetización, justicia, cultura y dignidad de las personas que alguna vez representó, se ha ido perdiendo en un camino jalonado por la represión y la ceguera de una clase política institucionalizada, incapaz de conectar con las nuevas generaciones de cubanos.

Es difícil oponerse a la prepotencia imperialista del Estado vecino que, especialmente bajo esta administración agresiva, no reconoce otra ley que el ejercicio de la fuerza, pero es momento también de admitir que faltó inteligencia, concordia y generosidad a ambos lados del estrecho de Florida. Con estos juegos de suma cero, se perdió la oportunidad que ofrecía el cambio de siglo para conducir una transición democrática consensuada entre todos los cubanos, como se hizo en países del Este de Europa, que conservara los avances sociales y el progreso educativo en un sistema representativo. 

Ahora, cuando en los mentideros de Little Havana se proclama ya el consabido “Comed revolución”, se pasará al cobro una elevada factura en términos de soberanía, que, en todo caso, no debería incluir tributo de sangre. Cuba, que es mucho más que un lugar turístico, se recuperará pronto cuando se le ofrezca una oportunidad, porque cuenta con la formación, conciencia y solidez de su población. ¡Viva Cuba libre! 

En esta ocasión nos viene que ni pintado para hablar de los múltiples intentos de razonar que han sido trasladados en los últimos años al Ministerio de Defensa, bien directamente a su máxima dirigente, la ministra Margarita Robles, bien al resto de responsables con competencia en materia de personal, y me refiero fundamentalmente a las personas que han ostentado en este periodo de tiempo la titularidad de la Subsecretaría de Defensa. Recordemos que la ministra Robles va camino de cumplir los ocho años en el cargo, y durante ese tiempo han sido tres las personas que han ocupado el cargo en su Subsecretaría.

Hablemos de la situación del personal militar y de las grandes carencias con las que desarrollan su servicio a la ciudadanía en su día a día.

No es nada nuevo para el lector saber que los militares tienen, tenemos, disponibilidad permanente para el servicio, y esto supone que pueden ser requeridos para incorporarse a su destino en cualquier momento, algo que hemos comprobado en los últimos tiempos con cierta asiduidad, como por ejemplo para atender a las distintas catástrofes que han asolado nuestro país en el último decenio: Filomena, Covid, volcanes, dana, incendios, nevadas o inundaciones, además de cumplir con nuestras principales misiones como son la seguridad y la defensa del país, y por extensión de las distintas organizaciones multinacionales a las que España pertenece, OTAN, UE, ONU, etc.

Digamos entonces que el militar es un trabajador con un vínculo especial con la sociedad, y esta sociedad suele reconocer con gran estima el trabajo que desempeña, pero obviamente hay aspectos de su desarrollo profesional que no le son tan conocidos, y es aquí donde entra en juego el trabajo de las asociaciones profesionales, a las que la ley les otorga el papel de velar por la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de los militares.

Velando por esos intereses, las asociaciones llevan mucho tiempo —en el caso de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) desde 2005, siendo uno de los motores que impulsaron el pleno reconocimiento legal de la normas por las que hoy se rigen todas las asociaciones profesionales— ejerciendo como tales y no han dejado de expresar la precaria situación de los miles de hombres y mujeres que componen nuestras queridas Fuerzas Armadas; han salido a la calle manifestándose en diversas ocasiones para defender o reclamar esas mejoras, han elevado quejas ante el Defensor del Pueblo, han hablado con los distintos grupos parlamentarios, incluidos los de los partidos que sustentan el gobierno, han participado en debates y foros intentado aumentar el escaparate de sus reivindicaciones, han emitido innumerables notas de prensa y elaborado cientos de propuestas dirigidas al propio Ministerio de Defensa, para ser tratadas en el supuesto órgano de interlocución que es el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. En definitiva, han hecho y seguirán haciendo todo cuanto esté en sus manos para seguir proclamando a los cuatro vientos la precaria situación profesional del colectivo militar.

El punto que suscita mayor incomprensión entre el personal es el referente a las retribuciones. Como antes he mencionado, esa dedicación permanente para el servicio que afecta al personal militar hace que muchos superen con creces —llegando incluso a doblar— la jornada laboral establecida que, de momento, es de 1.642 horas al año, como el resto de los trabajadores de la Administración General del Estado; digo de momento, porque en la actualidad esa jornada está referida a 37,5 horas semanales, pero en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en la negociación entre sindicatos y Gobierno se establece la jornada de 35 horas semanales, y ya el Gobierno está dejando caer el mensaje de que no será de aplicación a las Fuerzas Armadas.

El trabajador militar, en el escalón más bajo de la pirámide jerárquica de las Fuerzas Armadas, es decir. el soldado o marinero, que a su vez es el empleo más abundante en dicha pirámide, apenas cobra un salario neto de 1.300€ al mes, situándose como los empleados de la Función Pública con unas retribuciones más bajas.

Las jornadas superan de largo lo legalmente establecido y esos excesos horarios no tienen ninguna compensación económica, ya que no se pagan las horas extras, ni las guardias, maniobras o situaciones similares.

Por otra parte, el militar está sujeto a una movilidad muy superior a la de otros servidores públicos. Esta movilidad no se ve compensada con otro tipo de ayudas suficientes que puedan paliar en cierta manera esas bajas retribuciones, ya que en la actualidad la red de alojamientos o residencias militares es totalmente insuficiente, además de deficiente, para atender ni tan siquiera al decreciente número de jóvenes que deciden formar parte de estas Fuerzas Armadas.

Otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es el del reclutamiento. El Ministerio de Defensa realiza ingentes esfuerzos por difundir las distintas convocatorias de plazas de Tropa y Marinería, utilizando con asiduidad las redes sociales, que son las ventanas a las que hoy se asoma la juventud para recibir información, y también está presente en ferias y foros de empleo, añadidos a las charlas que se imparten en los centros educativos. Pues todo ello no es suficiente para convencer a nuestros jóvenes y, así, nos encontramos con que el número de chicos y chicas que optan a ellas va disminuyendo año tras año, a pesar de aumentar cada año el número de plazas: según los datos publicados en los últimos meses, apenas se llega a 3 candidatos por plaza ofertada. A esto hemos de añadir la gran cantidad de abandonos en el periodo de formación, en los que aproximadamente 1 de cada 4 alumnos no llega a culminar dicha formación en el acto de jura de bandera.

No pensemos que el resto de las escalas están en mejores condiciones, pues tampoco en las academias de suboficiales y de oficiales se llegan a cubrir todas las plazas ofertadas para el ingreso, y el número de bajas en la fase de formación también es significativa. Sumemos a esto el alto número de militares de ambas escalas que tras pocos años de servicio optan por otros ámbitos laborales, sean privados o públicos; sirva a modo de ejemplo cómo oficiales con una gran proyección de carrera optan por opositar a plazas de agentes de las policías locales o cómo suboficiales con igual proyección de carrera optan por opositar a la escala de Guardias y Cabos de la Guardia Civil, rebajando su “estatus” a una escala funcionarial más baja pero mejor retribuida. 

En definitiva, no somos capaces de retener el talento.

Centrémonos ahora en otro de esos “altavoces” que ponen de manifiesto la situación del personal militar, en este caso el Observatorio de la Vida Militar, órgano que nace de la misma ley orgánica que las asociaciones profesionales, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que es un órgano de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales, y cuya misión es analizar permanentemente la condición de los militares y velar por sus intereses.

Recordemos que el Observatorio de la Vida Militar debe estar compuesto por nueve miembros, cinco elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado de entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas. Para gozar de independencia, su nombramiento se efectúa por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco años.

Entre sus cometidos está la elaboración y presentación ante las Cámaras de un informe anual propio de sus funciones, y de este modo nos podemos remontar a su primer informe del año 2014 con un apartado específico sobre movilidad geográfica en las Fuerzas Armadas, el de 2015 con un especial estudio de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, o el de 2016 con un estudio sobre las retribuciones en las Fuerzas Armadas. Y así llegamos al estudio correspondiente a 2024 presentado hace unos días por su presidente en la Comisión de Defensa del Congreso. Año tras año los mismos problemas se repiten de manera sistemática.

En dicha presentación, el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, dejó de una manera muy clara y directa, en relación con las retribuciones, frases tan contundentes como las siguientes: “hay soldados que no pueden vivir con dignidad con sus retribuciones actuales”, “reforma pendiente y urgente”, “descompensadas y desfasadas”, “pongan en valor la cualificación técnica, recompensen la movilidad permanente y la disponibilidad para el servicio”.

También habló el presidente de la escasez de recursos humanos de que adolecen en la actualidad nuestras Fuerzas Armadas, con una falta estructural de efectivos, con serios problemas en muchas unidades para mantener su operatividad, falta muy ligada principalmente a unas retribuciones escasas, a los problemas de movilidad geográfica y también a las faltas de promoción interna.

(Puede verse la intervención completa en el siguiente enlace: Comisión de Defensa - 24/02/2026)

De todos estos informes y estudios (disponibles en Estudios e Informes - OVM), se realiza un dictamen por parte la Comisión de Defensa, y en su contenido se dictan recomendaciones o “deberes”, siendo uno de los más repetidos el relativo a adecuación y mejora de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Hemos mencionado la cantidad de ocasiones y el alto número de interlocutores que han aportado razonamientos evidentes y bien fundamentados destinados a la mejora de las condiciones del personal militar pero, lamentablemente, si la otra parte implicada, el Ministerio de Defensa, opta por no atender dichos razonamientos, nos lleva al título de este texto: no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Esperemos que luego no sea tarde para lamentaciones.

La visita relámpago, hace unos días, del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a esos dos países tiene la doble función de apoyar sus políticas para fortalecer los lazos ideológicos y de alimentar las tensiones dentro de la Unión Europea. Tensiones que vienen determinadas por una posición sistemáticamente contraria, en especial por parte del “caballo de Troya” Viktor Orbán, a la reglamentación europea en materia de restricciones de derechos LGTBI, control de medios de comunicación, inmigración y el bloqueo de sanciones a Rusia, entre otras muchas. Ejemplo de ello es que Hungría y Eslovaquia han seguido comprando petróleo y gas rusos desde la invasión rusa a Ucrania en 2022 y que Orbán acaba de anunciar que bloqueará, una vez más, el último paquete de ayuda UE a Ucrania. 

Pero esta labor de zapa viene de lejos —realmente hace apenas un año, pero este segundo mandato de Trump se nos está haciendo muy largo— pues fue en marzo de 2025 cuando el vicepresidente americano J.D. Vance acudió a apoyar explícitamente al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) durante las elecciones a la cancillería.

Pero esa visita, que Vance aprovechó para entrevistarse personalmente con la dirigente neonazi Alice Weidel, no habría tenido la expansión que tuvo si no fuera por la varita mágica que maneja Elon Musk con sus algoritmos. La copresidenta de AfD, con unos 200.000 seguidores entonces, pasó en solo unos días a más de 2 millones tras la interacción de Musk en sus publicaciones. La intervención de este lunático empresario en una publicación en su plataforma X puede ser transformadora: líderes ultraderechistas europeos como la negacionista climática Naomi Seibt, el vicepresidente del consejo italiano Matteo Salvini, o influencers como el chipriota Fidias Panayiotou conocieron un aumento espectacular de seguidores tras un simple retweet, una respuesta o una mención de Musk, que cuenta con unos 230 millones de seguidores.

El mismo Vance ya emprendió su cruzada antieuropea, de tinte ideológico, en febrero del año pasado con ocasión de su intervención en la Conferencia de Munich, donde arremetió contra los países europeos cuestionando sus democracias. “La amenaza que más temo para Europa no es Rusia, no es China (...) Es la amenaza interna.(...) Es la retirada de algunos de sus valores fundamentales, valores compartidos con EEUU”. “La libertad de expresión está en retroceso en Europa, me temo”, añadió, en un claro apoyo a las extremas derechas continentales, que reclaman libertad total para difundir sus mensajes de odio.

En la Conferencia de Munich de este año, Marco Rubio, mucho más diplomático que el ofensivo Vance en 2025, ha querido dar un mensaje de tranquilidad, pero —puño de hierro y guante de seda— recordando el ultimátum de Donald Trump en la cumbre de Davos sobre sus pretensiones en Groenlandia y sus críticas a las políticas migratorias y de transición ecológica de la UE.

Si hay algo en lo que coinciden actualmente Trump y Putin es en su intento de desestabilizar y dividir la Unión Europea. Los planes americanos de retirar sus defensas de los países del Este europeo para 2027 o la reducción de la ayuda militar a los países bálticos, han hecho salivar al Kremlin.

Añadamos también que en su reciente Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), la Administración Trump señala a la UE como a su principal adversario en Europa, y ya no a Rusia, con la que pretende restablecer una estabilidad estratégica (“It is a core interest of the United States to (...) reestablish strategic stability with Russia”, ESN, pag. 25), en un giro de 180 grados respecto al señalamiento de ese país como principal amenaza y a Putin como enemigo número uno, tan solo hace poco más de tres años, con ocasión de la Cumbre de la OTAN de Madrid.

“Ese enfoque resulta atractivo para Rusia”, declaró Dmitri Peskov, portavoz de Putin. Ahora Trump parece más proclive a sacar tajada del destrozo causado por su homólogo ruso en Ucrania.

Criticando la trayectoria actual de Europa, que, de seguir así –dice el documento– será irreconocible en un par de décadas (“Should present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less”), la Casa Blanca aboga por premiar a quienes ofrezcan resistencia a la ‘manía’ regulatoria (“regulatory suffocation”) de la UE y apuesten por profundizar en el nacionalismo, en clara alusión a los partidos de extrema derecha o a países “rebeldes” como Hungría.

Del conjunto del texto se deduce que Estados Unidos quiere una Europa de naciones, mucho más manejable individualmente, no una Europa unida que, por muy mejorable que sea el funcionamiento de las instituciones de la UE, ha evitado la guerra entre sus miembros en los últimos 80 años, algo inédito en la historia del continente. Para eso fueron creadas, principalmente, las comunidades europeas en la década de 1950. Y ha funcionado, incluso con las ampliaciones sucesivas de su membresía.

Donald Trump ha decidido con su ESN que el hemisferio occidental es un espacio —en el que nos incluye, claro está— para la actuación legítima estadounidense en defensa de sus intereses, obviando todas las normas del derecho internacional. Eso daría lugar a una serie de esferas de influencia geopolítica: Rusia sobre sus antiguas repúblicas soviéticas, Israel como proxy americano en Próximo Oriente y China sobre su mar Meridional.

Los efectos prácticos de la ESN en “su” hemisferio se estrenaron recién comenzado este año con las amenazas a Colombia, México, Cuba y Dinamarca (vía Groenlandia) y, sobre todo, con el sangriento secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. En los ataques y la acción de comando murieron alrededor de 100 personas, entre ellas casi la totalidad de la guardia personal de Maduro y, con toda seguridad, algún miembro de la Fuerza Delta que el Departamento de Guerra se ha preocupado en ocultar a la opinión pública estadounidense. Salvo que nos hagan creer que la vida real es Hollywood, donde los “rambos” nunca mueren.

En paralelo a la ESN, la recién creada Junta de Paz (Board of Peace), inicialmente concebida para la reconstrucción de Gaza, es una organización que pretende reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU (donde EEUU solo tiene el poder de veto), en la resolución de conflictos. La gran diferencia es que esta Junta está hecha por y para Donald Trump: él ha creado los estatutos, es presidente vitalicio, decide quién puede formar parte y puede adoptar resoluciones sin consultar a nadie. Pues bien, dos países miembros de la UE, Bulgaria y (¡Oh, sorpresa!) Hungría, se han adherido a este chiringuito imperialista, para vergüenza de todos los europeístas. Una consecuencia más del papel divisivo de ambos elementos, la ESN y la Junta.

En fin, desde que Trump ha regresado al poder, se ha quebrado gravemente la confianza entre sus socios de la OTAN. El 47º presidente de EEUU está utilizando la organización para chantajear a sus miembros y, con las amenazas a Groenlandia, demuestra que estar bajo su paraguas no te va a librar de empaparte de agua, sobre todo porque puede llover desde dentro.

Hasta la modesta y tranquila Islandia, en vistas de la importancia que está tomando la región del Ártico y el desasosiego que le provocan las amenazas de Trump de aplicarle un aumento del 15% en aranceles y sus apetencias por la isla vecina, al parecer está sopesando adelantar a este verano el referéndum para el reinicio de negociaciones —que estaba previsto en 2027— para su ingreso en la UE (solicitó la adhesión en 2009 y la retiró en 2015), club que le podría ofrecer un plus de seguridad, estabilidad y confianza. La broma del excongresista republicano Billy Long, recién nombrado embajador en Reikiavik, diciendo que Islandia se convertiría en el 52º Estado de la unión y que él sería su gobernador, no ha sido bien digerida por los islandeses. Tampoco ayuda mucho que Trump mencionara Islandia (¿ICEland?) hasta en cuatro ocasiones durante su discurso en Davos, cuando estaba hablando de Groenlandia. ¿Confusión mental, traición del subconsciente o grave desconocimiento geográfico?

Y para concluir, habrá que fijar un poco la atención en la opinión autorizada de su sobrina, la doctora en psicología clínica Mary L. Trump, quien define a su tío como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un modo de vida. El título de su libro, publicado en 2020, lo dice todo: “Siempre demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”. Solo el primer día vendió un millón de ejemplares.

Una trampa lingüística (Donroe por Monroe) en la que parecen estar cayendo numerosos comentaristas, que, quizás por el pudor de que no se les catalogue como trumpistas, utilizan la expresión “corolario de la doctrina Monroe” para referirse a la que el presidente Trump ha denominado Doctrina Donroe.

Puede que suene muy bonito, incluso muy científico, pero geopolíticamente es un contrasentido. Un corolario sería una propuesta cuya justificación viniera avalada por su similitud con otra previa cuya lógica y utilidad hubieran quedado demostradas (por la historia en este caso). Que la Doctrina Monroe tuviera sentido geopolítico en los momentos de su concepción y aplicación (1823) no implica necesariamente que lo tenga que tener dos siglos después (2026), la Doctrina Donroe. 

En primer lugar, por su carácter estratégico. La Doctrina Monroe es claramente defensiva y proteccionista, la reacción a una pretendida intromisión de antiguas potencias coloniales en los asuntos internos de los países recientemente liberados e independizados con objeto de mantener en ellos privilegios —económicos, comerciales y/o culturales—. La Doctrina Donroe, por el contrario, lo que persigue es lo opuesto, que Estados Unidos mantenga la libertad y la oportunidad de influir y condicionar en beneficio propio la política, la economía, el comercio y la geopolítica del resto de los países americanos, impidiendo la competencia de cualquier otro país u organización internacional en los países del hemisferio. En 2026, es precisamente Estados Unidos el que busca poder actuar como los países europeos intentaban en 1823, lo que convierte su “doctrina” en agresiva e imperialista. La Doctrina Donroe no puede ser, por tanto, un corolario de la Doctrina Monroe, sino, en el mejor de los casos, como un intento de repetición de la misma pero a la inversa, buscando la subyugación de los demás países del continente americano en vez de buscar su liberación y su capacidad de soberanía.

Pero también por su correlación de fuerzas. La capacidad militar de los países europeos de 1823 no era suficiente como para poder imponer sus criterios a tan larga distancia, como probaba el propio hecho de las recientes guerras de independencia, perdidas por ellos mientras que Estados Unidos sí viene demostrando desde hace suficiente tiempo que tiene esa capacidad militar, como los recientes episodios en las aguas del Caribe, en la costa pacífica colombiana y, fundamentalmente, en la propia Venezuela nos acaban de certificar.  

Las situaciones históricas pueden parecerse, pero es el contexto histórico en el que tienen lugar lo que marca si esa apariencia de similitud es aceptable o no. Hechos parecidos pueden tener significados distintos e incluso contrarios. Aplicado al caso concreto analizado de las doctrinas Monroe y Donroe, queda claro que la atribución de corolario de la segunda respecto de la primera cae por su propio peso en cuanto se analizan los respectivos contextos históricos en que se desarrollan, lo que no quiere decir que el intento de relacionarlos no sea un instrumento útil de propaganda para blanquear, intencionadamente o no, la política estadounidense respecto a su entorno continental, que, en el fondo, no es sino una faceta más de su política geopolítica (valga la redundancia) a nivel mundial.

Con los años, muchos de esos miedos fueron remitiendo, aunque dejaban el poso negro de una educación basada en el miedo. Pero había un miedo que no terminaba de abandonarte porque lo estabas viendo. No en tu país. Primero lejos, en Vietnam, luego más cerca, en Etiopía. Y al poco mucho más cerca, en los Balcanes. Eso sin contar con el genocidio que no cesaba y sigue sin cesar en Palestina o el oso ruso en Chechenia y ahora en Ucrania. Me refiero al miedo a la guerra. 

Aún recuerdo el alivio cuando Aznar, empujado por Pujol en los pactos del Majestic, dio por concluida la mili en 2001. Una de las poquísimas cosas que agradecerle al hombrecillo del bigote (por mal nombre Felpudo Maldito). Y de las muchas que reprocharle al hoy tan socialista (desde la comodidad de sus puestos en consejos de administración) Felipe González, a quien sólo se le ocurrió, ante la presión popular, crear un servicio social sustitutorio y también obligatorio. 

Cuando ahora escucho y leo que en algunos países de la UE (Alemania, Francia…) se proponen recuperar el servicio militar, vuelvo a sentir miedo. Primero, porque en la mili a mí no me enseñaron casi nada útil para desempeñar un papel en un conflicto, más que adoctrinarme parar ser solo carne de cañón en “defensa de la patria”. Pero a los pocos meses de haber salido de aquella estupidez, no recordaba ni una sola consigna. Si me hubieran movilizado un año después de licenciarme, no habría sido capaz de reproducir más habilidades que las que ya tenía: escribir a máquina y hablar frente a un micrófono. 

Y segundo, y mucho más trascendente, porque esta nueva pulsión militarista claramente es una reacción de miedo. Miedo contra miedo. Miedo al oso ruso. Miedo al oranguTrump y su ICE, que debe de tener en el alma justamente “ice” para comportarse sus agentes como miembros de la Schutzstaffel, con su jefe luciendo atuendo nazi. Desde EEUU nos llega una ola de miedo, interno y externo. Externo por aranceles, secuestros de presidentes de otros países, amenazas nada veladas de represalias de todo tipo. Miedo interno de la ciudadanía, miedo de abogados, fiscales y jueces que no se plieguen a los deseos del señor naranja. Miedo porque todas las enmiendas de la Constitución estadounidense están en solfa por las veleidades de Míster Cheetos. Incluso esa que muchas personas en EEUU consideran sacrosanta e intocable, la segunda enmienda, el derecho a llevar armas, está en cuestión. Que se lo pregunten a los familiares de Alex Pretti. 

Hasta los miembros de la abogacía estadounidense son sometidos al miedo. Así lo señala en el día de la Abogacía Amenazada, que se conmemora el 24 de enero (aniversario de los asesinatos de los laboralistas de Atocha), el informe de la OIAD de 2026. Como dice en este artículo de infoLibre Lorena Ruiz-Huerta, “según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.” 

Tampoco los periodistas españoles se libran del miedo. Ahí está el acoso de filofascistas como Negre, Quiles o Ndongo a periodistas como Santolalla, a humoristas como Héctor de Miguel, a cualquiera que ose llevarle la contraria al amenazador en jefe, que siembra el miedo (y el odio) con la cantinela del reemplazo de la ciudadanía española por emigrantes, con la ocupación de tus propiedades, o con una violencia y criminalidad que los datos muestran que van en descenso. Porque somos un país seguro: España ocupa el puesto 25 en el Índice Global de Paz 2025, superando en seguridad a países como Italia, Reino Unido y Francia. Sólo aumenta la cibercriminalidad. Y a esa tienen difícil acceso los inmigrantes. 

En la UE tampoco estamos a salvo del miedo. Por fin hemos comprendido que “el amigo americano” no es amigo, sino solamente americano, que nos ha usado de escudo defendiendo sus intereses (contra la URSS, contra Rusia, contra una liberalización real del mercado) y como una especie de museo de los derechos humanos (versión light estadounidense). Y ahora nos amenaza. Y tenemos miedo. Miedo a tomar iniciativas que nos unan a todos los europeos para desembarazarnos de vasallajes y protecciones rogadas, tan similares a las mafiosas. Miedo a nuestra independencia militar y económica. Miedo a que el lameculos de Rutte nos amenace con que la OTAN no nos protegería de un ataque nuclear. Miedo. 

Combatir el miedo con más miedo reintroduciendo el servicio militar de los ciudadanos no es una buena idea. El “replanteamiento” de algunos países acerca de la mili (voluntaria u obligatoria) no deja de ser un aldabonazo de miedo. Un retroceso indiscutible a los peores años del siglo XX. Y una militarización encubierta de la sociedad. Cuando muchos abogamos por que los militares sean tratados como ciudadanos con uniforme, ahora algunas “mentes pensantes” están pensando en militarizar a los ciudadanos. La vía contraria. Miedo.

Porque el ejército da miedo. Hacia dentro y hacia afuera. En España, el denodado esfuerzo de los responsables políticos de identificar al ejército con labores humanitarias decae en cuanto algún descerebrado autoritario habla de matar a 26 millones de conciudadanos. Porque, hacia adentro, el ejército en España suele estar trufado de órdenes extrañas. Cualquier falta, error o simplemente discrepancia se sanciona con penas de arresto que conllevan privación de libertad. La disciplina se impone por el miedo, mediante ejercicios de poder y no por un ejercicio de autoridad. 

Hacia afuera, el miedo es la base de la disuasión. Disuades si te temen. A Europa no se la teme porque no tiene capacidad disuasoria. Especialmente la nuclear ,que es la madre de todas las disuasiones. Tampoco se teme nuestra capacidad tecnológica. Porque hoy la batalla es digital. Si alguien consigue encontrar la forma de piratear los “segurísimos” sistemas de armamento y defensa, tendrá ganada la batalla porque casi ningún sistema de armas es manual. Salvo el arma del soldado de a pie, esas que provocan la muerte de miles de jóvenes que, como decía Hartmann, no se conocen ni se odian entre sí pero se matan por las decisiones de viejos que sí se conocen y se odian pero no se matan. 

El miedo es la palanca que siempre usa cualquier tipo de totalitarismo. El miedo al diferente, a lo incomprensible, está presente en el ADN del ser humano. El miedo a perder lo que se tiene (dinero, poder, estatus, reconocimiento) es la pulsión conservadora. Y hoy, que están en cuestión muchos de los derechos que creíamos conquistados para siempre, una parte muy importante de la población siente miedo a perderlos. Y en un incomprensible ejercicio de autodestrucción, muchos se refugian en quienes llevan el miedo por bandera, en quienes usan el miedo para disciplinar a la sociedad. 

El miedo nos hace más agresivos. El miedo paraliza. El miedo mata. No responder al miedo con más miedo, sino desmontarlo desentrañando y destruyendo las causas que lo generan, debería ser el principio que oriente el progreso del ser humano. Así ha sido desde que descubrimos el fuego para perder el miedo a la noche. Pero hay quienes quisieran recuperar una sociedad miedosa. Porque desde el miedo se controla. 

Desterremos el miedo. Nos va en ello la vida.