En los datos publicados en los últimos días por el CIS, un 86,9 % de los encuestados considera que la actual guerra entre EEUU-Israel e Irán supone un riesgo importante para la paz internacional, y el 58,5 por ciento responde que la guerra en Irán le está afectando personalmente. Ese CIS, que también en la última encuesta de “Calidad de la Democracia” otorga a las Fuerzas Armadas —en realidad lo otorgan los ciudadanos encuestados, aunque suele ser una muestra representativa— el mérito de ser la institución mejor valorada, además son percibidas como una herramienta fundamental para la protección y defensa de los derechos y libertades que goza la ciudadanía, amén de la consabida garantía de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Más que probable es que, para llegar a esta valoración óptima, el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, principalmente desde los 90, se ha fundamentado en su preparación y profesionalidad, en la participación de distintas misiones internacionales y, cómo no, en las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) que proyecta un servicio directo al ciudadano.

Desde hace mucho tiempo los militares venimos reclamando que nuestra profesión sea considerada como una profesión de riesgo. Esto, aunque parezca baladí, a la vista de las consideraciones anteriormente reflejadas, no lo es en absoluto. Si siguiéramos con las encuestas y preguntásemos a la ciudadanía sobre qué profesiones considera que conllevan un riesgo más alto en el desempeño de sus funciones, es más que probable que la inmensa mayoría de los encuestados respondan con que la profesión militar estaría entre el “pódium” final de la clasificación. Pero la realidad es muy tozuda y lo cierto es que los militares seguimos sin ese reconocimiento oficial.

Nos encontramos por tanto ante una paradoja significativa: la profesión militar en España se encuentra en una encrucijada histórica. Mientras las misiones internacionales aumentan en complejidad y la sociedad española deposita una confianza ciega en sus Fuerzas Armadas ante catástrofes naturales (DANAs, volcanes, incendios, etc.) o crisis sanitarias (COVID, peste porcina africana...) la profesión militar a día de hoy no está considerada oficialmente profesión de riesgo.

Para intentar ponernos en situación diremos que una profesión de riesgo es aquella que está declarada como tal en distintos textos legislativos y en la que se desarrolla una actividad (laboral) que, por su naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, presenta elevados índices de morbilidad o mortalidad. Esta definición puede ser claramente aplicable al conjunto de trabajadores militares, ya que la penosidad y la peligrosidad,  principalmente, son dos de las circunstancias que engloban el trabajo diario del colectivo militar. Los militares se ven inmersos en el manejo de armamento y explosivos de forma cotidiana y se adiestran en condiciones muchas veces extremas para simular situaciones que se puedan encontrar en caso de conflicto bélico, o sin necesidad de la declaración del mismo, en el ejercicio de las misiones encomendadas para garantizar la paz y la seguridad, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior. Un ejemplo muy reciente lo tenemos con las misiones internacionales de Irak, que tuvo que ser replegada ante el peligro inminente a nuestros compañeros del contingente desplegado en aquel país, al igual que la situación que viven actualmente los componentes del contingente UNIFIL en Líbano, bajo mandato de las Naciones Unidas, situación agravada por el conflicto en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos e Israel, y los constantes ataques de este último al Líbano, y que han tenido como consecuencia el asesinato de varios miembros de la misión de Naciones Unidas o la reciente detención ilegal y el maltrato sufrido por uno de nuestros compatriotas en manos del ejército israelí.

Por cierto, no es la primera vez que el Estado de Israel atenta contra uno de los nuestros, y desde aquí me gustaría recordar al cabo Francisco Javier Soria Toledo, quien falleció el 28 de enero de 2015, víctima del ataque con artillería lanzado por el ejército israelí contra la posición de Naciones Unidas en la que estaba destacado. Quiero igualmente recordar la lucha por la verdad que emprendió su madre, Margarita Toledo, una madre coraje.

Además de este tipo de situaciones descritas en los párrafos anteriores, no puede quedar alejado del pensamiento del lector el riesgo de las actividades diarias desempeñadas por los militares en su día a día. Son ejemplos de ello los ejercicios, comúnmente llamados “maniobras”, que se desarrollan durante varias jornadas en las que se ponen al límite la resistencia humana y las condiciones de estrés, acompañado del uso y manejo de armamento y explosivos y/o de vehículos, embarcaciones o aeronaves que requieren una gran concentración y preparación para su uso de manera fiable y eficaz. Súmense saltos en paracaídas y operaciones de buceo de combate, todo ello exponiendo al personal a una siniestralidad más elevada que en otras profesiones.

Desde el punto de vista asociativo, tal y como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva haciendo desde hace muchos años, esta reivindicación de profesión de riesgo no es un capricho corporativo, sino una necesidad urgente de justicia laboral y social.

Detallemos a continuación lo que supondría un reconocimiento legal de esta situación y las ventajas que podría transformar el día a día del colectivo de los miles de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde las Fuerzas Armadas.

El principal resultado de ser declarada profesión de riesgo radica en los coeficientes reductores para la jubilación disfrutando de la protección social específica, algo de lo que otros colectivos disfrutan y que no es ni más ni menos que la consecuencia de estar sometidos a esos factores de peligrosidad, penosidad, toxicidad o morbilidad imposibles de separar del ejercicio de las funciones propias de su profesión.

Históricamente hemos visto como los trabajadores de la minería se jubilaban en edades tempranas, y la sociedad lo ha reconocido con plena normalidad. Las condiciones en las que extraían el entonces tan afamado carbón conllevaba enfermedades crónicas y un alto número de accidentes en las minas, muchos de ellos con el resultado muerte.

Más recientemente otros colectivos se han sumado al abanico de las profesiones de riesgo: bomberos, agentes forestales, policías autonómicos o policías locales, lo que les ha hecho disfrutar de ese estatus. Entre las profesiones de riesgo también podemos encontrar toreros y ciertos artistas.

El beneficio de los coeficientes reductores supone de facto un adelanto de la edad de jubilación manteniendo las pensiones, ya que cada año trabajado se multiplica por el coeficiente reductor dando como resultado un menor número de años necesarios para alcanzar el 100% de la pensión de jubilación.

Otro beneficio es el relativo a la protección laboral con una definición de las enfermedades profesionales de esa actividad, y una adecuación de las posibles indemnizaciones por los accidentes ocasionados en acto de servicio.

En definitiva, nos encontramos ante una anomalía democrática. La ley debe dejar de tratar al militar como un trabajador con un "deber heroico" para empezar a tratarlo como un profesional con derechos laborales específicos frente a un entorno laboral intrínsecamente peligroso, y en ese punto nos encontramos.

Esta anomalía parece que toca a su fin, ya que las pasadas semanas el Ministerio de Defensa convocó a las asociaciones más representativas de militares a una reunión para informales que finalmente se inician esos trámites. El primer punto pasa por solicitar al organismo responsable de ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el comienzo del desarrollo normativo. Debemos destacar que el trámite va a llevarse a cabo en el ámbito del Ministerio del Interior con relación a los componentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, otras dos profesiones que hasta ahora tampoco tienen el reconocimiento de profesión de riesgo.

Las asociaciones profesionales de militares han de estar, hemos de estar, muy atentos a los proyectos normativos en esta materia, para que se cumpla sin discriminación alguna con independencia del régimen de cotización al que se pertenezca, bien sea del sistema de Clases Pasivas o del régimen general de la Seguridad Social para quienes hayan ingresado en las Fuerzas Armadas con posterioridad al 1 de enero de 2011.

No debe dejarse fuera de la norma al colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad, personas que se vieron obligadas a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad, habiendo permanecido en muchos casos en servicio activo por más de 25 años. Habrá que hacer una revisión del personal que se encuentre en situación de Reserva, incluso modificando la ley de la carrera para establecer la necesidad o no de mantener esta situación administrativa, ya que no parece muy adecuado mantener el pase a la situación de Reserva, para las escalas de suboficiales y oficiales en los 61 años, si con el desarrollo de los coeficientes reductores se pudiera pasar a la jubilación, por ejemplo, a los 60 años.

Aún es pronto para sacar conclusiones, ya que no existe documento alguno sobre el contenido de la norma, solamente sabemos del mandato de Defensa a Seguridad Social de comenzar los trabajos, pero ello no debe ser obstáculo para que los representantes legítimos de los trabajadores militares, las asociaciones profesionales, participen y colaboren activamente en este importante paso en beneficio de quienes dan lo mejor de sí mismos, incluso su vida, para proteger a sus conciudadanos.

Estamos ante un momento crucial. Parece que existe voluntad política de avanzar, y es una cuestión de reconocimiento a la lealtad del colectivo. No se trata de otorgar privilegios, sino de eliminar discriminaciones.

Un país que valora a sus Fuerzas Armadas y presume de ellas en los desfiles y ante las catástrofes, no puede permitirse dar la espalda a la salud y al futuro de sus militares. La seguridad nacional no puede construirse sobre la base de la inseguridad laboral de quienes la garantizan. El camino marcado es claro: igualdad de derechos para quienes asumen riesgos extraordinarios.

Hasta entonces, seguimos en riesgo.

Un buen día se levanta con mal pie y amenaza con eliminar toda una civilización (la milenaria persa) y al día siguiente anuncia que permanece abierto a negociaciones sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz, al tiempo que vuelve a amenazar a China con imponerle aranceles desmesurados.

Es la práctica diaria del TACO (Trump Always Chicken Out, Trump siempre se acobarda) a la que ya tiene acostumbrado a los estadounidenses, incluidos los partidarios de su mantra MAGA. 

Entretanto, en nuestro territorio común, Europa, se está expandiendo una palabra clave: multi-policrisis. Ese es el término que más suena en los pasillos de las instituciones europeas para definir el plantel con el que se encuentra, una vez más, la inoperante UE ante un panorama internacional inestable que no es capaz —nadie lo es realmente— de digerir. 

En el horizonte próximo, algunos eventos pueden añadir algo de sabor a la insípida ensalada de tofu que ofrece el menú diario comunitario. Islandia celebrará un referéndum en verano para decidir si reanuda las negociaciones con la UE con vistas a su ingreso. Un tema que se ha reabierto también en Noruega. Cómo verán el patio los vecinos periféricos que hasta Keir Starmer podría tener que lidiar con un posible “Breturn” en lo que le queda de legislatura ante el avance del “Bregret” después de un desventurado “Brexit”. Disculpen tanto neologismo para decir que, según las últimas encuestas, la decisión tomada en 2016 de abandonar la UE fue un error para una amplia mayoría de británicos. En el seno del partido laborista se están alzando voces pidiendo que el Reino Unido vuelva al mercado único e incluso que el programa para las elecciones de 2029 incluya el reingreso en la Unión Europea. La inestabilidad que están causando sus socios ultraatlánticos tal vez contribuya a ello. El último exabrupto del ególatra empresario-mandatario de la Casa Blanca ha amenazado —aunque veladamente— a sus primos brits con reconocer Las Malvinas como soberanía argentina, a modo de sanción, por su falta de apoyo en la aventura norteamericana en Irán. Vistos sus “prontos”, no sería de extrañar que, como castigo al “díscolo” Pedro Sánchez, intentara jugar una mala pasada a España con el reconocimiento de Ceuta y Melilla, haciendo las delicias de su fiel aliado africano, el rey alauita. 

Por otra parte, la derrota de Orbán en Hungría ha abierto una ventana de aire fresco para la toma de decisiones en la UE. Prueba de ello es que acaba de desbloquearse la ayuda de 90 millardos de euros prometida a Ucrania, montante que irá transfiriéndose por tramos en función de la implantación de las reformas exigidas a Zelensky, entre ellas la lucha contra la corrupción, y de la preferencia de compras militares de productos Made in Europe en lugar de estadounidenses. 

Si hace nada la OTAN experimentó un notable aumento, territorial y político, con el ingreso en su organización en un tiempo récord de Finlandia (2023) y de Suecia tras superar los vetos de Hungría y Turquía (2024), ahora parece entrar en cierta inestabilidad después de que Donald Trump haya amenazado con retirarse de la organización por las reticencias y negativas de sus aliados europeos a participar en la ofensiva israelo-americana contra Irán y por no permitir utilizar el espacio aéreo a sus aeronaves involucradas en esa guerra. “Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel, y el presidente ruso, Putin, también lo sabe, por cierto”, declaró al diario Daily Telegraph.

Ni que decir tiene que sus asesores más directos le han apoyado y secundado en este despropósito. Nadie en su gabinete suele llevarle la contraria o, quien sabe, igual participan con gusto de esos dislates, pues nunca un presidente de Estados Unidos se ha rodeado de tanto fanático y personas de escasa o nula competencia profesional (el “tertuliano” Pete Hegseth en el Pentágono o el antivacunas Robert F. Kennedy en la secretaría de Sanidad son buenos ejemplos de ello). Además, estas amenazas toman tintes más serios cuando es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien las refrenda al referirse a que, una vez que termine la guerra con Irán, podrían reconsiderar sus relaciones con los aliados europeos de la OTAN.

Incluso el atlantista Donald Tusk, primer ministro polaco, considera que esta situación se asemeja peligrosamente al plan ideal de Putin, según escribió en la red X.

Como reacción, empieza a calar en los gobiernos europeos la duda de si Estados Unidos, ante una agresión externa a un país aliado (art. 5 del Tratado), acudiría en su ayuda, lo que conduce a que en alguna cancillería comiencen a plantearse si los americanos, bajo la Administración Trump, son un socio fiable. Como reza un contundente titular de The New York Times, cada vez que Trump amenaza con abandonar la OTAN, lo que consigue es debilitarla. 

Este entorno inseguro hace que comiencen a abordarse seriamente en las reuniones UE un posible reforzamiento o reinterpretación de la cláusula de defensa colectiva que recoge el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen no parece darle la prioridad que merece. Esa disposición “...debe perfeccionarse para que funcione correctamente en la práctica”, afirmó la alemana, según recoge Politico, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada los días 23 y 24 de abril en Chipre, sin fijar un calendario para comenzar a abordar esa tarea.

El paraguas estadounidense para la defensa colectiva comienza a tener más agujeros de lo normal y puede que llegues a mojarte más estando debajo que a la intemperie. ¿Podría servir de revulsivo para que, de una vez por todas, la Unión Europea se dote de una cadena de mando, una interoperabilidad militar y una doctrina común de respuesta ante una agresión exterior? 

Llevamos ya muchos meses viviendo, a escala global, un espectáculo grotesco. Como no ha podido derrotar a Irán en el breve tiempo que esperaba, Trump amenaza con liquidar a todo un pueblo, a continuación propone una tregua de dos semanas, bloquea los puertos iraníes como respuesta al cierre de Ormuz, luego una tregua indefinida...

A primeros de abril se vivió un infierno en la Casa Blanca. Con motivo del derribo de un caza F-15 americano, Trump estuvo gritando y desbarrando durante horas en el centro de crisis, pidiendo el acceso a los códigos nucleares para acabar con Irán, lo que motivó el enfrentamiento con generales allí presentes. Resultado: el presidente tuvo que ser evacuado de la Situation Room, según informó el Wall Street Journal, por su comportamiento “volátil e impredecible”, totalmente inadecuado en el contexto del desarrollo y gestión de una operación militar real. Luego le fueron informando del desarrollo de la operación pero sin entrar en muchos detalles.

Aunque la guerra en Oriente Medio terminara en las próximas semanas, el estropicio ya está hecho a nivel global y será duradero. El cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos será recordado en el futuro como un nefasto gobernante que tal vez haya marcado la inevitable pérdida de hegemonía de la primera potencia económica y militar.

Mientras, en la UE, parece que muchos dirigentes siguen a por uvas. Pero, eso sí, vestidos con un elegante terno estilo Chamberlain. 

De las cuatro bombas transportadas, tres cayeron en tierra y una al mar. Dos de las bombas que cayeron en tierra impactaron violentamente contra el suelo al no haberse desplegado el paracaídas y liberaron el plutonio que contenían. La nube radiactiva fue arrastrada por el viento y contaminó una gran superficie de terreno perteneciente a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. 

Los norteamericanos, después del accidente, establecieron la operación denominada Flecha Rota con el objeto de recuperar las cuatro bombas y de realizar una limpieza aparente —que no real— de la superficie contaminada por las dos fugas radiactivas. Se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 4.810 barriles de 208 litros cada uno, en total 1.000 metros cúbicos, una exigua cantidad de material radiactivo. Algunos autores, como José Herrera Plaza, en su libro Accidente Nuclear de Palomares-Consecuencias (1966-2016), publicado por Arráez Editores S.L., Almería 2016, señalan que se llevaron 270 gramos, sólo un 3 % de los residuos radiactivos.  

Carlos Sancho Llerandi, exjefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), afirmó en la conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2016, en la Sociedad Nuclear Española, que los norteamericanos se llevaron una cantidad difícil de cuantificar, que estimó inferior a 1 kg de plutonio de los 9 que se dispersaron. 

Las labores de remediación realizadas en 1966 por los norteamericanos consistieron en retirar hasta 10 centímetros de profundidad parte de la tierra contaminada y enterrar el resto mediante un arado profundo. En total dejaron 103,6 hectáreas contaminadas con plutonio enterrado. 

Parte de las tierras retiradas las depositaron en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad, respectivamente. Estas fosas se encuentran en las proximidades del cementerio de Palomares. Sobre la fosa de 1.000 m3 se han cultivado sandías y otros productos hortícolas. Todavía se pueden observar en la actualidad restos de tuberías de riego por goteo en la superficie de la fosa.  

En Sierra Almagrera y en otros lugares, los norteamericanos no adoptaron ninguna medida de ocultación. Los residuos radiactivos permanecen tal como estaban en 1966, salvo los que ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica y la actividad humana.  

Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos que comenzó en 2007 y finalizó en 2011, aunque ha habido ampliaciones posteriores muy recientes.  

Nada más conocerse el accidente, los norteamericanos enviaron a Palomares al Dr. Langham, conocido como Míster Plutonio, un científico obsesionado con investigar los efectos del plutonio en el organismo. El Dr. Langham tenía la experiencia de haber inyectado plutonio a seres humanos con resultado de muerte. 

Con la finalidad de crear un laboratorio a cielo abierto con los almerienses, el 25 de febrero de 1966 se firmó el acuerdo conocido como Hall-Otero entre el representante de la Comisión de Energía Atómica para Actividades Internacionales, John A. Hall, y el representante de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués. En este acuerdo se destaca que no se llevará a cabo ninguna medida de remediación, únicamente se analizarán las consecuencias de la radiactividad. Mediante el citado acuerdo nació el proyecto conocido como Proyecto Indalo. Parte del contenido del acuerdo Hall-Otero se puede leer en este enlace. 

El Proyecto Indalo consistió en investigar la dinámica de absorción, distribución y excreción del plutonio en el organismo, sin adoptar ninguna medida paliativa y sin conocimiento de las personas investigadas. El Proyecto Indalo ha estado vigente hasta 2009, por lo que el presunto delito aún no ha prescrito. La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada, que culminó en 2011. Los hechos anteriormente expuestos se pueden leer en el artículo de José Herrera Plaza La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del 'Proyecto Indalo' (1966-2009), publicado en la prestigiosa revista científica internacional Dynamis, dedicada a la historia de la medicina, ciencia y salud.  

También se explica esta experimentación con humanos en la revista Nova Ciencia en el artículo titulado Palomares, experimentos con una población expuesta al plutonio. El artículo se puede leer en este enlace. 

Prueba del engaño a la población sobre la limpieza de la radiactividad fueron las manifestaciones de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, que declaró al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Por su parte, José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear, envió una carta el 13 de julio de 1968 al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo que decía: “No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Dicha carta obra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.  

Las autoridades españolas y estadounidenses entregaron a los habitantes de Palomares certificados falsos diciendo que los terrenos estaban limpios de radiactividad para que realizaran en ellos labores agrícolas, desenterraran el plutonio y así poder estudiar los efectos del plutonio en el organismo. En estos terrenos altamente radiactivos se desarrollaron tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por los norteamericanos. Al liberar las partículas de plutonio, los agricultores las inhalaban o ingerían y luego la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el CIEMAT estudiaba las consecuencias de la absorción del plutonio en el organismo mediante los análisis periódicos a la población. 

Conviene reseñar que el peligro para la salud radica fundamentalmente en injerir o inhalar alguna partícula de plutonio. El plutonio emite radiaciones Alfa de escasa penetrabilidad, pero el plutonio 241 con el paso del tiempo se transforma en americio 241, que emite radiaciones gamma de gran penetrabilidad, por lo que el tiempo corre en contra de la salud de los habitantes y turistas de Palomares.   

El ganado caprino también estuvo contaminado en su totalidad durante cuarenta años, así como los productos derivados, leche y queso principalmente. En fechas muy posteriores al accidente, el CIEMAT ordenó el sacrificio de dicho ganado, con cuarenta años de retraso. 

En 1988, se comenzaron a remover en grandes dosis las tierras contaminadas con las actividades agrícolas a gran escala y sobre todo con la construcción de dos balsas. La tierra donde se ubican tiene un alto grado de contaminación, pero los agricultores, confiados en las promesas de que el terreno estaba limpio, comenzaron a remover estas tierras, liberando a la atmósfera elementos radiactivos que pusieron en peligro la vida y la salud de las personas y sus bienes. Durante la construcción de las balsas, el CIEMAT se limitó a recoger los datos que demostraban un aumento de la radiactividad, pero no advirtió del peligro a los trabajadores, que siguieron removiendo las tierras contaminadas durante varios meses. 

Los técnicos del CIEMAT, durante la construcción de unas de las balsas, tomaron muestras del aumento de la radiactividad desde la semana del 2 al 9 de enero de 1988 hasta la semana del 25 de junio al 2 de julio. Estuvieron seis meses midiendo cómo aumentaba la radiactividad cuando los trabajadores lanzaban el plutonio a la atmósfera, sin tomar ninguna medida, y sin avisarles del peligro que estaban corriendo. Con los datos obtenidos emitieron un informe concluyendo que en Palomares las labores agrícolas liberan más radiactividad proveniente del plutonio que en Chernóbil. Dice así el informe: “Las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernobil son inferiores a las medidas en Palomares.”  

Ya en 2009 se conocían perfectamente las consecuencias de la radiactividad y Estados Unidos dejó de financiar el Proyecto Indalo. En la actualidad la zona está acotada, aunque siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear ni el CIEMAT hayan adoptado medida alguna. La existencia de contaminación fuera del vallado la reconoce el CIEMAT en la página 5960/11 del BOJA número 71 de 13 de abril de 2022. 

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ordene la limpieza de la radiactividad de Palomares, pero su titular, la ministra Sara Aagesen, se niega. Aduce que en España no hay un almacén apto para guardar ese tipo de residuos radiactivos y que tiene que ser Estados Unidos quien se los lleve, algo que obviamente no va a suceder. La solución que propone Ecologistas en Acción y los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es que se construya un Almacén Temporal Individualizado en Palomares, como ya tienen las centrales nucleares, y se guarden allí los residuos a la espera de encontrarles un almacén definitivo. Otra solución es modificar la normativa de El Cabril y guardarlos allí provisionalmente. 

Como mantener residuos radiactivos al aire libre en el centro de una población, aparte de ser una salvajada, es ilegal, la señora Aagesen ha recurrido a varios trucos “legales” para no ordenar la limpieza de Palomares. 

La ministra niega que lo de Palomares haya sido un accidente nuclear porque esos accidentes solo se pueden producir en las instalaciones nucleares entre las que están los almacenes donde se guardan residuos radiactivos. En Palomares se almacenan ese tipo de residuos en las dos fosas, en dos contenedores para verduras, en una caseta en el centro del pueblo y en los terrenos vallados, pero, como todo eso es ilegal, no tiene la calificación de instalación nuclear y no se le puede aplicar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas que obligaría al desmantelamiento inmediato de la instalación. 

Todo el mundo, excepto la señora Aagesen, considera Palomares como el accidente nuclear más grave del planeta hasta que sucedió el de Chernóbil. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad de accidentes nucleares, tras Fukushima y Chernóbil pero, al contrario de lo sucedido en esos dos accidentes, en Palomares no se ha concluido la última fase, la remediación. Al no ser considerado Palomares como un accidente nuclear no se le puede aplicar la Ley 17/2015 sobre accidentes, ni por tanto su artículo 20 que prevé la recuperación del entorno. 

Se preguntará el lector ¿si Palomares no es un accidente nuclear, entonces qué es? La ministra Aagesen ha encontrado una triquiñuela para no gastarse 11 millones de euros en limpiar Palomares, porque ella no vive allí. Ella califica a Palomares como una situación de “exposición existente” en aplicación del anexo V del Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la Exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSRI). Este reglamento clasifica como “exposición existente” a los terrenos que han sufrido una emergencia que “ya ha sido declarada finalizada, tal y como se prevé en el sistema de gestión de emergencias.” Es decir, la señora Aagesen tiene el atrevimiento de dar por buenos los certificados falsos que Estados Unidos y la Junta de Energía Nuclear repartieron a los palomareños en 1966 diciendo que los terrenos estaban limpios y que ya había finalizado la emergencia.

Considerar Palomares como una “exposición existente”, además de un disparate, supone un problema muy grave para los habitantes de Palomares porque, de acuerdo con el artículo 71 del RPSRI, los lugareños y visitantes pueden recibir legalmente una radiación equivalente a 200 radiografías de tórax al año, cuatro por semana. Si se les aplicase el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y la Instrucción IS-13 del CSN, de 21 de marzo de 2007, solo podrían recibir una radiografía de tórax al año. 

Hay otro asunto que la señora Aagesen y las autoridades competentes no están teniendo en cuenta y es que no se puede tener material radiactivo al fresco, sin vigilancia alguna, porque cualquier desaprensivo puede llevárselo para fabricar bombas sucias, esas que tanto teme Israel.  

Todos estos problemas se solucionarían si la ministra diese instrucciones al Abogado del Estado para que se allane a la demanda que ha presentado Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional pidiendo la limpieza de Palomares.

Lo primero que resalta de ella es que más que una “propuesta de paz” parecía una “propuesta de rendición”. Sin embargo, no parecía que Irán estuviese dando muestras de estar dispuesta a rendirse. En contra de lo que los agresores, Israel y Estados Unidos, pudieron pensar en un principio, la respuesta de Irán ha sido bien calculada y bien elegida. Siendo el David, en su enfrentamiento con sus poderosos atacantes ha elegido como “honda” extender el conflicto, no con aliados que le ayuden en la guerra, sino con ajenos al conflicto para que le ayuden en la paz, en la búsqueda de una paz rápida y a ser posible inmediata, porque, aunque estos “potenciales colaboradores-honda” no son parte del litigio, están sufriendo sus rigores (las petromonarquías de la península Arábiga y los países importadores de petróleo y gas, entre ellos los europeos, los este-asiáticos y algunos musulmanes).  

Era, efectivamente, una “propuesta de rendición” porque se le exigía a Irán que “desmantelase sus capacidades nucleares” y “sus instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo” y se comprometiese a “no desarrollar armas nucleares” y a “no enriquecer uranio”, así como a entregar “todas sus reservas de uranio al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”. Y todo ello exigido por un país que sí es potencia nuclear y el único que, hasta ahora, ha demostrado ser capaz de lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas (Hiroshima y Nagasaki). 

Pero no sólo se le exigía que no pudiera tener armas nucleares ni forma de acceder a ellas, sino que se le limitaba también su capacidad de defensa convencional, al exigirle que su programa de misiles “fuese reducido tanto en alcances como en cantidad” y “limitado a misiles de autodefensa”.

Se le exigía, además, que renunciase a tener aliados, a los que denominaba como "grupos interpuestos regionales" en referencia al llamado ”Eje de Resistencia”, conformado por diferentes milicias musulmanas (la mayoría chiíes) de la región, agrupables en función de su ideología común islamista y antiimperialista y de su alianza con el actual régimen islamista y teocrático iraní, que los ampara y financia: Hamás, Hezbolá, los hutíes de Yemen o las milicias armadas shiís iraquíes. 

Y se le exigía que el estrecho de Ormuz, prácticamente la única baza realmente disuasoria con la que cuenta Irán, permaneciera abierto. 

A cambio, se le ofrecía “el fin de las sanciones impuestas por la comunidad internacional" y  “la eliminación del mecanismo de reactivación automática y que permite la reimposición de sanciones si Irán incumple” así como “la asistencia de Estados Unidos para impulsar su programa nuclear civil”. 

Toda una panoplia de exigencias, adornadas con concesiones que no eran tales porque la propia paz, si se alcanzaba, hubiera implicado, por su misma esencia. la ausencia de sanciones o no sería auténtica paz, sino lo que realmente parece que quería ser, una rendición. 

Es quizás por esto por lo que China y ciertos países musulmanes, de una forma u otra aliados de Estados Unidos y afectados por las consecuencias de la guerra –como Paquistán, Egipto, Turquía o Arabia Saudí– han empeñado sus esfuerzos en que haya unas auténticas negociaciones directas, en las que las demandas y principios de ambos contendientes y de todos aquellos que sin ser parte de la guerra están sufriendo sus efectos sean tenidos en cuenta y se alcance una nueva propuesta consensuada viable y aceptable por ambas partes, independientemente del curso que fueran tomando las operaciones sobre el terreno, que cada vez estaban afectando a más países y en mayor número de formas.

Unas negociaciones directas entre ambos contendientes que les fuerce a tener en cuenta no sólo sus propios intereses, sino, asimismo, los de los muchos otros países que de una forma u otra se están viendo afectados, directa o indirectamente –y algunos en gran manera– por las propias acciones bélicas o por sus consecuencias económicas. 

Las guerras, fenómeno social polifactorial y tan anímico como material, no se ganan ni se pierden, ni se acaban porque el señor Trump lo diga en su red Truth Social, sino cuando desaparecen lo suficiente las causas que las han originado. La rendición se le pide a un enemigo vencido, no a un enemigo simplemente considerado más débil. 

En este blog yo tengo que escribir sobre milicia y sociedad civil. Y me pregunto muchas veces, y hoy con más intensidad, si realmente eso son dos cosas diferentes. 

Normalmente insisto en señalar que los militares no son sino ciudadanos de uniforme, al menos y afortunadamente en el entorno que vivimos y conocemos de primera mano: primer mundo, sociedad democrática, ciudadanos con derechos, sin conflictos directos. Pero si dirigimos la mirada a los conflictos y las guerras que nos sirven los medios de comunicación y las redes sociales, se ven dos aspectos sobre las bajas en la guerra que serían curiosos si no fueran dolorosos. 

El primero y más duro es que los dirigentes de las partes combatientes no establecen diferenciación entre militares y población civil, y si la establecen es en contra de esta última. Si en la sociedad del enemigo consigues que prenda el pánico, puedes lograr una rendición sencilla. A mayor número de bajas, más miedo.  Salvo que seas un sicópata y lo que intentes sea un genocidio, como por desgracia sucede con quien gobierna Israel. Basándose en un relato bíblico, presuntamente escrito al dictado de un dios propio, el territorio pertenece a tu etnia (racial y/o cultural) y por ello hay que exterminar a quienes sin ser de los tuyos, ocupan el territorio que ese dios le dio a tu etnia. 

Parece de locos, pero basta con oír a muchos dirigentes israelíes para comprender que, en el caso de Israel, así es la historia. Desdeñando y olvidando sus propios sufrimientos históricos, y acogiéndose a un presunto mandato divino, con una mentalidad propia de nuestra Edad Media, buscan “limpiar” el territorio de personas a las que muchos de sus dirigentes han llamado animales, subhumanos y otras “lindezas” de ese estilo. No le importan las bajas. Nunca son suficientes. 

Pero volviendo a una situación de conflicto alejada de esa visión mesiánica, el terror que se infunde en la población civil es el arma más utilizada en la guerra. Así se habla de las bajas civiles, señalando en muchas ocasiones que se trata de los más débiles de la población, ancianos, mujeres y niños. Conocemos, sabemos el número de bajas entre la población civil, mayoritariamente sobre la que compone la sociedad atacada, porque la atacante se guarda mucho de hablar de sus bajas civiles. Salvo que se usen, como en el caso de los ataques de Hamás del 7 de octubre que dieron lugar a la respuesta genocida de Israel en Gaza, como justificación para todo tipo de barbaridades contra los derechos humanos de la población civil del enemigo. 

El segundo aspecto es que apenas se habla de las bajas militares de uno y otro campo. Parece como si la vida de un militar, por su profesión, tuviera menos valor, fuera “de suyo” que tiene que morir. 

Ciertamente, al menos el militar dispone de armas y entrenamiento para tratar de burlar a la muerte. Difícil burla, porque si en algo ha prosperado el ser humano desde que el primer homínido se puso erguido en la estepa africana, ha sido en perfeccionar la forma de matarnos entre nosotros y matar a las demás especies. Hemos alcanzado una eficiencia brutal. Somos capaces de borrar de un plumazo nuclear a 150.000 personas directamente, más las que mueren a consecuencia de las secuelas. Y ello simplemente apretando un botón. Por mucho entrenamiento que tengas, de eso no te libras. 

Ha mejorado también la posición de los dirigentes del ejército. Del caudillo de la tribu que al frente de sus hombres atacaba a la tribu enemiga –llegando incluso a dirimirse el resultado de una guerra en un combate singular entre los dos caciques–, hemos llegado al caudillo cómodamente sentado en un despacho sin riesgo personal alguno, sobre todo si eres el atacante. En las famosas palabras atribuidas a Erich Hartmann: "La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan" se encierra esta “evolución”. 

Y esas son las bajas, las de esos jóvenes de uniforme, de las que no se habla. Ellos no son culpables de tener que enfrentarse a otros jóvenes. Y no disfrutan, salvo los militares israelíes, que constantemente graban y difunden en redes sociales mensajes felicitándose por asesinar a palestinos. 

Este es un caso que merece una pequeña digresión. Porque sin duda actúan de esa forma por los mensajes que reciben de sus líderes y la impunidad de la que gozan frente a todo tipo de atrocidades. En lugar de castigar a los autores de la violación de los derechos humanos (como en esta brutal agresión sexual), a quien se castiga es a quien difunde estas violaciones. Los dirigentes israelíes premian y fomentan la violación de los derechos humanos de los palestinos. Y no parece que a la mayoría de la población de Israel le importe mucho. Tampoco les importaban las vidas de los británicos del protectorado de donde les echaron a base de ataques terroristas que asesinaban a civiles a finales de los años cuarenta del pasado siglo. Aquí se difumina la línea entre sociedad civil y milicia. 

Volviendo a las bajas entre los militares, es muy raro que los medios de comunicación o las redes sociales informen acerca del número de fallecidos entre los militares. O al menos los citen. Salvo, claro está, que sean del mismo país y estén en un conflicto lejano actuando no exactamente como un ejército sino más bien como una fuerza de interposición o de imposición de la paz. No combatientes. Si combaten pierden el derecho a ser nombrados. 

Es evidente que la crueldad del ataque a personas indefensas reviste un mayor grado de barbarie. Máxime cuando no están en el escenario de la batalla, aunque ese escenario en los tiempos que corren puede ser desde un barrio densamente poblado a una escuela infantil. Porque los que deberían ser realmente campos de batalla (instalaciones militares, bases del ejército, fábricas de armas, aeródromos militares …) suelen estar intensamente protegidos. 

Pero no es menos reprochable la muerte de un combatiente. Muchas veces son combatientes sin su deseo. Hemos visto cómo en Ucrania y en Rusia quienes están en edad militar tratan de huir para no ser alistados. No todo el mundo está inflamado de ardor patriótico. Además, esa inflamación suele desaparecer cuando se aplica el remedio de horas de trincheras, balas silbando y explosiones que asordan cerca de uno. 

Curiosamente, en Estados Unidos, país agresor por excelencia, la sociedad civil sólo toma conciencia de la barbarie que es una guerra cuando empiezan a llegar a su territorio ataúdes cubiertos por la bandera que esconden a jóvenes muertos en defensa de unos intereses que casi nunca son los suyos.  

Así que, sí. Hay otra diferencia que añadir al militar y al civil. La muerte de este parece siempre reprochable. La de aquel, siempre inevitable. 

La guerra no es más que el fracaso absoluto del ser humano y sus relaciones, la sublimación de la violencia en la que el más violento trata de imponerse sobre el resto o sobre quien él desea. A costa de un puñado de sus nacionales y otro puñado, generalmente más grande, de los nacionales del país atacado. 

La pena es que este fracaso humano no nos enseñe que las armas y la violencia nunca son la solución. Siempre llegará uno más fuerte o más determinado. Y nunca una guerra acabó con un conflicto. Pero sí acabó con miles, millones de vidas. Civiles y militares.

El triunfo de la revolución supuso la salida de todos los intereses estadounidenses de Cuba, quedando como testigo la base militar de Guantánamo, que se residenciaron, junto con una amplia colonia, en el Estado de la Florida, dando continuidad al exilio anterior de la guerra hispano-norteamericana. En los años ochenta, la precariedad de la economía cubana que seguía la deriva de la órbita soviética, la falta de oportunidades y la consiguiente frustración de las expectativas produjo la segunda gran oleada de salida de los cubanos con la crisis del puerto de Mariel. La desaparición de la URSS en los años noventa, culminando un periodo de disgregación del bloque oriental, llevó al régimen a una situación límite. La combinación de una economía de guerra (periodo especial) y la apertura de la industria turística, un recurso extraordinario que estaba desaprovechado, consiguió reflotar la maltrecha economía cubana y estabilizar el gobierno, siempre ejerciendo un control represivo sobre la población.

Y en esto llegó la ley Helms-Burton (1996), impulsada por el lobby anticastrista para proteger los intereses de ciudadanos estadounidenses expropiados décadas atrás y reforzar el embargo. La consecuencia buscada de propósito fue que, al sancionar los suministros e inversiones extranjeras en la isla, se consiguiera yugular el intento de modernización de la economía y, por extensión, del desarrollo de la sociedad cubana en un escenario de mayor autonomía individual. Con estas limitaciones, el éxodo ciudadano mantuvo un flujo constante, plasmado en el fenómeno de los llamados balseros, que se hacían a la mar con precarias embarcaciones y artefactos artesanales. También daba muestra de un profundo descontento popular, por la combinación de precariedad, retórica y represión política, el abandono en las delegaciones de deportistas que desertaban y de artistas que solicitaban asilo político. Cuba se descapitalizaba.

La encarnación de la revolución cubana en la figura legendaria de Fidel complicó la renovación del liderazgo burocrático. Mientras se degradaban las condiciones de vida en la isla, el régimen reforzaba sus mecanismos represivos y perdía definitivamente el favor de la cultura. El premio Nobel José Saramago ya había pronunciado su “hasta aquí he llegado”, tras el encarcelamiento masivo de opositores y el fusilamiento de tres jóvenes en 2003. La enfermedad de Fidel forzó la sucesión en su hermano Raúl, también comandante histórico y general de Ejército, planteándose como una transición interna del Partido hasta la renovación del actual presidente Miguel Díaz-Canel.

El mandato del presidente Obama culminó en su último año con el deshielo en la relación entre Washington y La Habana, tras cerrar el escollo que suponía el expediente de los cinco agentes infiltrados, encarcelados quince años en Estados Unidos. Así, el aterrizaje del Air Force One, en marzo de 2016, simbolizó esta nueva estrategia en las relaciones bilaterales, que apenas duró unos meses hasta la llegada de la primera administración Trump, con la consiguiente vuelta a la línea dura. En aquella coyuntura política, la declaración de la pandemia global en 2020, deteniendo bruscamente la industria turística y con ello su principal fuente de ingresos, asestó un golpe mortal a la economía. El resto es agonía y presentimiento del colapso final.

En la hora en que se anuncia el definitivo asalto, tres meses después de someter al país a un doloroso estado de sitio, se ha alcanzado la opción cero en el suministro de combustible, paralizada la actividad del país y sometida a un régimen de hambre y enfermedad a su población, que reacciona con justificadas protestas en la oscuridad del apagón cotidiano. El gobierno ha comenzado a claudicar, abriendo conversaciones que no pueden desembocar sino en aceptar la rendición sin otras condiciones que las que señale Mar-a-Lago, seguida de la tutela del secretario de Estado, Marco Rubio, que inaugura la venganza largamente acariciada por el exilio cubanoamericano. El modelo de intervención en Venezuela se reproducirá, quizá en un periodo más breve, hasta el desembarco de la clase empresarial en la isla. No parece que Cuba, terriblemente aislada, esté ya en disposición de ofrecer algún tipo de resistencia o respuesta militar.

Llegados a este punto, la certificación de la caída de un régimen, inviable desde hace años, sin horizonte alguno de futuro, supondrá una alivio para su empobrecida población y abrirá expectativas de regreso a la numerosa colonia cubana en el extranjero. La legitimidad histórica de su rebeldía contra la tiranía, la hermosa utopía de la alfabetización, justicia, cultura y dignidad de las personas que alguna vez representó, se ha ido perdiendo en un camino jalonado por la represión y la ceguera de una clase política institucionalizada, incapaz de conectar con las nuevas generaciones de cubanos.

Es difícil oponerse a la prepotencia imperialista del Estado vecino que, especialmente bajo esta administración agresiva, no reconoce otra ley que el ejercicio de la fuerza, pero es momento también de admitir que faltó inteligencia, concordia y generosidad a ambos lados del estrecho de Florida. Con estos juegos de suma cero, se perdió la oportunidad que ofrecía el cambio de siglo para conducir una transición democrática consensuada entre todos los cubanos, como se hizo en países del Este de Europa, que conservara los avances sociales y el progreso educativo en un sistema representativo. 

Ahora, cuando en los mentideros de Little Havana se proclama ya el consabido “Comed revolución”, se pasará al cobro una elevada factura en términos de soberanía, que, en todo caso, no debería incluir tributo de sangre. Cuba, que es mucho más que un lugar turístico, se recuperará pronto cuando se le ofrezca una oportunidad, porque cuenta con la formación, conciencia y solidez de su población. ¡Viva Cuba libre! 

En esta ocasión nos viene que ni pintado para hablar de los múltiples intentos de razonar que han sido trasladados en los últimos años al Ministerio de Defensa, bien directamente a su máxima dirigente, la ministra Margarita Robles, bien al resto de responsables con competencia en materia de personal, y me refiero fundamentalmente a las personas que han ostentado en este periodo de tiempo la titularidad de la Subsecretaría de Defensa. Recordemos que la ministra Robles va camino de cumplir los ocho años en el cargo, y durante ese tiempo han sido tres las personas que han ocupado el cargo en su Subsecretaría.

Hablemos de la situación del personal militar y de las grandes carencias con las que desarrollan su servicio a la ciudadanía en su día a día.

No es nada nuevo para el lector saber que los militares tienen, tenemos, disponibilidad permanente para el servicio, y esto supone que pueden ser requeridos para incorporarse a su destino en cualquier momento, algo que hemos comprobado en los últimos tiempos con cierta asiduidad, como por ejemplo para atender a las distintas catástrofes que han asolado nuestro país en el último decenio: Filomena, Covid, volcanes, dana, incendios, nevadas o inundaciones, además de cumplir con nuestras principales misiones como son la seguridad y la defensa del país, y por extensión de las distintas organizaciones multinacionales a las que España pertenece, OTAN, UE, ONU, etc.

Digamos entonces que el militar es un trabajador con un vínculo especial con la sociedad, y esta sociedad suele reconocer con gran estima el trabajo que desempeña, pero obviamente hay aspectos de su desarrollo profesional que no le son tan conocidos, y es aquí donde entra en juego el trabajo de las asociaciones profesionales, a las que la ley les otorga el papel de velar por la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de los militares.

Velando por esos intereses, las asociaciones llevan mucho tiempo —en el caso de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) desde 2005, siendo uno de los motores que impulsaron el pleno reconocimiento legal de la normas por las que hoy se rigen todas las asociaciones profesionales— ejerciendo como tales y no han dejado de expresar la precaria situación de los miles de hombres y mujeres que componen nuestras queridas Fuerzas Armadas; han salido a la calle manifestándose en diversas ocasiones para defender o reclamar esas mejoras, han elevado quejas ante el Defensor del Pueblo, han hablado con los distintos grupos parlamentarios, incluidos los de los partidos que sustentan el gobierno, han participado en debates y foros intentado aumentar el escaparate de sus reivindicaciones, han emitido innumerables notas de prensa y elaborado cientos de propuestas dirigidas al propio Ministerio de Defensa, para ser tratadas en el supuesto órgano de interlocución que es el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. En definitiva, han hecho y seguirán haciendo todo cuanto esté en sus manos para seguir proclamando a los cuatro vientos la precaria situación profesional del colectivo militar.

El punto que suscita mayor incomprensión entre el personal es el referente a las retribuciones. Como antes he mencionado, esa dedicación permanente para el servicio que afecta al personal militar hace que muchos superen con creces —llegando incluso a doblar— la jornada laboral establecida que, de momento, es de 1.642 horas al año, como el resto de los trabajadores de la Administración General del Estado; digo de momento, porque en la actualidad esa jornada está referida a 37,5 horas semanales, pero en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en la negociación entre sindicatos y Gobierno se establece la jornada de 35 horas semanales, y ya el Gobierno está dejando caer el mensaje de que no será de aplicación a las Fuerzas Armadas.

El trabajador militar, en el escalón más bajo de la pirámide jerárquica de las Fuerzas Armadas, es decir. el soldado o marinero, que a su vez es el empleo más abundante en dicha pirámide, apenas cobra un salario neto de 1.300€ al mes, situándose como los empleados de la Función Pública con unas retribuciones más bajas.

Las jornadas superan de largo lo legalmente establecido y esos excesos horarios no tienen ninguna compensación económica, ya que no se pagan las horas extras, ni las guardias, maniobras o situaciones similares.

Por otra parte, el militar está sujeto a una movilidad muy superior a la de otros servidores públicos. Esta movilidad no se ve compensada con otro tipo de ayudas suficientes que puedan paliar en cierta manera esas bajas retribuciones, ya que en la actualidad la red de alojamientos o residencias militares es totalmente insuficiente, además de deficiente, para atender ni tan siquiera al decreciente número de jóvenes que deciden formar parte de estas Fuerzas Armadas.

Otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es el del reclutamiento. El Ministerio de Defensa realiza ingentes esfuerzos por difundir las distintas convocatorias de plazas de Tropa y Marinería, utilizando con asiduidad las redes sociales, que son las ventanas a las que hoy se asoma la juventud para recibir información, y también está presente en ferias y foros de empleo, añadidos a las charlas que se imparten en los centros educativos. Pues todo ello no es suficiente para convencer a nuestros jóvenes y, así, nos encontramos con que el número de chicos y chicas que optan a ellas va disminuyendo año tras año, a pesar de aumentar cada año el número de plazas: según los datos publicados en los últimos meses, apenas se llega a 3 candidatos por plaza ofertada. A esto hemos de añadir la gran cantidad de abandonos en el periodo de formación, en los que aproximadamente 1 de cada 4 alumnos no llega a culminar dicha formación en el acto de jura de bandera.

No pensemos que el resto de las escalas están en mejores condiciones, pues tampoco en las academias de suboficiales y de oficiales se llegan a cubrir todas las plazas ofertadas para el ingreso, y el número de bajas en la fase de formación también es significativa. Sumemos a esto el alto número de militares de ambas escalas que tras pocos años de servicio optan por otros ámbitos laborales, sean privados o públicos; sirva a modo de ejemplo cómo oficiales con una gran proyección de carrera optan por opositar a plazas de agentes de las policías locales o cómo suboficiales con igual proyección de carrera optan por opositar a la escala de Guardias y Cabos de la Guardia Civil, rebajando su “estatus” a una escala funcionarial más baja pero mejor retribuida. 

En definitiva, no somos capaces de retener el talento.

Centrémonos ahora en otro de esos “altavoces” que ponen de manifiesto la situación del personal militar, en este caso el Observatorio de la Vida Militar, órgano que nace de la misma ley orgánica que las asociaciones profesionales, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que es un órgano de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales, y cuya misión es analizar permanentemente la condición de los militares y velar por sus intereses.

Recordemos que el Observatorio de la Vida Militar debe estar compuesto por nueve miembros, cinco elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado de entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas. Para gozar de independencia, su nombramiento se efectúa por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco años.

Entre sus cometidos está la elaboración y presentación ante las Cámaras de un informe anual propio de sus funciones, y de este modo nos podemos remontar a su primer informe del año 2014 con un apartado específico sobre movilidad geográfica en las Fuerzas Armadas, el de 2015 con un especial estudio de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, o el de 2016 con un estudio sobre las retribuciones en las Fuerzas Armadas. Y así llegamos al estudio correspondiente a 2024 presentado hace unos días por su presidente en la Comisión de Defensa del Congreso. Año tras año los mismos problemas se repiten de manera sistemática.

En dicha presentación, el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, dejó de una manera muy clara y directa, en relación con las retribuciones, frases tan contundentes como las siguientes: “hay soldados que no pueden vivir con dignidad con sus retribuciones actuales”, “reforma pendiente y urgente”, “descompensadas y desfasadas”, “pongan en valor la cualificación técnica, recompensen la movilidad permanente y la disponibilidad para el servicio”.

También habló el presidente de la escasez de recursos humanos de que adolecen en la actualidad nuestras Fuerzas Armadas, con una falta estructural de efectivos, con serios problemas en muchas unidades para mantener su operatividad, falta muy ligada principalmente a unas retribuciones escasas, a los problemas de movilidad geográfica y también a las faltas de promoción interna.

(Puede verse la intervención completa en el siguiente enlace: Comisión de Defensa - 24/02/2026)

De todos estos informes y estudios (disponibles en Estudios e Informes - OVM), se realiza un dictamen por parte la Comisión de Defensa, y en su contenido se dictan recomendaciones o “deberes”, siendo uno de los más repetidos el relativo a adecuación y mejora de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Hemos mencionado la cantidad de ocasiones y el alto número de interlocutores que han aportado razonamientos evidentes y bien fundamentados destinados a la mejora de las condiciones del personal militar pero, lamentablemente, si la otra parte implicada, el Ministerio de Defensa, opta por no atender dichos razonamientos, nos lleva al título de este texto: no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Esperemos que luego no sea tarde para lamentaciones.

La visita relámpago, hace unos días, del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a esos dos países tiene la doble función de apoyar sus políticas para fortalecer los lazos ideológicos y de alimentar las tensiones dentro de la Unión Europea. Tensiones que vienen determinadas por una posición sistemáticamente contraria, en especial por parte del “caballo de Troya” Viktor Orbán, a la reglamentación europea en materia de restricciones de derechos LGTBI, control de medios de comunicación, inmigración y el bloqueo de sanciones a Rusia, entre otras muchas. Ejemplo de ello es que Hungría y Eslovaquia han seguido comprando petróleo y gas rusos desde la invasión rusa a Ucrania en 2022 y que Orbán acaba de anunciar que bloqueará, una vez más, el último paquete de ayuda UE a Ucrania. 

Pero esta labor de zapa viene de lejos —realmente hace apenas un año, pero este segundo mandato de Trump se nos está haciendo muy largo— pues fue en marzo de 2025 cuando el vicepresidente americano J.D. Vance acudió a apoyar explícitamente al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) durante las elecciones a la cancillería.

Pero esa visita, que Vance aprovechó para entrevistarse personalmente con la dirigente neonazi Alice Weidel, no habría tenido la expansión que tuvo si no fuera por la varita mágica que maneja Elon Musk con sus algoritmos. La copresidenta de AfD, con unos 200.000 seguidores entonces, pasó en solo unos días a más de 2 millones tras la interacción de Musk en sus publicaciones. La intervención de este lunático empresario en una publicación en su plataforma X puede ser transformadora: líderes ultraderechistas europeos como la negacionista climática Naomi Seibt, el vicepresidente del consejo italiano Matteo Salvini, o influencers como el chipriota Fidias Panayiotou conocieron un aumento espectacular de seguidores tras un simple retweet, una respuesta o una mención de Musk, que cuenta con unos 230 millones de seguidores.

El mismo Vance ya emprendió su cruzada antieuropea, de tinte ideológico, en febrero del año pasado con ocasión de su intervención en la Conferencia de Munich, donde arremetió contra los países europeos cuestionando sus democracias. “La amenaza que más temo para Europa no es Rusia, no es China (...) Es la amenaza interna.(...) Es la retirada de algunos de sus valores fundamentales, valores compartidos con EEUU”. “La libertad de expresión está en retroceso en Europa, me temo”, añadió, en un claro apoyo a las extremas derechas continentales, que reclaman libertad total para difundir sus mensajes de odio.

En la Conferencia de Munich de este año, Marco Rubio, mucho más diplomático que el ofensivo Vance en 2025, ha querido dar un mensaje de tranquilidad, pero —puño de hierro y guante de seda— recordando el ultimátum de Donald Trump en la cumbre de Davos sobre sus pretensiones en Groenlandia y sus críticas a las políticas migratorias y de transición ecológica de la UE.

Si hay algo en lo que coinciden actualmente Trump y Putin es en su intento de desestabilizar y dividir la Unión Europea. Los planes americanos de retirar sus defensas de los países del Este europeo para 2027 o la reducción de la ayuda militar a los países bálticos, han hecho salivar al Kremlin.

Añadamos también que en su reciente Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), la Administración Trump señala a la UE como a su principal adversario en Europa, y ya no a Rusia, con la que pretende restablecer una estabilidad estratégica (“It is a core interest of the United States to (...) reestablish strategic stability with Russia”, ESN, pag. 25), en un giro de 180 grados respecto al señalamiento de ese país como principal amenaza y a Putin como enemigo número uno, tan solo hace poco más de tres años, con ocasión de la Cumbre de la OTAN de Madrid.

“Ese enfoque resulta atractivo para Rusia”, declaró Dmitri Peskov, portavoz de Putin. Ahora Trump parece más proclive a sacar tajada del destrozo causado por su homólogo ruso en Ucrania.

Criticando la trayectoria actual de Europa, que, de seguir así –dice el documento– será irreconocible en un par de décadas (“Should present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less”), la Casa Blanca aboga por premiar a quienes ofrezcan resistencia a la ‘manía’ regulatoria (“regulatory suffocation”) de la UE y apuesten por profundizar en el nacionalismo, en clara alusión a los partidos de extrema derecha o a países “rebeldes” como Hungría.

Del conjunto del texto se deduce que Estados Unidos quiere una Europa de naciones, mucho más manejable individualmente, no una Europa unida que, por muy mejorable que sea el funcionamiento de las instituciones de la UE, ha evitado la guerra entre sus miembros en los últimos 80 años, algo inédito en la historia del continente. Para eso fueron creadas, principalmente, las comunidades europeas en la década de 1950. Y ha funcionado, incluso con las ampliaciones sucesivas de su membresía.

Donald Trump ha decidido con su ESN que el hemisferio occidental es un espacio —en el que nos incluye, claro está— para la actuación legítima estadounidense en defensa de sus intereses, obviando todas las normas del derecho internacional. Eso daría lugar a una serie de esferas de influencia geopolítica: Rusia sobre sus antiguas repúblicas soviéticas, Israel como proxy americano en Próximo Oriente y China sobre su mar Meridional.

Los efectos prácticos de la ESN en “su” hemisferio se estrenaron recién comenzado este año con las amenazas a Colombia, México, Cuba y Dinamarca (vía Groenlandia) y, sobre todo, con el sangriento secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. En los ataques y la acción de comando murieron alrededor de 100 personas, entre ellas casi la totalidad de la guardia personal de Maduro y, con toda seguridad, algún miembro de la Fuerza Delta que el Departamento de Guerra se ha preocupado en ocultar a la opinión pública estadounidense. Salvo que nos hagan creer que la vida real es Hollywood, donde los “rambos” nunca mueren.

En paralelo a la ESN, la recién creada Junta de Paz (Board of Peace), inicialmente concebida para la reconstrucción de Gaza, es una organización que pretende reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU (donde EEUU solo tiene el poder de veto), en la resolución de conflictos. La gran diferencia es que esta Junta está hecha por y para Donald Trump: él ha creado los estatutos, es presidente vitalicio, decide quién puede formar parte y puede adoptar resoluciones sin consultar a nadie. Pues bien, dos países miembros de la UE, Bulgaria y (¡Oh, sorpresa!) Hungría, se han adherido a este chiringuito imperialista, para vergüenza de todos los europeístas. Una consecuencia más del papel divisivo de ambos elementos, la ESN y la Junta.

En fin, desde que Trump ha regresado al poder, se ha quebrado gravemente la confianza entre sus socios de la OTAN. El 47º presidente de EEUU está utilizando la organización para chantajear a sus miembros y, con las amenazas a Groenlandia, demuestra que estar bajo su paraguas no te va a librar de empaparte de agua, sobre todo porque puede llover desde dentro.

Hasta la modesta y tranquila Islandia, en vistas de la importancia que está tomando la región del Ártico y el desasosiego que le provocan las amenazas de Trump de aplicarle un aumento del 15% en aranceles y sus apetencias por la isla vecina, al parecer está sopesando adelantar a este verano el referéndum para el reinicio de negociaciones —que estaba previsto en 2027— para su ingreso en la UE (solicitó la adhesión en 2009 y la retiró en 2015), club que le podría ofrecer un plus de seguridad, estabilidad y confianza. La broma del excongresista republicano Billy Long, recién nombrado embajador en Reikiavik, diciendo que Islandia se convertiría en el 52º Estado de la unión y que él sería su gobernador, no ha sido bien digerida por los islandeses. Tampoco ayuda mucho que Trump mencionara Islandia (¿ICEland?) hasta en cuatro ocasiones durante su discurso en Davos, cuando estaba hablando de Groenlandia. ¿Confusión mental, traición del subconsciente o grave desconocimiento geográfico?

Y para concluir, habrá que fijar un poco la atención en la opinión autorizada de su sobrina, la doctora en psicología clínica Mary L. Trump, quien define a su tío como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un modo de vida. El título de su libro, publicado en 2020, lo dice todo: “Siempre demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”. Solo el primer día vendió un millón de ejemplares.

Una trampa lingüística (Donroe por Monroe) en la que parecen estar cayendo numerosos comentaristas, que, quizás por el pudor de que no se les catalogue como trumpistas, utilizan la expresión “corolario de la doctrina Monroe” para referirse a la que el presidente Trump ha denominado Doctrina Donroe.

Puede que suene muy bonito, incluso muy científico, pero geopolíticamente es un contrasentido. Un corolario sería una propuesta cuya justificación viniera avalada por su similitud con otra previa cuya lógica y utilidad hubieran quedado demostradas (por la historia en este caso). Que la Doctrina Monroe tuviera sentido geopolítico en los momentos de su concepción y aplicación (1823) no implica necesariamente que lo tenga que tener dos siglos después (2026), la Doctrina Donroe. 

En primer lugar, por su carácter estratégico. La Doctrina Monroe es claramente defensiva y proteccionista, la reacción a una pretendida intromisión de antiguas potencias coloniales en los asuntos internos de los países recientemente liberados e independizados con objeto de mantener en ellos privilegios —económicos, comerciales y/o culturales—. La Doctrina Donroe, por el contrario, lo que persigue es lo opuesto, que Estados Unidos mantenga la libertad y la oportunidad de influir y condicionar en beneficio propio la política, la economía, el comercio y la geopolítica del resto de los países americanos, impidiendo la competencia de cualquier otro país u organización internacional en los países del hemisferio. En 2026, es precisamente Estados Unidos el que busca poder actuar como los países europeos intentaban en 1823, lo que convierte su “doctrina” en agresiva e imperialista. La Doctrina Donroe no puede ser, por tanto, un corolario de la Doctrina Monroe, sino, en el mejor de los casos, como un intento de repetición de la misma pero a la inversa, buscando la subyugación de los demás países del continente americano en vez de buscar su liberación y su capacidad de soberanía.

Pero también por su correlación de fuerzas. La capacidad militar de los países europeos de 1823 no era suficiente como para poder imponer sus criterios a tan larga distancia, como probaba el propio hecho de las recientes guerras de independencia, perdidas por ellos mientras que Estados Unidos sí viene demostrando desde hace suficiente tiempo que tiene esa capacidad militar, como los recientes episodios en las aguas del Caribe, en la costa pacífica colombiana y, fundamentalmente, en la propia Venezuela nos acaban de certificar.  

Las situaciones históricas pueden parecerse, pero es el contexto histórico en el que tienen lugar lo que marca si esa apariencia de similitud es aceptable o no. Hechos parecidos pueden tener significados distintos e incluso contrarios. Aplicado al caso concreto analizado de las doctrinas Monroe y Donroe, queda claro que la atribución de corolario de la segunda respecto de la primera cae por su propio peso en cuanto se analizan los respectivos contextos históricos en que se desarrollan, lo que no quiere decir que el intento de relacionarlos no sea un instrumento útil de propaganda para blanquear, intencionadamente o no, la política estadounidense respecto a su entorno continental, que, en el fondo, no es sino una faceta más de su política geopolítica (valga la redundancia) a nivel mundial.

Con los años, muchos de esos miedos fueron remitiendo, aunque dejaban el poso negro de una educación basada en el miedo. Pero había un miedo que no terminaba de abandonarte porque lo estabas viendo. No en tu país. Primero lejos, en Vietnam, luego más cerca, en Etiopía. Y al poco mucho más cerca, en los Balcanes. Eso sin contar con el genocidio que no cesaba y sigue sin cesar en Palestina o el oso ruso en Chechenia y ahora en Ucrania. Me refiero al miedo a la guerra. 

Aún recuerdo el alivio cuando Aznar, empujado por Pujol en los pactos del Majestic, dio por concluida la mili en 2001. Una de las poquísimas cosas que agradecerle al hombrecillo del bigote (por mal nombre Felpudo Maldito). Y de las muchas que reprocharle al hoy tan socialista (desde la comodidad de sus puestos en consejos de administración) Felipe González, a quien sólo se le ocurrió, ante la presión popular, crear un servicio social sustitutorio y también obligatorio. 

Cuando ahora escucho y leo que en algunos países de la UE (Alemania, Francia…) se proponen recuperar el servicio militar, vuelvo a sentir miedo. Primero, porque en la mili a mí no me enseñaron casi nada útil para desempeñar un papel en un conflicto, más que adoctrinarme parar ser solo carne de cañón en “defensa de la patria”. Pero a los pocos meses de haber salido de aquella estupidez, no recordaba ni una sola consigna. Si me hubieran movilizado un año después de licenciarme, no habría sido capaz de reproducir más habilidades que las que ya tenía: escribir a máquina y hablar frente a un micrófono. 

Y segundo, y mucho más trascendente, porque esta nueva pulsión militarista claramente es una reacción de miedo. Miedo contra miedo. Miedo al oso ruso. Miedo al oranguTrump y su ICE, que debe de tener en el alma justamente “ice” para comportarse sus agentes como miembros de la Schutzstaffel, con su jefe luciendo atuendo nazi. Desde EEUU nos llega una ola de miedo, interno y externo. Externo por aranceles, secuestros de presidentes de otros países, amenazas nada veladas de represalias de todo tipo. Miedo interno de la ciudadanía, miedo de abogados, fiscales y jueces que no se plieguen a los deseos del señor naranja. Miedo porque todas las enmiendas de la Constitución estadounidense están en solfa por las veleidades de Míster Cheetos. Incluso esa que muchas personas en EEUU consideran sacrosanta e intocable, la segunda enmienda, el derecho a llevar armas, está en cuestión. Que se lo pregunten a los familiares de Alex Pretti. 

Hasta los miembros de la abogacía estadounidense son sometidos al miedo. Así lo señala en el día de la Abogacía Amenazada, que se conmemora el 24 de enero (aniversario de los asesinatos de los laboralistas de Atocha), el informe de la OIAD de 2026. Como dice en este artículo de infoLibre Lorena Ruiz-Huerta, “según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.” 

Tampoco los periodistas españoles se libran del miedo. Ahí está el acoso de filofascistas como Negre, Quiles o Ndongo a periodistas como Santolalla, a humoristas como Héctor de Miguel, a cualquiera que ose llevarle la contraria al amenazador en jefe, que siembra el miedo (y el odio) con la cantinela del reemplazo de la ciudadanía española por emigrantes, con la ocupación de tus propiedades, o con una violencia y criminalidad que los datos muestran que van en descenso. Porque somos un país seguro: España ocupa el puesto 25 en el Índice Global de Paz 2025, superando en seguridad a países como Italia, Reino Unido y Francia. Sólo aumenta la cibercriminalidad. Y a esa tienen difícil acceso los inmigrantes. 

En la UE tampoco estamos a salvo del miedo. Por fin hemos comprendido que “el amigo americano” no es amigo, sino solamente americano, que nos ha usado de escudo defendiendo sus intereses (contra la URSS, contra Rusia, contra una liberalización real del mercado) y como una especie de museo de los derechos humanos (versión light estadounidense). Y ahora nos amenaza. Y tenemos miedo. Miedo a tomar iniciativas que nos unan a todos los europeos para desembarazarnos de vasallajes y protecciones rogadas, tan similares a las mafiosas. Miedo a nuestra independencia militar y económica. Miedo a que el lameculos de Rutte nos amenace con que la OTAN no nos protegería de un ataque nuclear. Miedo. 

Combatir el miedo con más miedo reintroduciendo el servicio militar de los ciudadanos no es una buena idea. El “replanteamiento” de algunos países acerca de la mili (voluntaria u obligatoria) no deja de ser un aldabonazo de miedo. Un retroceso indiscutible a los peores años del siglo XX. Y una militarización encubierta de la sociedad. Cuando muchos abogamos por que los militares sean tratados como ciudadanos con uniforme, ahora algunas “mentes pensantes” están pensando en militarizar a los ciudadanos. La vía contraria. Miedo.

Porque el ejército da miedo. Hacia dentro y hacia afuera. En España, el denodado esfuerzo de los responsables políticos de identificar al ejército con labores humanitarias decae en cuanto algún descerebrado autoritario habla de matar a 26 millones de conciudadanos. Porque, hacia adentro, el ejército en España suele estar trufado de órdenes extrañas. Cualquier falta, error o simplemente discrepancia se sanciona con penas de arresto que conllevan privación de libertad. La disciplina se impone por el miedo, mediante ejercicios de poder y no por un ejercicio de autoridad. 

Hacia afuera, el miedo es la base de la disuasión. Disuades si te temen. A Europa no se la teme porque no tiene capacidad disuasoria. Especialmente la nuclear ,que es la madre de todas las disuasiones. Tampoco se teme nuestra capacidad tecnológica. Porque hoy la batalla es digital. Si alguien consigue encontrar la forma de piratear los “segurísimos” sistemas de armamento y defensa, tendrá ganada la batalla porque casi ningún sistema de armas es manual. Salvo el arma del soldado de a pie, esas que provocan la muerte de miles de jóvenes que, como decía Hartmann, no se conocen ni se odian entre sí pero se matan por las decisiones de viejos que sí se conocen y se odian pero no se matan. 

El miedo es la palanca que siempre usa cualquier tipo de totalitarismo. El miedo al diferente, a lo incomprensible, está presente en el ADN del ser humano. El miedo a perder lo que se tiene (dinero, poder, estatus, reconocimiento) es la pulsión conservadora. Y hoy, que están en cuestión muchos de los derechos que creíamos conquistados para siempre, una parte muy importante de la población siente miedo a perderlos. Y en un incomprensible ejercicio de autodestrucción, muchos se refugian en quienes llevan el miedo por bandera, en quienes usan el miedo para disciplinar a la sociedad. 

El miedo nos hace más agresivos. El miedo paraliza. El miedo mata. No responder al miedo con más miedo, sino desmontarlo desentrañando y destruyendo las causas que lo generan, debería ser el principio que oriente el progreso del ser humano. Así ha sido desde que descubrimos el fuego para perder el miedo a la noche. Pero hay quienes quisieran recuperar una sociedad miedosa. Porque desde el miedo se controla. 

Desterremos el miedo. Nos va en ello la vida.

El espacio público, siguiendo modelos capitalistas de otras latitudes, está siendo aceleradamente apropiado por el dinero, también en la Europa que en el siglo XX aspiraba al Estado de bienestar de sociedades avanzadas. Ya no es extraño que las grandes zonas residenciales privadas de Miami o Punta Cana se estén reproduciendo aquí con los mismos criterios de segmentación por renta. Playas, bosques, lagunas, aeropuertos, guardias de seguridad, todo privatizado al mejor postor en promociones “exclusivas”. El centro de las ciudades se ha transformado por efecto de una insensata concesión a la especulación que replica su arquetipo en todas partes. En estos espacios de autonomía creciente, el Estado pierde en la práctica su capacidad de intervención en el orden público. Los trabajadores que atienden estos barrios vedados ceden de facto sus derechos laborales (y hasta fundamentales) al acceder al espacio privado.

Los servicios públicos, en los dos grandes vectores ilustrados de la educación y la sanidad universales, imprescindibles para la debida cohesión social y la conciencia ciudadana, han iniciado un camino sin aparente retorno hacia el modelo de gestión público-privado, seguramente como estación intermedia de la estación término: la total privatización, complementada con servicios simbólicos de beneficencia, es decir, la vuelta a lo que aproximadamente existía en los países europeos antes de la generalización, en una dura conquista escalonada a lo largo de décadas, de las políticas públicas del Estado social y democrático de derecho. Ninguna evidencia de las consecuencias que, para el común de los ciudadanos, tiene la degradación de los servicios públicos cuando se entregan al lucro privado, perfectamente descritas en los procesos de liberalización económica desde los años ochenta, que anticiparon un cambio de tendencia, parece oponerse a un proceso que avanza con la sorprendente aprobación de los futuros perjudicados, quienes han comprado masivamente el renovado discurso reaccionario, sea por cultura aspiracional, individualismo majadero o reacción desesperada ante los problemas estructurales. 

Corren malos tiempos para la ética comunitaria y la solidaridad entre las personas, tanto en las ciudades con la práctica desaparición del movimiento asociativo vecinal como en las relaciones laborales con la marginación provocada de las organizaciones sindicales, y también se denota entre los territorios con el proceso de fragmentación administrativa de aspiración soberanista, que lejos de suponer una racionalización de la prestación de los servicios, se vuelca en apuntalar identidades competitivas donde el interés particular desafía al interés general. El Estado central pierde sus instrumentos de regulación hasta resultar peligrosamente irrelevante, mientras que las élites locales, instaladas en la retórica narcisista, se perpetúan sin posible fiscalización pública.

En el Estado mínimo que propalaba la teoría neoliberal se mantenía firme la estatalidad de las fuerzas militares y policiales por imperativo del monopolio de la fuerza en la defensa del orden. Pero aquí también algo se está moviendo en la dirección más radical privatizadora. En lo que va de siglo se han ensayado las sedicentes virtudes de la gestión privada incluso en los campos de batalla, sea mediante sociedades contratistas de capital privado, que colaboran con los comandantes sobre el terreno y que fue el modelo estadounidense de los Blackwaters en las campañas de Irak y Afganistán, o la fórmula empresarial rusa de las compañías estatales paramilitares como el llamado GrupoWagner y reemplazantes sucesivos. Los gobiernos encuentran así una vía sugerente para privatizar sus actividades y descargarse de toda exigencia legal.

El avance de la privatización en el campo de la seguridad ha recibido un impulso excepcional con el segundo advenimiento de la administración Trump. En este primer año de la venganza anunciada, significativamente principiado con el indulto de los delincuentes que asaltaron el Capitolio, el rebautizado Departamento de Guerra se ha confiado a un comentarista que difícilmente puede ofrecer una dirección profesional, lo que se ha buscado a propósito para profundizar en el uso partidista de los ejércitos, o más bien privativo del círculo del comandante en jefe. Estamos ante un gobierno que ha normalizado la celebración de mítines con los uniformados en sus bases y las charlas de motivación ultra a los altos mandos. En tales circunstancias, el despliegue permanente del dispositivo militar –incluso las alianzas estratégicas– puede cambiarse por un empleo contingente en función de intereses político-empresariales. A falta de cualquier criterio técnico, así se explican los movimientos ordenados a la flota o la presencia de patrullas militares por las calles de ciudades gobernadas por la oposición.

La privatización sin recato alguno de las relaciones internacionales, al margen de todo consenso multilateral y del derecho internacional, se está traduciendo en la imposición de cláusulas leoninas, en forma de extracción de recursos, concesiones comerciales y anulación de la soberanía nacional, para terminar conflictos en las peores condiciones y sin esperanza alguna de alcanzar una paz justa y duradera. Esta política privatizadora, que desconoce la Carta de la ONU y hasta reivindica la vuelta del derecho de conquista, se está ejecutando a la vista de todos, en una secuencia progresiva de implantación de un régimen autoritario, que no duda en convertir una agencia federal en una milicia escuadrista de imposición del terror. Lo más desconcertante es que los proclamados contrapesos del sistema liberal más reconocido del mundo no tienen hasta el momento virtualidad ante el ejercicio directo sin escrúpulos del poder ejecutivo, que deja a una población polarizada como única defensa de supervivencia del sistema.

Es un tiempo en el que la libertad de los poderosos avanza y de qué manera. Es esencial que la sociedad, recuperada de la terapia de choque, cierre el paso a una privatización generalizada que atenta contra la estabilidad del sistema democrático.

Muchos militares esperamos con interés conocer los discursos que en este solemne acto realizan tanto la persona titular del Ministerio de Defensa —en este caso, la ministra Robles— como el que pronuncia Su Majestad. Lo habitual es escuchar sobre la grandísima profesionalidad de los militares, el magnífico trabajo que realizan, cómo se ponen en peligro constantemente para garantizar el bienestar de nuestros conciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras; y, por tanto, cómo contribuyen a garantizar la paz y la seguridad, haciendo valer la Carta de Naciones Unidas, los valores democráticos y la defensa de los derechos y libertades en el marco del Derecho Internacional.

También se suele hacer balance con datos numéricos: efectivos desplegados en misiones internacionales —cada vez más— y apoyos a las desgraciadas catástrofes que afectan a nuestro país, y que en los últimos tiempos han servido para acercar cada vez más a nuestras Fuerzas Armadas a la sociedad a la que representan. La Filomena, la pandemia del Covid, el volcán de La Palma, repatriaciones en Afganistán, la DANA o los innumerables incendios han llevado —y siguen llevando— la participación de gran parte de nuestras Fuerzas Armadas para ayudar a “combatir” estos hechos, y de este modo apoyar a nuestra sociedad en su resolución o, al menos, en paliar sus consecuencias.

Como bien decía, este tipo de actuaciones ayuda a que la sociedad valore nuestro trabajo; un trabajo que implica el constante riesgo al que los militares nos enfrentamos en el ejercicio de nuestra profesión, a pesar de que ese riesgo se nos niega en el reconocimiento profesional, algo con lo que muchos otros colectivos sí cuentan.

Pero en muchas ocasiones también se acude a la llamada generalizada de nuestros profesionales como si fueran el bálsamo de Fierabrás. Y así nos encontramos con responsables políticos que reclaman militares como si se tratara de un recurso disponible de forma inmediata: “Señora ministra: mándeme 1.000 militares”. Una petición que se asume normalizada, sin tener en cuenta la especialización de cada uno de los hombres y mujeres a los que reclama; de modo que podríamos pensar que lo mismo le sirven 1.000 paracaidistas, 1.000 infantes de marina o 1.000 artilleros para solucionar un incendio que se ha desbocado. En muchas ocasiones, además, ese incendio es el resultado de una falta de políticas adecuadas para proteger el medio ambiente. Del mismo modo, ante una gran nevada —avisada reiteradamente por los servicios meteorológicos— colapsan infraestructuras críticas (por ejemplo, autopistas, incluso de peaje) y se recurre al “comodín” del Ejército para su solución. Estas situaciones, a veces, hacen sentir a los militares como usurpadores de funciones que competen a otros profesionales más especializados, ejerciendo una competencia desleal; pero ya lo sabemos: para estas misiones, lo más barato es acudir al “Ejército”.

Y aquí empieza el problema de fondo: cuando se nos invoca como recurso inmediato —siempre disponibles, siempre discretos, siempre eficaces—, se corre el riesgo de asumir que esa disponibilidad es inagotable y que no tiene coste. Lo tiene. Lo tiene en horas, en conciliación, en salud, en desgaste, en rotaciones, en familias que sostienen la ausencia, en destinos que obligan a rehacer una vida cada pocos años. Lo tiene en miles de servicios que no se ven y que, precisamente por su invisibilidad, parecen no existir hasta que llega una emergencia. Por eso, la Pascua Militar debería ser también un punto de honestidad institucional: no solo para elogiar la entrega, sino para explicar qué se necesita para mantenerla sin quebrar a quienes la sostienen.

Tengo muy claro que todos los componentes de nuestras Fuerzas Armadas están dispuestos a trabajar de manera incansable para proteger a sus conciudadanos. Pero ello no debe ser óbice para poner de manifiesto el abuso desmedido que se hace, en ocasiones, de esa disponibilidad; ni para reivindicar las mejoras profesionales y sociales que todos y cada uno de los componentes de nuestra milicia merecen: retribuciones dignas, reconocimiento de profesión de riesgo, carrera militar integral, fin de la temporalidad, apoyos reales a la movilidad y un largo etcétera.

Esas reivindicaciones no son caprichos ni eslóganes. Son la traducción práctica de un principio muy simple: si se exige mucho —y se exige—, debe cuidarse mucho. Cuando hablamos de retribuciones, hablamos de proporcionalidad y de justicia comparada dentro del propio sector público; cuando hablamos de profesión de riesgo, hablamos de coherencia con la realidad del servicio y de protección efectiva; cuando hablamos de carrera militar integral, hablamos de transparencia, formación, reconocimiento del mérito y previsibilidad; cuando hablamos de temporalidad, hablamos de no convertir un compromiso vital con España en una incertidumbre permanente; cuando hablamos de movilidad, hablamos de vivienda, de escolarización, de empleo de cónyuges, de apoyo real a familias que cargan con la mochila más pesada sin uniforme. Y si estas cuestiones quedan fuera, el relato queda bonito… pero incompleto.

Toda la sociedad debería tener muy presentes estas reivindicaciones. A mi entender, deberían ser protagonistas —o al menos figurar de manera clara— en los discursos de la Pascua Militar, junto al reconocimiento a los compañeros fallecidos en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, a sus familiares y seres queridos. Pero también ha de existir un reconocimiento explícito a las familias de los que “están”: el único soporte de miles de hombres y mujeres que, disciplinadamente, dan lo mejor de sí mismos por garantizar esta democracia y el Estado de bienestar del que goza nuestra sociedad.

Previsiblemente (y lamentablemente) escucharemos los consabidos discursos: datos de participación en misiones internacionales, los nuevos frentes abiertos en la defensa global del mundo occidental, loas a nuestros militares — el reconocimiento institucional, por sí solo, no garantiza unas condiciones profesionales adecuadas—, aniversarios que algunas de nuestras unidades celebrarán en 2026, el egreso de Su Alteza Real de la Academia General del Aire y del Espacio tras la finalización de su formación militar por los tres ejércitos (¡qué difícil lo tendría para subsistir con el sueldo de teniente!). Seguramente oiremos hablar también del consabido Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, presentado por el Gobierno el pasado mes de abril, que riega de miles de millones a nuestra industria de defensa, pero que vuelve a olvidar el principal activo de la misma: el personal. Otra oportunidad perdida de un Gobierno que se hace llamar progresista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sí, trabajadores: porque los militares somos trabajadores, con una connotación especial, pero trabajadores al fin y al cabo.

Como tales contamos con una representación legítima, que nos otorga la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y que establece criterios de representatividad. Esa representatividad —que se materializa en órganos de interlocución y en propuestas concretas— no debería tratarse como una nota a pie de página. No estamos pidiendo un protagonismo indebido, ni convertir un acto institucional en una asamblea. Se trata de algo mucho más sencillo: que se reconozca, con normalidad y sin complejos, que existe una voz profesional organizada del personal militar; que esa voz no es un estorbo; y que escucharla y visibilizarla fortalece la institución porque la conecta con la realidad. Cuando esa representación se ignora, se transmite un mensaje equivocado: que la dimensión humana del servicio es secundaria y que lo profesional se resuelve solo con aplausos, compromisos genéricos y cifras de despliegue.

Sin embargo, en el caso de la Pascua Militar, esa voz vuelve a ser obviada por completo: las asociaciones profesionales de militares siguen ausentes al no ser invitadas. En una conversación habida ya hace unos años —en la época en que la ministra se reunía con las asociaciones—, la titular del Ministerio alegaba que esa invitación era responsabilidad de la Casa Real...

Si bien la Constitución Española establece en su artículo 62 que el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al Rey, no es menos cierto que el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, así como de la administración militar y la defensa del Estado. Dicho de otro modo: más allá del protocolo y de las competencias formales, existe un margen evidente para que las instituciones implicadas actúen con normalidad democrática y con sentido de oportunidad.

Por eso, cada cual podrá extraer sus conclusiones sobre quién debe ejercer de anfitrión y quién ha de cursar las invitaciones. Pero lo relevante no es tanto el “quién”, sino el “qué”: que la ausencia de las asociaciones profesionales —la representación legítima del personal militar— deja fuera del acto a una parte esencial de la realidad de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando falta esa voz, la celebración queda incompleta; queda, en el sentido más literal, coja.

Esta cojera es, además, evitable. Bastaría con incorporar la presencia institucional de las asociaciones y, sobre todo, con asumir en el relato público lo que el personal reclama desde hace años en los cauces establecidos: condiciones profesionales acordes a la exigencia del servicio, reconocimiento efectivo del riesgo, estabilidad y previsibilidad en la carrera, apoyo real a la movilidad y medidas serias de conciliación. Hablar de ello no desluce la Pascua Militar; la completa. Porque una institución fuerte no es la que evita sus necesidades, sino la que las afronta con respeto, con realismo y con voluntad de solución.

Si la Pascua Militar pretende ser el espejo anual de nuestras Fuerzas Armadas, ese espejo debe reflejar también a quienes sostienen el servicio día a día y a quienes canalizan, de forma leal e institucional, sus demandas. Solo así dejará de ser una celebración “coja” y podrá ser, de verdad, una cita de unidad, reconocimiento y compromiso con el futuro del personal militar.

Y, al igual que hace cien años, no reaccionamos. Al menos, no suficientemente. Esto me lleva a recordar a otro alemán, el militar y religioso Martin Niemöller, cuando escribió, en los años 30 del siglo pasado, el famoso poema de “Cuando vinieron a buscar a (...), guardé silencio...”, que le llevaría a la cárcel y a un campo de concentración.

En todo el llamado Occidente estamos asistiendo a un vuelco ideológico, nocivo, al que no damos la importancia que merece.

Comenzando por nuestra Europa, observamos un estancamiento, cuando no retroceso, principalmente en el campo de las libertades públicas y en las políticas medioambientales, causado por la injerencia ideológica estadounidense y por la labor de zapa de los lobbies —acreditados o no— en los centros de poder, especialmente Bruselas.

Muchas de las normas que nos hemos dado, en el ámbito UE y, tras su posterior transposición, en el nacional, y que han supuesto en su conjunto un progreso en el reconocimiento de valores y derechos, están últimamente en entredicho, cuando no en peligro.

Baste recordar, en cuanto a las libertades públicas, que en el Reino Unido (gobierno laborista) puedes acabar detenido si te manifiestas contra el genocidio en Palestina y que en Alemania (gobierno conservador), Francia (gobierno centrista) y otros países ocurre lo mismo.

En cuanto a las políticas medioambientales, citemos la actual ralentización en su implementación, cuando no “revisión” o “flexibilización” de los proyectos, especialmente el Pacto Verde Europeo, que se enfrenta a la hostilidad de las grandes corporaciones afectadas, como la industria automotriz, defendida por su correa de transmisión, los partidos de derechas europeos. Para empezar, el plan inicial de restricciones en la venta de vehículos de combustión a partir de 2035 ha sido modificado por la Comisión Europea para introducir flexibilidades en los objetivos de emisiones de CO2. Mal empezamos sin se quiere llegar al horizonte de neutralidad climática de 2050.

Y qué decir de los derechos de los refugiados, reconocidos por la Convención de 1951, que incluyen el principio de no devolución a un lugar de peligro y el acceso a un estatuto legal para reconstruir sus vidas. Pues bien, el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026, va a endurecer los controles en las fronteras y reducir la protección de los emigrantes, en flagrante contradicción con los valores y principios que la UE reivindica. 

Desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, las libertades y derechos civiles no han dejado de verse amenazados. En primer lugar en propio territorio estadounidense, con multitud de recortes presupuestarios a los programas de ayuda a la población más vulnerable (Obamacare), ataques a la libertad de prensa a través de acciones judiciales, cierres de medios financiados por el Estado, restricción de acceso a la Casa Blanca e insultos directos a periodistas incómodos. Por no hablar de la política antimigratoria aplicada a través de la policía del denostado ICE.

Estos ataques directos en casa, que sufren incluso los ciudadanos que le han votado, se expanden, cual pandemia, allende sus fronteras, empezando por el norte con la represalia comercial a Canadá recién iniciada la presidencia de Trump. También con el sur, con los recientes bombardeos de embarcaciones frente a las costas de Venezuela y el consiguiente asesinato de más de cien personas sin detenciones, procesamientos o prueba alguna (ver este análisis de Fidel Gómez Rosa aquí). Añadamos la declaración oficial de Nicolás Maduro como terrorista y la incautación de petroleros venezolanos, o la violación del espacio aéreo por aeronaves militares de la USAF y la declaración unilateral de cierre total del espacio aéreo para aviones comerciales.

Panamá también fue objeto de amenazas, incluso antes de la reelección de Trump, quien declaró que exigiría que el control del canal fuera devuelto a los Estados Unidos ante el aumento de su utilización por China, segundo usuario después de EE.UU. e importante inversor en el país centroamericano.

Se trata de una actualización de la doctrina Monroe para ampliar la larga lista de intervenciones externas al sur del Río Grande. El patio de atrás se les había descontrolado en los últimos años y necesitan poner orden. Ya en 1998, Hugo Chávez llegaba al poder en Venezuela, Argentina volvió al peronismo de izquierdas en 2003, el mismo año en que Lula fue elegido presidente de Brasil. Luego vendría el triunfo de las izquierdas en Uruguay (2005), Bolivia y Chile en 2006, Ecuador en 2007, Paraguay en 2008, Perú en 2021 y Colombia en 2022. Demasiado.

Parece ser que la situación se está revertiendo con un claro giro derechista, como indican los resultados electorales en Argentina, Bolivia, Ecuador y más recientemente en Chile.

Pero esa involución en el ámbito de las libertades públicas y los derechos fundamentales no tiene fronteras y, como muchos otros movimientos que nos vienen de Estados Unidos (por cierto, único país que no tiene un nombre propio, sino simplemente descriptivo), ha cruzado el Atlántico y propaga sus perniciosos efluvios a nuestro viejo continente. Para ello cuenta con los pertinentes quintacolumnistas, en el poder o no (el húngaro Orbán, la italiana Meloni, el eslovaco Fico, pero también los líderes de extrema derecha como el británico Farage, el polaco Kaczynski, el italiano Salvini o el español Abascal), que celebran la injerencia trumpista en Europa porque, en general, no consideran que vaya contra los intereses nacionales, sino contra las instituciones europeas.

Recordemos también que Elon Musk, entonces amiguísimo del presidente Trump, se dedicó a apoyar y alentar, a través de su plataforma X, la visibilidad de políticos y activistas de extrema derecha de toda Europa y a entrometerse en las políticas nacionales, en especial las relativas a la inmigración. 

Pero no todo son lisonjas y alfombras rojas. Algunos socios parece que empiezan a despertar (aunque no se consideren woke) y a ver la realidad del socio americano. Canadá pronto comenzó a sentir la puñalada arancelaria, como hemos indicado más arriba, y también Dinamarca se sintió amenazada con las bravuconadas del exmagnate inmobiliario sobre la anexión de Groenlandia. Ya en su primer mandato, Trump anunció su interés en comprar esa gran isla, pero el asunto fue zanjado de inmediato por el gobierno danés. A comienzos de 2025, Trump volvió a la carga no descartando usar la presión económica o militar para poner ese territorio septentrional sobre control estadounidense.

En marzo, el vicepresidente americano, J.D. Vance, lanzó un órdago con la inesperada visita a una base USA en aquel territorio, declarando que EE.UU. defendería mejor su seguridad que Dinamarca, a la que acusaba de invertir poco allí.

Hace unos días, el presidente llegó al extremo de nombrar a Jeff Landry (gobernador de Luisiana), como enviado especial para Groenlandia. “Es un honor servirle en este puesto para hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos”, escribió el republicano en la red social X. Como es natural, el gobierno danés contestó inmediatamente recordando que “todos, incluido Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del reino de Dinamarca”.

Según se desprende de un informe publicado hace unas semanas por el servicio de inteligencia militar danés, ya se considera a Estados Unidos una potencial amenaza a su seguridad nacional.

Francia, por su parte, también comenzó a darse cuenta de la fragilidad de la alianza defensiva con el socio más fuerte de la OTAN después de la convulsión estratégica provocada por la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente reacción de la administración norteamericana, que un día echa toda la carne en el asador para ayudar a los ucranianos y al día siguiente dar a entender que Ucrania deberá ceder el Donbás a los rusos.

Viendo a la Rusia de Putin como una amenaza real, al igual que otros muchos socios europeos, Francia (única potencia nuclear de la UE) está empezando a tomar medidas para asegurar la defensa del continente y su propia soberanía, pues no se fía de cómo reaccionaría el errático presidente americano (y por ende la OTAN, su brazo armado en Europa) si los blindados rusos , o un enjambre de drones, atravesaran las fronteras bálticas o polaca.

En este sentido, el general del aire Fabien Mandon, recién nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha alertado de que Putin aspira a dividir a los países europeos y por consiguiente no es descartable un enfrentamiento directo con Rusia en los próximos tres a cuatro años. Una de las medidas inmediatas a tomar será la reintroducción del servicio militar obligatorio en 2026, sobre lo que nuestro compañero del FMD Enrique Vega ofrece un interesante análisis (ver aquí).

Y como colofón a las amenazas, más o menos veladas, a la soberanía de las naciones europeas y a su enemigo comercial, la Unión Europea, aparece la reciente Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) que nos explota a todos en la cara. El documento, que pretende extender la doctrina Monroe —doscientos años más tarde— a nuestro continente, nos ve como una colonia y asegura que Europa “se enfrenta a la desaparición de su civilización”, dando así apoyo a la narrativa de la extrema derecha, especialmente en su teoría del “gran reemplazo”. ¿Quién es para ellos el gran culpable? La UE, por supuesto, y su manía de regularlo todo y poner límites a las empresas, sobre todo estadounidenses. Y de poner límites a la libertad de expresión (léase el discurso del odio en redes), por lo que Thierry Breton, excomisario europeo, ha visto vetada su entrada en Estados Unidos por haber sido uno de los impulsores para regular la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok.

Añádase el empeño de la embajada USA en España en que vayamos tragando la píldora trumpista (supongo que en otros países igualmente), que un día obliga a las empresas españolas proveedoras de servicios a que, si quieren tenerla de cliente, demuestren que no aplican políticas de “diversidad e inclusión que violen las leyes antidiscriminación estadounidenses”, y otro día difunde una advertencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, avisando de que tomará "medidas para prohibir la entrada en Estados Unidos a figuras destacadas del complejo industrial de la censura global." "Estamos dispuestos a ampliar esta lista si otros no cambian de postura”, añadió Rubio a su post en la red de Elon Musk. Una reacción inmediata a la multa que la Comisión Europea impuso hace unas semanas a la red social X, por engañar a sus usuarios con su famoso “check” azul.

Pero las injerencias norteamericanas ni comienzan ni acaban con la administración Trump II ni con esta nueva versión de la ENS. En el pasado reciente, EE.UU. espió a Angela Merkel durante una década, decidió la caótica retirada de Afganistán sin contar con sus aliados europeos y firmó una alianza militar con el Reino Unido y Australia (AUKUS) a espaldas de los aliados europeos.

Queda claro, una vez más, que Estados Unidos no tiene aliados sino exclusivamente intereses y que el lema America First lo va a aplicar también en Europa. Ya es hora de que los europeos pongamos en marcha un ¡Desperta ferro! frente a los envites de un país que, por mucho que quiera hacer creer lo contrario, está comenzando su declive como potencia global, con el peligro que conllevan los posibles coletazos de todo animal que huele la muerte.

En muchos de los países de la UE+ ya existe el servicio militar obligatorio (nunca se suprimió o se ha recuperado recientemente). En Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia y Suiza sólo para varones; en Dinamarca (a partir de 2027), Noruega, Letonia, Lituania y Suecia para ambos sexos (en diferentes modalidades). 

De quienes quieren recuperarlo, Francia y Alemania son los más significativos y los que parecen tener más adelantado su planeamiento. Francia (que suprimió su servicio militar obligatorio en 1996) tiene previsto crear un servicio militar voluntario y remunerado, que el Parlamento podría transformar en obligatorio en caso de necesidad. Se realizaría exclusivamente en territorio nacional (metrópoli o ultramar) por jóvenes de 18 y 19 años para alcanzar la cifra de 10.000 efectivos en 2030 y de 50.000 en 2050, recibiendo una remuneración de 800 euros al mes mientras dure su incorporación al servicio. Durante el primer mes de servicio, recibirán un entrenamiento básico de “manejo de armas, disciplina, marcar el paso, cánticos y el conjunto de rituales que alimentan la fraternidad de los ejércitos y contribuyen a la grandeur de Francia”. A continuación, nueve meses en unidades operativas, tras los cuales podrán licenciarse, mantenerse en la reserva operativa o incorporarse a las Fuerzas Armadas como profesionales.  

Alemania (que suprimió su servicio militar obligatorio en 2011) tiene previsto que, a partir de 2026, todos los varones con nacionalidad alemana, al cumplir 18 años, deberán obligatoriamente (voluntariamente las mujeres) contestar un cuestionario con datos personales (para posibilitar su seguimiento en caso de movilización) y pasar un reconocimiento médico para comprobar sus capacidades físicas, psíquicas e intelectuales, tras lo cual deberán decidir si incorporarse o no al servicio militar voluntario —que podría convertirse en obligatorio si el número de voluntarios se considerase insuficiente y lo aprobase el Bundestag (Parlamento)— de seis meses de duración con una remuneración de 2.600 euros al mes. El objetivo a alcanzar es que las Fuerzas Armadas alcancen la cifra de 255.000 efectivos y 200.000 reservistas en 2035. 

En ambos casos, una vuelta a la “mili” tradicional: jóvenes de 18 años pasando unos meses en los escalones más bajos de una unidad operativa. Un tipo de unidad al que podrían ser movilizados en el futuro en caso de necesidad cuando, muy probablemente, hubieran pasado quizás años y el armamento y demás tipos de material, las tácticas y las técnicas fueran completamente diferentes. Hoy día, “las ciencias adelantan que es una barbaridad”, que decía la zarzuela (La verbena de la Paloma), e incluso los militares profesionales tienen que irse adaptando casi a uña de caballo a los cambios que la tecnología y la modernización imponen. 

¿No sería mejor aprovechar los conocimientos y experiencia del personal movilizable a edades más avanzadas? La diferencia de conocimientos y experiencia formativa y laboral entre un logista, un conductor de vehículos pesados, un experimentado informático, un médico o sanitario, o un piloto, etc. civiles respecto a sus equivalentes militares es desde luego mucho menor que su diferencia con un soldado asignado al azar a la unidad que le toque tras ser movilizado. Son sólo ejemplos, seguro que los hay mucho mejores, pero lo que tratan de transmitir es que enseñar “a disparar, disciplina, marcar el paso, cánticos y rituales” y practicarlo después unos pocos meses (copio literalmente de la propuesta francesa) a jóvenes de 18 años aún en formación (psíquica, cultural y social) no es la forma más sensata, y, por lo tanto, más eficaz, de tener una reserva útil en caso de guerra o de alarma de seguridad.  

Porque, a poco tiempo que pase entre su “mili” y su movilización en caso de guerra, el arma con la que deben “disparar” ya no será la que conocieron, como no lo será el ambiente bélico en que deben desenvolverse (adopto el estribillo de la zarzuela, “es que hoy en día la tecnología avanza que es una barbaridad”). Si lo que se pretende es tener personas preparadas para la guerra actual, no digamos la de un posible futuro, “marcar el paso”, es decir lo que se conoce como “orden cerrado”, no sirve para nada porque el “orden cerrado” es como se combatía antes, hasta mediados del siglo XIX. Hoy en día, no digamos por tanto en el futuro, lo que se exige es precisamente lo contrario: iniciativa a todos los niveles, dispersión, maniobra, sorpresa, etc.: disciplina y sincronización de objetivos, no de movimientos. Una cosa es que las ceremonias solemnes y los vistosos desfiles militares sean una forma de hermanar a las fuerzas armadas y a éstas con la población civil y otra que sean útiles para la guerra. En cuanto la concienciación del sentimiento patrio (“cantos y rituales”), mejor dejarlos para el sistema educativo nacional, no vaya a ser que alguien acabe creyendo que eso es (o debe ser) sólo patrimonio exclusivo de los componentes profesionales de las fuerzas armadas.  

Una posible alternativa a este tradicional servicio militar obligatorio sustentado en un rito iniciático a temprana edad podría ser el desarrollo de unos planes de movilización basados en la idoneidad de los cometidos a desempeñar en caso de ser movilizados. Cada movilizado se entrenaría para ir a la guerra, si falta hiciera, desarrollando labores y cometidos lo más similares posible a su puesto de trabajo civil en su vida normal. Un primer paso tendría que ser algo similar a la base de datos personales de toda la población, permanentemente actualizada a través de padrones municipales y requisito de plantillas públicas y privadas, por ejemplo, preconizada por Alemania para posibilitar el seguimiento de la población en aras de su posible movilización para “entrenamientos” o necesidad real. Estas “movilizaciones de entrenamiento”, que se iniciarían cuando los movilizables tuvieran ya una cierta estabilidad laboral y durarían hasta la edad o condición que se determinase, no necesitarían ser de tan larga duración como las de la tradicional “mili” (meses o incluso años), ya que se movilizaría para puestos que se corresponderían con la actividad y experiencia profesional y laboral de cada individuo (días, como mucho, en algún caso, algunas semanas). Conocimiento de su puesto y entrenamiento de sus cometidos que tendrían que revalidarse cada cierto tiempo (¿diez años como máximo de intervalo?, por ejemplo) en función de los cambios que se vayan produciendo en los aspectos definitorios de cada cometido. E irían a la guerra, si tuvieran que ir, ya con la formación suficiente, debido a su edad y experiencia vital, como para evaluar adecuadamente la necesidad, idoneidad y oportunidad de la misma. 

Siempre habrá necesidad, en caso de guerra, de puestos a movilizar que no tengan equivalente en la sociedad civil. Es el momento de que los cubran los jóvenes que, tras un pequeño periodo de instrucción focalizada en el puesto concreto que vaya a ocupar, tendrán el más auténtico servicio temporal militar: la guerra. 

Por supuesto, todo lo anterior es sólo un esquema, probablemente bastante complicado de desarrollar, pero al que le veo algunas ventajas sobre la tradicional “mili”. La primera es la que he repetido varias veces a lo largo del artículo: un importante número de los movilizados desarrollaría en sus “entrenamientos”, y en la realidad si llegara, cometidos si no iguales, por lo menos del mismo espectro laboral que conoce y al que está acostumbrado. No tendría que hacerlo cuando aún no sabe qué va a ser de su vida ni en qué va a trabajar, lo que hace que la sensación de pérdida de tiempo y rechazo sea menos probable (¿quién no rajaba cuando estaba en la “mili”?). Los movilizados adultos, que son quienes en realidad hacen funcionar la sociedad, entenderían mejor la necesidad de la defensa (de estar preparados) y al terror a la guerra no se le añadiría la incertidumbre del cometido a realizar. Las “movilizaciones de entrenamiento”, de corta duración y espaciadas en el tiempo, resultarían menos gravosas siempre y cuando los planes de movilización sean suficientemente flexibles y tengan adecuadamente en cuenta la compensación de los perjuicios monetarios, temporales, laborales, familiares y sociales que implicarían estas movilizaciones de corta duración.   

Lógicamente, el sistema también presenta dificultades e inconvenientes en las áreas laborales y familiares pero, probablemente, solucionables si los planes de movilización se aplican con flexibilidad. Como, por ejemplo, los perjuicios que se le puede acarrear a instituciones oficiales y empresas privadas, que se verían privadas de cierto personal por un periodo (corto) de tiempo, debiendo mantener sus sueldos y salarios. Pero es que, se supone, que a la defensa nacional tiene que contribuir todo el mundo, tanto los individuos como las organizaciones, sean públicas o privadas.

El mundo de la Defensa está siempre tras un muro de opacidad. O si se prefiere, tras un cristal traslúcido que permite ver solo una pequeña parte de lo que se mueve en ese mundo. Apenas hay noticias acerca de la industria de la Defensa o de las fuerzas armadas (FAS) y, cuando las hay, no suelen ser buenas. Por eso, cuando aparecen, causa cierto revuelo. Poquito, porque es un mundo muy técnico y muy poco transparente. 

Por eso ha llamado la atención saber que, desde la pandemia, la contratación de militares de alta graduación o cargos importantes relacionados con el Ministerio de Defensa se ha ido incrementando. El punto de aumento casi exponencial se produjo en 2022, con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Desde 2020 son más de 70 los altos cargos militares “fichados” por empresas del sector de la Defensa. De ellos, desde 2022 ha superado los 50, algo más del 70% del total. 

No son de extrañar estos incrementos. Dado que el Gobierno de España se ha comprometido a aumentar hasta el 2% del PIB la aportación de nuestro país a la OTAN, ha tenido que buscar métodos para ese crecimiento. Y tomando como base (o excusa) esa “necesidad”, ha concedido a interés 0% y sin concurso, es decir, a dedo, un total de 14.224 millones de euros para financiar 32 programas de armamento. Para que nos hagamos una idea, este importe supera en casi 1.000 millones al coste de las pensiones contributivas del mes de agosto de 2025. Y se necesitan expertos para diseñar y llevar a cabo los planes de armamento a los que se aplicará ese importe. 

La gran beneficiaria en el reparto de este dinero ha sido una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre la participada Indra y la empresa privada Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha recibido un total de 3.169 millones de euros hasta 2032. Indra ha recibido casi el 60% del total entre los recibidos directamente y los que reciben empresas en las que participa. 

Indra es una compañía en la que el Estado es el accionista mayoritario, con el 28% de participación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Indra está intentando una fusión con EM&E, lo que sería bueno para ir formando una gran compañía española de Defensa, que aunque quedaría lejos de los gigantes del sector de otros países de la OTAN, las europeas Safran (francesa) o Rheinmetall (alemana) o la enorme estadounidense Rtx, podría alcanzar cierto peso en el sector. Pero… 

El “pero”, enorme, es que el presidente de Indra, Ángel Escribano es, junto a su hermano Javier Escribano, dueño de EM&E, primer accionista de Indra con un 14,3%. Suena raro que el presidente y un consejero de Indra estén impulsando un plan para una fusión con la empresa de su propiedad. Suena a conflicto de intereses. Pero en el mundo de la Defensa parece que todo es posible. 

Todo lo anterior nos conduce de nuevo a las puertas giratorias entre las FAS y las empresas de armamento y defensa de España. Varios generales y oficiales superiores (casi todos ellos en situación de reserva) consiguen sin grandes problemas la compatibilidad de sus empleos militares con la prestación de servicios en las empresas privadas de armamento. En situación de reserva, y con el debido informe de compatibilidad de la Oficina de Conflictos de Interés es factible esta colaboración.  

Pero llama la atención que a varios generales en situación de retiro, incompatible con prestar servicios a empresas públicas o privadas, se les haya autorizado a actuar como asesores o consejeros “estratégicos” de grandes empresas armamentísticas. Sobre todo porque obtener la misma compatibilidad para oficiales subalternos, suboficiales y tropa profesional en la misma situación no es nada sencillo. En general, porque la compatibilidad solicitada no suele ser para esos puestos de alta posición en las empresas. La mayoría de ellos buscan complementar su pensión con alguna actividad relacionada con campos como la docencia, la seguridad privada y similares. 

Más allá de las susceptibilidades que puedan levantar estas contrataciones sobre la posible influencia de los militares “fichados” en la adjudicación de contratos o incluso préstamos al 0% de los recientemente aprobados por el gobierno (y no sólo los militares, pero esa es otra historia) la gran pregunta es si es razonable que quien ha adquirido conocimientos y experiencia del sector público a coste cero, pueda monetizarlos estando aún en situación de disponibilidad para el ejército, es decir, en situación de reserva. No hay que olvidar que esta situación no supone desligarse completamente de las FAS, y que en cualquier momento, si se dan las circunstancias oportunas, podría ser llamado a reincorporarse al servicio activo. 

También llaman la atención las “excepciones” sobre compatibilidad en casos en que el puesto al que accede el militar retirado es el de asesor o consejero. Normalmente esos puestos no requieren el alta en la Seguridad Social (salvo si tienen algún poder ejecutivo o directivo en la empresa) por lo que si se plantea adecuadamente la retribución, puede no causar ningún problema al perceptor. 

Y no es menos llamativa la procedencia de esos militares autorizados a compatibilizar sus empleos o sus pensiones de jubilación con la actividad en empresas privadas. Desde representantes militares ante el Comité Militar de la OTAN y de la UE, pasando por agregados militares en embajadas, jefes de los estados mayores de los ejércitos, responsables del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, mandos de combate y/o apoyo logístico, y una amplia variedad de unidades de todos los ejércitos. 

Conste que no me parece mal que los militares, frente a su retiro (jubilación), se vean en la misma situación que cualquier otro trabajador. Me parece excelente además que, desde 2011, quienes inicien su carrera militar se integren en el régimen general de la Seguridad Social para sus pensiones de jubilación, incapacidad y muerte y otras prestaciones, como cualquier otro trabajador. Y que sus pensiones las gestione el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esos son solamente pasos para conseguir que a los militares se les considere ciudadanos de uniforme, para que alcancen la plenitud del goce de derechos que como ciudadanos les corresponde. 

Que los altos mandos del ejército consigan compatibilidades que, sin duda, les van a reportar buenos emolumentos y que otros miembros de las FAS –especialmente los oficiales subalternos o los suboficiales– no puedan dedicarse a impartir sus conocimientos o prestarlos en tareas técnicas asociadas a su experiencia por la dificultad de alcanzar una compatibilidad, a la que sólo tendrán acceso si renuncian a una parte de su pensión, es lo que más molesta.  

Porque seguimos viendo que, dependiendo del lugar que ocupes en el escalafón de la vida, tienes determinados privilegios o no. Lugar que no siempre se alcanza por la meritocracia que nos venden.

No obstante, el alistamiento de la fuerza no parece que tenga como fin un ataque inminente y a gran escala contra Venezuela, sino que la misión principal consistiría en exhibir el poder militar en proximidad para forzar al régimen de Maduro a pactar su salida del país. Esta presión externa se combinaría con la interna de la oposición venezolana para producir el cambio de gobierno, dando paso al presidente electo en los últimos comicios generales. La clave de la resistencia del régimen de Maduro sigue estando en la unidad de las fuerzas armadas, sin cuyo concurso el gobierno venezolano no podría sostenerse ante el deterioro de sus políticas y el abandono masivo del apoyo popular. Operaciones encubiertas de los servicios de Inteligencia, aprobadas por orden presidencial, estarían trabajando sobre el terreno para este fin.

La reacción del régimen, que no ha conseguido el pacto de no agresión con Washington pese a las concesiones ofrecidas, ha consistido en movilizar al Estado y a sus bases militantes para organizar la defensa frente a una eventual agresión externa, si bien es notorio que realmente el plan está diseñado para reforzar el control interior de la población y de todos los recursos públicos. La vía de la negociación sigue abierta, aunque todo indica que ya únicamente en la línea de pactar una salida del poder y, en tal sentido, cabe interpretar el hecho de que la parte estadounidense haya desvelado la llamada telefónica directa entre ambos presidentes “para salvar vidas”. La administración Trump, que tiene descontado el fin del régimen, es consciente de los riesgos del empleo de la fuerza, que podría derivar en consecuencias imprevisibles.

La caída del régimen pondría el anhelado fin a tres décadas de chavismo y, con la restitución en el poder de la derecha política legitimada por las urnas, situaría a Venezuela como aliado principal de la administración Trump en su estrategia sobre América del Sur. La pieza encajaría perfectamente en el dominó de la tendencia electoral en la región, donde cada vez es menos indisimulada la intervención estadounidense en favor de los candidatos que mejor garanticen sus intereses comerciales y políticos. Al mismo tiempo, un ejecutivo aliado en Caracas sería de enorme utilidad frente a los gobiernos de Brasil y Colombia, todavía restos importantes de una izquierda latinoamericana en retroceso. A este respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aparece cada vez más aislado y perfilado como disidente de la línea ortodoxa marcada por la Secretaría de Estado, habiendo merecido ya la inquietante calificación de “líder narcotraficante”. El presidente de Colombia, que lo es también de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en ejercicio, ha denunciado el silencio atronador de los organismos multinacionales frente al desconocimiento fragrante y constante desafío de Washington a las normas del Derecho internacional.

La advertencia del presidente Petro merece toda la consideración, si entendemos que las normas internacionales, con todas sus insuficiencias e imperfecciones, son el único instrumento colectivo consensuado con que cuenta la comunidad de Estados soberanos, en un sistema anárquico que carece de autoridad ejecutiva, para regular las relaciones internacionales con cierto grado de previsibilidad dentro de la disparidad de recursos y evitar así que se imponga la ley del más fuerte. El proceso de integración política, social y económica en las regiones mundiales, con un desarrollo de los organismos multilaterales y la creación de una agenda compartida sobre los asuntos esenciales para la supervivencia como el clima, la sanidad y la extracción de recursos, que parecía irreversible cualquiera que fuera el signo político de los países, está siendo relegada por la lógica que impone el realismo en el tablero internacional.

La aparición de un liderazgo disruptivo en Estados Unidos, que renuncia explícitamente a su papel moderador en el mundo para replegarse en sus propios intereses nacionales, ha acelerado el proceso de suspensión, y cierta descomposición, de la aplicación de la ley internacional. Washington abandona sus responsabilidades de actor principal del sistema de seguridad colectivo para arrogarse unilateralmente competencias a la carta que favorezcan sus declarados intereses económicos sea la obtención de tierras raras, los suministros energéticos, la balanza comercial, el desarrollo inmobiliario o la expansión de su industria armamentística.

La política MAGA de desconexión del consenso internacional, agudizada en este segundo mandato presidencial, se despliega ya en todos los ámbitos. La peculiar campaña en Venezuela a la que asistimos estos días, con confusas razones justificativas, es relevante en la nueva “doctrina Monroe” de seguridad nacional. En su misión de gendarme en la zona, se han comunicado ex post facto diversos incidentes de apertura de fuego contra embarcaciones menores con destrucción total de los objetivos, consumando la ejecución extrajudicial de cerca ya de un centenar de personas. La desproporción de emplear buques de guerra en operaciones de naturaleza policial y la decisión de actuar sin sujeción a derecho plantea, en este como en otros casos, consecuencias funestas para la reconstrucción de un nuevo orden que no vuelva a la bipolaridad de las esferas de influencia. En este sentido, las vísperas en Venezuela también lo son para el sistema internacional.

Supimos de estos pactos gracias a la desclasificación en 2017 de documentos de la CIA. Entre otros hay uno que dice que el 5 de octubre de 1975 Juan Carlos dijo al embajador de EEUU, Wells Stabler, que "Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas". 

El capitán de ingenieros Bernardo Vidal, miembro destacado de la Unión Militar Democrática (UMD), estaba destinado en el Sáhara en octubre de 1975. Le ordenaron que minase la frontera norte del Sáhara para impedir el paso de la Marcha Verde. Coincidiendo con la visita de Juan Carlos a El Aaiún, el capitán Vidal recibió la contraorden de desminar un corredor que permitiera el paso de la Marcha Verde, lo que no hubiese sido necesario pues Juan Carlos ya había pactado con Hassan II que la Marcha no llegaría a la zona minada y que permanecería de forma simbólica solo unos días en la parte sur de la frontera, al norte de la zona minada. No era recomendable que los marroquíes entraran en el Sáhara todavía porque sin duda les atacaría el Polisario y, estando presente el Ejército español, pondría en un brete a las tropas, mayoritariamente partidarias de no entregar el Sáhara a Marruecos. 

En cumplimiento de los pactos adoptados en octubre de 1975, los gobiernos español, marroquí y mauritano firmaron el 14 de noviembre de 1975 el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el cual Marruecos se quedaba con la parte norte del Sáhara, y Mauritania con la parte sur. Este acuerdo no tiene validez legal alguna ni ha sido reconocido internacionalmente, pues la única norma vigente es el mandato de la ONU de celebrar un referéndum en el Sáhara.

Ante el temor a sufrir represalias de los ejércitos marroquí y mauritano, gran parte de la población saharaui huyó hacia Tinduf, hostigada por los marroquíes, que llegaron a bombardearles con napalm los días 18, 22 y 23 de febrero de 1976, estando todavía presente la Administración española, que miró para otro lado. España abandonó el territorio el 26 de febrero de 1976. Al día siguiente, el 27 de febrero, el Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a Marruecos y Mauritania. El nuevo Estado fue reconocido por 84 países. Conviene no olvidar estos hechos, que son el origen de la situación en que nos encontramos a finales de 2025. 

Derrotada por el Polisario, Mauritania abandonó el sur del Sáhara en 1979, circunstancia que fue aprovechada por Marruecos para invadir también esta parte del Sáhara. Marruecos tiene como único documento para ocupar el norte del Sáhara el Acuerdo Tripartito de 1975, sin validez legal alguna. Para ocupar la parte sur del Sáhara solo tiene el apoyo de la fuerza. En 1992, el Polisario y Marruecos firmaron un alto el fuego sobre la base de aceptar ambas partes la celebración de un referéndum de autodeterminación. En 2007 Marruecos abandonó esa idea, proponiendo una autonomía para el Sáhara controlada por ellos, a lo que se niega el Polisario. En el año 2020, Marruecos atacó el paso fronterizo de Guerguerat, rompiendo así el alto el fuego y volviendo a la guerra otra vez. En los medios españoles, muy influenciados por el lobby marroquí, esta guerra no existe. Sin embargo, la realidad es otra: Marruecos mantiene en la zona a más de 100.000 soldados defendiendo el muro de 2.000 kilómetros, el más largo del mundo después de la muralla China, que divide el Sáhara en dos, de norte a sur. 

Marruecos, en estos últimos años, utilizando la política del chantaje y la compra de voluntades, ha conseguido que varios países de la UE hayan reconocido su propósito de apoyar una autonomía para el Sáhara sin la previa celebración de un referéndum. La UE incluso pretende soslayar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) y maniobra para comerciar con Marruecos con productos procedentes del Sáhara ocupado. 

A la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) le ampara el derecho internacional y tiene el apoyo de los países que no se han dejado sobornar o presionar por Marruecos. Este no es el caso de la UE, que nació como una organización pacifista, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional, cuyo principal objetivo era impedir más guerras en Europa. La actual UE, con Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, ha traicionado sus principios básicos, se ha convertido en una aliada de Israel y de Marruecos y ha cambiado sus principios pacifistas fundacionales por una política belicista y sumisa a Trump.

Ante esto, a la RASD solo le queda seguir en su política de defensa del derecho internacional y del derecho de los pueblos a elegir su destino, no doblegándose a la ley del más fuerte como pretenden Israel, EEUU, Marruecos y la UE, con Francia a la cabeza. La sumisión de la UE a la Administración de Trump ha quedado reflejada en el humillante acuerdo comercial con EEUU. 

Mientras esto ocurre, el Polisario continúa manteniendo la guerra de desgaste en el Sáhara, pero la tecnología militar ha cambiado mucho con respecto a la guerra de los años ochenta y noventa. Entonces no existía el muro, ni Marruecos tenía drones, ni satélites. El enorme cambio tecnológico ha modificado las estrategias de Marruecos y del Frente Polisario. La información que obtiene Marruecos de sus dos satélites dificulta enormemente cualquier movimiento de tropas saharauis, que difícilmente pueden contar con el factor sorpresa.

Pero la tecnología también ayuda al Polisario, porque los drones son un arma muy barata que puede causar mucho daño a Marruecos. La pérdida del control del mar por parte del Polisario, como hizo en los años 80 antes de la construcción del muro, se podría soslayar mediante la utilización de barcos nodriza, como hacen los rusos en la guerra de Ucrania. Desde esos barcos se podrían lanzar también drones marinos, como hace Ucrania contra la flota rusa. Otra arma a tener en cuenta podrían ser los ultraligeros, difíciles de detectar por los radares marroquíes y capaces de alcanzar objetivos en la costa. Los ultraligeros también podrían servir para trasladar heridos y provisiones a lo largo del Sáhara. El precio de un ultraligero es similar al de un coche y su mantenimiento es muy sencillo; además el Polisario ya dispone de pilotos de caza que pueden ser los instructores de aviadores más jóvenes para que tripulen esos ultraligeros.

La compra de treinta y dos F-35 por parte de Marruecos por un importe de 17.000 millones de dólares favorece la postura del Polisario porque contribuye a aumentar el desgaste económico de la potencia colonial sin que cause un gran perjuicio al Polisario, al que no afecta que el avión atacante sea invisible o no al radar. Al Polisario le da igual ser atacado por un vetusto F-5 de los años 70 o por un avión de quinta generación como el F-35. Sin embargo, la inversión económica de Marruecos es exponencial pues no sólo tendrá que invertir en su compra, sino que luego deberá mantener la flota de 32 aviones con un coste superior a los 40.000 euros por cada hora de vuelo. Difícilmente los pilotos del narco-Estado podrán hacer más de diez horas de vuelo al mes, que es el mínimo exigido para mantenerse entrenado y no jugarse la vida cada vez que vuelan. 

Lo sucedido con el F-35 acredita la connivencia entre Israel, Marruecos y EEUU. Israel ha dado su autorización para que Marruecos sea el único país árabe que disponga de ese modelo de avión, ha puesto el veto al resto de países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que EEUU los ha designado como "socio principal en materia de defensa" en 2024. Es decir, Israel tiene capacidad para decidir a quién vende EEUU y a quién no el F-35. Pero no solo eso, la Navy y la USAF no pueden modificar las performances del F-35 porque el código fuente del software del avión es secreto y solo dispone de él la Lockheed Martin. Para que ambos ejércitos puedan disponer del código fuente, el Congreso de EEUU está modificando la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2025; sin embargo, Israel ya dispone del código fuente y ha modificado los F-35 a su antojo. Es decir, Israel tiene más poder sobre el Pentágono que la Navy y la USAF. 

La posible compra del F-35 por parte de Marruecos no afecta al Polisario, pero Argelia y España sí tienen que mirar con precaución la carrera armamentista iniciada por el narco-Estado. Al Polisario no le preocupa el F-35, pero sí puede verse afectado por la reciente compra por parte de Marruecos de 600 misiles tierra aire FIM-92K Stinger a Estados Unidos por un valor estimado de 825 millones de dólares. Estos misiles están diseñados para derribar aviones y drones que vuelen a baja altura. 

El día 30 de octubre se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la propuesta de Trump de legalizar la invasión del Sáhara. El 16 de octubre, en vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad, el ministro de Exteriores de Marruecos se entrevistó con su homólogo ruso, Seguéi Lavrov, en Moscú para pedirle que aceptase las tesis marroquíes y no ejerciese el derecho de veto. Tras arduas negociaciones se modificó el texto original y se introdujo el derecho de autodeterminación, algo elemental que no puede obviarse en un proceso de descolonización, lo que permitió que Rusia no ejerciese el derecho de veto y se abstuviese junto con China, Pakistán y Argelia (este último no votó). La mayoría de los países que votaron a favor del documento defendieron el derecho de autodeterminación, excepto EEUU, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Sierra Leona, que se pusieron claramente del lado de la invasión del Sáhara con absoluto desprecio al derecho internacional y a los principios de la ONU. Al renovarse la presencia de la Minurso un año más, la votación no ha variado nada, pues la última palabra la tiene la Asamblea General, donde los países coloniales están en minoría. 

Dada la postura de las mal llamadas democracias occidentales, deseosas de explotar las riquezas del Sáhara, al Polisario no le queda otra solución que incrementar la presión militar, diplomática y jurídica e impedir que esto se produzca. En definitiva, la situación sigue estancada y el Polisario no tiene otra salida que continuar en su defensa de la legalidad internacional.

De eso entendía mucho el influyente político catalán, al frente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años y pieza clave en el tablero político nacional con todos los gobiernos, desde Suárez hasta Aznar. Nada como una buena foto para saber quién manda más. Los jefes de protocolo suelen andar de cabeza a la hora de sentar a la mesa o colocar a personalidades políticas, autoridades o grandes empresarios en el photocall, procurando que después del acto no ruede su cabeza. Contentar a todos es un difícil equilibrio para el que hace falta una exquisita mano izquierda.

Salvo en las fotos recurrentes de cumbres como las de la OTAN, la UE y otras grandes organizaciones, donde ya está establecida una norma que conjuga tradición, protocolo y estética escénica, en otras reuniones inesperadas no tienen por qué seguirse esas pautas, como ocurre en ocasiones en las que juega un papel preeminente la jerarquía simbólica del momento, aun a costa de obviar la diplomacia.

Cuando responsables políticos de alto nivel se reúnen para tratar asuntos de relevancia e incumbencia común, suelen hacerlo alrededor de una mesa rectangular o imperial alrededor de la cual se sientan las delegaciones a ambos lados, cuando se trate de dos partes negociadoras. En el centro de la mesa, a cada lado, se sienta habitualmente la persona de mayor relevancia de cada delegación, flanqueada a su derecha por la siguiente en jerarquía, a la izquierda el tercero y así sucesivamente. Es lo que se denomina “presidencia francesa”, en la que se pretende transmitir cierta igualdad.

En otro tipo de reuniones, más numerosas y con más delegaciones (nacionales, corporativas, sectoriales, etc.) se pueden utilizar mesas en “U”, en las que se fomenta la interacción entre los participantes. Es decir, la forma de la mesa se corresponde normalmente con lo que se quiere transmitir.

Pues bien, partiendo de esta base organizativa, quiero entrar en el detalle de un formato inédito que ha protagonizado el pasado mes de agosto el presidente estadounidense al recibir en Washington a una delegación europea representante de diversos países y organismos. 

El propósito de la cumbre era poner fin a la guerra en Ucrania y fijar unas garantías de seguridad para el país atacado.

Se celebró una primera reunión formal en un salón de la Casa Blanca con los líderes, pero con muchos más asistentes y consejeros. El formato que usaron fue el de la mesa rectangular con presidencia francesa, es decir, un anfitrión en el centro, su interlocutor principal enfrente y el resto flanqueando a ambos, todos en pie de igualdad.     

 Pero Trump buscaba lanzar una imagen impactante al mundo y eso no bastaba. Quería una muestra gráfica que dejase claro quién manda, y para eso hacía falta llevarles a su redil, llevarles a la “intimidad” de su despacho oval.

Tomo prestado de una obra de Javier Cercas el título de este artículo para mi análisis de esa cumbre y del porqué de tan peculiar formato.

 La instantánea dice más que mil palabras. En ella aparece Donald Trump, acomodado en su sillón presidencial, dirigiéndose a los ilustres visitantes —sentados en sillas auxiliares— en modo arenga, cual director de colegio llamando a capítulo a los alumnos más díscolos por las fechorías cometidas o por no seguir al pie de la letra sus indicaciones.

De izquierda a derecha, vemos a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, escuchando atentamente a su “papi”, pues así se refirió a él durante la última cumbre de la Alianza (La Haya, 25 junio 2025). Daddy has to sometimes use strong language (Papi a veces tiene que usar un lenguaje duro) espetó entonces sin ningún rubor. Nunca se ha visto a un líder europeo, jefe de gobierno de los Países Bajos durante 14 años, mostrarse tan servil con un gobernante, por mucho que sea su “jefe” en la OTAN. El bochorno debe aún seguir impregnando las calles y canales de Amsterdam.

A su lado, Volodímir Zelensky, con su intérprete pegado a la oreja (el líder ucraniano se maneja bien en inglés, pero algunas ocasiones requieren precisión), comparece por enésima vez ante el “emperador” para que le ayude a detener la locura irredentista de Putin. En esta ocasión ha sido acompañado y arropado por otros líderes europeos, tal vez para evitar que el histriónico republicano le falte al respeto públicamente como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Le sigue a su derecha Alexander Stubb, el presidente finlandés que, aunque en principio no parecía muy justificada su participación en esa comisión avanzada de la llamada “coalición de voluntarios”, por su peso político en el conjunto de Europa, sí lo es por la vulnerabilidad de Finlandia, con sus 1.300 kms de frontera con Rusia. De suma importancia es también su relación personal con Trump, con quien ha logrado establecer tal afinidad, gracias al golf sobre todo, que le ha valido el sobrenombre de Trump whisperer (el susurrador de Trump).

Al lado se sentaba Emmanuel Macron, el presidente de la decadente V República Francesa, a juzgar por las sucesivas crisis de gobierno que encadena desde hace más de un año, la creciente contestación social y la mala praxis democrática al recurrir al decreto presidencial (art. 49.3 de la Constitución) cuando sabe que no puede sacar adelante una ley en el parlamento. Añadamos la falta de ética demostrada al recibir al multiconvicto Sarkozy en el Elíseo, a modo de despedida, días antes de que ingresara en prisión (me recuerda al abrazo de Felipe González a Barrionuevo y Vera a las puertas de la cárcel de Guadalajara). Cabe señalar que Macron, pese a su doble rasero demostrado en varias ocasiones respecto a los actos criminales de Putin y de Netanyahu, es de los pocos mandatarios europeos que se han atrevido a rebatir a Trump, públicamente, la política estadounidense sobre Palestina.

A la derecha del francés estaba el canciller alemán Friedrich Merz, valioso colaborador de la administración Trump en su apoyo sin límites a la limpieza étnica llevada a cabo por Israel en Gaza mientras exige más firmeza europea contra un Putin que “sabotea, espía y asesina”, según sus palabras. Recordemos que su predecesor, Olaf Scholz, tuvo que tragarse un enorme sapo cuando Joe Biden dijo ante su cara que pondría fin al oleoducto alemán Nord Stream 2 si Rusia atacaba a Ucrania. Y así ocurrió, con la inestimable ayuda de Noruega. Sigue siendo difícil de digerir que el país que cometió dos genocidios en el siglo XX (en Namibia y en Europa) haya estado apoyando las políticas genocidas del gobierno israelí en Gaza. ¿Puede el sentimiento de culpa colectivo de una nación, por su traumática historia y por el Holocausto, llegar a permitir, tolerar, no oponerse, a que el Estado-Nación judío a su vez expulse de sus tierras o extermine a los palestinos, a quienes consideran subhumanos? No olvidemos que hasta hace poco Alemania ha sido el segundo país exportador de armas a Israel, tras los EEUU.

A su lado, su compatriota y correligionaria Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha venido mostrando un apoyo incondicional a la respuesta israelí antes los atentados de Hamás mientras, con la boca pequeña, decía estar preocupada por la suerte de los civiles gazatíes. Con respecto a Trump y a sus agresivas políticas comerciales, Von der Leyen protagonizó recientemente una vergonzosa claudicación ante la administración Trump al firmar un acuerdo, respaldada por los 27, por el que la UE consigue rebajar unos aranceles del 30% a “solo” el 15% a cambio de invertir 680.000 millones de euros en compras de gas, petróleo, energía nuclear y armamento a Estados Unidos en los próximos tres años. Adiós definitivo al sueño de la tan cacareada autonomía estratégica.

Qué decir de la persona que tiene a su lado, la neofascista Giorgia Meloni, jefa del Gobierno de Italia, amiguísima de Trump (fue la única gobernante europea invitada a su toma de posesión y a la que piropea públicamente). En Bruselas no están muy seguros de si, en caso de grave crisis con los norteamericanos, querría más a mami UE o a papi Donald.

Por último, y no menos importante, el premier británico Keir Starmer no podía faltar, of course. No pierde ocasión para salir en las fotos con Trump, pues su acelerada pérdida de popularidad en casa, incluso entre los laboristas, le hace agarrarse al clavo ardiendo de la adulación desmedida (sin llegar al sonrojo de la de Rutte). Hace pocas semanas, cuando recibió a Trump en Londres, le ofreció un paseo en carroza, con el rey Charles de anfitrión, pero esta vez sin público, no sea que algún desafecto le recuerde el nombre de Epstein y salpique de paso al hermano del rey. Una pompa y circunstancia que solo sirvió para alimentar tres egos —el del político, el del rey y el del “emperador”— pues el trayecto discurrió dentro del recinto de Windsor, entre el helipuerto y el palacio, con lo que todo el boato, parafernalia y fanfarria habituales quedaron para el petit comité de la guardia real, los fotógrafos y los caballos.

En fin, la performance del despacho oval salió al gusto del americano para demostrar que las riendas de Europa las sigue llevando él, por la vía fáctica de la OTAN o por la tecnológica y comercial con la UE. Del emperador naranja y sus estrambóticas apariciones en público ya me ocuparé en otra ocasión, aun a riesgo de sufrir bloqueos de mi pasaporte por parte de sus servicios migra, como me ocurrió recientemente cuando intentaba regresar a España, en vuelo directo, desde Ciudad de México.

En la cumbre hubo una ausencia notable: Pedro Sánchez, que no fue invitado a unirse a los líderes europeos, evitando así besar el anillo al primus inter pares. Por peso económico-demográfico en el conjunto de la UE, España tenía más razones para estar allí representada que Finlandia, pero a los visitantes no les convenía ir acompañados por quien había sido objeto, en varias ocasiones, de las iras de Trump por negarse a contribuir con el 5% del PIB al presupuesto de la OTAN (con el 2% vamos servidos, defiende Sánchez). No era cuestión de despertar a la fiera. Mucho mejor que venga Stubb, debieron pensar...

Nuestro presidente del Gobierno, desde que tiene responsabilidades políticas, goza de una especie de baraka que le hace salir indemne de las peores situaciones. Lo hizo hace más de una década en el seno del partido socialista, remando contracorriente (y al volante de su Peugeot) y frente a los poderosos barones territoriales. Lo volvió a hacer frente a la crisis sanitaria del covid y lo sigue haciendo ante la crisis interna de su partido con los casos de corrupción protagonizados por el tándem Cerdán-Koldo-Ábalos y los embites del nacionalismo casposo de Junts.

Sí que debió dormir tranquilo las noches siguientes al 18 de agosto sabiendo que no aparecía en la probablemente histórica foto de la humillación.

Mientras, queda la incertidumbre, porque los términos concretos del Acuerdo no se han hecho públicos, conociéndose solamente por las declaraciones públicas de los firmantes del Acuerdo, sus objetivos principales: aplicar en Gibraltar el Tratado Schengen, eliminar las instalaciones aduaneras de “la verja” y trasladar estas instalaciones aduaneras al aeropuerto y al puerto gibraltareños y a otros puertos españoles. Nadie, ni los parlamentarios europeos, británicos, españoles y gibraltareños ni las autoridades locales del Campo de Gibraltar directamente afectadas conocen, hasta ahora, qué dice exactamente la letra de lo acordado, que según sus autores estará ratificada antes de que acabe el año 2025 para entrar en vigor en enero de 2026.  

No es sólo un problema burocrático, es que hay muchas dudas en el aire.

Sobre cuál es su alcance, parece claro que habrá libertad de movimiento de personas y mercancías (Tratado Schengen), pero ¿la habrá también para servicios financieros y capitales, conociendo la tradición de Gibraltar como paraíso fiscal, de blanqueo de capitales y de fideicomisos y empresas fantasmas que hacen que la economía gibraltareña sea la segunda del mundo en PIB per cápita sin una sola industria ni terreno cultivado en su territorio? ¿Qué va a pasar con el IVA (el impuesto sobre las ganancias de una operación comercial), que en Gibraltar no se paga si la sede empresarial está allí y la operación comercial se efectúa fuera de su territorio? ¿Y con el IRPF (el impuesto sobre el patrimonio personal), que en Gibraltar es la mitad que en España y Europa en general, y aun así en Gibraltar es posible camuflarlo como ganancias societarias (IVA) extraterritoriales, es decir, no pagarlo? En definitiva, ¿qué impuestos se van a pagar en Gibraltar y cómo va eso a afectar a España? Los negociadores hablan de “equiparación fiscal progresiva” en tres años, pero excluyendo los impuestos de los sectores “servicios, financiero y juegos on line. 

Sobre el control de las bases naval, aérea y de inteligencia/comunicaciones británicas, hay un dicho de un buen conocedor del problema gibraltareño, Ángel Liberal, que define Gibraltar como “una ciudad dentro de una gran base militar”. Sí, según los redactores del Acuerdo político del 11 de junio, el control aduanero se va a ejercer en el puerto y en el aeropuerto gibraltareños por partida doble, por personal español y por personal gibraltareño de forma independiente, para pasajeros, y en puertos españoles para las mercancías. ¿También el del personal y, sobre todo, el de material y equipos militares, incluido el necesario para el mantenimiento y reparación de los submarinos nucleares? ¿En una base militar que el Reino Unido no ha querido nunca ni siquiera consentir que fuera “de utilización OTAN” a pesar de su enorme importancia y valor estratégicos? ¿Qué quieren decir las autoridades españolas respecto a este tema cuando hablan de “información completa facilitada por el Gobierno británico”? ¿Son lo mismo, equivalentes, “información completa británica” que “auténtico control aduanero”? 

Sobre si la libre circulación de personas, y por lo tanto de trabajadores, por lo que hoy es la frontera (la verja), va a implicar de alguna forma que los salarios, la seguridad social y el desempleo de los trabajadores españoles (o procedentes de España en general) se van a equiparar a los de los trabajadores gibraltareños y si se van a actualizar en el mismo sentido las pensiones, las de a partir de ahora y ¿las del pasado? ¿A igual libertad de movimientos, desiguales emolumentos y pensiones? 

Sobre la libre circulación de mercancías, cuyo control se realizará en unos determinados puertos españoles, desde los cuales se dirigirán por carretera a Gibraltar: ¿Colapso vial en las ya muy saturadas carreteras del Campo de Gibraltar? 

Sobre la normativa europea para la protección del Medio Ambiente, que Gibraltar no cumple y que España tiene denunciada ante las correspondientes autoridades de la Unión Europea y que está alterando gravemente el ecosistema marino del Estrecho de Gibraltar y de la Zona de Interés Comunitario (ZEC) del Estrecho Oriental, considerados por la Unión Europea Lugares de Importancia Comunitaria (ES6120032): rellenos para proyectos urbanísticos con arenas contaminadas, tierras áridas y diques ganados al mar, ausencia de instalaciones de depuración de aguas residuales, que vierten en la zona protegida por la Red Natura 2000 o desechos de la reparación o mantenimiento de submarinos nucleares (británicos). 

Sobre cómo enfrentar los problemas que el Gebrexit puede crear en el Campo de Gibraltar vecino en cuestiones como la vivienda, la circulación rodada, la masificación turística, las diferencias fiscales, etcétera.  

Sobre la libertad de residencia en Gibraltar de los españoles (y demás europeos) o en este aspecto se seguirá la normativa británica para el territorio del Reino Unido. Porque los gibraltareños sí parece que tendrán libertad de residencia en territorio español. 

Sobre el estatus jurídico internacional de la colonia, porque Gibraltar sigue presionando en el Comité de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que saque a Gibraltar de la lista de territorios pendientes de descolonizar. No sólo el Gibraltar que España cedió en el Tratado de Utrecht (la ciudad y el castillo junto con su puerto, defensas y fortalezas ), sino todo el territorio del Peñón y el anexionado istmo que lo une con España, donde están ubicados el aeropuerto y otras muchas instalaciones civiles y militares, que el Reino Unido fue ocupando mediante presencia militar entre 1854 y 1908, dos siglos después. ¿Está España cediendo o facilitando que se ceda soberanía en el futuro? 

¿Conoceremos el texto definitivo cuando entre en vigor el año que viene, ya sin posibilidad de debate público ni audiencia de las poblaciones afectadas, pero de obligado cumplimiento, refrendado por los Parlamentos europeo y británico, pero no por el español? 

En las redes sociales, las opiniones de conservadores y ultramontanos son demoledoramente contrarias a este envío. Consideran que un barco español no tiene que proteger a “jipis”, “rojos”, “descerebrados que se ponen en riesgo sin motivo” “a gente que no cree en el ejército, es ridículo” y cosas por el estilo. Hay además un runrún que forma parte del argumentario de la derecha española: este envío es una cortina de humo para tapar las corrupciones de Sánchez. Nada nuevo. 

He omitido la “preocupación” de Vox que señala un hipotético riesgo de enfrentamiento con la armada israelí. Tampoco hay novedad por este lado, que sigue las mismas opiniones expresadas con la misma virulencia entre sus seguidores en relación con este asunto. En este tema es difícil distinguir entre conservadores y ultramontanos. 

Nada de esto es nuevo. Cada vez que un presidente intenta involucrar a las fuerzas armadas (FAS) en misiones civiles, la respuesta es la misma. Recordemos el acoso al presidente Rodríguez Zapatero cuando creó la UME. Claro que cuando necesitan el apoyo de contingentes como en el caso de los incendios de este verano, no dudan en exigir el “envío inmediato” del ejército, como si la UME, que ya estaba prestando sus servicios en la extinción, no fuera parte del ejército. 

No es mi intención señalar cómo ante la imprevisión, cuando no dejación flagrante de funciones, de las comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, la solución que han encontrado ha sido clamar por una ayuda que quizá habría sido innecesaria de haberse conducido con mayor previsión. Y culpar al Gobierno por no haber enviado a tiempo, según ellos, al ejército. La UME estaba allí desde el primer momento. Pero… 

Todo este ruido de fondo, aderezado con la benevolencia con que se trata desde la derecha y ultraderecha española el genocidio israelí, me lleva a reflexionar sobre el papel que se debe otorgar a las FAS desde diferentes puntos de vista en una sociedad libre y democrática como la nuestra. 

Legalmente hablando, el artículo 8 de la Constitución, colocado en el Título Preliminar como una parte básica de nuestro ordenamiento constitucional, otorga a las FAS tres misiones de carácter muy general e indeterminado: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Voces más autorizadas que la mía han llamado la atención sobre la intención de los constituyentes de “pacificar” a un ejército proveniente de un régimen dictatorial basado justamente en la fuerza militar que acabó con la democracia en 1939 con la redacción y colocación de este artículo. No lo analizaré aquí. Ni es el momento ni es mi intención. 

Es en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional donde se recogen con algo más de detalle las misiones de las FAS. Así, en el artículo 15.2 se establece que “Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente… al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”. 

El apartado 3 del mismo artículo dice: “Las Fuerzas Armadas (…) deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad …”. 

Y en el apartado 4 se señala: “Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses”. 

En cuanto a las operaciones para cumplir con estas misiones, desarrolladas en el artículo 16, en su apartado b) se señala: “La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad …”. 

Y en el apartado c): “El apoyo… a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento”. 

Y en el apartado f) se dice: “La participación con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero…” 

Incidentalmente quiero señalar que, pese a las repetidas peticiones del PP y de Vox, no están dentro de las misiones u operaciones que la ley encarga a las FAS, la de impedir (se supone que por la fuerza y mediante el bloqueo marítimo) la llegada de inmigrantes en embarcaciones que no suponen ningún peligro real, más allá de lo que políticamente pretenden ambos partidos, para la integridad española. Y en cambio sí que deben de apoyar “… a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate … marítimo … en las tareas de búsqueda y salvamento”. Es decir, la ley no ampararía una medida como las reclamadas por Ortega Smith y Tellado, Vox y el PP en la misma línea, sino todo lo contrario: no impedir sino ayudar y rescatar. 

Tampoco ampararía abandonar a su suerte a unos españoles en una flotilla que, como se ha demostrado con el ataque que ha inutilizado un buque con el peligrosísimo y beligerante nombre de “Familia”, han puesto sus vidas en riesgo para intentar una misión humanitaria que supone llevar alimentos a la población famélica, masacrada y en riesgo de exterminio de Gaza. 

Podríamos hablar de tres concepciones de las FAS. Una la tradicional, otra la actual y otra la progresista. Nuestra historia más o menos reciente ha estado marcada por una presencia de un ejército utilizado por determinadas clases sociales para mantener una sociedad subyugada y sometida a una disciplina cuartelera. 

El modelo de ejército “tradicional” e intervencionista ha sido el habitual en España durante el siglo XIX, con los constantes “pronunciamientos” y en tres cuartas partes del XX con las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. No es de extrañar que la concepción intervencionista del ejército en la sociedad como un ente casi extraño y en un nivel superior de los diferentes estamentos que forman la sociedad, garante del orden y la disciplina, sea vista por muchas personas como natural y consustancial al ejército. 

Esta concepción no sólo la tienen, difunden y defienden los estamentos y partidos políticos más conservadores que, por definición, no ven con buenos ojos los cambios que priven de privilegios a las clases que originalmente representan. Han conseguido extender esta concepción a parte de la sociedad, que entiende que le irá mejor en ese mundo “disciplinado y de orden”. 

También se ha extendido en parte de los elementos progresistas, que ven aún al ejército como ese estamento suprasocial defensor de las clases conservadoras. En nada ayudan, para eliminar esta visión, declaraciones, manifestaciones, mensajes en redes sociales y chats de militares de alta graduación que recuerdan con demasiada fuerza tiempos pasados alineados con una percepción de España que poco o casi nada tiene que ver con el presente de la sociedad española. 

En resumen, esta visión tradicional tiene mucho de patrimonialista del ejército por parte de estamentos sociales que lo consideran “suyo”. Durante casi dos siglos ha defendido sus intereses y su visión de la sociedad, y fijado por la fuerza un inmovilismo social que les beneficia. 

En el momento actual, el ejército en nuestro entorno es un estamento más de la sociedad. Los países occidentales consideran sus FAS de una forma bastante semejante: fuerzas que defienden su país, tendentes a unirse con otros ejércitos en instituciones supranacionales (más allá de lo que eso suponga en este momento), con misiones básicamente de paz e interposición entre combatientes. 

Nuestras FAS han avanzado desde esa concepción patrimonialista e intervencionista que hablábamos hacia una homologación con las de otros países de nuestro entorno. Desde el “ruido de sables” que se oía constantemente en los primeros años de la vuelta de la democracia, ruido que prácticamente no cesó, languideciendo, hasta bien entrada la década de los noventa, hasta las misiones de paz acometidas en este siglo, parecen haber transcurrido siglos. 

Para una visión progresista, quedarse sólo en eso no es suficiente. Primero por la necesaria integración completa de las FAS en la sociedad y después por el riesgo de involución. Sobre la integración completa, la sociedad debe contemplar a los militares como ciudadanos de uniforme que cumplen con una profesión de características propias y en ciertos momentos muy exigente, con una dosis de disciplina y jerarquización algo mayor que en otras profesiones. Pero nada más que eso: profesionales que cumplen con las misiones que la ley les encomienda a través de las operaciones que marca la propia ley. Un ejército “ciudadano” en el más amplio sentido de la palabra, que no se debe confundir con un ejército de reemplazo que, desgraciadamente, parece que vuelve a llamar a la puerta. 

En cuanto al riesgo de involución, lo estamos viendo cada día. Estados Unidos en manos de Trump ha cambiado el nombre del departamento de Defensa por el de la Guerra y ataca militarmente a embarcaciones sin ninguna contemplación. Pero se autodenomina pacificador y exige para sí el premio Nobel de la paz. Un sarcasmo brutal. La UE planea gastar cientos de miles de millones en armamento. Alemania incrementa su gasto en defensa y se plantea volver al ejército de reemplazo. Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia. Esta corriente autoritaria y esta visión atávica de las FAS se ha extendido por todo el mundo. 

En el caso de los Estados Unidos, tiene profundas raíces y motivos. De los tres pilares que han mantenido a los Estados Unidos como faro y referente de la sociedad occidental, sólo le queda el poderío militar. Ha perdido el industrial y está a punto de perder el económico ante la “desbandada” de países que abandonan el patrón dólar y los bonos estadounidenses para buscar el refugio en el oro. El profesor Juan Torres López lo describe con gran claridad aquí.  

Lo extraño es que la derecha y la ultraderecha en el mundo estén “comprando” esa visión arcaica del ejército como un instrumento disciplinante que actúa incluso contra civiles. Y en países como el nuestro en los que el peso de la historia inclina mucho la balanza hacia esa concepción, la deriva es evidente. 

Es misión de las fuerzas progresistas impedir que nos quiten de nuevo a las FAS para utilizarlas en provecho de unos pocos, de una visión social caduca, anclada en un conflicto constante para “disciplinar” con el ejército a quienes no compartan esa visión. Los conservadores se han apropiado de demasiados símbolos comunes y los usan para señalar a quienes no piensan como ellos, desunir a la sociedad. Y acusar de “malos españoles” a quienes no piensan como ellos. Y azuzar a las FAS contra ellos. 

El papel que deben jugar las FAS en una sociedad libre y democrática como la nuestra sólo puede ser decidido de una manera: en libertad y democráticamente.